Autor: Yolanda Magaña

  • Trabajadores y sindicalistas se organizan para crear partido político de izquierda

    Trabajadores y sindicalistas se organizan para crear partido político de izquierda

    Ángel Flores, integrante del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) y líder despedido del Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), busca junto a otros activistas fundar el «Partido de la Clase Trabajadora en El Salvador». Esta semana, lanzaron una plataforma de «reinscripción» de sus primeros afiliados.

    Aunque ya tienen diseñada una bandera roja con las siglas «PT» en color amarillo, Flores explicó a Diario El Mundo que aún no han realizado ninguna solicitud ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) o alguna otra instancia para inscribirse como movimiento o instituto político y han abierto un proceso de preinscripción en línea a través de la plataforma Google.

    Por ahora, están en la fase de construcción de la propuesta.

    «Quienes estamos conformando este esfuerzo somos trabajadores del sector público, privado, trabajadores del campo, trabajadores por cuenta propia, de la comunidad LGBTIQ+ y también de la defensa de los derechos de la mujer, de pueblos indígenas y la defensa de medio ambiente», indicó Flores en una breve entrevista telefónica.

    Algunos de los integrantes del Partido de los Trabajadores serían Erick Zelaya, secretario general de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT); Elmer Martínez, del Sindicato de Trabajadores del Campo Indígenas MILPA; y Fermín Meléndez, presidente de MILPA El Salvador.

    Según su promotor, buscan ser un partido de izquierda, socialista y revolucionario. «Reivindicamos los principios revolucionarios de constituir un partido conformado meramente por la clase trabajadora y se plantee la defensa de los intereses y derechos de la clase trabajadora, con una concepción socialista, internacionalista y revolucionaria», afirmó.

    Flores no se cerró totalmente a aceptar como afiliados a simpatizantes, pero no militantes, de partidos tradicionales como Alianza Republicana Nacionalista (Arena) o Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

    «Nosotros estamos dispuestos a aceptar a todo aquel trabajador y trabajadora que en un momento dado hayan simpatizado con las propuestas de estos gobiernos tradicionales, no así tanto con aquel que haya sido militante, porque el militante ya tiene una posición ideológica definida, las personas que han estado en Arena ya tienen una posición de derecha», explicó posteriormente. Aclaró que, de lo contrario, estarían cayendo en «reciclaje», incluso de «personajes que juegan un papel oportunista».

    No admitirían, dijo, financiamiento de grandes empresas «porque vendría a generar un sometimiento, lo que ha ocurrido con los partidos tradicionales».

    Flores opinó que el gobierno actual de Nuevas Ideas «ha profundizado las políticas neoliberales como el ajuste estructural que ha implicado la reducción del aparato del Estado» y que busca «beneficiar grupos empresariales».

    Aunque la idea, dijo, viene desde 2008, empezaron a impulsar la iniciativa por el desgaste de los partidos tradicionales y porque consideran que los partidos existentes «tienen una agenda neoliberal o de derecha» a raíz de los despidos que han afectado el Estado. Consideró que Nuevas Ideas «ha profundizado las políticas neoliberales» que, según Flores, buscan reducir el Estado, debilitar el Estado de Derecho y «beneficiar a grupos empresariales».

  • Presupuestan $13.5 millones del BID para servicio digital de salud y unidad de Apopa

    Presupuestan $13.5 millones del BID para servicio digital de salud y unidad de Apopa

    Con dispensa de trámites, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una reforma presupuestaria para incorporar $13.5 millones para algunas de las actividades del programa de servicio digital de salud que financia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un préstamo de $235 millones.

    La Asamblea Legislativa recibió el proyecto del ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, el 18 de febrero, un día antes de aprobarlo.

    La reforma al presupuesto del Ministerio de Salud de 2025 fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. Claudia Ortiz, de Vamos, se abstuvo; y los diputados de Arena no votaron.

    El programa se denomina «8600 Programa de Salud Inteligente e Integral (Prosint) a nivel nacional».

    Los fondos se destinarán, según el proyecto, a cinco áreas:

    1. Implementación del modelo de salud digital, que incluye la contratación de personal para el Centro Virtual de Atención en Salud (C-VIDAS), consultorías para sistemas y servicios digitales, licencias para software y arrendamiento de oficinas: $608,000.

    2. Refuerzo de resiliencia sanitaria multinivel, que incluye consultorías para elaborar carpetas técnicas, contratación de obras de construcción y supervisión de la Unidad de Salud Especializada de Apopa y de la Torre Hospitalaria para el Hospital de San Bartolo, equipos de ultrasonografía, ecocardiógrafo, laboratorio clínico, informático y mobiliario del Centro de Atención Especializada y personal: $11,028,335.

    3. Fortalecimiento de la red de servicios de apoyo a la emergencia, que incluye estudios de suelo para construir lavandería metropolitana y para la Base Operativa del Sistema de Emergencias Médicas: $60,000.

    4. Fortalecimiento institucional, que incluye encuestas, equipo y software, instalación, reactivos e insumos de laboratorio clínico: $1,348,665.

    5. Administración y funcionamiento de la Unidad de Gestión de Proyectos: consultores, equipo, gastos operativos y de funcionamiento de la Unidad de Gestión de Proyectos (UGP): $455,000.

  • Asamblea autoriza préstamo de $113.9 millones para carretera «Surf City I»

    Asamblea autoriza préstamo de $113.9 millones para carretera «Surf City I»

    La Asamblea Legislativa autorizó al gobierno para que mediante el Ministerio de Hacienda suscriba un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $113.9 millones para ampliar a cuatro carriles el segundo tramo de la carretera CA02 del proyecto Surf City fase I, conocida como Carretera del Litoral del Pacífico.

    El préstamo deberá ser pagado por el Estado salvadoreño en un plazo de 20 años pero tendrá cuatro años de gracia para empezar a amortizar al crédito.

    Según la carta enviada por el viceministro de Hacienda, Luis Enrique Sánchez Castro, a la Asamblea Legislativa, se requiere conectividad vial e inversión en infraestructura pública.

    Según el sitio del BCIE, el préstamo se destinará a la ampliación a cuatro carriles del segundo tramo de la carretera CA02, la mejora de 8.67 kilómetros de infraestructura vial, red peatonal y de ciclistas, en La Libertad y Tamanique.

    También, con el crédito, se programa la construcción de un intercambiador del Corredor del Pacífico, en el distrito de Acajutla y municipio de Sonsonate Oeste, mejora en la intersección entre la carretera Litoral CA02W y carretera a Acajutla CA12S (kilo 5), sistemas de drenaje mejorados y barreras naturales contra inundaciones, y una planta de tratamiento en el caserío El Palmarcito, en el distrito de Tamanique, municipio de La Libertad Costa.

    La autorización del crédito se dio con dispensa de trámites, es decir, sin llevarlo a estudio a Comisión de Hacienda.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió suspender la sesión plenaria porque los diputados no tenían acceso a los proyectos de decretos que estaban siendo aprobados con dispensa de trámites.

    El diputado Francisco Lira, de Arena, dijo que Nuevas Ideas había prometido no aprobar mayor endeudamiento.

    El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, dijo que «hay diputados que no entienden» que lo que dijeron es que en este presupuesto no habría deudas para gasto corriente. «Para obras de infraestructura siempre vamos a seguirle buscando oportunidades a los salvadoreños», dijo.

    Al final, el decreto fue aprobado con 57 votos. Los legisladores de Arena y Vamos votaron en contra.

  • Aprueban con dispensa de trámites garantías a préstamos a CEL entre reclamos de la oposición

    La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles las garantías soberanas del Ministerio de Hacienda en cuatro préstamos que tiene la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

    Los contratos de garantías soberanas fueron firmadas el 17 de febrero de 2025 por el Ministerio de Hacienda, luego de haber sido autorizadas y solicitadas por Hacienda, que envió las solicitudes de aprobación a la Asamblea Legislativa el 18 de febrero.

    Claudia Ortiz pide suspender sesión plenaria

    La oposición rechazó que Nuevas Ideas estuviera aprobando iniciativas con dispensa de trámites, es decir, sin llevarlas a análisis de las comisiones de trabajo. «Y de estas la gran mayoría tiene que ver con endeudamiento», reclamó Claudia Ortiz, de Vamos.

    Ortiz pidió suspender la sesión plenaria hasta tener los textos de las piezas de correspondencia que habían sido aprobadas con dispensas de trámites. «Yo le pido que suspenda la sesión plenaria hasta que tengamos los textos de las piezas de correspondencia y que están en este momento en discusión», le pidió al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

    «Ni en el sitio web de la Asamblea están las piezas, no veo en los escritorios de alguno de los mis colegas esas piezas, menos esta servidora de la oposición, no tengo acceso a esa información como ya es mala costumbre y, cuando pedimos a los técnicos, nos dicen que no tienen permiso de darnos esa información», reclamó.

    Castro, sonriéndose, sometió a votación la solicitud de la diputada de Vamos. «Un voto a favor, por lo tanto no hay resolución y continuamos con la plenaria», pronunció.

    El diputado Francisco Lira, de Arena, también reclamó por las dispensas de trámites. «Nuevamente una plenaria más, Nuevas Ideas siguen sin dar a conocer la agenda con tiempo y cuando comienza la plenaria presentan seis dispensas de trámite de préstamos por más de $547 millones siguen sin discurse los endeudamientos en las comisiones respectivas», reclamó.

    En la sesión plenaria también fueron aprobadas: una iniciativa para suscribir un contrato de préstamo del BCIE por $113,900,000 para el programa Surf City fase 1 y una reforma a la ley de presupuesto 2025 para incorporar $13.5 millones para el programa de Desarrollo Inteligente e Integral a nivel nacional en el presupuesto del Ministerio de Salud, recursos provenientes de préstamos.

    Las garantías aprobadas

    Los saldos de capital por los cuales el Ministerio de Hacienda otorgará «garantía soberana del Estado» ascienden a: $16.9 millones, $52.6 millones, $253.6 millones y un crédito revolvente por $100 millones, suscritos en 2008, 2012, 2015 y 2022.

    Las solicitudes ingresaron a la sesión plenaria como piezas de correspondencia para cuya aprobación el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, pidió dispensa de trámites.

    La primera garantía fue aprobada con 55 votos y dos votos en contra, de los diputados Francisco Lira y Marcela Villatoro, de Arena. El resto de garantías recibieron tres votos en contra, de Vamos y Arena, y 56 votos a favor.

    Las garantías fueron aprobadas para los siguientes préstamos del BCIE a CEL:

    Crédito 2143: $301 millones suscrito el 24 de septiembre de 2015 y cuyo monto aumentó el 27 de septiembre de 2017 con Inversiones Energéticas (INE), LaGeo, Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal) y Compañía Eléctrica Cucumacayán (CEC) como codeudores.

    Crédito 1865: $163 millones para el proyecto de la central hidroeléctrica en el río Torola, San Miguel. Fue aprobado el 19 de septiembre de 2008.

    Crédito 2309: crédito revolvente 2309 del BCIE a CEL por $100 millones, contrato suscrito el 30 de noviembre de 2022 para necesidades de «capital de trabajo».

    En las solicitudes de autorización de las garantías, Hacienda había explicado que la CEL gestionó financiamiento por $93 millones «con garantía soberana» con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el «Programa de Acceso Universal a la Energía en El Salvador» y que, en las condiciones de los préstamos, la CEL se comprometió con el BCIE a que las obligaciones de pago con este banco tendrán «la misma prioridad» que otras.

    La sesión plenaria número 44 celebrada este miércoles fue instalada poco antes del mediodía.

    Luego de instalarse, la Asamblea llamó a diputados suplentes para sustituir a los diputados Caleb Navarro, Ángel Lobos, Salvador Chacón, Mauricio Ortiz, Estuardo Rodríguez, Omar Villanueva, Eric Romero, Benjamín Zavaleta y Reynaldo Cardoza.

  • Nueva ley redujo de 90 a 45 días plazo para inscribir nacimientos y no habrá multa: presidente del RNPN

    Nueva ley redujo de 90 a 45 días plazo para inscribir nacimientos y no habrá multa: presidente del RNPN

    El presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, explicó este miércoles que la nueva Ley de Registro de Estado Familiar, que inició su vigencia en diciembre de 2024, establece nuevos plazos para reportar nacimientos y fallecimientos de los salvadoreños.

    En El Salvador, el plazo para inscribir nacimientos se reduce de 90 a 45 días, y el plazo para reportar las defunciones se amplía de 15 a 45 días, disposición contenida en la nueva ley aprobada por la Asamblea Legislativa.

    En el caso de las defunciones, «se ha ampliado el término de aviso, ya no son los 15 días que mencionaba la ley transitoria sino que se ha ampliado a 45 días», indicó el funcionario en el programa de entrevistas de Diálogo con Ernesto López de Canal 21.

    El funcionario detalló que la defunción se puede inscribir:

    1. En el domicilio donde ocurrió el fallecimiento.
    2. En el último domicilio de la persona que falleció.
    3. O en el domicilio en el que aparece de su partida de nacimiento.

    La defunción sería marginada en la partida de nacimiento de la persona.

    En el caso de los nacimientos, Velasco explicó que antes de la vigencia de la Ley de Registro de Estado Familiar «eran 90 días que tenía el padre o la madre para dar aviso del nacimiento y asentar a su hijo». «Esta ley reduce el tiempo a 45 días», confirmó.

    La reducción del plazo se debe a la Ley Crecer Juntos, que introdujo la figura de «inscripciones oficiosas», ocurre cuando el padre o la madre no asienta a su hijo y se procede a la inscripción administrativa del nacimiento.

    ¿Con qué nombre se inscribirá al recién nacido si el padre o la madre no acuden a asentarlo?

    El menor podrá ser inscrito «con el nombre asignado que aparece en la ficha» del hospital o, si no tiene un nombre, la Procuraduría General de la República le asignará uno.

    Otra novedad de la ley es que no habrá multa para los padres o madres que no cumplan con la inscripción del nacimiento. «Otro aspecto interesante es que ya no hay multa, anteriormente se les cobraba una multa si no había un asentamiento en el tiempo. Si hay una ficha médica, el asentamiento se hace y no hay cobro de una multa», explicó.

  • Ensayos clínicos: ¿cómo funcionará el «consentimiento informado» en El Salvador?

    Ensayos clínicos: ¿cómo funcionará el «consentimiento informado» en El Salvador?

    Una nueva ley de ensayos clínicos en El Salvador permitirá que cualquier adulto pueda dar su consentimiento voluntario para ser parte de un ensayo clínico o para que un menor de edad participe en el mismo, con el fin de probar un medicamento, producto cosmético, terapia, suplemento nutricional o dispositivo médico.

    En este caso, será requerido el «consentimiento informado», regulado en el artículo 45 de la «Ley de ensayos clínicos con productos regulados por la Superintendencia de Regulación Sanitaria», cuyo dictamen fue aprobado la tarde del lunes.

    El consentimiento informado será un documento escrito, firmado y fechado por la persona, luego de que se le informe «en lenguaje práctico» y «adecuado a su condición médica».

    Las personas no podrán participar en más de un ensayo clínico a la vez.

    El proyecto de decreto indica que se deberá informar a la persona bajo estudio que «tendrán acceso a los datos de su historia clínica» así como otros documentos «el patrocinador, el Comité de Ética de la Investigación en Salud», el monitor, la Superintendencia «u otra entidad con la justificación debida».

    Si se trata de un «niño, niña, adolescente o incapaz», el «consentimiento informado» podrá ser otorgado por la representación legal o por el cónyuge de la misma, ascendiente o descendiente; pero señala que los menores podrán dar su «asentimiento» si se les da «información sobre la investigación adaptada a su nivel de madurez».

    Si la persona dio una muestra biológica, deberá ser informada de los usos futuros posibles, tiempo de almacenamiento y responsables de su custodia. Sin embargo, no dejará de tener derecho a decidir sobre «usos futuros» y podrá revocar el uso de su muestra biológica, algo que obligará a su destrucción.

    Si el paciente está en emergencia

    La ley permite que se autoricen ensayos clínicos de personas que se encuentren «en una situación de urgencia médica la cual le impide otorgar el consentimiento informado para ser sujeto de investigación».

    En este caso, según el artículo 49, el investigador o una persona designada por la persona informará del ensayo clínico al paciente y una vez pueda dar el consentimiento informado «deberá otorgarlo para continuar con la investigación relacionada». Si no puede obtenerse, será el médico tratante quien «podrá suministrar el producto investigado», «asumiendo la responsabilidad» y «en aras de proteger y conservar la salud de la persona».

    Si después del suministro, se negaren a dar el consentimiento, la ley en proceso de aprobación permite que no se utilicen los datos obtenidos.

    «Se deben explicar los riesgos»

    Un segundo dictamen, aprobado la semana pasada, de la Ley de Investigación para la Salud, busca también aprobar el “consentimiento informado” en las investigaciones con seres humanos sobre salud.

    “A la persona se le tiene que preguntar si quiere introducirse, involucrarse, en una investigación, explicar con su lenguaje promedio de entendimiento en qué consiste la investigación, qué beneficios tiene pero también qué riesgos tiene, para que la persona pueda decidir si quiere o no ser incluida”, explicó hace una semana la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Dalia Xochitl Sandoval López.

    El lunes 10 de febrero, la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente recibió a la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Dalia Xochitl Sandoval López, y a la jefa de la Unidad de Investigaciones del INS, Reina Domínguez de Quijada. La Comisión aprobó el dictamen número 7 sobre la ley de investigaciones de salud.

    “(Esta ley) es el paraguas sobre el cual podemos regular y proteger la investigación a nivel nacional siendo la Superintendencia a la que le corresponde la investigación de ensayos clínicos relativos a medicamentos, dispositivos y creo que cosméticos también”.
    Dalia Xochitl Sandoval López, directora del INS.

    Detalló que la ley les facultará a regular ensayos “no necesariamente con fármacos, sino que son con intervenciones psicológicas o psiquiátricas, ensayos quirúrgicos”, “de modo tal que eso iría en esta ley”, avisó la funcionaria.

    El INS, una dependencia del Ministerio de Salud (Minsal), sancionaría los comportamientos no éticos de los investigadores de la salud, como no informar efectos adversos graves entre los participantes o realización de ensayos clínicos sin aprobación.

    Ambas normativas podrían ser aprobadas en la sesión plenaria de este miércoles. El superintendente de Regulación Sanitaria, Noé García, cree que El Salvador podría convertirse en un «polo de investigación en salud» en el continente americano.

  • FMLN realizará su segundo Congreso Nacional, que puede cambiar estatutos

    FMLN realizará su segundo Congreso Nacional, que puede cambiar estatutos

    La Comisión Política y el Consejo Nacional del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) aprobó realizar a partir de junio de 2025 su segundo Congreso Nacional, el máximo organismo de organización, debate, delilberación y toma de decisiones de largo alcance del partido de izquierda.

    «Hemos definido fecha del Congreso Nacional, que por estatutos se realiza cada cinco años, se va a desarrollar del 10 de julio al 10 de octubre de este año, se ha constituido la comisión que va a estar encargada», anunció el lunes el secretario general del FMLN, Manuel Flores, quien recibió la notificación de su credencial como dirigente hace menos de 15 días.

    El Congreso Nacional se realizará en medio de un fuerte debate interno y en medio de problemas del partido relacionados a deudas, pagos pendientes, demandas judiciales laborales contra el partido y órdenes judiciales de subastas de inmuebles.

    Pese a que el Estatuto del partido ordena que debe haber un Congreso Nacional cada cinco años, únicamente se ha celebrado en 2015 durante la coordinación de Medardo González, del 6 al 8 de noviembre de 2015. En esa ocasión, el partido de izquierda aprobó lineamientos para el trabajo partidario, estrategia y programa del partido, y formación económica y social.

    El Congreso Nacional es la instancia de mayor autoridad del partido de izquierda que tiene la facultad de modificar los estatutos del partido político y que incluso tiene la potestad de decidir la disolución del partido.

    El FMLN también aprobó una “gira” a nivel nacional que iniciará el próximo fin de semana en las asambleas departamentales en La Unión, San Miguel y Usulután.

    El secretario general del FMLN informó ayer que tiene una deuda aproximadamente de $325,000 con proveedores y que espera que la suspensión del financiamiento público aprobada por la Asamblea Legislativa no sea retroactiva. El partido de izquierda únicamente tiene una representación en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y ninguno en la Asamblea Legislativa.

  • Defensa Nacional nombra a su delegado de protección de datos

    Defensa Nacional nombra a su delegado de protección de datos

    El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, nombró al coronel y licenciado Jaime Antonio Navidad Guillén como delegado de protección de datos personales del Ministerio de la Defensa.

    La nueva Ley para la Protección de Datos Personales, que se aplicará a toda la población, está vigente desde el 23 de noviembre de 2024, junto a la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información, que aplicará a las instituciones del Estado. Esta ley obliga a todas las entidades públicas y privadas a nombrar “delegados de protección de datos personales”.

    Un delegado de protección de datos personales deberá tramitar las solicitudes de rectificación, cancelación u olvido de datos, así como la solicitud de acceso a datos personales. La oposición criticó que esta obligación incrementa los costos de operación de las pequeñas y microempresas.

    El nombramiento se realizó a través del acuerdo 27 de ese ramo de Estado, el 27 de enero de 2025 y fue publicado en el Diario Oficial del 10 de febrero.

    Navidad Guillén es oficial de información del Ministerio de la Defensa Nacional desde el 1 de junio de 2019, fue ejecutivo del Comando de Doctrina y Educación Militar, fue jefe del Departamento de Investigación en el Colegio de Altos Estudios Estratégicos del Codem del 1 de julio de 2014 al 31 de enero de 2015.

    Inició su carrera militar en la Escuela Militar en 1987, sus primeros cargos fueron comandante de Sección en el Centro de Entrenamiento Militar de la Fuerza Armada de 1990 a 1991 y comandante de sección en el Batallón de Infantería Antiterrorista Victoria del Destacamento Militar 2 de 1991 a 1994.

    La Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE) tiene hasta el 21 de febrero de 2025 para elaborar sus normativas, protocolos y lineamientos. El presidente de la República nombrará al director de la ACE, que nombrará a un director de Protección de Datos Personales.

    Una de las críticas de organizaciones como APES, Cristosal, Tracoda, Icefi y Funde, a estas normativas fue la obligación de eliminar datos personales al considerar que la publicación es inexacta, desactualizada o incompleta, casos en los cuales la ACE resolverá las controversias, lo cual interferiría en la labor de los medios de comunicación según las organizaciones.

  • Diputados dictaminan nueva ley para ensayos clínicos en El Salvador

    Diputados dictaminan nueva ley para ensayos clínicos en El Salvador

    La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobó al final de la tarde de este lunes un dictamen favorable para aprobar la «Ley de ensayos clínicos con productos regulados por la Superintendencia de Regulación Sanitaria», luego de reunirse con el superintendente de regulación sanitaria, Noé García.

    García aseguró que la Superintendencia trabajará coordinadamente con el comité nacional de ética y los comités locales para cumplir protocolos de investigación en salud y de ensayos clínicos.

    El diputado Ricardo Rivas, de Nuevas Ideas, aseguró que invitaron al funcionario para tener «un poco más de elementos» para poder «tener elementos para dictaminar esta tarde».

    El dictamen aprobado de manera unánime, incluido el voto de Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Luego, casi a las 6:00 de la tarde, se aprobó el proyecto de decreto, luego de su lectura.

    La Superintendencia, creada el 7 de agosto de 2024, vigilará los ensayos clínicos que se realicen con medicamentos, suplementos nutricionales, productos farmacéuticos, equipos médicos, terapias avanzadas, tecnologías sanitarias, productos cosméticos y dispositivos médicos. «Vamos a hacer una institución referente», prometió el superintendente.

    En la Comisión, el diputado Lira aseveró que esta ley permite que laboratorios puedan venir al país a hacer pruebas con medicamentos por lo que los salvadoreños serían una especie de «chivos expiatorios». Consultó cuáles serían las indemnizaciones si los medicamentos no funcionan.

    La ley será aplicada al Comité Nacional de Etica de la Investigación en Salud en El Salvador, los comités locales, patrocinadores, investigadores, investigaciones públicas o privadas, organismos de investigación por contrato, centros de investigación y sus establecimiento asociados.

    «Estoy claro que, al leer esta ley, permite que laboratorios que existan en otros países puedan venir a El Salvador a hacer pruebas con ese medicamento. Si es así, ¿hay un capítulo que ustedes hayan pensado en el reglamento?», cuestionó.

    «Porque seremos los salvadoreños como chivos expiatorios, ¿tendremos un nivel de indemnización cuando ese medicamento, Dios no quiera, no funcione?».
    Francisco Lira (Arena).

    El superintendente sostuvo que cumplen con los estándares exigidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y que las indemnizaciones sí se están considerando con la nueva normativa.

    «Se realiza investigación en todas las aristas de la ciencia y la investigación genera nuevos conocimientos para que la sociedad siga avanzando. Esta ley cumple con los estándares internacionales que está aplicando Europa, que está aplicando América».
    Noé García, superintendencia de Regulación Sanitaria.

    Los proyectos de ensayos clínicos en El Salvador deberán ser autorizados por la Superintendencia. Por las autorizaciones serían cobrados un arancel por la autorización técnica y otro arancel por la autorización ética.

    La diputada Norma Lobo aseguró que esta ley «va a venir a desentrampar muchos procesos». «Como país nosotros no nos queremos quedar atrás», dijo la legisladora de Nuevas Ideas, quien aseguró que «en todo se necesita ensayos».

    Según el superintendente, actualmente hay ocho centros de investigación de salud en El Salvador pero que el objetivo es tener «más centros de investigación» y más inversión para convertir el país en un «polo de investigación en salud» de América.

  • Ejecución presupuestaria cerró con un 82 % a diciembre de 2024

    Ejecución presupuestaria cerró con un 82 % a diciembre de 2024

    La ejecución presupuestaria cerró en 82.7 % del presupuesto programado de enero hasta diciembre de 2024, según el informe de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda publicado el 31 de pasado.

    La mayor ejecución la hicieron la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), instituciones que ejecutaron el 100 % de sus presupuestos.

    Al cierre del año, el presupuesto estatal aumentó en $4,072 millones: inicialmente el presupuesto fue aprobado en $9,064.1 millones, pero a lo largo del año se incrementaron $4,072.4 millones, cerrando en $13,089.9 millones programados.

    Los fondos incorporados al presupuesto provinieron de tres fuentes diferentes: títulos valores, préstamos y excedentes de impuestos.

    Las ejecuciones presupuestarias oscilan entre el 47.1 % del Ministerio de Obras Públicas hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores, que alcanzó un 97 % de ejecución presupuestaria, disponiendo de $65.3 millones de un total de $67.3 millones.

    Según el informe, el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte devengó gastos por $425.1 millones, de los cuales $255.6 millones fueron transferidos a instituciones adscritas para ejecutar obras de mantenimiento periódico y rutinario de la red vial, a través del Fondo de Conservación Vial (Fovial), para el funcionamiento del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) y para proyectos de inversión de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda).

    También se orientaron $115.4 millones para inversión, entre estos proyectos, estuvo la construcción del by pass en San Miguel y $54.1 millones para obras preventivas en zonas de alto riesgo.