Autor: Yolanda Magaña

Mañana,
thursday 19 de junio, inicia la vigencia de la nueva «Ley de sostenibilidad fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas», una normativa que prohíbe programar gastos sin fuente de financiamiento y obliga al Estado a programar sus gastos en función de disminuir su nivel de endeudamiento.

La nueva ley fue publicada en la edición del Diario Oficial del 11 de junio y entra en vigor ocho días después, es decir, el jueves 19 de junio.

La obligación más cercana del Ministerio de Hacienda es diseñar el primer Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que deberá estar en función de reducir la deuda hacia un 80 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030. La deuda de El Salvador llega a 89.2 % del PIB ($32,107.13 millones) con pensiones, a diciembre de 2024.

Para publicar este Marco Fiscal de Mediano Plazo que sirva de referente para el ejercicio fiscal 2025 y para la elaboración del presupuesto de 2026, el Ministerio de Hacienda tiene un plazo de «tres meses contados a partir de la vigencia» de la ley.

Este es es uno de los plazos más cercanos que establece la nueva normativa a Hacienda, emitida como parte de uno de los compromisos asumidos por el gobierno salvadoreño para acceder a un financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de fortalecer las finanzas públicas de El Salvador.

Sin embargo, para todas las instituciones del Estado, la obligación más cercana es que en los primeros 10 días de cada mes deben entregar a Ministerio de Hacienda información mensual «de ingresos y gastos» y de «operaciones de financiamiento interno y externo» contemplados en el presupuesto. Hacienda puede establecer instructivos y el presidente puede emitir un reglamento.

La normativa regula las normas sobre el endeudamiento público incluida la deuda de pensiones, que supera los $10,700 millones, e incluida la deuda de las instituciones descentralizadas y empresas públicas, es decir, no se limita al Gobierno Central.

¿Cuáles son los plazos que le impone la ley de sostenibilidad a Hacienda?

Sin plazo: reglamentos e instrumentos
El presidente podrá emitir un reglamento de la ley, no dice plazo. El Ministerio de Hacienda puede emitir acuerdos, instructivos, circulares, resoluciones, guías y cualquier otro instrumento.

Ingresos y gastos: primeros 10 días de cada mes
Todas las instituciones del Estado deben suministrar a Ministerio de Hacienda en un plazo no mayor a 10 días hábiles del siguiente mes, tanto de los rubros de ingresos y gastos, operaciones de financiamiento.

Municipalidades: cada operación
Las municipalidades deben remitir a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda la información de cada operación financiera y de endeudamiento, flujo de ingresos propios, a más tardar 5 días hábiles después de la operación, y publicar un informe semestral de operaciones de emisión de deuda.

Saldo de deuda cada mes
Hacienda debe publicar mensualmente el saldo de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) con pensiones según cada nivel de gobierno, instrumento, plazo y acreedor, incluyendo deuda de pensiones.

Saldo de pagos pendientes: cada mes
Hacienda debe publicar mensualmente el saldo adeudado de requerimientos pendientes de pago (pendientes por 90 días o más) de bienes y servicios, y de transferencias corrientes de la Dirección General de Tesorería, notas de crédito pendientes de pago y Letras del Tesoro (Letes), emisiones y cancelaciones de Letes cada mes.

Marco Fiscal: cada año
El Marco Fiscal de Mediano Plazo actualizado será publicado anualmente en el Portal de Transparencia Fiscal a más tardar el 31 de mayo.

Cumplimiento: cada año
Hacienda debe publicar un informe de cumplimiento de metas, durante el año fiscal anterior.

Presupuesto y riesgos: cada año
Todas las instituciones del Estado deberán proporcionar al Ministerio de Hacienda información íntegra y detallada de presupuesto, riesgos fiscales y pasivos contingentes en no más de 60 días después de la terminación del año fiscal.

Informe actuarial
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) deberá remitir al Ministerio de Hacienda un informe actuarial del sistema previsional con los flujos de ingresos y egresos. No indica plazo, pero el acuerdo del FMI indica que la evaluación actuarial independiente deberá ser publicada en julio de 2025 y una propuesta de reforma de pensiones, el 10 de febrero de 2026.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tuvo por informada la designación del nuevo director propietario de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) en representación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido de oposición.

El nuevo designado como director propietario es Irvin Antonio Sorto Peña, y en el cargo de directora suplente por el FMLN siempre estará Blanca Elizabeth Ramos Hernández.

El Tribunal comunicó la resolución al director financiero institucional, al director de Talento Humano del TSE y a la JVE, así como al secretario general del FMLN.

Sorto Peña fue candidato a diputado por La Libertad del FMLN. Durante el escrutinio final de las elecciones de 2024 Sorto pidió la «nulidad de las elecciones de la Asamblea Legislativa por falta de confianza», comicios realizados el 4 de febrero de 2024 junto a las presidenciales.

«El Tribunal se hizo del ojo pacho cuando hubo un candidato que se proclamó ganador y todavía tuvo el descaro de mencionar una cantidad de diputados cuando nadie sabía, mucho menos el país. ¿De dónde sacaba esos datos?», expresó en aquella ocasión.

La directora propietaria saliente de la JVE por el FMLN es Mirna Benavides.

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reveló el lunes que desde su rol buscará identificar cuáles son las barreras que tienen los empresarios estadounidenses para realizar inversiones en países como El Salvador, Guatemala y México, con cuyos gobernantes se reunió hace una semana.

“Yo creo que hay grandes oportunidades para ambos países. Un papel fundamental que puedo jugar yo es ver adónde han estado esas barreras que han desincentivado a la inversión estadounidense en la región”, anunció el alto funcionario luego de concluir una gira de reuniones con los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, Guatemala, Bernardo Arévalo, y El Salvador, Nayib Bukele.

El funcionario se preguntó por qué “de repente China está en todas partes en donde ni siquiera estaba hace 10, 20, 30 años” y que jamás se les hubiera ocurrido “que China tendría una presencia económica comercial mayor que la de EEUU en muchos de estos lugares”.

Landau manifestó su voluntad de “trabajar más de la mano” con el sector privado estadounidense para “a lo mejor dirigir un poco sus intereses” para “identificar dónde podría ser útil inversiones y capital estadounidense y a lo mejor conectarles con el sector privado”, aunque advirtió que como gobierno no pueden dirigir las inversiones. “Pero sí podemos agilizar ese proceso de conexión”, señaló.

Mencionó que analizan si la ley anticorrupción estadounidense desincentiva inversión norteamericana en la región pero también advirtió que los inversionistas necesitan de seguridad jurídica y estabilidad política.

“Nos queremos asegurar que sí la ley sirva para su propósito, que es evitar que nosotros fortalezcamos sistemas de corrupción en sus países, pero a la vez no queremos desincentivar la inversión totalmente legal, así que, siempre con las leyes es importante asegurarse que no haya una sobredesincentivación, estamos desincentivando las prácticas ilegales pero a veces si la ley se aplica con tanta dureza, la gente dice yo ni siquiera voy a meterme en esos países donde hay una historia de corrupción”, indicó.

Según Landau, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando cómo se está aplicando la ley para asegurarse “que se está aplicando de una manera justa y que promueva los propósitos de esa ley”.

“Queremos trabajar con el sector privado para que haya inversiones y que no sean inversiones corruptas, francamente a lo mejor se debería de ver un poco más a fondo cuáles son las bases de estas inversiones chinas, porque yo creo que a nadie le debe de gustar si hay inversión como resultado de un acuerdo corrupto”, indicó.

En febrero pasado, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva para suspender la aplicación de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero de 1977 que prohíbe a empresas y personas de Estados Unidos ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros.

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reveló el lunes que desde su rol buscará identificar cuáles son las barreras que tienen los empresarios estadounidenses para realizar inversiones en países como El Salvador, Guatemala y México, con cuyos gobernantes se reunió hace una semana.

«Yo creo que hay grandes oportunidades para ambos países. Un papel fundamental que puedo jugar yo es ver adónde han estado esas barreras que han desincentivado a la inversión estadounidense en la región», anunció el alto funcionario luego de concluir una gira de reuniones con los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, Guatemala, Bernardo Arévalo, y El Salvador, Nayib Bukele.

El funcionario se preguntó por qué «de repente China está en todas partes en donde ni siquiera estaba hace 10, 20, 30 años» y que jamás se les hubiera ocurrido «que China tendría una presencia económica comercial mayor que la de EEUU en muchos de estos lugares».

Landau manifestó su voluntad de «trabajar más de la mano» con el sector privado estadounidense para «a lo mejor dirigir un poco sus intereses» para «identificar dónde podría ser útil inversiones y capital estadounidense y a lo mejor conectarles con el sector privado», aunque advirtió que como gobierno no pueden dirigir las inversiones. «Pero sí podemos agilizar ese proceso de conexión», señaló.

Mencionó que analizan si la ley anticorrupción estadounidense desincentiva inversión norteamericana en la región pero también advirtió que los inversionistas necesitan de seguridad jurídica y estabilidad política.

«Nos queremos asegurar que sí la ley sirva para su propósito, que es evitar que nosotros fortalezcamos sistemas de corrupción en sus países, pero a la vez no queremos desincentivar la inversión totalmente legal, así que, siempre con las leyes es importante asegurarse que no haya una sobredesincentivación, estamos desincentivando las prácticas ilegales pero a veces si la ley se aplica con tanta dureza, la gente dice yo ni siquiera voy a meterme en esos países donde hay una historia de corrupción», indicó.

Según Landau, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando cómo se está aplicando la ley para asegurarse «que se está aplicando de una manera justa y que promueva los propósitos de esa ley».

«Queremos trabajar con el sector privado para que haya inversiones y que no sean inversiones corruptas, francamente a lo mejor se debería de ver un poco más a fondo cuáles son las bases de estas inversiones chinas, porque yo creo que a nadie le debe de gustar si hay inversión como resultado de un acuerdo corrupto», indicó.

En febrero pasado, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva para suspender la aplicación de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero de 1977 que prohíbe a empresas y personas de Estados Unidos ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros.

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, mencionó la seguridad jurídica y la estabilidad política como condiciones para atraer la inversión de empresarios de Estados Unidos a El Salvador, México y Guatemala, países en donde se trasladó la semana pasada para reunirse con los respectivos gobernantes.

Luego de recordar que se reunió con el sector privado salvadoreño con quienes conversó sobre áreas de alta tecnología y proyectos interesantes, se refirió a la necesidad de la certidumbre jurídica y la estabilidad política para los inversionistas.

“Yo debo destacar que las relaciones comerciales y económicas entre nuestros países están recibiendo gran prioridad. Nosotros vemos un continente más próspero y con más inversión extranjero pero eso tiene que ser interesante para el inversor”, señaló.

Luego prosiguió:

“Nadie va a querer invertir en un país donde no hay certidumbre jurídica, donde no hay estabilidad política para dar, pues, para fomentar el crecimiento económico y también seguridad en materia de la vida de día a día para los empresarios, ellos tienen que visitar, tienen que vivir ahí, necesitan seguridad”.

Para el funcionario, hay “un cambio en la política de Estados Unidos” ya que no ha visto “un énfasis tan importante sobre el crecimiento económico” como pilar de la diplomacia”.

Según Landau, en esa visión, “la estabilidad política también se puede construir sobre una base de prosperidad económica, esa es nuestra visión para un hemisferio mejor para todos”.

El funcionario no detalló situaciones internas sobre la situación política de cada país. En El Salvador, las organizaciones locales e internacionales han condenado las capturas de activistas de derechos humanos y un abogado constitucionalista, así como la creación de una ley de agentes extranjeros.

El secretario del FMLN, Manuel «El Chino» Flores, envió, el pasado 10 de junio, una correspondencia al coordinador del distrito de Mejicanos, en la que pide «acceso» al local del partido con el fin de que “las autoridades judiciales” puedan ingresar y realizar un “avalúo del bien inmueble”.

El escrito fue publicado por la cuenta de Facebook del «FMLN Mejicanos», que señaló a la dirección nacional del FMLN de “no tener la determinación ni la voluntad política para preservar” el local del partido de izquierda.

La diligencia, según una fuente del partido, está fijada para el viernes 20 de junio a las 10:00 de la mañana, y es parte de un proceso judicial iniciado por empleados que demandaron su indemnización por despidos del instituto político.

En conferencia de prensa, el secretario del partido manifestó que este “es un proceso de un juzgado de Ayutuxtepeque y Mejicanos” y que él únicamente debe responder como representante legal del partido de izquierda ante procedimientos judiciales, ya que de lo contrario caería en «desacato».

“A más de 100 se les indemnizó. El representante legal de los locales soy yo. No es nadie más y cuando los procedimientos judiciales son así uno debe responder porque, si no, cae en desacato. Yo lo que estoy haciendo es cumpliéndole a los trabajadores su derecho”, aseguró Flores. Según el dirigente, la subasta del local de Mejicanos “es un procedimiento legal que viene de las gestiones pasadas”.

En enero de 2025, se conoció que el Juzgado Quinto de lo Laboral ordenó indemnizar a cinco empleados despedidos del partido, por lo que fue embargado el local que el partido de izquierda tenía en Ayutuxtepeque.

“Ya no es el FMLN en el gobierno, ya no es el FMLN, con empleados en el gobierno, ni con alcaldías ni con diputados, es el partido en recomposición interna preparándose para el futuro y hay que tomar decisiones. Ya no es el FMLN donde se recibían aportes de funcionarios”, indicó Flores, en una conferencia de prensa.

Según una fuente del partido político, el local de Mejicanos servirá para indemnizar a empleados dentro de un proceso judicial de embargo, a raíz de una demanda por parte de al menos cuatro empleados. Se conoce que el partido político también tiene deudas con una empresa de telefonía. En febrero pasado, el secretario del FMLN aseguró que tenían deuda de $325,000 con «proveedores que dieron sus servicios para la campaña del FMLN». El partido de izquierda no ha publicado sus balances financieros. Su sitio web, fmln.org.sv, está en construcción.

Luego de entrevistar a cuatro candidatos, la

Comisión Política de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para elegir al presidente del Tribunal del Servicio Civil (TSC)para el periodo del 28 de junio de 2025 hasta el 27 de junio de 2028.

El dictamen, aprobado con ocho votos, no realiza propuesta de alguno de los cuatro candidatos para el cargo. Las propuestas son conocidas públicamente hasta que cada grupo parlamentario pronuncia el nombre de la persona a ser elegida en la sesión plenaria, que se realizará el jueves 19 de junio.

Uno de los cuatro candidatos es el gerente de operaciones de la Asamblea Legislativa, Franklin Nolasco, quien aspira a un cuarto periodo como presidente del TSC.

Ante preguntas del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, Nolasco opinó sobre las faltas cometidas por los empleados públicos: “Para mí alguien que esté reincidiendo, corresponde iniciarle un proceso de destitución y despido. Si una persona está reincidiendo, a esa persona le falta vocación”, indicó. Nolasco reveló que el TSC tiene actualmente 1,200 casos activos, de los cuales 270 están por resolver y más de 900 están resueltos.

El Tribunal de Servicio Civil es la institución judicial que dirime en segunda instancia las diferencias entre los empleados públicos y las instituciones del Estado, analiza procesos de despidos o destituciones, y resuelve demandas de los empleados.

Los diputados entrevistaron a los cuatro candidatos –quienes detallaron públicamente su experiencia laboral– en el siguiente orden:

1. William Vladimir Álvarez Flores: abogado con maestría en derecho económico, derecho administrativo y procesal administrativo. Dice que tiene «más de 20 años», iniciando como operativo y administrativo en la Policía Nacional Civil (PNC), fue coordinador del área legal de la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Justicia y actualmente es el jefe de la Unidad de Compras Públicas del Tribunal de Servicio Civil y secretario interino ad honorem. Duración de la entrevista: 16 minutos y 39 segundos.

2. Ernesto Adalid Corea Barraza: fue oficial aduanero, ha sido apoderado general judicial de Sindicato del Ministerio de Salud y es apoderado. Trabajó 15 años en aduanas, dijo que es apoderado legal de “muchas empresas privadas” y que ha visto muchos “casos de carácter mercantil, laboral y penal”. “He sido apoderado de muchos empleados públicos, en especial del Ministerio de Salud agremiados» al Sindicato General de Empleados de Salud (Sigesal). Duración de la entrevista: 9 minutos y 2 segundos.

3. Selvin Max Darwin Peña Rivera: trabajó en una oficina jurídica donde representó empresas y empleados en materias laboral, civil y mercantil; desde 2007 es empleado del Órgano Judicial, inició como ordenanza del juzgado segundo de paz en Dulce Nombre de María, en Chalatenango; de 2012 a 2016, laboró en la oficina de actos de comunicación de derecho privado y social de la CSJ. De 2016, es notificador del Juzgado Segundo de lo Civil de San Marcos. Fue miembro del Sindicato de Empleados Judiciales (Sinejus), de donde fue secretario de finanzas del departamento de Chalatenango. Duración de la entrevista: 10 minutos y 46 segundos.

4. Franklin Josué Nolasco Morales: actual gerente de Operaciones de la Asamblea Legislativa y como tal asesora técnicamente a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, así como a la junta directiva. Empleado de la Asamblea Legislativa desde hace 21 años, inició como ordenanza, fue colaborador administrativo, colaborador de departamento, colaborador jurídico en las comisiones, técnico en comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores. Abogado y notario, fue secretario general de un sindicato en la Asamblea, es actualmente presidente del Tribunal de Servicio Civil por tercer periodo. Duración de la entrevista: 17 minutos y 5 segundos.

Preguntan sobre plan de mejora

Los diputados realizaron preguntas sobre la función del Tribunal del Servicio Civil (TSC), sus planes de mejora, qué significa empleado Ley de Salarios o cargo de confianza, cuál es la diferencia entre destitución y despido, cómo resolvería con imparcialidad demandas de sindicalistas y cuáles son los principales desafíos de los empleados públicos.

El diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, preguntó a Álvarez «en qué área se enfocaría para mejorar la institución». El primer candidato le respondió que mejoraría «las condiciones de operatividad para prestar mejores servicios institucionales, optimizar las herramientas tecnológicas y un mejor servicio al usuario».

El diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, preguntó a los candidatos qué es el Tribunal del Servicio Civil y respondieron que la institución dirime las diferencias entre los empleados públicos y el Estado.

Al segundo candidato, la diputada Suecy Callejas le preguntó qué áreas de mejora ve al TSC. Corea Barraza le respondió que en muchos procesos «se han ganado» porque «se ha sustentado la vulneración al derecho de audiencia» y aseguró que en ciertos proceso «ha habido una retardación en la depuración» del proceso.

También, el diputado Guevara preguntó cómo se garantizaría la imparcialidad en el desafuero de sindicalistas. El aspirante respondió que «no goza de fuero» pero la comisión está en facultad de desaforarlo con «el debido proceso de audiencia y defensa.

Algunos candidatos hicieron propuestas. El candidato Peña Rivera propuso que el TSC conozca casos en primera instancia, así como las comisiones de servicio civil que funcionan en cada institución. El actual presidente del TSC propuso también propuso «actualizar la Ley de Servicio Civil» y aseguró que buscan un espacio para la institución.

Al final de las entrevistas, los diputados votaron a favor del dictamen favorable.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un dictamen favorable para autorizar la suscripción del contrato de un nuevo préstamo de la «Corporación Andina de Fomento (CAF) por $75 millones» que buscaría mejorar el servicio de salud en los hospitales y unidades de salud en El Salvador.

Los diputados de este grupo de trabajo votaron de manera unánime por el dictamen 95, que sería aprobado por el pleno legislativo en la sesión del jueves 19 de junio a las 9:30 a.m.

«Julio Darío Alemán, jefe del Departamento de Gestión de Deuda del Ministerio de Hacienda», explicó que el préstamo cumple la modalidad de «Enfoque Sectorial Amplio (SWAp), «una herramienta financiera que facilita la implementación de políticas públicas y programas de desarrollo sectorial con «financiamiento flexible» y apoyo técnico».

Se trata de la operación «Programa sectorial de apoyo a la gestión integral para una salud de calidad en El Salvador».

El funcionario detalló que los objetivos del programa son: «mejorar la infraestructura de salud, equipamiento médico de alta tecnología, transformación digital, promoción, prevención, diagnóstico, fortalecimiento institucional, atención a enfermedades crónicas no transmisibles y mejorar la respuesta de emergencias médicas.» Aseveró que el plazo del préstamo será 18 años, incluidos dos de gracia, y un interés de tasa de referencia más 1.95 %, con opción de conversión a 6.3 % anual.

Alemán no detalló si los fondos podrán ser usados para pagar deudas. Sin embargo, el artículo 3 del decreto que será aprobado indica que «los recursos del contrato de préstamo serán destinados para atender prioridades estratégicas del Gobierno, Obligaciones Generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal».

La presentación que llevó el funcionario a los diputados indicaba que los objetivos del programa, entre otros mencionados, son:

1. Ampliación de hospitales y unidades de salud, sobre todo en zonas rurales y altamente vulnerables.
2. Expansión de la salud digital.
3. Fortalecimiento del primer nivel de atención preventiva, materno infantil y enfermedades crónicas.
4. Mejora de la respuesta del «Sistema de Emergencias Médicas (SEM)».

Los diputados no hicieron preguntas y aprobaron por unanimidad de los presentes el dictamen favorable. En la Comisión, no había diputados de oposición.

La «diputada Dania González, de Nuevas Ideas», solo expresó que están viendo «cuál es la relación entre este nuevo crédito que El Salvador gracias a sus políticas públicas, de cada uno de los programas del CAF, ahora ha sido reconocido y puede tener este financiamiento enfocado en materia de salud». «Es importante que podamos inyectarle a nuestro país en materia de salud», agregó.

«Este tipo de financiamientos en mediano y largo plazo vamos a ver cada uno de estos frutos en las comunidades más vulnerables», prometió la legisladora.

El CAF se ha convertido en uno de las principales entidades financieras del gobierno de El Salvador.

Luego de reunirse con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y los gobernantes de México y Guatemala, el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, aseguró este lunes que la administración Trump busca «crear una agenda positiva en el crecimiento económico que convenga a ambos» y que aumente la inversión estadounidense en los tres países.

El funcionario enfatizó en que los empresarios estadounidenses necesitan certidumbre jurídica y estabilidad política, que no las definió, además de la seguridad física.

«Nadie va a querer invertir en un país donde no hay certidumbre jurídica, donde no hay estabilidad política para dar, pues, para fomentar el crecimiento económico y también seguridad en materia de la vida de día a día para los empresarios, ellos tienen que visitar, tienen que vivir ahí, necesitan seguridad», fueron sus palabras.

Detalló que con Bukele conversó sobre su plan de seguridad, «su visión de desarrollo económico para el país» y concretamente «una agenda en temas digitales y de alta tecnología» sobre la cual Landau tenía mucho interés. «Compartimos ideas», reveló.

Landau reiteró la preocupación de Estados Unidos de «una presencia china tan fuerte» en la región pero aseguró que no fue el énfasis en sus reuniones con los líderes de El Salvador, México y Guatemala «sino más bien las oportunidades que hay para el capital y las empresas estadounidenses», y no tanto como «algo en contra de China».

«Yo lo veo como una oportunidad para nosotros, yo no lo veo realmente tanto como algo en contra de China, sino a favor de nuestros empresarios, y a favor de ustedes y sus pueblos. Queremos estar ahí presentes, para que no solamente sean los chinos los que se encuentran allá buscando oportunidades.
Christopher Landau, vicesecretario de Estado de EE.UU.

Reveló que él cree que «a través de los años los chinos han estado de manera mucha más afirmativa buscando oportunidades en la región», ante una pregunta sobre cuál era su visión sobre la influencia china en El Salvador. «Mi gran deseo en este cargo es trabajar con el empresariado aquí en Estados Unidos, también, para dirigirles un poco a estas oportunidades», enfatizó.

Uno de los roles que se plantea el segundo de la Secretaria de Estado de EE.UU. es «identificar las barreras» que han «desincentivado» la inversión estadounidense en la región y mencionó la ley anticorrupción de Estados Unidos.

En febrero pasado, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva para suspender la aplicación de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero de 1977 que prohíbe a empresas y personas de Estados Unidos ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros.

Landau detalló que el presidente Trump emitió un memorando al Departamento de Justicia de Estados Unidos para evaluar la aplicación de la ley anticorrupción. «Para asegurarnos de que no hay como un exceso de desincentivo donde los empresarios estadounidenses digan 'nosotros ni siquiera queremos buscar oportunidades en la región porque hay tanta corrupción allá que al meternos, al estar investigando inversiones, nos vamos a meter en líos legales y basta ya», sostuvo.

Agregó que «francamente» se debería «ver un poco más a fondo cuáles son las bases de estas inversiones chinas». «Yo espero que, cuando haya inversión estadounidense siempre sea sobre una base de transparencia y de justicia para todos los involucrados», indicó..

Con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que «sobre todo» hablaron de “respeto mutuo y respeto a la soberanía de ambos países” y, de Guatemala, afirmó que se une como «socio con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico» y “más que nada”, con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, hablaron “sobre temas económicos” y cómo impulsar inversiones en Guatemala.

El vicesecretario no se refirió a otros temas como el acuerdo entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos para deportar y recluir a supuestos criminales en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una de las preguntas enviadas por Diario El Mundo pero que no fue leída en la videoconferencia. Estados Unidos ha deportado más de 250 personas desde el 16 de marzo de 2025 bajo este acuerdo por $6 millones anuales con El Salvador.

Tampoco se refirió a recientes capturas de activistas en El Salvador ni la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, hechos criticados en El Salvador por organizaciones civiles locales e internacionales.

Landau, quien tomó posesión como 23º vicesecretario de Estado de Estados Unidos el 25 de marzo, realizó una gira por la región del 10 al 13 de junio, se reunió el 11 de junio con el presidente Nayib Bukele y, el jueves, con representantes del sector privado y de la Cámara de Comercio de El Salvador (AmCham) con quienes participó en una mesa redonda sobre economía digital en Applaudo Studios.

El 19 de mayo, en un discurso publicado por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Landau dijo que el Departamento de Estado tiene “más de 1,000 funcionarios comerciales destinados en nuestras embajadas en todo el mundo” que buscan “ayudar a las empresas y los inversores extranjeros a hacer negocios con sus homólogos del sector público y privado estadounidense para aprovechar nuestras empresas, tecnología y mano de obra líderes”. Este lunes, al referirse a su visita en la región, enfatizó que buscan de las inversiones en la región beneficios tanto para la prosperidad de la región como para Estados Unidos.

Economistas consultados por El Mundo ven positiva la «Ley de sostenibilidad fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas«, uno de los compromisos que adoptó El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero advierten que la nueva normativa no establece límites para el gasto público y que ello conlleva una gran responsabilidad sobre el Ministerio de Hacienda.

Al cierre de 2024, la deuda pública total de El Salvador alcanzó los $32,107.13 millones, un 89.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), incluidos los $10,525.96 millones en deuda estatal de pensiones. La nueva ley establece la meta más cercana del 80 % del PIB en 2030.

El economista Rommel Rodríguez, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), cree que la ley «muestra la voluntad clara de enmarcar una hoja de ruta» para ordenar las finanzas públicas, ya que establece la obligación de elaborar el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y de transparentar deudas incluidas todas las instituciones estatales, deudas a corto plazo y pagos pendientes a proveedores.

Sin embargo, Rodríguez advierte que usualmente las leyes de sostenibilidad fiscal establecen mecanismos técnicos para llegar a las metas de deuda pero la ley de El Salvador, no lo hace.

«No dice expresamente en la ley cuál es el objetivo de déficit y de balance primario o de gasto como proporción del PIB, sino que lo deja a un segundo procedimiento o documento, el MFMP», explicó.

Es una normativa laxa, pero hay una salvedad importante, hay que darle el beneficio de la duda. Ellos hacen esto porque es un elemento que vamos a ver en el camino… Alcanzar un superávit primario para bajar la deuda incluyendo pensiones no es fácil.
Rommel Rodríguez, economista de Funde.

Señala que en el camino Hacienda puede ir redefiniendo los indicadores para bajar los límites de deuda pero, pese a ello, señala que «introducir el marco fiscal con pensiones es duro».

Para Carlos Acevedo, economista y expresidente del Banco Central de Reserva, la tarea difícil recae sobre el Ministerio de Hacienda. «Es positivo que se haya retomado la ley anterior que se había aprobado en 2016 y se había suspendido por la pandemia de covid-19. El espíritu es lo importante y los límites de deuda. La gradualidad de la reducción de la deuda son más altas, pero creo que es positivo», dijo.

Sin embargo, también observó que esta nueva normativa «solo tiene métricas de deuda sobre PIB» cuando en otros países establecen métricas sobre gastos corrientes.

«Esto deja sobre Hacienda la responsabilidad de maniobrar para ver cómo se van logrando las metas en el tiempo y, para eso, el Marco Fiscal de Mediano Plazo es bien importante. La tarea difícil recae sobre Hacienda».
Carlos Acevedo, expresidente del BCR.

Dependerá de crecimiento y reforma de pensiones

Dos elementos clave para analizar si las metas de endeudamiento impuestas en la ley se cumplirán en El Salvador son el crecimiento económico y la reforma de pensiones.

Según el expresidente del BCR, los límites de deuda pública «sí son realistas» pero su cumplimiento también dependerá de la reforma de pensiones y del crecimiento económico.

El economista explicó que «el amarre de la ley no significa que la deuda deba disminuir en valores absolutos» ya que, mientras el PIB crezca más rápido que la deuda, la deuda en relación al PIB irá bajando aunque la deuda en términos nominales esté subiendo.

Según Acevedo, ya no hay mucho margen para que El Salvador haga más recortes al gasto. Ejemplificó que en el periodo 2020-2024 la recaudación tributaria se fue en el pago de salario, bienes y servicios, e intereses de la deuda, y ya no alcanzó para transferencias, subsidios, amortización de la deuda e inversión pública. «Podés poner límite en la compra de bienes y servicios, sí, pero no te va a dar mucho. Es complicado y eso sin incluir el pago de pensiones», indicó.

El mayor desafío, sin embargo, es la deuda de pensiones cuya reforma prevé podría ser gradual para evitar el costo político.

En 2024 la deuda de pensiones ya conformaba el 32.7 % de la deuda de El Salvador. El mecanismo mediante el cual se prestan los ahorros de los trabajadores cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) al Estado –para que pueda pagar pensiones del sistema público– fue renovado en la reforma de 2022 –con una tasa de interés del 7 %. A abril de 2025, la nueva deuda de pensiones ya es el 22 % de la deuda previsional, que asciende a $10,742.22 millones.

Además de una Ley de sostenibilidad fiscal, El Salvador se comprometió con el FMI a realizar una reforma de pensiones para 2026, cuya propuesta se deberá publicar en febrero.