Autor: Yolanda Magaña

El Ministerio de Hacienda reformó recientemente el reglamento de la Ley de Compras Públicas para establecer ciertas normas de transparencia sobre las compras del Estado y agregar nuevos requisitos de clasificación de los proyectos «estratégicos de utilidad pública».

Los proveedores del Estado deberán proporcionar información sobre los beneficiarios finales, incluyendo el nombre y la nacionalidad, según una reforma al artículo 7.

Además, el nuevo artículo 7-A del reglamento de la Ley de Compras define beneficiario final como «cualquier persona natural que en última instancia posee o controla una persona jurídica, incluso a través de una cadena de propiedad» o un control distinto «con un porcentaje igual o mayor al 10 %».

También, considera beneficiario final a la persona «que ejerce control efectivo» sobre la empresa o sociedad por «medios distintos a la propiedad directa o indirecta».

La reforma al reglamento de la Ley de Compras, publicada en el Diario Oficial del 5 de junio de 2025, establece que «los nombres y la nacionalidad, o las nacionalidades si hubiera más de una, de los beneficiarios finales se pondrán a disposición del público«, aunque agrega que se hará «de conformidad con la legislación aplicable en materia de protección de datos».

Proyectos de utilidad pública: requisitos

La reforma del Reglamento de la Ley de Compras Públicas aprobada el pasado 5 de junio reitera que los llamados «proyectos estratégicos de utilidad pública» son aquellos en los cuales «la particularidad o la necesidad inminente de su realización hagan inviable su tramitación de forma adecuada, oportuna, eficaz y transparente» mediante los métodos de contratación ordinarios establecidos en la Ley de Compras Públicas.

Sin embargo, indica que las instituciones deberán remitir a la Dirección Nacional de Compras (Dinac) un reporte de los procesos de compra, las denominaciones de las contrataciones, las instituciones participantes, fechas y montos de las contrataciones de los proyectos “estratégicos de utilidad pública».

La reforma redefine estos proyectos estratégicos de utilidad pública y les agrega el nuevo requisito de cumplir servicios públicos «de naturaleza vital o indispensable para la ciudadanía o la operación estatal» y de comprobar «la imposibilidad de llevar a cabo el proyecto de manera efectiva, eficiente o en el tiempo requerido» con las modalidades de adquisición que establece la Ley de Compras.

La modificación a este reglamento obliga a que estos proyectos, aunque excluidos expresamente de la aplicación de la Ley de Compras Públicas, tengan «análisis de precios» y que haya «disponibilidad de fondos al momento de su ejecución».

Según la reforma, cada institución encargada de ejecutar un «proyecto estratégico de utilidad pública» remitirá un reporte a la Dinac y esta publicará las denominaciones de las contrataciones, instituciones participantes, fechas y montos de las contrataciones.

«Información de libre acceso»

La reforma también establece un nuevo artículo 9-A que obliga a las instituciones, sobre las compras públicas en general, a «garantizar que la información que registren en Comprasal sea cierta, precisa, oportuna, clara, consistente» y acorde a la legislación sobre el acceso a la información pública y la protección de datos.

Expresamente se indica que será «de libre acceso» la información sobre: nombre del proceso de contratación, método, número de ofertas y proveedores, proveedor adjudicado, beneficiarios finales de los proveedores adjudicados, estado del proceso, número de modificaciones y monto adjudicado.

Actualmente, el sitio web de Comprasal y de la Dinac está restringido únicamente a proveedores del Estado.

El concejo municipal de Ahuachapán Centro –que reúne a Ahuachapán y Atiquizaya– estará obligado a destinar un 0.05 % del presupuesto de la municipalidad para financiar programas dirigidos a la población migrante y su familia.

La nueva «Ordenanza municipal para la atención y protección de la persona migrante y su familia del municipio de Ahuachapán Centro» fue aprobada el 4 de febrero y está vigente a partir del jueves 5 de junio luego de que fuera publicada en el Diario Oficial del 28 de mayo pasado.

El municipio estará obligado a llevar «un registro actualizado de las personas migrantes extranjeras que residen en el municipio, independientemente de cuál sea su condición migratoria», así como de salvadoreños retornados que residan en el municipio.

«En ninguna circunstancia el registro será utilizado como control migratorio», aclara la ordenanza.

La municipalidad de Santa Ana Centro, constituido por el distrito de Santa Ana, aprobó una ordenanza similar, la «Ordenanza municipal para la atención y protección de la persona migrante y su familia del municipio de Santa Ana Centro, departamento de Santa Ana«, que también establece un registro de las personas migrantes extranjeras y de los salvadoreños retornados que residan en el municipio.

La municipalidad de Ahuachapán Centro también elaborará un directorio de asociaciones de salvadoreños que residen en el exterior y otro directorio de cooperantes nacionales e internacionales para coordinar el trabajo migratorio del municipio.

La ordenanza también busca prevenir la migración irregular con actividades conjuntas entre instituciones públicas, oenegés, asociaciones de desarrollo comunal (adescos), empresa privada, iglesias, universidades y centros escolares, así como asociaciones de salvadoreños en el exterior.

La nueva «Ley de sostenibilidad fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas» aprobada el martes por la Asamblea Legislativa obligará a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) a que entregue al Ministerio de Hacienda un estudio actuarial del sistema de pensiones en El Salvador.

Un estudio actuarial de pensiones incluye proyecciones de flujos de ingresos y egresos del sistema tomando en cuenta factores como la edad de jubilación, esperanza de vida, aportaciones o cotizaciones de los empleados y empleadores, así como obligaciones futuras del sistema.

El artículo 20 de la nueva normativa explica que el Ministerio de Hacienda accederá a esta información «con el objetivo prioritario de incorporar las cifras» sobre pensiones «en las proyecciones fiscales» del Estado salvadoreño.

La nueva ley, uno de los compromisos que asumió El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), le establece límites de endeudamiento público con deuda de pensiones en 80 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2030, 75 % para 2035 y 70 % para el año 2045.

La deuda pública total con pensiones de El Salvador alcanzó los $32,107.13 millones al cierre del año 2024, un 89.2 % del PIB. La deuda estatal con el Fondo de Pensiones llegó a $10,525.96 millones al cierre de 2024 y ya supera los $10,742.22 millones hasta abril de 2025.

ISP deberá informar a Hacienda

Además del informe actuarial, el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) deberá entregar toda la información que el Ministerio de Hacienda le requiera.

Una de las obligaciones del Ministerio de Hacienda será elaborar el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) –dentro del plazo de tres meses– que contendrá una programación fiscal y un marco para el presupuesto estatal y el endeudamiento del Estado. El MFMP «deberá especificar la trayectoria de la deuda con pensiones».

Hacienda únicamente podrá corregir en un plazo máximo de dos años «los excedentes de deuda con pensiones sobre la trayectoria esperada».

En un acuerdo por $1,400 millones, el gobierno salvadoreño se ha comprometido con el FMI a publicar «una evaluación actuarial independiente» a finales de julio de 2025 y una propuesta de reforma al sistema de pensiones el 10 de febrero de 2026.

Las autoridades, según el FMI, reanudarán las evaluaciones de la sostenibilidad del sistema de pensiones «para cuantificar los riesgos de la garantía» sobre «todas las solicitudes públicas y privadas relacionadas con pensiones y para fundamentar la toma de decisiones».

El compromiso con el FMI incluye la contención de «posibles costos fiscales asociados con la reforma de pensiones de 2022, que aumentó las prestaciones, desvinculándolas de los saldos acumulados en cuentas de ahorro individuales, y dispuso que los fondos de pensiones privados financiaran lo que queda del anterior sistema público de reparto.

La Autoridad del Centro Histórico de San Salvador, conocida como APLAN, autorizará el uso de suelo a establecimientos que considere no están generando un «comercio invasivo».

La junta directiva de la APLAN aprobó el acuerdo de junta directiva 002/2025 “Disposiciones especiales para el uso diversificado y sostenible en el área delimitada del Centro Histórico de San Salvador” el 23 de mayo, que fue publicado en el Diario Oficial del 27 de mayo y están vigentes desde el 5 de junio.

¿Qué es comercio invasivo? Según el acuerdo, es «toda actividad económica que, por su localización, modalidad de operación o volumen, interrumpa, altere o deteriore el equilibrio de un espacio urbano» y afecte «negativamente el orden del espacio público, la movilidad urbana, la imagen patrimonial o la vocación cultural y turística del Centro Histórico».

Según las disposiciones, «comercio invasivo» es, por ejemplo, la «ocupación indebida de aceras, plazas, bienes de dominio público o fachadas protegidas«. Pero, advierte, no se limita a dichas situaciones.

En contexto: APLAN baja tarifas para establecimientos comerciales del Centro Histórico

En el proceso de autorización del uso de suelo, la APLAN evaluará la «concentración de ofertas comerciales similares» en el área del proyecto con el fin de «preservar la diversidad funcional del entorno y evitar la saturación de un solo tipo de oferta».

Para evaluar la concentración comercial, la APLAN verificará que el establecimiento propuesto «no promueva el comercio invasivo, ni genere externalidades negativas que afecten el espacio público, la movilidad peatonal y vehicular, o la integridad del entorno patrimonial». También, tomará en cuenta la cantidad y el tipo de negocios ya existentes, su similitud y la capacidad “de absorción del entorno».

Así, la APLAN autorizará el uso de suelo si no se detecta una concentración significativa o, si hay ofertas comerciales similares, el «proyecto aporte valor diferencial, cultural o de interés estratégico», o denegar su uso cuando se genere una saturación de la oferta comercial.

La nueva Ley de creación de la APLAN está vigente desde el 18 de mayo de 2023 y aplica a 84 cuadras delimitadas del Centro Histórico de San Salvador. Las inversiones, cuyo mínimo es de $25,000, suman hasta marzo más de $156 millones.

Los inmuebles que operen como «conjuntos comerciales» en el Centro Histórico de San Salvador dispondrán de dos meses, que se vencerían el 4 de agosto, para presentar un plan de adecuación técnica y administrativa según nuevos requisitos vigentes desde este 5 de junio.

La junta directiva de la APLAN aprobó el 23 de mayo el acuerdo número 003/2025 «Disposiciones especiales para conjuntos comerciales en el área delimitada del Centro Histórico de San Salvador», que fue publicado en la edición del 27 de mayo del Diario Oficial e inició su vigencia el 5 de junio, junto a otras disposiciones sobre uso de suelo en el Centro Histórico.

El plan de adecuación técnica y administrativa deberá ser presentado ante la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador, conocida como APLAN, que administra y regula las normas de los establecimientos en la zona.

Las unidades comerciales de estos conjuntos comerciales deberán obtener una licencia de funcionamiento.

Según las disposiciones, un «conjunto comercial» es «toda edificación que cuente con dos o más unidades comerciales pudiendo compartir áreas comunes y/o servicios», con operación conjunta y espacio de actividad económica múltiple, independientemente de su propiedad.

Las reglas para los «conjuntos comerciales»

Entre los nuevos requisitos para los conjuntos comerciales está tener un administrador general, que será el enlace entre los comerciantes, los propietarios y la APLAN.

El administrador de cada conjunto comercial se deberá encargar del mantenimiento de fachadas y accesos, de unificar criterios estéticos de rótulos y elementos visibles, regulaciones patrimoniales, de la prestación y continuidad de los servicios esenciales y de garantizar la limpieza en áreas comunes, entre otros.

Los conjuntos comerciales también estarán obligados a cumplir normas de seguridad estructural, un diseño con circulación peatonal, garantizar el «estricto cumplimiento del uso de suelo autorizado», criterios estéticos y técnicos en rótulos y elementos visibles, así como la instalación de extractores de humo y conducción de gases para los establecimientos de alimentos.

El nuevo instrumento faculta a la APLAN a realizar inspecciones periódicas o aleatorias a los conjuntos comerciales.

Estas disposiciones, firmadas por el presidente ejecutivo de la APLAN, José Roberto Holes, no se aplicarían a centros comerciales creados como tales bajo una misma imagen comercial, pero sí deberán obtener una licencia general y sus establecimientos una licencia individual, con la APLAN.

La nueva «Ley de sostenibilidad fiscal» «para el fortalecimiento de las finanzas públicas», aprobada el martes por la Asamblea Legislativa, obliga a Hacienda a publicar una programación fiscal, un informe de cumplimiento de las metas fiscales con las medidas que se tomarán para corregir las desviaciones y un informe mensual que contenga la deuda que tiene Tesorería con bienes y servicios.

El Ministerio de Hacienda deberá elaborar un «Marco Fiscal de Mediano Plazo» (MFMP), que contendrá una programación fiscal de cinco años y cuya versión actualizada será publicada a más tardar el 31 de mayo de cada año en el Portal de Transparencia con proyecciones de gastos, balance fiscal y primario, nivel de deuda con pensiones y cumplimiento de regla de la deuda.

El primer Marco Fiscal de Mediano Plazo deberá publicarse dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la vigencia de la Ley de sostenibilidad fiscal.

En la meta fiscal anual para los cinco años, el Gobierno deberá identificar los riesgos fiscales relacionados a desastres, situación macroeconómica, de empresas públicas, gobiernos municipales, sistema de pensiones y de deuda con garantía estatal y su saldo respectivo, y el gasto tributario.

El informe de cumplimiento de la regla fiscal deberá contener las desviaciones de la trayectoria esperada, las causas de las desviaciones y las medidas que se tomarán para corregirlas.

También, la ley obliga a Hacienda a publicar cada mes la “deuda en bienes y servicios y en transferencias” que tengan un atraso de 90 días o más en Tesorería; y de notas de crédito y Letras del Tesoro (Letes), además de flujo de Letes emitidos y cancelados. Este informe deberá publicarse en primeros 10 días hábiles de cada mes.

Hacienda también estará obligado a publicar cada mes el saldo de la deuda del SPNF con pensiones, deuda por cada nivel de gobierno, instrumento, plazo y acreedor.

La nueva ley establece un límite de endeudamiento con pensiones del 70 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el Sector Público No Financiero (SPNF) para 2045, iniciando con un límite del 80 % del PIB en 2030 y continuando con un 75 % del PIB en 2035.

Si las metas se suspenden por una emergencia o estado de calamidad, algo que no podrá excederse de tres años o tres ejercicios fiscales, Hacienda deberá publicar el estado de ingresos gastos y fuentes de financiamiento.

La Ley de sostenibilidad fiscal aprobada este 10 de junio derogó la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada el 10 de noviembre de 2016 y cuya aplicación fue suspendida temporalmente el 26 de marzo de 2020 debido a la pandemia covid-19.

La Ley de sostenibilidad fiscal fue un compromiso asumido por el gobierno salvadoreño en el acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ofrecerá un financiamiento de $1,400 millones para que El Salvador logre una estabilidad macroeconómica.

El acuerdo inicial fue aprobar la ley el 9 de mayo con «reglas más robustas para mejorar la rendición de cuentas presupuestarias».

El acuerdo con el FMI también compromete al gobierno a una Ley de Estabilidad Financiera a finales de junio de 2025, un Marco Fiscal de Mediano Plazo para finales de octubre de 2025 y una reforma de pensiones que contenga el costo fiscal en 2026, así como un ajuste fiscal de 3.5 % del PIB durante tres años, que inicia con un tramo de 1.5 puntos porcentuales del PIB para este año 2025.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa entrevistará a cuatro abogados candidatos al cargo de presidente del Tribunal de Servicio Civil (TSC), la institución que resuelve los recursos contra las resoluciones de las comisiones de servicio civil que seleccionan a los candidatos para la carrera administrativa de los funcionarios y empleados en el Estado y conocen de sus amonestaciones.

Los diputados votaron ayer por entrevistar a los cuatro candidatos William Vladimir Álvarez Flores, Ernesto Adalid Corea Barraza, Selvin Max Darwin Peña Rivera y Franklin Josué Nolasco Morales, el próximo 16 de junio a partir de las 2:00 de la tarde.

¿Quiénes son?

William Vladimir Álvarez Flores: abogado y notario, 42 años, con estudios de Maestría en Derecho Penal Económico en la Universidad de El Salvador (UES). Hizo su trabajo de investigación sobre lavado de dinero y las nuevas tecnologías como monedas criptográficas y tarjetas de pago electrónico. Señaló que la ley contra el lavado de dinero “pasa a tener vacíos legales” con la vigencia de la Ley del Bitcoin.

Ernesto Adalid Corea Barraza: abogado independiente, ha actuado como defensor particular o apoderado de trabajador en diferentes casos, del despacio jurídico Gámez & Asociados.

Selvin Max Darwin Peña Rivera: abogado, ha sido miembro del Sindicato de Empleados Judiciales (Sinejus).

Franklin Josué Nolasco Morales: presidente del Tribunal de Servicio Civil, gerente de Operaciones Legislativas de la Asamblea Legislativa. Fue ordenanza en las comisiones de Cultura y Educación, Financiera, Relaciones Exteriores de 2005 a 2012, laboró en Índice Legislativo de 2012 a 2016, fue técnico institucional de la Comisión de Defensa desde 2017, fue presidente de la Comisión de Servicio Civil de la Asamblea Legislativa de 2016-2018 y 2019-2021. Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador (UES) 2007-2013. Cursó educación media en el Complejo Educativo Pedro F. Cantor, en Izalco, Sonsonate, 2004-2005.

Los datos fueron encontrados en diferentes archivos en línea. La Asamblea Legislativa ha publicado únicamente las solicitudes de los candidatos.

El periodo del actual presidente del TSC, Franklin Josué Nolasco Morales, concluye el 27 de junio de 2025.

Los cuatro candidatos se inscribieron en el plazo de 17 días que estableció la Asamblea Legislativa, desde el 8 hasta el 25 de abril de 2025.

Los diputados defendieron el proceso de elección y lo calificaron de transparente. “Vamos a llamar a los cuatro profesionales que se están postulando a este cargo para que vengan acá a esta comisión y que nos acompañen a la entrevista que se les va a hacer, para que el pueblo, nuestros amigos periodistas que nos acompañan, pueden ver el trabajo en vivo, no sé qué más transparencia de eso puede haber, donde se conocen los nombres, las generalidades, cuáles fueron las preguntas, cuáles fueron las respuestas”, expresó el diputado Ernesto Castro, presidente de la Comisión Política y de la Asamblea Legislativa.

“No se le limita el ingreso a ningún partido político, a ningún diputado. Cualquier diputado puede venir a hacer sus preguntas”, dijo el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro.

La Comisión Política de la Asamblea inicia todos los procesos de elección de los candidatos a cargos de segundo grado, con una serie de entrevistas públicas a los candidatos. Estas entrevistas son transmitidas por los canales de redes sociales de la Asamblea Legislativa.

Luego de las entrevistas, la Comisión Política aprueba un dictamen favorable sin propuestas de nombres específicos para los cargos. En las sesiones plenarias, después de leído el dictamen favorable de la Comisión, cada grupo parlamentario propone nombres específicos y posteriormente sin discusión son aprobados. En el proceso, no se transmite algún proceso de deliberación.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes –con 59 votos y un voto en contra– la “Ley de sostenibilidad fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas”, que busca limitar el endeudamiento público a un 70 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2045 y mantener las finanzas públicas en una condición estable a largo plazo.

La ley aplicará al Sector Público No Financiero, que incluye al Gobierno Central –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, Ministerio Público, instituciones descentralizadas no empresariales, empresas públicas no financieras, como la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), así como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la Dirección de Obras Municipales (DOM), las municipalidades y el Fondo de Conservación Vial (Fovial). La ley incluye las obligaciones del Sistema de Pensiones, por lo que el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) estará obligado a dar la información que el Ministerio de Hacienda le pida.

La regla de responsabilidad fiscal será la siguiente:

1. La deuda con pensiones no podrá ser mayor al 80 % del PIB en 2030.
2. La deuda con pensiones no podrá ser mayor al 75 % del PIB en 2035.
3. La deuda con pensiones no podrá ser mayor al 70 % del PIB en 2045.

Sin embargo, el nivel de deuda límite de largo plazo “podrá ser revisado cada 10 años” con “una propuesta razonada a la Asamblea Legislativa”.

Además, las metas de deudas podrán suspenderse en los casos siguientes: si el PIB real cae al menos 1.5 % durante dos trimestres consecutivos o en caso de emergencia, calamidad pública, desastre natural, crisis económicas o conflictos bélicos internacionales que generen un costo fiscal de al menos 1 % del PIB.

La nueva normativa es una de las condiciones del acuerdo de financiamiento de aproximadamente $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual exige, además de una Ley de Sostenibilidad Fiscal, una reforma de pensiones que contenga los costos fiscales, una reducción en el gasto salarial, una reforma al servicio civil y la contención de gastos corrientes.

Con la nueva normativa, Hacienda deberá elaborar un Marco Fiscal de Mediano Plazo, una programación fiscal del presupuesto y de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) –gobierno central, instituciones descentralizadas y empresas públicas– a cinco años, que deberá ser publicado anualmente en el Portal de Transparencia Fiscal

Arena votó a favor y Vamos, en contra: ¿por qué?

El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), quien rechazó la dispensa de trámites, mostró su desconfianza en que la Ley de Sostenibilidad Fiscal se cumpla pero votó por la normativa.

«Vamos a apoyarla pero ojalá que este no sea un candado simbólico más que le está poniendo Nuevas Ideas al presupuesto general de la nación ni tampoco al endeudamiento, porque ya vimos que, después de aprobar esta ley de sostenibilidad fiscal, viene otro endeudamiento de $75 millones. Ojalá sea una verdadera herramienta de control donde ustedes se ajusten el cincho al igual que lo están haciendo muchos salvadoreños porque el dinero ya no les alcanza», afirmó.

Está claro que esta medida obedece a un cumplimiento que deben realizar al Fondo Monetario Internacional, que no busca más que frenar el endeudamiento que ustedes han realizado en todo este periodo. Llegó algo tarde, pero qué bueno que llegó.
Francisco Lira, diputado de Arena.

Por su parte, la diputada Cesia Rivas, de Vamos, votó en contra de la ley y mostró su desconfianza en que se cumpla. «Es pecar de inocentes», dijo. Aseguró que la ley significa el límite de la deuda pero también «la medicina amarga para la gente».

«Vamos a votar en contra porque nos han demostrado que pueden poner todo lo que quieran en el papel pero ustedes no cumplen la ley. Vimos cómo igual no importó y siguen comprando Bitcoin porque la medicina amarga la sigue probando el salvadoreño que va coyol quebrado coyol comido, pero vemos el despilfarro y el gasto desmedido en todo lo público y la falta de transparencia».
Cesia Rivas, diputada de Vamos.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, votó a favor ya que aseguró que será beneficioso para el país. «Con solo quejarse no cambiamos las cosas, probablemente algunos crean que somos inocentes, pero nosotros somos propositivos», dijo.

Sin embargo, Villatoro planteó preguntas que quedan a flote con la aprobación de la ley: los límites de deuda solo están planteados para los tres gobiernos siguientes, pero no para el gobierno actual; y mencionó que en el artículo 8 se considera suspender la Ley de Sostenibilidad Fiscal, «pero dice que solo se le va a informar a la Asamblea Legislativa, pero no se va a revisar el porqué se van a hacer las modificaciones».

«No solamente es que va a sanear las finanzas del Estado y que de esta aprobación depende el segundo desembolso. Si es cierto que muchas leyes se quedan en letra muerta pero nosotros queremos creer que sí van a cumplir estas metas».
Marcela Villatoro, diputada de Arena.

También, el diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, también sostuvo que, con la Ley de Sostenibilidad Fiscal, «se está transparentando el manejo fiscal con una proyección de deuda de hasta el 70 % del PIB», en referencia a la meta que se tiene hasta 2045. «Se van a transparentar los datos fiscales y las proyecciones y esto será bajo la tutela de los organismos internacionales», prometió.

La Ley de Responsabilidad Fiscal pasada estaba basada con un tope de deuda de hasta el 65 % del PIB, fue suspendida por la pandemia, es un esfuerzo por proyectar un nuevo techo fiscal.
Christian Guevara, diputado de Nuevas Ideas.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, reformó el Reglamento del Consejo Superior del Trabajo para quitar la mención expresa de ocho empresariales como los electores de los miembros del sector empleador, sino dejar establecido que serán elegidos por “organizaciones de empleadores legalmente inscritas en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación”.

El artículo 4 actual del reglamento indica que el Consejo Superior del Trabajo se integra por ocho miembros propietarios y ocho suplentes de cada uno de los siguientes sectores: Gubernamental, Empleador y Trabajador.

Los miembros del sector gubernamental son designados por acuerdo del Presidente e incluye a funcionarios de ministerios.

Los miembros del sector empleador son designados uno por cada una de las siguientes instituciones: Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Asociación de la Micro y Pequeña Empresa (AMPES), Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes), UCRAPROBEX, Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco) y Procaña.

Los miembros del sector trabajador son designados por las federaciones y confederaciones sindicales inscritas en el Ministerio de Trabajo.

La reforma sustituye la forma de selección de los miembros del sector empleador, eliminando la mención expresa de las ocho entidad y estableciendo que ahora serán designados “por organizaciones de empleadores legalmente inscritas en el Registro de Asociaciones” del Ministerio de Gobernación.

El Consejo Superior del Trabajo es un organismo autónomo encargado de promover “la concertación económica y social entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores”, está facultado para hacer recomendaciones de política social.

La reforma fue aprobada el 5 de junio por el ministro de Trabajo y publicada en el Diario Oficial de la misma fecha.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa entrevistará a cuatro abogados candidatos al cargo de presidente del Tribunal de Servicio Civil (TSC), la institución que resuelve los recursos contra las resoluciones de las comisiones de servicio civil que seleccionan a los candidatos para la carrera administrativa de los funcionarios y empleados en el Estado y conocen de sus amonestaciones.

Los diputados votaron ayer por entrevistar a los cuatro candidatos William Vladimir Álvarez Flores, Ernesto Adalid Corea Barraza, Selvin Max Darwin Peña Rivera y Franklin Josué Nolasco Morales, el próximo 16 de junio a partir de las 2:00 de la tarde.

¿Quiénes son?

William Vladimir Álvarez Flores: abogado y notario, 42 años, con estudios de Maestría en Derecho Penal Económico en la Universidad de El Salvador (UES). Hizo su trabajo de investigación sobre lavado de dinero y las nuevas tecnologías como monedas criptográficas y tarjetas de pago electrónico. Señaló que la ley contra el lavado de dinero «pasa a tener vacíos legales» con la vigencia de la Ley del Bitcoin.

Ernesto Adalid Corea Barraza: abogado independiente, ha actuado como defensor particular o apoderado de trabajador en diferentes casos, del despacio jurídico Gámez & Asociados.

Selvin Max Darwin Peña Rivera: abogado, ha sido miembro del Sindicato de Empleados Judiciales (Sinejus).

Franklin Josué Nolasco Morales: presidente del Tribunal de Servicio Civil, gerente de Operaciones Legislativas de la Asamblea Legislativa. Fue ordenanza en las comisiones de Cultura y Educación, Financiera, Relaciones Exteriores de 2005 a 2012, laboró en Índice Legislativo de 2012 a 2016, fue técnico institucional de la Comisión de Defensa desde 2017, fue presidente de la Comisión de Servicio Civil de la Asamblea Legislativa de 2016-2018 y 2019-2021. Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador (UES) 2007-2013. Cursó educación media en el Complejo Educativo Pedro F. Cantor, en Izalco, Sonsonate, 2004-2005.

Los datos fueron encontrados en diferentes archivos en línea. La Asamblea Legislativa ha publicado únicamente las solicitudes de los candidatos.

El periodo del actual presidente del TSC, Franklin Josué Nolasco Morales, concluye el 27 de junio de 2025.

Los cuatro candidatos se inscribieron en el plazo de 17 días que estableció la Asamblea Legislativa, desde el 8 hasta el 25 de abril de 2025.

Los diputados defendieron el proceso de elección y lo calificaron de transparente. “Vamos a llamar a los cuatro profesionales que se están postulando a este cargo para que vengan acá a esta comisión y que nos acompañen a la entrevista que se les va a hacer, para que el pueblo, nuestros amigos periodistas que nos acompañan, pueden ver el trabajo en vivo, no sé qué más transparencia de eso puede haber, donde se conocen los nombres, las generalidades, cuáles fueron las preguntas, cuáles fueron las respuestas”, expresó el diputado Ernesto Castro, presidente de la Comisión Política y de la Asamblea Legislativa.

“No se le limita el ingreso a ningún partido político, a ningún diputado. Cualquier diputado puede venir a hacer sus preguntas”, dijo el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro.

La Comisión Política de la Asamblea inicia todos los procesos de elección de los candidatos a cargos de segundo grado, con una serie de entrevistas públicas a los candidatos. Estas entrevistas son transmitidas por los canales de redes sociales de la Asamblea Legislativa.

Luego de las entrevistas, la Comisión Política aprueba un dictamen favorable sin propuestas de nombres específicos para los cargos. En las sesiones plenarias, después de leído el dictamen favorable de la Comisión, cada grupo parlamentario propone nombres específicos y posteriormente sin discusión son aprobados. En el proceso, no se transmite algún proceso de deliberación.