Autor: Yolanda Magaña

La cooperación internacional concretada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para El Salvador asciende a $4,593.1 millones durante los últimos 19 años con una leve disminución durante el último quinquenio.

La cooperación extranjera concretada ascendió a $919.1 millones durante el quinquenio 2019-2024, de junio a mayo; frente a los dos quinquenios anteriores, que sumaron cooperaciones de $1,308 millones en el periodo 2009-2014 y $1,686 millones en el periodo 2014-2019. La disminución respecto al penúltimo quinquenio sería del 45 %.

Los datos están registrados año con año en los informes de labores de junio a mayo de cada año publicados por la Cancillería salvadoreña y que también son entregados a la Asamblea Legislativa.

El año con mayor monto de cooperación internacional concretada fue el comprendido entre junio de 2014 a mayo de 2015, el primer año del expresidente Salvador Sánchez Cerén.

El aumento pronunciado de la cooperación suscrita se debió al Fomilenio II, que sumó $267 millones, al Marco de Asociación con las Naciones Unidas, por $411.6 millones y al Programa Indicativo Multianual de Cooperación (MIP) 2014-2020 de la Unión Europea (UE), por $200 millones.

En menor cantidad, ese año, también se concretaron $19.9 millones de Estados Unidos para seguridad ciudadana y Estado de Derecho, $13.2 millones de Estados Unidos para oportunidades de crecimiento económico, $16 millones del programa anual de cooperación japonesa 2014-2015, $48.5 millones del Programa de Cooperación Quinquenal 2014-2019 de Taiwán, $4 millones para la red de acueductos y alcantarillados del área metropolitana de San Salvador (AMSS) de España, entre otros.

Los años de concreción de la cooperación internacional no corresponden necesariamente a los años de ejecución.

El segundo año con mayor cooperación concretada fue el periodo de junio de 2010 a mayo de 2011. Las mayores donaciones o cooperación no reembolsable concretada ese año fueron: $197.8 millones de España para la reducción de la pobreza y reforma del Estado, Fondo de Agua 2010, programa de saneamiento y planificación del recurso hídrico; $43.4 millones de Estados Unidos para la reconstrucción ante daños del huracán Ida, Alimentos para el Progreso, el Plan Anticrisis y el centro de escuchas telefónicas; y $51.8 millones de la Unión Europea para programas en sectores comercio y empleo, y gobierno y sistema político.

«Es a nivel mundial»

Ante la disminución en la cooperación, el jefe de una oficina diplomática en El Salvador explicó en septiembre de 2023 a Diario El Mundo que ha habido menos fondos a colocar para donación para tener un enfoque en donde hay más inversión proveniente de préstamos, ya que muchas veces un fondo de cooperación no es suficiente para el objetivo que se quiere perseguir.

«Hubo baja en relación con la década anterior, quizás no es tan alto como antes, pero es a nivel mundial la baja, porque no tenemos más plata, tenemos menos fondos a colocar en donación», afirmó a El Mundo.

El año más reciente de mayor cooperación internacional es el comprendido entre junio de 2022 a mayo de 2023, cuando se concretaron $357 millones, aunque en ese informe Cancillería no publicó la tabla detallada de todos los programas.

Sin embargo, en esa memoria 2022-2023 de Cancillería, los mayores montos mencionados son: $132 millones del Programa Mundial de Alimentos, $98.4 millones de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 110 millones de euros de España para un nuevo Marco de Asociación País (MAP), $10.5 millones de la Asamblea Nacional de Corea, entre otros.

De 2019 a 2020, el primer año del gobierno de Nayib Bukele, los compromisos concretados en cooperación internacional fueron: $31 millones de México, $4 millones de Marruecos, $6.5 millones de Corea del Sur, $322,560 de Brasil, $5.2 millones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), $89,226 de Colombia-España y $14 millones del Fondo de Adaptación al Cambio Climático.

La diputada Marcela Villatoro anunció en un comunicado público que recurrirá a la

Corte de Cuentas de la República (CCR) para que audite el uso de los fondos del partido

Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y se “esclarezca cómo han sido manejados”.

El presidente del partido de derecha anunció el viernes que ya decidieron la empresa auditora que fiscalizará las finanzas del partido político del año 2024 hacia atrás.

Villatoro agregó que ejercerá su derecho “a iniciar acciones legales contra Carlos Saade por sus declaraciones infundadas” en su contra; García Saade aseguró que la diputada tuvo que “haber sido expulsada hace años” y que su “expediente de faltas a la ética es abultado”.

“Denuncio las expresiones misóginas de Saade hacia mi persona, que no solo son inaceptables en el ejercicio de la política sino que también están penadas y contradicen los propios estatutos del partido”, indicó la diputada.

La legisladora pidió al presidente del partido “dejar de escudarse” en Arena “para ejecutar venganzas personales”. “Arena no es su plataforma para ajustes de cuentas ni su escudo para evadir responsabilidades. Si quiere debatir, que lo haga con argumentos, no con ataques y difamaciones”, dijo.

Ante el circo de Carlitos Saade, a la opinión pública, mis hermanos areneros, y sobre todo a los salvadoreños: pic.twitter.com/l311rmn9pm

— Marcela Villatoro (@Villabull) February 14, 2025

El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena) de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Carlos García Saade, informó el viernes que la dirigencia del partido de derecha ya decidió contratar a una empresa auditora para iniciar el proceso de fiscalización de fondos del partido a partir de 2024 hacia años anteriores.

“Este día, el Coena ha tomado la decisión de contratar una empresa auditora para que comience desde el año 2024 para atrás. Nosotros cumplimos la ley y con el compromiso de ser un partido transparente y honesto porque así lo quieren los salvadoreños”, anunció en conferencia de prensa.

García Saade reveló que interpondrá un aviso contra el excandidato presidencial del partido, Joel Sánchez, por no haber registrado sus donaciones a través de las cuentas del partido por posible «lavado de dinero». «Vos te negaste a registrarlo como la ley lo dicta y por eso mismo voy a presentar un aviso ante la Fiscalía», dijo.

Puede leer: Joel Sánchez: en Arena me pidieron $30 millones y me amenazaron con la expulsión

El 7 de enero, a través de un video divulgado en redes sociales, García Saade anunció que realizarán auditoría a las finanzas del partido luego de haber detectado «deudas ficticias» dentro de una deuda heredada por $7 millones que dejaron administraciones anteriores.

El pasado 14 de enero el presidente del partido anunció una auditoría forense a los últimos 20 años de las finanzas del partido y que estaban cotizando algunas empresas de auditoría. Detalló que desde el año 2023 contrataron una auditoría externa pero que una nueva fiscalización estaría orientada a verificar los gastos efectuados por el partido.

La diputada Marcela Villatoro ha insistido en que también se audite la dirigencia actual del partido. Desde el año 2014, Arena ha recibido un financiamiento público de $72 millones.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aclaró al municipio de San Salvador Centro que debe aplicar los impuestos a los activos de «cualquier» contribuyente tomando como base la sentencia de amparo 446-2015.

La resolución de la Sala, emitida el 17 de enero de 2025, cuya notificación fue recibida por la Asamblea Legislativa en la sesión plenaria del 13 de febrero, dice que se deben excluir las deudas para que el tributo grave únicamente «grave la riqueza efectiva» del contribuyente.

Según la resolución, la base imponible del impuesto debe excluir las obligaciones o deudas que el contribuyente posee con sus acreedores para que el tributo únicamente grave la riqueza efectiva de su destinatario, “resultando acorde con el principio de capacidad económica”.

En el proceso, que inició en 2010 pero es retomado en la reciente resolución, la Sala sobreseyó a la Asamblea Legislativa por la presunta vulneración de los derechos a la «equidad tributaria y a la seguridad jurídica» de la sociedad Unicoservi que inició un proceso contra el entonces municipio de San Salvador.

También, la abogada apoderada de la alcaldía de San Salvador Centro solicitó que «se habilite la aplicación del tributo impugnado» en el amparo 446-2015 y, como respuesta, la Sala aclaró que «no existe una orden de inaplicar» la disposición impugnada y que el municipio deberá tomar en cuenta la resolución de 2017 al amparo 446-2015 para calcular «las bases imponibles», es decir, el monto sobre el cual se calcularán los impuestos.

El amparo de 2017: ¿qué dice del impuesto municipal?

La Sala de lo Constitucional de ese entonces respondía a una demanda de una sociedad contribuyente contra el artículo 9 de la Ley de impuestos municipales de Usulután, que establecía impuestos a toda empresa comercial dedicada a la compra y venta de mercaderías según su «activo neto o imponible».

En ese entonces, la propietaria de establecimientos comerciales en Usulután argumentó que el impuesto vulneraba su derecho a la propiedad ya que el monto a cancelar no tomaba en cuenta sus deudas, lo que generaba una afectación a su patrimonio.

Aunque la Sala declaró «no ha lugar el amparo» porque consideró que el tributo únicamente gravaba la riqueza efectiva, el fallo aclaró que «la base imponible del impuesto, cualquiera que sea su denominación, excluye el pasivo de los contribuyentes reflejado en sus balances contables conforme al principio de capacidad económica».

Se trata del amparo 446-2015, del 19 de abril de 2017.

Esa resolución explicó que el activo neto, que resta el monto de las deudas (pasivos) a bienes (activos), “es la base imponible constitucionalmente admisible para ese tipo de tributos”.

Esa resolución, que ordena retomar la actual Sala, fue emitida por los magistrados Armando Pineda Navas, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sídney Blanco y Rodolfo González Bonilla.

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa acordó

este viernes

por mayoría citar a la directora de la Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador, Stacy Herbert, así como también el director de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel «Álvarez», para escuchar sus opiniones sobre el proyecto de

Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías.

El proyecto busca crear una

Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) que estaría adscrita a la Presidencia de la República.

Los diputados William Soriano y Elisa Rosales leyeron el proyecto de Ley de Inteligencia Artificial, enviado por la ministra de Economía, María Luisa Hayem. Al concluir la lectura, la diputada Dania Gonz «González», quien preside la Comisión, propuso invitar a ambos funcionarios. La invitación se aprobó por mayoría.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió invitar también a representantes de las carreras de Filosofía e Informática de la Universidad de El Salvador (UES), Universidad Dr. José Matías Delgado (UDJMD) y de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Su propuesta no tuvo apoyo de los diputados de Nuevas Ideas. «Con un voto a favor, no hay resolución», dijo la diputada Dania Gonz «González».

Ortiz, la única diputada que opinó sobre el proyecto en la Comisión, aseguró que ve el proyecto como «dejar hacer, dejar pasar».

«Es un proyecto que está enfocado en dejar hacer dejar pasar. Está deficiente porque el «ámbito» de la inteligencia artificial está vinculado en la ética, solo se enfoca en el fomento y en que haya libertad», expresó. La diputada criticó que el artículo 17 del proyecto entrega a la ANIA a potestad de diseñar el marco de regulación de la IA.

El director ejecutivo de la ANIA debe tener experiencia en desarrollo de IA.

El proyecto de ley establece que «no se impondrá ninguna restricción al uso, modificación, desarrollo o integración de modelos, conjunto de datos, ponderaciones, algoritmos o software de IA de código abierto, siempre que dicho uso cumpla la legislación salvadoreña y acuerdos internacionales».

Stacy Herbert, una productora y bitcoiner estadounidense, se convirtió en la directora de la Oficina Nacional del Bitcoin a su llegada a El Salvador junto a su esposo Max Kaiser, también promotor de la criptomoneda.

Ante el acuerdo de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le obligó a quitarle al bitcóin la calidad de moneda de curso legal en El Salvador, su carácter obligatorio en las aceptaciones de pago, pero que también establece que «solo privados» pueden aceptar bitcoin de forma voluntaria como forma de pago y que el Estado no aceptará bitcóin en pago de impuestos.

La

reforma a la Ley Bitcoin, fue aprobada el 29 de enero. Herbert dijo en diciembre que «El Salvador seguirá siendo el país del bitcoin» y que «la estrategia de compra» de El Salvador se mantendrá, que la Oficina de Bitcoin «continuará desarrollando políticas y hojas de ruta Bitcoin, atrayendo inversores y creando programas educativos», pero avisó que

«la billetera Chivo se venderá o se descontinuará.»

La Oficina del Bitcoin, creada por decreto ejecutivo publicado el 17 de noviembre de 2022, también depende de la Presidencia de la República.

Mientras el magistrado presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Quinteros, cree que es necesario un refuerzo de equipo para que los tribunales y cámaras contra crimen organizado no colapsen con su nueva función de vigilancia penitenciaria de los casos que procesan, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo no entender cuál sería el «embudo» o «cuello de botella».

La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles tres reformas que permiten enviar a cárceles de adultos a los menores procesados por los tribunales contra el crimen organizado, los cuales además asumirán las funciones de vigilancia penitenciaria de estos, como de todos los condenados según la Ley contra el crimen organizado.

La semana pasada, el diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas, le preguntó al magistrado de la CSJ, si bastará un juez para apoyar la vigilancia penitenciaria en cada tribunal del crimen organizado.

El magistrado respondió que el refuerzo debería ser de un juez con todo su equipo, es decir, con secretario y colaboradores, además de un equipo técnico, ya que «si se les asigna la responsabilidad» de vigilancia penitenciaria, «podría implicar un colapso», «estamos previendo que eso no ocurra», advirtió.

«Por eso yo hacía referencia a una disposición, al refuerzo presupuestario para el Órgano Judicial para poder asumir esta responsabilidad, es un tema de país», subrayó el funcionario judicial. Calculó que gradualmente la función podría implementarse la nueva función a lo largo de seis meses.

El magistrado explicó que, si solo se incorpora al juez, «le va a restar capacidad instalada a los otros», ya que «un solo caso» de crimen organizado «puede implicar la vigilancia de 100, 200, 300, 400, 500, 600 miembros de una estructura». Estamos a tiempo para analizar el tema para que el sistema funcione y no colapsemos», explicó.

Los jueces de vigilancia penitenciaria supervisan el cumplimiento de la pena de cada persona condenada, así como evalúan conducta o cualquier beneficio o reducción de penas. Sin embargo, el gobierno reiteró en una reforma, aprobada el miércoles, que para las personas condenadas por delitos contra el crimen organizado no habrá libertad condicional ni libertad condicional anticipada.

Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que, por el contrario, implicará un ahorro y la reducción de la carga en vigilancia penitenciaria.

«Lo que la lógica me indica es que nosotros lo que estamos haciendo es reduciendo la carga, porque estamos cortando un flujo de causas, casos e imputados que estaban llegando a un sistema de vigilancia penitenciaria y que ahora no van llegar. Por ende, creo yo que el problema fue cuando los perversos nos impusieron este sistema porque ahí sí no había jueces de vigilancia penitenciaria, no había cámaras. Ahora con esta reforma ya no los necesitamos. No entiendo cuál va a ser el cuello de botella o el embudo», señaló el ministro.

El titular de Seguridad manifestó que están «acusando al gobierno de la organización terrorista y a cada una de sus clicas diseminadas a nivel nacional» y que «la fase 3 de esta reforma» pretende «que a todo eso nuevo que eventualmente va a llevar a conocimiento de los jueces de crimen organizado se quede ahí».

«Aquí estamos hablando de asesinos seriales, extorsionistas, violadores, de verdaderas organizaciones criminales. ¿Y nosotros vamos a transitar por ese derecho penal primario? No. Entonces, lo que estamos haciendo es, en vez de demandar más recursos del sistema judicial, lo estamos acortando. Que tiene capacidad un juez de crimen organizado para imponer la pena y supervisarla, claro que sí, con los juzgados de lo penal en el Código del 74», dijo.

¿Qué Estado le reconoce beneficios a un terrorista? Ante su pregunta, la lógica no me permite pensar en que van a necesitar más recurso. Le vamos a dar una oportunidad de ahorro de recursos.

Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad.

El diputado Caleb Navarro aseguró que los jueces del crimen organizado, además, ya están especializados «en el léxico, tipo de delitos, tipo de pandilleros, los diferentes términos», en comparación con los jueces de vigilancia penitenciaria que manejan «la generalidad que maneja el de ejecución de la pena». «Esto ayuda a que supervice de una mejor forma», dijo.

«El de la ejecución de la pena, no hay beneficio de media pena, ni nada, para alguien que pertenece a crimen organizado», recordó.

El diputado Dennis Salinas, de Nuevas Ideas, aseguró al magistrado de la CSJ que les había llegado «a dar una cátedra». «¿Cree que estas medidas ayudarán a la desarticulación de las pandillas en El Salvador?», le preguntó. «Sin duda», le respondió el magistrado. Quinteros aseguró que conoció muchos casos de pandillas vinculados a extorsiones y había «estructuras operando dentro» de las cárceles. «Es importante no desatender esta etapa final… Por eso la especialización y la experiencia de estos tribunales es importante», le respondió.

Las tres reformas, realizadas el miércoles a la Ley Penal Juvenil, Ley contra el crimen organizado y Ley penitenciaria, permiten trasladar menores señalados de crimen organizado a cárceles de adultos, reiteran que no podrán salir en libertad condicional y trasladan la vigilancia de la ejecución de las penas de las personas capturadas por el régimen de excepción a los tribunales de crimen organizado.

La diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, defendió el miércoles la eliminación de la deuda política a los partidos pero también prometió públicamente que no harán lo que los financistas partidarios quieren.

«La clase política que nos gobernó estaba compuesta de dos maneras, primero, los dirigentes partidarios, los financistas que luego determinaban cómo se manejaba la cosa pública y, por otro lado, estábamos los votantes que íbamos a las urnas, pero al final se hacía lo que los financistas terminaban diciendo, eso llegó a su fin», anunció la legisladora.

En la sesión plenaria del miércoles 12 de febrero, la Asamblea Legislativa eliminó el artículo 210 de la Constitución de la República, que establecía un financiamiento público a los partidos políticos.

La diputada de Nuevas Ideas aseguró que «hay otras formas de ganarse la vida, no solo en esos partidos» y criticó que en el pasado «nadie tuvo el valor» de eliminar la deuda política cuando la oposición tenía «mayoría» en la Asamblea Legislativa.

La diputada sugirió a los políticos de oposición visitar «las comunidades si quieren reelegirse» y objetó el millonario gasto en los medios de comunicación con fondos públicos.

«Con nosotros, ya no más esas formas de vida. ¿A cuenta de qué vamos a estar financiando el activismo electoral? ¿A cuenta de qué vamos a tener que pagar millonarias pautas en los medios de comunicación o esos aliados que les validaban su modelo de gobernabilidad? Era fácil que los trataran bien porque la contrapartida de los recursos provenían del dinero de los salvadoreños», señaló.

También, señaló un «doble discurso» de los partidos de los partidos y dijo que la oposición «siempre se exaltan cuando se trata de dinero». «Están muy preocupados porque este día le estamos poniendo fin a una forma de vida, a la forma de usar los recursos del Estado para financiarles un negocio que mantuvieron por años», indicó en el pleno.

De la oposición, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, votó por la eliminación de la deuda política; el diputado Francisco Lira, de Arena, votó en contra; y la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó abstención.

El mecanismo ágil de reforma constitucional en El Salvador que requiere la votación de una sola legislatura, establecido con la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, está vigente desde el 6 de febrero.

La reforma fue publicada en el Diario Oficial del 29 de enero de 2025, el mismo día que culminó su proceso de aprobación, y divulgada en el sitio web de la Imprenta Nacional el miércoles 12 de febrero. El decreto establece que la vigencia inicia ocho días después de su publicación.

El primer cambio constitucional impulsado bajo esta figura fue la eliminación del financiamiento público para los partidos políticos, conocida como deuda política, acordada ayer miércoles con los votos de 58 diputados.

Nuevas Ideas aún no ha informado qué reformas constitucionales aprobará utilizando esta vía rápida, que requiere 45 de 60 votos de la Asamblea Legislativa. Solo Nuevas Ideas tiene 54 votos.

La reforma al artículo 248 agregó la posibilidad de que una reforma constitucional sea ratificada «por la misma Asamblea Legislativa» con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos. El artículo original únicamente permitía que la reforma fuera ratificada «en la siguiente Asamblea Legislativa con dos tercios» de los votos, disposición que no fue eliminada.

La reforma constitucional ha sido prevista por el gobierno desde inicios de la administración. Fue el 24 de agosto de 2020 que el presidente Nayib Bukele por acuerdo ejecutivo delegó al vicepresidente, Félix Ulloa, la coordinación del estudio y la propuesta de reformas a la Constitución.

Mientras, desde entonces, organizaciones, abogados y opositores han señalado que la actual Constitución mantiene al menos seis artículos que prohíben la reelección presidencial continua.

Sin embargo, Ulloa entregó al presidente el proyecto el 15 de septiembre de 2021, 12 días después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia habilitara la reelección de un presidente en periodo continuo poniéndole como condición su renuncia en seis meses intermedios. La Sala estableció que la reelección solo puede realizarse “por una sola vez”.

Pese a que la propuesta de reforma constitucional de Ulloa mantenía la alternabilidad presidencial, Ulloa aseguró en marzo de 2024 que veía posible una reforma que aprobara la “reelección indefinida”, mediante un acuerdo de reforma constitucional por la legislatura 2021-2024 y su respectiva ratificación por la legislatura 2024-2029.

La legislatura 2021-2024 no aprobó tal acuerdo, sino uno en el cual los cambios constitucionales pudieran aprobarse por una sola legislatura, acuerdo que fue ratificado el 29 de enero por la legislatura 2024-2029, que ya está vigente y que abre puertas a cualquier reforma constitucional en una sola legislatura.

Al cierre del año 2024, el Ministerio de Hacienda ejecutó un total de $14.2 millones de un total de $38.4 millones programados en «complemento de deuda política» correspondiente a la campaña electoral presidencial, legislativa y municipal de 2024.

Según el Portal de Transparencia Fiscal, el Ministerio de Hacienda programó inicialmente un total de $9.3 millones para complemento de deuda política, pero modificó este presupuesto y lo aumentó en $29 millones, dejándolo finalmente en $38.4 millones.

Sin embargo, según la ejecución presupuestaria, solo se han ejecutado $14.2 millones. El Ministerio de Hacienda no ha divulgado los montos que han sido entregados a los partidos políticos.

Un cálculo realizado por El Mundo según los precios de cada voto de las elecciones 2024 deja ver que Nuevas Ideas tenía derecho a recibir $27.6 millones; Arena, $2.7 millones; el FMLN, $2.5 millones; Gana, $1.2 millón; el PDC, $1.1 millón; el PCN, $918,189.45; Fuerza Solidaria, $638,028; FPS, $134,259; Nuestro Tiempo, $564,273.32; Cambio Democrático, $268,491.96. Vamos, que tenía derecho a recibir $322,730.78, renunció a solicitarla.

Para la elección presidencial, Hacienda pagaría $6.05 por cada voto válido; en la elección legislativa cada voto cuesta $3.28; cada voto válido en la elección municipal vale $2.45 y en la elección de Parlacen cada voto cuesta $3.30.

Según el más reciente informe publicado por el Ministerio de Hacienda, de enero a junio de 2019, para las presidenciales de 2019 y legislativas y municipales de 2018, Gana recibió $7,167,994, Vamos recibió $104,005, el PDC recibió $43,149.75; y el PSD recibió $71,328.69.

El financiamiento público se encontraba establecido en el artículo 210 de la Constitución de la República y fue eliminado mediante una reforma constitucional aprobada el miércoles por 54 diputados de Nuevas Ideas, dos del PCN, uno del PDC y el voto de la diputada Marcela Villatoro, de Arena.

La reforma fue aprobada en una sola votación, mecanismo rápido de reforma constitucional creado mediante otra modificación constitucional al artículo 248 de la Carta Magna. La oposición sostuvo que la eliminación de la deuda política fue la «excusa» del gobierno para empezar a «trastocar» la Constitución salvadoreña.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, decidió derogar la creación de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), una unidad dentro de la Presidencia de la República que desde 2020 era encargada de optimizar las posibilidades de cooperación a El Salvador.

Las funciones de la ESCO serán trasladadas al Ministerio de Relaciones Exteriores, que también canaliza la cooperación internacional, según el decreto ejecutivo 3 firmado por Bukele el 28 de enero de 2025 y vigente desde el 30 de enero cuando se publicó en el Diario Oficial.

Uno de los argumentos para realizar esta derogación es, según el decreto 4 del Consejo de Ministros, es la necesidad de una «reestructuración» de distintas dependencias del Gobierno para «unificar, coordinar y canalizar de forma óptima los recursos que aportan los diferentes actores».

Para realizar esa modificación, el Consejo de Ministros reformó el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, decreto que fue firmado por el presidente Bukele y está vigente desde el 30 de enero pasado.

Según ese decreto ejecutivo, el Viceministerio de Coooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá 11 nuevas atribuciones, entre las cuales están coordinar las necesidades de financiamiento que puedan ser apoyados con cooperación internacional, coadyuvar en la presentación de proyectos y gestionar recursos ante la cooperación internacional.

La ESCO fue creada el 29 de junio de 2020 por decreto ejecutivo.

Una publicación del diario estatal El Salvador informaba de los planes de la ESCO de aprobar 10 acuerdos de cooperación internacional en 2025 con Uruguay, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, México, Panamá, Argentina, Paraguay y Honduras.

El 17 de mayo de 2023, la ESCO informó que El Salvador y España presentaron un marco de asociación país (MAP) 2023-2026 por 110 millones de euros entre donativos y créditos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, de junio de 2022 a mayo de 2023, concretó un total de $357 millones de cooperación el proyectos estratégicos para El Salvador.