Autor: Yolanda Magaña

  • Se profundiza polémica en Arena por fiscalización de fondos y asistencia a Coena

    Se profundiza polémica en Arena por fiscalización de fondos y asistencia a Coena

    Luego de que la diputada Marcela Villatoro pidiera fiscalizar al Coena actual, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), Carlos García Saade, señaló a la legisladora de que «no asiste» a las reuniones y le pidió rendir cuentas de su planilla, a lo que ella respondió que no es convocada a las reuniones de la dirigencia y advirtió una posible «amenaza» de expulsión.

    «Tiene pendiente presentar la planilla de sus asesores, detallando quiénes son, qué funciones desempeñan y qué resultados entregan» sobre recursos que provienen de «más de $150,000 anuales» del «presupuesto público que ella administra», le reclamó el presidente de Arena a la diputada Villatoro, desde la cuenta del partido político.

    Tal y como se lo he solicitado reiteradas veces, espero que ella se sume a este proyecto, en lugar de perpetuar las viejas prácticas que han afectado al partido con los mismos de siempre». Carlos García Saade, presidente de Arena.

    El 8 de enero, Villatoro dijo no solo los Coenas anteriores debieran ser investigados en sus finanzas sino el actual ante el anuncio, un día antes, de García Saade sobre una investigación a los fondos recibidos por el partido durante los últimos 20 años porque han «descubierto deudas ficticias».

    La respuesta de Marcela Villatoro

    La diputada Villatoro respondió en X que Arena no la convoca «desde hace años a reuniones de Coena», ya que durante 2024 solo la convocó «una vez junto a Milagro Navas» donde rindieron cuentas y luego en diciembre que la invitaron a un «convivio para calmar las aguas de personas que estaban pidiendo renuncias».

    Villatoro le pidió a García Saade no enojarse y opinar sobre la minería, le insinuó que quiere «terminarse de acabar» al partido y que quieren expulsarla.

    «Me parece una gran falta de respeto el que exigir fiscalización del partido sea motivo de enojo @cpgsaade. En lugar de enojarte por esto, deberías sentar posición como partido con temas de país que sí son importantes como la minería», afirmó.

    La misión de algunas personas es terminarse de acatar al partido @ARENAOFICIAL, donde la ÚNICA que ha estado sacando pecho ha sido esta servidora. Parecería que es una forma de amenaza para expulsarme como se ha hecho con otros miembros». Marcela Villatoro, diputada de Arena.

    La diputada también hizo referencia a las «viejas prácticas» mencionadas por el presidente de Arena en X.

    «De lo que se ha entregado a deuda al actual Coena debe explicar gastos en viajes y acompañantes a misiones, dinero gastado en alimentación y viáticos, gastos en asesores, gastos en publicidad, gastos en salario que se le da a algunos miembros del Coena y a cuánto ascienden, gastos en gasolina, si hay vehículos del partido ¿quien los usa?, cuáles son los gastos en personal, cuál es el gasto que lleva a la fecha en actividades, gastos en promocionales», le respondió Villatoro.

    «En mis manos no ha pasado UN DÓLAR del partido siendo funcionaria electa. La falta de respuestas a esas interrogantes son las viejas prácticas del pasado. Un estado de cuentas y la rendición de las mismas a las bases. No las he pedido yo, se lo exigieron otras personas y estas han sido expulsadas», respondió al comentario del presidente de Arena.

    La diputada sostiene que las planillas de sus empleados ya fueron publicadas y estas incluso fueron divulgadas por diferentes medios de comunicación. El 2 de agosto de 2024, la fracción de Arena publicó en su sitio web el listado de los 16 empleados sin monto de los salarios y con las copias de fragmentos de los acuerdos directivos de la asignación; en ese entonces, Villatoro dijo que habían utilizado $11,700 mensuales para el pago de salarios del personal.

  • Abogados dicen algunas alcaldías hacen «interpretación errónea» de Ley de Registro Familiar sobre certificaciones

    Abogados dicen algunas alcaldías hacen «interpretación errónea» de Ley de Registro Familiar sobre certificaciones

    El presidente de la Asociación de Abogados de Especialistas del Derecho de El Salvador (Aboedesal), Carlos Avelar, percibe inconformidad en el gremio de abogados por la interpretación que hacen algunas alcaldías del artículo 63 de la nueva Ley de Registro de Estado Familiar.

    El artículo 63 de la nueva Ley de Registro de Estado Familiar ordena al «funcionario que autorice un matrimonio» a «remitir en físico o por medios tecnológicos» la certificación del acta de celebración del matrimonio civil, testimonio o registro consular.

    «La nueva Ley del Registro de Estado Familiar, que ha sido aprobada recientemente dice que cada vez que un notario autorice un matrimonio deberá extender los testimonios y remitirlos a las alcaldías correspondientes de donde son los contrayentes. La ley dice que deberá remitirlos. Algunas alcaldías en distintos distritos dicen que el notario deberá remitirlo, como que si el notario está obligado a ir personalmente a las alcaldías», explicó Avelar.

    La interpretación del abogado es que «el notario tiene la obligación de remitirlo pero puede ser a través de una persona autorizada o de cualquier persona, inclusive de los cónyuges».

    El abogado exhortó a las alcaldías que «unifiquen criterios», ya que aseguró que muchas alcaldías no están obligando a los notarios a presentar personalmente los testimonios de los matrimonios civiles, y que hagan una «interpretación correcta».

    En el área de Registro Familiar de la alcaldía del municipio de San Salvador Centro, se informó que actualmente las certificaciones de matrimonios pueden ser enviadas por una persona distinta al notario; sin embargo, se informó que se emitirá un aviso si se exigirá la presencia del notario para este trámite.

    Sin embargo, el profesional informó que algunos distritos dentro de los departamentos de Usulután y Chalatenango están exigiendo la presencia de los notarios en la entrega de certificaciones. Consideró que hay una «interpretación errónea de ese artículo» que está queriendo «obligar a los notarios» a que entreguen personalmente las certificaciones y que en otros municipios los notarios incluso «mandan a los mismos contrayentes» para que puedan ser marginadas las partidas de nacimiento con el respectivo matrimonio.

    Una de las alcaldías que exige la presencia de los notarios es La Paz Oeste, que comprende los distritos de: Cuyultitán, Olocuilta, San Juan Talpa, San Luis Talpa, San Pedro Masahuat, Tapalhuaca y San Francisco Chinameca.

    ¿Qué dice el artículo 63 de la Ley del Registro de Estado Familiar?
    El funcionario que autorice un matrimonio deberá dentro de los quince días hábiles siguientes a sus celebración, para su respectiva inscripción, remitir en físico o por medios tecnológicos al registrador del estado familiar competente, certificación del acta de celebración del matrimonio civil, testimonio de escritura del matrimonio civil o el registro consular de matrimonio, según sea el caso.

  • Más de 361,800 salvadoreños en EE.UU. con órdenes de expulsión

    Más de 361,800 salvadoreños en EE.UU. con órdenes de expulsión

    Los migrantes salvadoreños conforman «el cuarto grupo con mayor cantidad de órdenes de expulsión en los Estados Unidos», después de México, Honduras y Guatemala, de acuerdo con un estudio del Diálogo Interamericano (DIA), un tanque de pensamiento estadounidense con sede en Washington.

    En total, son 361,806 salvadoreños con órdenes de expulsión, de los cuales un 57 % nunca han sido detenidos, según el mismo estudio, que retoma datos de TRAC Inmigration. Estas órdenes han sido emitidas desde 1998 hasta 2024.

    Sin embargo, según el informe, el 57 %, seis de cada diez salvadoreños con órdenes de expulsión nunca han sido detenidos.

    Diez nacionalidades concentran el 80 % de las órdenes de expulsión de Estados Unidos. El primer lugar es ocupado por 1.2 millones de ciudadanos mexicanos, seguidos de más de 488,000 hondureños y más de 477,900 guatemaltecos.

    A mucha distancia de estas cuatro nacionalidades, se encuentran migrantes originarios de Brasil, Colombia, Nicaragua, China, Ecuador, Haití, República Dominicana, Cuba y Venezuela.

    Casi la mitad de los migrantes (45 %) con órdenes de expulsión en Estados Unidos nunca han sido detenidos durante los últimos seis años según el informe, son aproximadamente 1.6 millones de personas: un 57 % de los salvadoreños con órdenes de expulsión nunca han sido detenidos, un 67 % de los nicaragüenses, 59 % de los guatemaltecos y 65 % de los hondureños.

    Por el contrario, solo un 18 % de los mexicanos con órdenes de expulsión nunca han sido detenidos.

    Según el estudio de El Diálogo, estos son los migrantes en riesgo de ser expulsados ​​o deportados son un total de 3.6 millones de personas, de los cuales 1.2 millones recibieron esa orden de expulsión entre los años 2018 y 2024, y de los cuales solo 34,000 personas están en centros de detención, y 928,000 se reportaron en libertad condicional de septiembre de 2022 a julio de 2024.

    Entre la población migrante en riesgo de deportación, observa el estudio, se sumarían 70,000 personas a quienes se les finaliza el permiso humanitario en marzo de 2025, 342,000 migrantes a quienes se les denegó asilo, 863,700 migrantes beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y 578,680 beneficiados del programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

  • No hay más deportaciones si hay más control fronterizo en EE.UU., revela estudio.

    No hay más deportaciones si hay más control fronterizo en EE.UU., revela estudio.

    Un estudio del Diu00e1logo Interamericano (DIA), tanque de pensamiento estadounidense sobre relaciones internacionales con sede en Washington, indica que no hay una relación directa entre la cantidad de «encuentros» fronterizos y la cantidad de deportaciones de migrantes que realizan las autoridades de Estados Unidos.nnEl estudio, firmado por Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diu00e1logo Interamericano, señala que entre ambas variables se da una relación que ha variado entre el 3 % y el 100 % en los últimos 20 años.nn»No hay una relación entre las deportaciones y los encuentros fronterizos, que es, un incremento en las deportaciones no se da cuando o después de que los encuentros fronterizos hayan aumentado también», indica la investigación. Un ejemplo son las cifras salvadoreñas [gru00e1fica abajo].nnLos encuentros fronterizos son las retenciones realizadas por la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) a las personas que cruzan la frontera sur de los Estados Unidos o a migrantes indocumentados que encuentren dentro del territorio estadounidense.nnDe enero a noviembre de 2024, la CBP ha reportado mu00e1s de 40,000 salvadoreños migrantes encontrados, 31 % menos que los 61,255 detectados en todo 2023, una disminución que, según la investigación, no debería implicar una baja en las deportaciones.nnEfectivamente, durante los dos últimos años, Estados Unidos ha duplicado las deportaciones de salvadoreños, ya que pasó de deportar 7,231 en el año fiscal 2022 a deportar 15,284 en el año fiscal 2024, según un informe del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) publicado el 19 de diciembre pasado. En 2023, deportó 8,310 salvadoreños. Las cifras únicamente son superadas por las 18,981 deportaciones registradas en 2019.nnDurante los últimos siete años han sido deportados 80,713 salvadoreños. Orozco ha calculado que durante el gobierno de Donald Trump, que inicia su gestión el 20 de enero, habru00e1 un promedio anual de 14,000 deportaciones de salvadoreños.nn!function(){«use strict»;window.addEventListener(«message»,(function(a){if(void 0!==a.data[«datawrapper-height»]){var e=document.querySelectorAll(«iframe»);for(var t in a.data[«datawrapper-height»])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();

  • Diputados agradecen a EEUU donación y piden apoyo para municipios más pobres

    Diputados agradecen a EEUU donación y piden apoyo para municipios más pobres

    Los 60 diputados de la Asamblea Legislativa exoneraron del pago de impuestos la donación de dos vehículos por parte del gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada en San Salvador.

    La exoneración, solicitada al pleno por el diputado Raúl Chamagua (Nuevas Ideas), eximirá a la alcaldía municipal de Sonsonate Este –conformado por los distritos de Izalco, Armenia, San Julián, Santa Isabel Ishuatán, Caluco y Cuisnahuat– del pago de todo tipo de impuestos y bodegaje en la importación de dos pick ups Nissan Frontier, color blanco, del año 2025.

    «La Embajada de los Estados Unidos, que apoya muchísimo a las alcaldías, le queremos dar las gracias por este importante donativo», dijo Samuel Martínez, diputado de Nuevas Ideas por Sonsonate.

    Los vehículos servirán para el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), según el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas.

    La exención incluye Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), impuestos municipales y costos de bodegaje.

    Los diputados de Nuevas Ideas, el partido oficial, agradecieron a Estados Unidos. «Sin lugar a dudas se van a seguir fortaleciendo en los años o meses próximos», dijo Raúl Chamagua sobre las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos. «Esta amistad de larga data se va a seguir fortaleciendo con el paso del tiempo», exclamó el diputado cian.

    «Estamos dispuestos a sumarnos y a ser ese puente de enlace entre las instituciones de gobierno y en este caso con la Embajada de EE.UU., que en muchas ocasiones ha demostrado su buena voluntad». Raúl Chamagua (Nuevas Ideas).

    El diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, exhortó a la Embajada de Estados Unidos a ayudar a otras municipalidades y departamentos, por la pobreza que sufren. «De verdad, se lo digo, embajador», afirmó.

    Quiero hacer el llamado al embajador… para que también pueda poner sus buenos oficios y colaborar con los demás departamentos, hay departamentos pobres pero hay otros que de verdad son más pobres y que no tienen cómo salir adelante». Reynaldo López Cardoza (PCN).

    Los legisladores también felicitaron al alcalde de Sonsonate Este, Gabriel Serrano, por la gestión de esta ayuda.

  • El Salvador ratifica acuerdo de seguridad aérea con Costa Rica: ¿en qué consiste?

    El Salvador ratifica acuerdo de seguridad aérea con Costa Rica: ¿en qué consiste?

    En una sesión plenaria de una hora, el lunes la Asamblea Legislativa ratificó este miércoles el “Acuerdo sobre transporte aéreo” firmado por los cancilleres de El Salvador y Costa Rica durante la visita que realizó en noviembre pasado el presidente Nayib Bukele al vecino país.

    La sesión plenaria se abrió con 49 diputados presentes y el pleno acordó, con 48 votos, llamar a diputados suplentes para sustituir a 10 diputados: Suecy Callejas, Caleb Navarro, Felipe Interiano, Eduardo Amaya, Estuardo Rodríguez, Mauricio Ortiz, Helen Jovel, Salvador Chacón, Maricela de Guardado y Johathan Hernández.

    El “Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el gobierno de la República de El Salvador y el gobierno de la República de Costa Rica”, suscrito el 11 de noviembre de 2024, que consta de preámbulo, 29 artículos y un anexo, no fue leído en el pleno ni publicado en el sitio web de la legislatura.

    Fue el primer punto de agenda: fue ratificado con 59 votos: 53 votos de Nuevas Ideas, 2 de Arena, 2 del PCN, 1 de Vamos y 1 del PDC, según el conteo público y oficial de la Asamblea Legislativa.

    Según el dictamen, las partes se comprometen a respetar convenios sobre infracciones contra la seguridad de las aeronaves (Tokio, 1963; La Haya, 1970; Montreal, 1971 y 1988; Palermo, 2000) o cualquier otra convención multilateral o sus modificaciones ratificadas por ambas partes, así como deberán exigir que los operadores de aeropuertos en su territorio respeten las disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

    El acuerdo pretende el más alto grado de seguridad y protección de los servicios aéreos internacionales y reafirmar la grave preocupación de ambos Estados por los actos o amenazas contra la seguridad de las aeronaves que ponen en peligro la seguridad de las personas y los bienes.

    También, busca impedir actos de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles y otros actos ilícitos contra la seguridad de dichas aeronaves, sus pasajeros y tripulación, aeropuertos e instalaciones de navegación aérea y toda otra amenaza contra la seguridad de la aviación civil.

    «Los aspectos más importantes es cuidar la vida, la seguridad de todos los pasajeros, no permitir que ningún pasajero o una persona extraña pueda ingresar a abordar un avión con cualquier armamento o equipo, o se le ocurra documentar un equipaje con cargamento o municiones». Walter Alemán, diputado de Nuevas Ideas.

    Este es el décimo sexto acuerdo de transporte aéreo ratificado por El Salvador según Cancillería; sin embargo, Nuevas Ideas aseguró que los anteriores gobiernos engavetaban los acuerdos.

    «Desde 2021 hemos venido ratificando acuerdos en beneficio de la población salvadoreña, muchas veces antes se quedaban literalmente engavetados». Ana Figueroa (Nuevas Ideas).

    Al referirse al acuerdo de transporte aéreo, la diputada Ana Figueroa, del partido oficial, se refirió a la seguridad interna de El Salvador: «En un mundo moderno, es vital que establezcamos marcos normativos que salvaguarden la seguridad de la población, nosotros ya sabemos cómo el presidente Nayib Bukele ha implementado estas políticas de seguridad nacional pero obviamente necesitamos cuidar adonde sea que ellos se encuentren».

  • Maquinaria continúa trabajos en terreno donde se construirá Estadio Nacional El Salvador

    Maquinaria continúa trabajos en terreno donde se construirá Estadio Nacional El Salvador

    Los trabajos de terracería en el lugar en donde se construiría el Estadio Nacional de El Salvador, cuya primera piedra se puso hace más de un año, continúan en enero de este año según pudo constatar Diario El Mundo en el terreno de la Escuela Capitán General Gerardo Barrios, ubicado sobre el kilómetro 5 y medio de la carretera a Santa Tecla, en el distrito de Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este.

    De acuerdo con los datos registrados en proceso de aprobación del permiso ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el área total del terreno incluido el parqueo es 175,960 metros cuadrados, de los cuales será construida una superficie de 57,500 metros cuadrados.

    Los trabajos en el área donde se construye el Estadio por el gobierno chino se realizan incluso de noche. / Cortesía.

    Según el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), la construcción del Estadio Nacional de El Salvador a cargo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes) aún está «en proceso de evaluación», es decir, su proceso de solicitud de permiso ambiental no aparece finalizado ni aprobado. El gobierno no ha informado oficialmente de los avances en los procesos ambientales de la construcción.

    Bajo el identificador «NFA965-2022» registrado el 12 de julio de 2022 a las 11:14 a.m., la construcción del Estadio, financiada por la República Popular China, aparece «en proceso de evaluación» en este sistema que divulga las fases de los procesos de estudios de impacto ambiental en El Salvador.

    El sistema informa del estado o fase del proceso en la que se encuentra cada proyecto, obra o actividad que inicia la evaluación del Impacto Ambiental o formulario ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

    El Estadio Nacional de El Salvador, según la descripción del proyecto citada por el MARN, incluiría:

    • Un «campo profesional de fútbol» con una tribuna de 50,000 asientos.
    • Salas de espectadores.
    • Salas de deportistas.
    • Salas de gestión.
    • Salas de prensa.
    • Medio de comunicación.
    • Salas de VIP y VVIP.
    • Salas de operación del estadio.
    • Salas de equipamiento.
    • Dos campos de baloncesto al aire libre.
    • Una cancha de fútbol rápido para 5 personas.
    • Parqueo para 2,000 vehículos.
    • Pavimento de la plaza exterior.

    Una imagen de los avances de los trabajos de terracería del pasado 25 de diciembre de las obras relacionadas al Estadio que sería construido en Antiguo Cuscatlán. / YM

  • Sala rechaza demanda de inconstitucionalidad por elección de CSJ con diputados suplentes

    Sala rechaza demanda de inconstitucionalidad por elección de CSJ con diputados suplentes

    La Sala de lo Constitucional «sobreseyó de una presunta inconstitucionalidad contra la elección de un magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)» por supuestamente violar las reglas de llamamientos a diputados suplentes en una sesión plenaria de abril de 2021, en la legislatura 2018-2021 presidida por el pecenista Mario Ponce.

    Según la Sala, el periodo para el cual se eligió al «magistrado suplente David Omar Molina Zepeda» finalizó el 23 de septiembre de 2024, por lo que “el objeto de control ha perdido su vigencia”. La Sala explicó que el sobreseimiento “implica la existencia de vicios”, es decir, que el juzgador no se pronuncia sobre el fondo del asunto.

    La resolución fue emitida el 16 de octubre de 2024 y remitida el 2 de diciembre pasado a la Asamblea Legislativa 2024-2027; y la demanda fue interpuesta contra el artículo 1 inciso 1 del decreto 857 aprobado el 9 de abril de 2021.

    El abogado demandante, Fabricio Alvarenga Servellón, argumentó la supuesta violación del artículo 131 ordinal cuarto de la Constitución de la República, que «faculta a la Asamblea “llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso laboral o imposibilidad de concurrir de los propietarios”».

    Alvarenga señaló que, en la sesión plenaria del 9 de abril de 2021, se procedió a la votación nominal y pública de un magistrado y, al no ser suficientes los votos, el presidente de la Asamblea “la dejó sin efecto” y, luego de un receso, se repitió la votación, y eligieron a David Omar Molina Zepeda, con 58 votos, como magistrado suplente de la CSJ. Durante esta elección «se desató una polémica y hubo reclamos incluso por parte del ya presidente de la República, Nayib Bukele».

    En su demanda, el abogado arguyó que la elección de Molina Zepeda se dio «con el voto de 16 diputados suplentes, «sin que la Asamblea Legislativa haya justificado la ausencia de los propietarios y la necesidad de la suplencia».

    La Asamblea Legislativa opinó que el acto no fue inconstitucional, ya que consideró que la reforma al artículo 186 inciso quinto letra “b” del Código Electoral que dio “legitimidad popular a los diputados suplentes”. Esta reforma permitió que los nombres de los candidatos a diputados suplentes aparecieran a la par de los candidatos a diputados propietarios. Según la Asamblea, una vez llamado un diputado suplente, este “posee las mismas facultades para deliberar y votar que un propietario”.

    Por su parte, el fiscal general consideró que el demandante no argumentó la inconstitucionalidad y que la Constitución faculta a la Asamblea a “lograr el cuórum mediante el llamamiento de los suplentes”.

    La resolución fue recibida en la sesión plenaria del 5 de diciembre de 2024 y pasó a estudio de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, al expediente 2357-10-2020-1.

    «El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, aseguró este lunes que la Sala de lo Constitucional debería suspender y declarar inconstitucional la elección de tres magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)», «para efectos de credibilidad» del máximo tribunal de la República.

    En abril de 2021, el entonces asesor de la Presidencia, abogado Javier Argueta, afirmó que «la elección de los magistrados suplentes no solo debía ser declarada inconstitucional por la Sala, sino investigada por la Fiscalía General de la República (FGR)»; en ese entonces, exhortó a la Asamblea a revisar si los magistrados electos cumplían requisitos, permitir el debate parlamentario y votar con diputados propietarios, no con suplentes.

  • Dirección de Tejido Social pasará de Seguridad a Gobernación

    Dirección de Tejido Social pasará de Seguridad a Gobernación

    El presidente de la república, Nayib Bukele, reformó el reglamento del Órgano Ejecutivo «para delegar al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial la dirección y la administración de la ‘Dirección de Reconstrucción de Tejido Social’», instancia que actualmente depende del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

    Según el considerando sexto del decreto ejecutivo aprobado en diciembre pasado, es necesario hacer «un reajuste en la organización administrativa del estado y sus dependencias» para promover «el desarrollo de la juventud de manera eficiente» para el bienestar y la paz social en los territorios.

    Actualmente, la línea presupuestaria «0204 ‘Reconstrucción del Tejido Social 2024′» se encuentra dentro del «Ramo de Justicia y Seguridad Pública», dentro de la unidad presupuestaria «Programas especiales de prevención 2024». Para el año 2024, tuvo una asignación presupuestaria de $1.9 millones.

    Para el año 2025, la ley de presupuesto incluye $2,486,300 para la línea de trabajo «04 ‘Reconstrucción del Tejido Social’, que se ubica dentro de la unidad «02 Programas especiales de prevención» del presupuesto del ramo de Justicia y Seguridad Pública»: $1.4 millones en bienes y servicios, $943,330 en remuneraciones, $11,000 en gastos financieros y otros.

    El presupuesto de Justicia y Seguridad también incluye un presupuesto de $10 millones para el «Programa especial de combate a terroristas», un proyecto que tuvo $26 millones en 2024.

    La Unidad de Reconstrucción del Tejido Social inició en el año 2020 con un presupuesto de $1 millón dentro del Ministerio de Gobernación, pero posteriormente pasó a Justicia y Seguridad.

    La Dirección de Integración, que tiene una función similar, es una institución descentralizada, que tuvo un presupuesto de $23.3 millones durante 2024 y tendrá $16.2 millones para 2025. Según la ley de presupuesto, la Dirección de Integración busca implementar programas sociales para «la disminución de la violencia y la pobreza en El Salvador» para una «mayor integración en la sociedad».

    El director de Reconstrucción del Tejido Social es «Carlos Marroquín Chica», quien labora desde el inicio de la gestión gubernamental actual; mientras el director de Integración es «Alejandro Gutman», quien inició sus labores en el actual gobierno el año pasado. Antes, Carlos Marroquín fue jefe de la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social de la alcaldía de San Salvador de 2015 a 2019.

    La reforma al reglamento fue aprobada el 2 de diciembre, publicada el 18 de diciembre en el Diario Oficial y está vigente desde el 26 de diciembre de 2024.

  • Avalan acuerdo de El Salvador y Costa Rica contra amenazas en aeronaves

    Avalan acuerdo de El Salvador y Costa Rica contra amenazas en aeronaves

    La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno acordó este lunes la ratificación del «Acuerdo sobre transporte aéreo» que aprobó con Costa Rica durante la visita del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a la vecina nación centroamericana en noviembre pasado.

    El acuerdo sobre transporte aéreo entre El Salvador y Costa Rica, que aún no es público, busca «impedir actos de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles y otros actos ilícitos contra la seguridad de dichas aeronaves, sus pasajeros y tripulación, aeropuertos e instalaciones de navegación aérea y toda otra amenaza contra la seguridad de la aviación civil».

    La negociación del convenio de seguridad aérea con Costa Rica inició en octubre de 2022, según el director de relaciones económicas de Cancillería, Eduardo García, quien detalló que El Salvador ya tiene 15 acuerdos de este tipo, siete han sido firmados de 2021 a 2024.

    Los diputados aprobaron el acuerdo, aunque este no fue leído en la Comisión. El acuerdo de seguridad aérea con Canadá, firmado en octubre de 2018, un documento público,

    La directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Patricia Aguilera Bran, dijo a diputados de la Comisión que hubo un 10 % de aumento en atención de operaciones de vuelos de pasajeros en diciembre de 2024, con 44,100 vuelos de llegadas, salidas y conexiones en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, que tiene 19 puertas y salas de espera.

    «Solo en el Aeropuerto Internacional se han atendido a más de 5 millones de pasajeros, es decir que ha existido un incremento del 17 % más de viajeros en comparación con el año 2023.
    Patricia Aguilera, directora jurídica de Cancillería.

    A esto se suma un aumento del 21 % en la importación y exportación de carga, con 34.1 millones de kilogramos hasta el 15 de diciembre de 2024; y un 25 % de aumento de los servicios prestados en el aeropuerto internacional de Ilopango.

    «A noviembre de 2024, El Salvador ha recibido más de 3.5 millones de turistas. Esperamos que en diciembre y pronto nuestro Ministerio de Turismo nos pueda dar cifras cerradas a finales de 2024».
    Eduardo García, director de relaciones económicas de Cancillería.

    El director de relaciones económicas de Cancillería, quien recordó que este año se cumplen 180 años de relaciones diplomáticas entre El Salvador y Costa Rica, señaló que «ni El Salvador ni Costa Rica han alcanzado recuperar el nivel de flujo de turistas para 2019», por lo que cree que hay que «trabajar para promocionar, divulgar, incentivar y generar condiciones que permitan que el flujo de turistas» se recupere a niveles de 2019 e incluso pueda superarse.

    «Como el 2024 no han cerrado completamente las cifras, tenemos que tomar como base el 2023… Ni El Salvador ni Costa Rica han alcanzado recuperar el nivel de flujo de turistas para 2019. Todavía los países están siendo resentidos en materia de turismo y no hemos logrado tener la misma cifra que teníamos en 2019».
    Eduardo García, director de relaciones económicas de Cancillería.

    Según el director, el acuerdo con Costa Rica permitirá una mayor llegada de turistas, con la promoción de rutas de conectividad, además de un impacto en la economía local en los sectores de hospedaje y transporte, paquetes turísticos regionales y multidestinos, generación de empleos en el sector turístico.

    El acuerdo, según García, también puede reducir las barreras logísticas y de transporte de carga, incrementar la frecuencia de vuelos y expandir las redes de negocios.

    «A nosotros nos ha quedado bastante claro todo el contexto de este acuerdo», respondió la diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, luego de la intervención de ambos funcionarios de la Cancillería.

    El diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, se refirió a disposiciones de seguridad aérea que él conoce, aunque no se refirió o expuso dudas sobre el acuerdo bajo estudio. «Hablar del tema de aviación me gusta muchísimo», dijo.