Autor: Yolanda Magaña

Voceros de las organizaciones Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) y del Socorro Jurídico Humanitario (SJH) rechazan la reforma constitucional que levanta la prohibición de la cadena perpetua en El Salvador porque consideran que no hay juicios justos y también la revisión de la pena perpetua beneficiará a pandilleros.

«¿A quién afecta en realidad?, a los grandes delincuentes, no, sino a los inocentes. Aquí el beneficiado es el pandillero, al final todo un juego que beneficia otra forma de pacto, a ellos les está dando la oportunidad de revisión y los inocentes van a pagar por lo menos 30 años», criticó Ingrid Escobar, directora del SJH.

Escobar aseguró que es crítica de la medida porque en el país «hay una cooptación de poderes, no hay garantías judiciales para nadie, no hay debido proceso, derecho de audiencia, defensa, juicio justo, ni presunción de inocencia» y que hay un margen de error reconocido por el Gobierno de 8,000 personas liberadas que la organización sostiene son inocentes.

Según Escobar, las reformas podrían buscar «esconder los muertos» que ha habido en los centros penales de detenidos durante el régimen de excepción, «condenándolos a todos, incluso metiéndoles cadena perpetua, para que nunca se enteren de estas muertes».

Por su parte, Samuel Ramírez, representante del Movir, cree que en el país «todo es arbitrario» y no hay juicios justos, por lo que la pena perpetua podría aplicarse a inocentes.

«Creemos que en este país donde las personas son capturadas arbitrariamente, no podemos creer que esta ley se va a aplicar para las personas que se han cometido delitos, existe el temor que se cometan más injusticias», dijo.

Ramírez indicó es justo «si se les va a aplicar a los verdaderos asesinos» como los autores de la masacre de San Juan Opico. «Es justo que sí se les aplique esa pena», dijo. Sin embargo, consideró que desde que inició el régimen de excepción hay «facultades para poder capturar a la gente sin el debido proceso».

«Una persona se puede capturar de dos formas, una es que haya cometido un delito, la otro es que se capture en flagrancia, pero aquí el régimen ha permitido capturas sin que se cumplan los dos requisitos», opinó.

Según el representante de Movir, la reforma de la cadena perpetua «fue una reacción a un informe que expertos y expertas internacionales hicieron a El Salvador, que determinaron que hay crímenes de lesa humanidad».

El régimen de excepción cumplirá cuatro años este viernes 27 de marzo, el último reporte público del Ministerio de Seguridad daba cuentas de un total de 91,300 personas capturadas, incluyendo señalados de ser cabecillas y miembros de pandillas; destacan que el régimen de excepción sacó a la mayor parte de las pandillas en las calles del país y que acumulan más de 1,170 días sin homicidios durante la gestión de Nayib Bukele, desde junio de 2019 hasta marzo de 2026.

Por su parte, las organizaciones alegan que ha habido capturas arbitrarias, falta de cumplimiento de órdenes judiciales de libertad por parte de Centros Penales, torturas y la muerte de 488 personas detenidas bajo custodia policial.

El vicepresidente Félix Ulloa ha dicho que es necesario «reducir» el margen de error del régimen de excepción. El Gobierno ha dicho que ha habido 8,000 personas liberadas; según Ulloa estas «probaron» que no tenían vinculación con las pandillas.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa aprobó este martes el dictamen favorable de la reforma al artículo 27 de la Constitución de la República para permitir la cadena perpetua en El Salvador para homicidas, terroristas y violadores”.

El dictamen fue aprobado con nueve votos, por unanimidad de los presentes, de Nuevas Ideas, PCN, PDC y Arena.

“Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, reza el inciso segundo reformado del artículo 27 de la Constitución salvadoreña.

Los diputados de la Comisión Política también votaron a favor de otros cuatro dictámenes: reformas al Código Penal, a la Ley especial contra actos de terrorismo, a la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres y a la Ley Penal Juvenil, con el fin de legislar sobre la aplicación de la pena perpetua.

Las reformas establecen penas perpetuas para los delitos de homicidio, homicidio agravado, violación, violación en menor o incapaz, violación sexual agravada, pertenencia a organización criminal o terrorista, feminicidio y feminicidio agravado.

Con la reforma al Código Penal dictaminada este martes, se introduce la revisión obligatoria de las penas perpetuas, luego de 25 años de prisión para los menores y después de 30 años o más de prisión para los adultos.

El único cambio se dio a la propuesta de reforma al Código Penal para, en primer lugar, establecer expresamente que la pena perpetua se aplicará a “cómplices necesarios”, así como a los autores; y, en segundo lugar, para regular las sanciones que se aplicarían si estos delitos son «tentados», es decir, un intento.

Para regular estas sanciones, la reforma hace un parangón con los plazos de revisión de penas perpetuas que busca regular en el artículo 92-B del Código.

Así, según la nueva redacción leída en la Comisión Política, para los delitos «tentados», las penas se aplicarían «desde la mitad del plazo» de revisión, es decir, desde la mitad de 25 años para delitos cometidos por menores (12.5 años); la mitad de 30 años si es un solo delito (15 años); la mitad de 35 años si son dos o más delitos (17.5 años); y la mitad de 40 años si hay agravante (20 años).

¿Cómo quedaron los artículos modificados?

El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, pidió cambiar la reforma al artículo 66 del Código Penal, con el fin de establecer que las penas perpetuas se apliquen a cómplices necesarios, eliminando que la primera revisión de su pena perpetua se haga desde la mitad del plazo de prisión establecido en el proyecto para la “revisión obligatoria” de la pena perpetua a autores de delitos.

El inciso final del artículo 66 del Código Penal quedó así: “La pena para los cómplices en los delitos en los que aplique prisión perpetua será la misma que se imponga a los autores”.

Navarro también pidió cambiar la reforma al artículo 68 del Código Penal, que en el proyecto regulaba la pena para los condenados por delitos “tentados”.

El inciso final del artículo 68 quedó así: “La sanción para los delitos tentados cuya pena de prisión sea perpetua se establecerá desde la mitad del plazo previsto para la primera revisión de la pena de prisión perpetua según correspondiente de acuerdo a los plazos establecidos en el artículo 92-B de este Código”.

Antes de la modificación al proyecto original, los artículos 66 y 68 parecían buscar que para los cómplices, así como para homicidios tentados, no se aplicara pena perpetua, sino que estas se establecieran «desde la mitad del plazo hasta el plazo» de la revisión de la pena.

Estos son los dos artículos en el proyecto original antes de la modificación realizada este martes en Comisión Política: 

En el 46 aniversario del martirio de monseñor Óscar Arnulfo Romero, el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar, reconoció este martes los avances en seguridad del país, abogó por los inocentes presos y exhortó a cambiar el sistema tributario de El Salvador, quitando el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al menos a las medicinas y creando el impuesto al patrimonio.

En su homilía, en la misa del mediodía de este martes, el líder religioso recordó las palabras del Papa Juan Pablo II que indicaban “solo el amor salva, la barbarie no mejora la sociedad, no se eliminan los contrastes, ni se construye el mañana, la violencia destruye nada más”.

Así, Escobar aseguró que reconocen “como un gran logro en nuestro país la supresión de la violencia, violencia que hizo tanto mal a nuestro pueblo, gracias a Dios ha sido superada”, pero agregó: “Abogamos como lo hemos hecho siempre por los inocentes que todavía están en prisión para que se les administre pronta justicia, dándoles la libertad a la que siempre han sentido derecho, son inocentes”.

Agregó que, “si bien la seguridad nacional es un gran avance, aún queda mucho por hacer”. Insistió en la derogatoria de la ley que levantó la prohibición de la minería metálica en El Salvador aunque celebró que se haya “detenido” el proyecto de explotación en el país.

El religioso exhortó a tener en El Salvador un nuevo sistema tributario que “no sea regresivo” ya que el IVA es un “impuesto indirecto que lo terminando pagando el pueblo”. Sugirió eliminar el tributo en los productos básicos o al menos en las medicinas.

“Impide el progreso económico de los trabajadores, porque los impuestos siempre han estado cargados contra el pobre, impidiendo el desarrollo de este y del pueblo. Este es el momento de cambiar ese sistema nefasto, tal es el caso del impuesto del IVA, es un impuesto indirecto que lo termina pagando el pueblo. Conviene que se restablezca el impuesto al patrimonio, como lo teníamos antes, como lo tienen Estados Unidos y Europa, para que los que más tienen paguen más, favoreciendo al más pobre”, exhortó.

Durante el año 2025, los ingresos tributarios de El Salvador sumaron $7,986.1 millones, un 47.8 % de la recaudación en concepto del IVA, que sumó $3,817.6 millones; mientras que la recaudación de Impuesto sobre la Renta (ganancias de cada contribuyente) sumó $3,328.3 millones.

El alcalde de Sonsonate Centro, Roberto Aquino, buscará su reelección en el municipio en las elecciones del 28 de febrero de 2027, publicó la radio YSKL.

“Hasta el momento, lo que pinta es que vamos solos. El TSE ya ha convocado a las elecciones interas, cada instituto lo hace de acuerdo a su disponibilidad, a nosotros se nos ha comunicado que cada departamento programe su convocatoria, nosotros estamos trabajando con las afiliaciones para los registros pertinentes”, indicó Aquino, según un video publicado este martes por la YSKL en X.

Las elecciones internas se realizarían entre junio y julio según el alcalde y han decidido no realizar coalición.

Sonsonate Centro comprende cinco distritos: Nahulingo, Santo Domingo de Guzmán, San Antonio del Monte, Sonzacate, Sonsonate. Según el alcalde, con la unión de municipios y su conversión en distritos, ahora es necesario implementar planes de austeridad y maximizar el recurso económico.

En un reciente video publicado por el funcionario municipal en Facebook, Aquino aseguró que su experiencia le ha mostrado que si el alcalde es de un partido político y el funcionario de otro, se debe hacer amigo con todos, a raíz de comentarios sobre la ampliación de una carretera realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). “Si este mundo es de tomarnos de la mano y caminar juntos”, afirmó.

Roberto Aquino ha sido alcalde de Sonsonate desde el año 2006, fue comentarista deportivo, exgobernador de Sonsonate. Durante tres periodos fue alcalde por el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) pero renunció a Arena en abril de 2022 y anunció su incorporación al PDC.

En las elecciones de 2024, Roberto Aquino superó los votos de su contendiente principal, el alcalde y extenista Rafael Arévalo, de Nuevas Ideas. Aquino ganó con 23,211 votos sobre 16,744 votos de su contrincante.

En esas elecciones, en Sonsonate Centro con una población de 145,953 habitantes, ejercieron su voto 43,593 personas, es decir, hubo una participación del 26 % de la población.

Miembros de organizaciones marcharon este martes en un vía crucis hacia el Centro Histórico de San Salvador en donde pidieron libertad para personas inocentes y para presos políticos.

“Debemos promover la justicia, la igualdad y la defensa de la vida, como iglesias debemos estar acompañando al verdadero pueblo que sufren las injusticias. Dice la escritura que si nosotros nos callamos las piedras gritarán”, dijo un sacerdote que participaba en la marcha.

“Libertad para Enrique Anaya. Libertad para los presos inocentes, libertad para Ruth López, libertad para todos los presos políticos, vivan los movimientos sociales, vivan las iglesias consecuentes”, fueron algunas de las consignas expresadas por miembros de organizaciones como el Movimiento de Víctimas por el Régimen (Movir) y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP).

Las organizaciones también exigieron la búsqueda de Carlos Ernesto Santos Abarca, joven desaparecido el 1 de enero de 2022.

El vía crucis partió de la Capilla La Divina Providencia, lugar en donde fue asesinado al celebrar la misa el 24 de marzo de 1980 el entonces arzobispo de San Salvador, monseñor Óscar Arnulfo Romero, declarado santo el 14 de octubre de 2018.

La segunda estación se realizó en la Plaza Salvador del Mundo, la tercera en el Parque Cuscatlán y la cuarta se realizaría en el Centro Histórico de San Salvador, en el lugar en donde la ciudadana Jessica Solís fue asesinada por un disparo accidental de un militar, frente al Palacio Nacional del Centro Histórico; para posteriormente asistir a una misa en la cripta de la Catedral Metropolitana de San Salvador, en donde se encuentran los restos de monseñor Romero.

En la marcha, transmitida por la cuenta de Sara Monroe sv en YouTube, Samuel Ramírez, del Movir, calificó que la aprobación de la pena perpetua es una “acción arbitraria del gobierno” en un proceso judicial “que no funciona”. “Muchos inocentes van a ser condenados perpetuamente en el país”, indicó. Ramírez aseguró que está bien que se le condene a los delincuentes pero no a personas que no han cometido delitos.

Diputados de Nuevas Ideas aseveraron ayer que la pena perpetua no aplicaría a niños, sino a adolescentes y jóvenes, luego de que dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia señalaran que la Ley Penal Juvenil se aplica a menores desde los 12 hasta los 18 años de edad.

La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, preguntó a magistrados de la Corte Suprema de Justicia a partir de qué edad aplicaría la pena de prisión perpetua propuesta en las reformas.

El presidente de la Sala de lo Penal, magistrado Alejandro Quinteros, señaló que la Ley Penal Juvenil se aplica a menores desde los 12 hasta los 18 años, pero advirtió que la CSJ realizará una propuesta al respecto.

“Este tipo de delitos de extrema gravedad sería aplicable; por ahí hemos hecho alguna consideración que queremos hacérsela llegar por escrito, algunas observaciones para que ustedes puedan estimarlas con relación a ese punto en particular, pero la Ley Penal Juvenil está prevista desde los 12 hasta los 18 años de edad”, respondió Quinteros.

La legisladora de Nuevas Ideas aseguró que le interesaba aclarar que “en ningún punto será una aplicación de cadena perpetua para niños, ni niñas, sino que estamos hablando de adolescentes en conflicto con la ley, jóvenes en conflicto con la ley, como se puede encontrar en la doctrina, y que la Ley Penal Juvenil lo define claramente, que son aquellos mayores de 12 años y menores de 18”.

El magistrado José Fernando Marroquín Galo respondió que, como Corte, tienen una sugerencia de “especificación en coherencia con lo que” la legisladora expresó “sobre el alcance de la pena aplicable a adolescentes y jóvenes, y no a niños”.

Por su parte, el diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, reiteró la aseveración de que la pena perpetua se aplicaría únicamente a adolescentes y jóvenes. “Estamos hablando de adolescentes prácticamente de 12 y menores de 18 años”, dijo.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa continuará este martes el análisis de la ratificación de la reforma constitucional para levantar la prohibición de la cadena perpetua en El Salvador y poder aplicarla a pandilleros, violadores y homicidas. Posteriormente deberá analizar una reforma penal que busca legislar su aplicación, creando la posibilidad de que los condenados a cadena perpetua puedan optar por una libertad controlada. La revisión de su pena sería obligatoria a partir de los 25 años de prisión para los menores y a partir de los 30 años de prisión para los adultos.

La diputada Marcela Villatoro, del partido opositor Arena, insistió ayer, en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, en aprobar una ley de castración química para los condenados por el delito de violación además de imponerles la pena perpetua, argumentando que estos tendrían la posibilidad de obtener la libertad controlada según la propuesta de reforma al Código Penal presentada por el Gobierno.

“Imagínense, es un violador, le ponen su cadena perpetua y, de repente, él decide ‘reconformarse’ siguiendo todos los procedimientos, hace las cosas bien, sale, aunque sea un psicólogo que lo analice, lo dejan libre y vuelve a cometer un delito igual. Y eso pasa, ustedes como juzgadores lo han visto. Él ya no va a ser un problema para la sociedad, afuera, porque ya va a (tener) su proceso de castración química”, expresó, ante dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ayer defendieron la propuesta de la cadena perpetua presentada por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Los magistrados no opinaron sobre la factibilidad de imponer la castración química como una medida adicional a los condenados a pena perpetua por el delito de violación. Sin embargo, ante una pregunta del diputado Reinaldo Carballo, del PDC, partido aliado del Gobierno, uno de los magistrados respondió que optaría por la pena perpetua si tuviera que escoger entre esta sanción y la castración química.

El diputado Carballo preguntó al magistrado Alejandro Quinteros, presidente de la Sala de lo Penal, que, si él fuera juez qué sentencia le daría a un violador, castrarlo o cadena perpetua.

“A partir de lo que hemos analizado, la propuesta de reforma constitucional, sin duda la pena perpetua, por las circunstancias a las que hace referencia la ley fundamental, la Constitución, el fin utilitario, la posibilidad de resocialización”, respondió Quinteros.

El magistrado mencionó que él personalmente ha visto casos “gravísimos de violaciones, incluso de mutilaciones”. “Me acuerdo de un atleta de la zona paracentral, donde participaron menores de edad también, casos dantescos que da incluso escozor mencionárselos al pueblo salvadoreño y eso es lo que justifica la propuesta de reforma constitucional, la posibilidad de ratificación”, defendió la propuesta.

Al consultarla al respecto, Villatoro explicó que su propuesta es «adicional» a la pena perpetua.

En la Comisión, la legisladora de Arena subrayó que su partido respalda la propuesta de la pena perpetua y, aunque la propuesta del Gobierno establece una revisión obligatoria de dicha cadena perpetua en todos los casos, incluso pandilleros, aseguró que quieren que “se queden en la cárcel para siempre”.

“Muchas veces se dice que nosotros queremos que los pandilleros salgan libres, por lo menos de este grupo parlamentario, del cual represento, no es el caso nuestro, sino que al contrario, que todo el que le ha hecho daño a la población salvadoreña pague y se quede en la cárcel para siempre, que es la idea”, afirmó en la Comisión.

La Asamblea Legislativa está por ratificar una reforma constitucional que levanta la prohibición de la cadena perpetua en El Salvador para violadores, homicidas y terroristas; y también podría aprobar un paquete de reformas a cuatro leyes, uno de los cuales plantea que la pena perpetua deberá revisarse obligatoriamente al cumplirse 25 años de pena para los menores y 30 años o más para los adultos.

Antes de dictaminar, los diputados han recibido opiniones, a favor de la reforma, de los ministros de Seguridad y Defensa, fiscal general y ayer de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Arena ha solicitado citar al director del Instituto de Medicina Legal para consultarle sobre las pruebas que deben incluir para los casos de violación sexual.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó ayer un plazo de al menos 30 días para que inicie la vigencia de la cadena perpetua en El Salvador con el fin de que puedan evaluar una posible conversión de juzgados para aplicarla.

La propuesta de reforma al Código Penal presentada por el Ministerio de Seguridad y Justicia a la Asamblea Legislativa plantea en su artículo 92-C que “el juez competente” realizará el procedimiento de revisión de la pena perpetua y que este “deberá motivar la existencia de un pronóstico individualizado favorable de reinserción social del condenado”.

Una vez cumplido el plazo para la revisión obligatoria, “a requerimiento del juez y en el plazo de un mes”, el Consejo Criminológico Regional emitirá un informe sobre la peligrosidad y la probabilidad de reinserción del condenado, el juez realizará una audiencia y resolverá a favor o en contra de la libertad controlada.

El magistrado Alejandro Quinteros, presidente de la Sala de lo Penal, manifestó que en la reforma convergen el “juzgamiento de menores de edad que hayan cometido delitos de extrema gravedad”, conocidos por la jurisdicción especializada para una vida libre de violencia para las mujeres, “feminicidio y agravado, y además delitos de violación, simple, agravada, violación en menor o incapaz y agravada”; “estamos en una competencia diversa. Ante eso, consideramos que es importante garantizar la especialización”, observó.

Explicó que “uno de los grandes cuestionamientos en los delitos sexuales es el tiempo de demora de un proceso, puede reincidir en la revictimización”. “Si el proceso dura mucho tiempo, es revictimizante”, “por tanto los procesos deben acelerarse”, advirtió.

Agregó que, si se valorara “un juez competente”, tendrían que “valorar la posibilidad de convertir sedes, a través de la figura de la conversión, para optimizar la capacidad disponible”.

“En nombre de la Corte, si este órgano de Estado, la posibilidad de una vacatio legis por lo menos de 30 días” para asumirlo con la capacidad instalada, eso pasa por una evaluación a través de la Comisión de Jueces, solicitó, para “acceder a servicios de justicia que sean más ágiles”.

El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, dijo que estaba “bastante coherente” la solicitud para la “organización interna y administrativa”, “es una buena medida que debe analizarse”.

La reforma constitucional que aprobaría El Salvador levantaría la prohibición de la pena perpetua y la propuesta de reforma al Código Penal establece una revisión obligatoria de la pena perpetua a partir de 25 años para menores, a partir de 30 años a adultos condenados por un delito, a partir de 35 años por varios delitos y desde los 40 años si tiene agravante.

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respaldaron ayer la reforma constitucional y penal y que no violaría tratados internacionales como la Convención de Derechos del Niño, porque se plantea como una pena perpetua “revisable” y no cerrada.

El secretario general del partido opositor salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), Manuel Flores, cuestionó este lunes la necesidad de reformar la Constitución de El Salvador para habilitar la cadena perpetua en casos de homicidio, violación y organizaciones terroristas.

Flores señaló que «estos criminales ya tenían pena de por vida» y recordó que últimamente se han registrado condenas de varios cientos de años, principalmente contra pandilleros en el marco de un tipo de audiencia especial abierta, que permite juzgar a estructuras completas en un mismo proceso.

«¿Había necesidad de hacer esa reforma?», cuestionó el izquierdista y sostuvo que esta iniciativa del Gobierno de Nayib Bukele «no surgió de una necesidad en el país», sino que se dio «a raíz del escándalo del pedófilo ese que casi lo convierten en artista de cine en el Centro Histórico».

Esto en referencia a la polémica que se generó en redes sociales a partir de las publicaciones en cuentas gubernamentales de un video de un presidiario, quien habría sido condenado por violar a menores de edad y que forma parte de un programa de rehabilitación del Ejecutivo por medio de actividades artísticas.

Tras la difusión del video, personas que dijeron ser familiares de las víctimas publicaron también videos en los que criticaron su inclusión en el programa Cero Ocio sin haber cumplido ni la mitad de su condena.

La Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó la semana pasada una reforma constitucional que permite las penas perpetuas de prisión para «homicidas, violadores y terroristas» propuesta por el Gobierno del presidente Bukele, y que posteriormente debe ser ratificada.

«Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas», dice la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución aprobada en sesión plenaria por 59 diputados de NI, sus aliados e incluyendo dos de la oposición, de los 60 que forman este órgano.

La propuesta de Bukele para permitir las penas perpetuas llegó a unos días de que El Salvador cumpla cuatro años bajo un régimen de excepción que se aprobó en marzo de 2022 para combatir a las pandillas, acusadas de cometer la mayoría de homicidios en el país centroamericano que por años fue considerado como uno de los más violentos del mundo.

También la reforma fue propuesta días después que un grupo de expertos divulgara un informe en el que se concluye que en el contexto de la implementación del régimen de excepción en el país se habrían cometido violaciones a derechos humanos que «podrían constituir crímenes de lesa humanidad».