Autor: Yolanda Magaña

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Soriano, informó esta semana que los magistrados del órgano electoral acordaron de manera unánime permitir a personas voluntarias que participen como miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

El TSE habilitó un mecanismo digital para que los salvadoreños interesados en integrar una JRV puedan inscribirse en un registro del cual el Tribunal pueda disponer.

“Hemos emitido un acuerdo por unanimidad de organismo colegiado para que todas aquellas personas voluntarias puedan participar como miembros de las Juntas Receptoras de Votos, en vista de que tenemos una gran cantidad de gente que vive esta fiesta electoral”, informó.

Soriano no detalló si la base de personas voluntarias ayudará a complementar los espacios que no logren llenar los partidos políticos con sus propuestas.

El Código Electoral faculta a ciertos partidos políticos a proponer a los integrantes de las JRV, siempre y cuando cumplan con los requisitos: mayor de 18 años, honrados, saber leer y escribir correctamente, no tener afiliación partidaria y ser capacitados y acreditados.

Las propuestas de los partidos según la ley «deberán ser tomados prioritariamente por el Tribunal para la integración» de las JRV. Pero el plazo para proponer vence «el Tribunal integrará la JRV complementariamente».

Las JRV están integradas por un máximo de cinco miembros: cuatro «a propuesta de aquellos partidos políticos contendientes que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección legislativa» –Nuevas Ideas, Arena, FMLN y PCN– y el quinto es seleccionado por sorteo de propuestas del resto de partidos o coaliciones, o candidatos no partidarios.

El director de la Junta de Vigilancia Electoral por el FMLN, Irving Sorto, aseguró que ya tienen listo el 70 % de las propuestas para «JRV, vigilantes, supervisores y todo lo que conlleva como primera línea de defensa».

«Nosotros en eso no andamos dormidos, nosotros vamos a presentar lo que nos corresponde», declaró, recientemente, durante la convocatoria a las elecciones generales realizada por el TSE.

Según el calendario electoral, se deben remitir las propuestas de ciudadanos para integrar las JRV es el 30 de octubre de 2026, el Tribunal debe verificar si cumplen los requisitos y posteriormente sortear la quinta posición, hasta nombrarlas el 2 de enero de 2027.

La última fecha para que el TSE determine el número de las JRV que deben establecerse en cada municipio es el 31 de diciembre de 2026. El periodo para el proceso de pruebas y simulacros del Sistema de Escrutinio Preliminar de JRV se podía desarrollar desde el 20 de marzo de 2026 y puede realizarse hasta el 7 de octubre de 2026.

La deuda total que tiene el Estado con el ahorro de los cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) alcanzó los $11,761.31 millones, al cierre de agosto de 2026.

Al cierre de diciembre de 2022, cuando se realizó la reforma de pensiones, la deuda que tenía el Estado con el Fondo de Pensiones era $8,197.23 millones.

El monto de la deuda estatal incluye los $8,393.56 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) cuyo monto se ha mantenido fijo desde la reforma de 2022 y que es la deuda heredada en Certificados de Inversión Previsionales (CIP) que antes de la reforma emitía el Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) ya derogado.

Fue sobre esta deuda que el Estado logró un periodo de gracia para el pago de los intereses que suman más de $2,300 millones. El periodo de gracia, que le ha permitido al Estado dejar de pagar intereses de esta deuda con el Fondo de Pensiones, se vence en 2027.

El monto total de la deuda incluye la nueva emitida a partir de la reforma de 2022 en Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), que cerró en $3,367.75 millones hasta agosto, según datos preliminares actualizados esta semana por el Banco Central de Reserva. Esta nueva deuda estatal de pensiones conforma el 28.6 % de la deuda previsional.

Esta nueva deuda de pensiones es la emitida por el nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que luego de que las AFP adquieran esos certificados COP con los fondos del ahorro para pensiones a cambio de una tasa de interés del 7 % anual los utiliza para cumplir sus obligaciones previsionales, como las pensiones de los jubilados del Sistema Público de Pensiones (SSP).

Uno de los compromisos de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) para El Salvador es una reforma de pensiones que junto con una ley de servicio civil apoye objetivos de consolidación fiscal.

El acuerdo de 40 meses a favor de El Salvador en el marco del SAF fue aprobado el 26 de febrero de 2025 y en 2027 se prevé «el reconocimiento de intereses devengados pero no pagados a fondos de pensiones privados», que ascienden a $2,300 millones.

En el proyecto de Presupuesto General del Estado de 2027 entregado a la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda tiene programados $250 millones para gasto previsional en 2027.

Ricardo Navarro, presidente de la organización ambientalista CESTA, lamentó este jueves los altos niveles de contaminación por plástico en el río Grande de San Miguel y aprovechó para solicitar públicamente a la Asamblea Legislativa que legisle para reducir el consumo de plástico desechable en El Salvador.

Navarro recordó que presentaron una propuesta a la Asamblea Legislativa para reducir el uso del plástico desechable. “La Asamblea nunca se dignó discutir la propuesta, menos aprobarla”, afirmó. Señaló que aceptaría que los diputados hagan su propia propuesta. “Tienen la obligación de velar por la salud de la población salvadoreña”, dijo.

El ambientalista expresó su preocupación por los altos niveles de contaminación en el río Grande de San Miguel, y aseguró que “es fácil culpar a la población” de que “es sucia y no deposita la basura en su lugar” o a las alcaldías u otras instancias por ineficientes. “Y algo hay de eso”, comentó.

Pero señaló que no se puede “evadir” la responsabilidad de las empresas que producen el plástico desechable.

“Las empresas de eso hacen el dinero, producen plástico durable, lo cual está bien, verdad; pero ellos prefieren concentrar su producción en lo desechable, porque es algo que uno utiliza una vez y y luego lo bota”, dijo.

Navarro aseguró que las pajillas se usan 5 minutos para beber un líquido y pasan 500 años en la naturaleza generando problemas. Lo mismo ocurre, observó, con las bolsas plásticas y los platos desechables que bien podrían ser sustituidos por bolsas de tela, botellas de vidrio o acero, y platos no desechables.

Además, explicó que cuando las empresas recogen esta basura que flotan en los ríos, se liberan micro y nanopartículas de plástico que son consumidos por los peces, y que terminan en el organismo humano.

“El plástico forma parte de la química de la vida y hay que entender que esto va incrementándose con el tiempo, yo creo que la Asamblea debería tomar la responsbilidad y establecer una legislación en torno a reducir el consumo de plástico desechable”, instó.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) informó que en el caserío Casamota, cantón El Brazo, en el río Grande de San Miguel, están removiendo la basura que proviene de distintos puntos del país y han terminado en el río grande de San Miguel.

El MOPT también están construyendo un acceso provisional para incrementar la cantidad de equipos en la zona y acelerar los trabajos.

El representante de la Mesa del Transporte, Lucio Vásquez, consideró que la prórroga del subsidio para la estabilización de tarifas de transporte público, aprobada por un año más hasta diciembre de 2027, es «más de lo mismo» ante el aumento de los precios de los combustibles.

«De lo poco que hemos podido conocer, se ha aprobado una prórroga al decreto de la compensación, para nosotros resulta más de lo mismo, nos están poniendo las mismas condiciones que fueron definidas allá por el 2021 cuando fue creado el decreto, cuando las condiciones de los costos operativos no eran a los de hoy, y la tarifa, una tarifa está congelada desde hace más de 20 años», expresó el representante de la gremial.

De acuerdo con el representante, el Gobierno y la población buscan que el sector de transporte realice cambios que considera «tienen toda la razón del mundo» pero sostiene que no se pueden esperar cambios bajo las mismas condiciones financieras.

«Bajo esa reflexión, nosotros lamentablemente nos vamos a mantener sacrificando al pueblo con respecto al tipo de servicio que le estamos dando, la gente se va a seguir quejando», indicó.

«Nos llama la atención de que la gente hace reflexiones, que es una condición natural que a estas alturas del tiempo después de 20 años y mantener los mismos techos de compensación, pedimos una actualización de la tarifa, no queremos algo grande, en vista de la necesidad de nosotros, para poder seguir operando. Una tarifa para poder darle operación al sistema», insistió. El representante gremial calcula que el gasto en combustible absorbe el 70 % de los costos de operación y del 30 % restante deben pagarle a los conductores.

La Asamblea Legislativa extendió hasta el 31 de diciembre de 2027 el subsidio que permite mantener estables o congeladas las tarifas de transporte público, prorrogando por un año más la subvención que concluía el 31 de diciembre de 2026. El decreto de prórroga fue el martes pasado con 58 votos, incluido el de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, mientras Alianza Republicana Nacionalista (Arena) no votó.

El subsidio proviene de la contribución especial de $0.10 por galón de diésel y gasolina, establecido en el artículo 3; y la compensación económica se da a través de $500 mensuales a autobuses y $250 mensuales a microbuses.

El Ministerio de Hacienda proyecta un ingreso de $70,677,091 por el cargo de $0.10 por cada galón de diésel o gasolina para mantener fija la tarifa de transporte público. En 2026, proyectó recibir $60 millones por el mismo cargo. Hasta el 31 de agosto de 2026, Hacienda ha recibido $44.4 millones en dicho cargo.

El director del Movimiento de Izquierda Salvadoreña (MIS), Walter Raudales, exhortó este jueves al abstencionismo y al voto nulo en las elecciones de 2027, un día después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocara a los comicios.

Raudales, periodista y escritor que estuvo ligado al FMLN, lanzó oficialmente el Movimiento Izquierda Salvadoreña (MIS) en 2022, con la pretensión de ser una opción política para la defensa de los derechos de la mayoría de la población.

Durante su participación en el programa Diálogo 21, Raudales afirmó que el MIS no participará en el proceso electoral y pidió a quienes acudan a votar que anulen su sufragio. «Nosotros como Movimiento de Izquierda Salvadoreña, se decidió en mayoría que vamos a llamar al abstencionismo, y a los que por alguna u otra razón, obligados por empleo o por otro tipo de motivaciones vayan a votar, que voten nulo», expresó.

Según Raudales, el movimiento considera que el actual proceso electoral es una «farsa» e «inconstitucional», que existe una «mesa inclinada» y que se estaría preparando un «megafraude»

Raudales sostuvo que el abstencionismo representaría una «derrota moral» para el oficialismo y señaló que, desde su perspectiva, la vía electoral ya no es el camino para generar cambios políticos, por lo que llamó a continuar la «lucha política».

Las elecciones del 28 de febrero de 2027 definirán 582 cargos de elección popular, entre ellos la Presidencia y Vicepresidencia, ambas por primera vez con un periodo de mandato de 6 años, 60 diputaciones propietarias y 60 suplentes, además de los concejos municipales. También, se elegirán seis diputados propietarios y seis suplentes por la inclusión de la diáspora salvadoreña.

El llamado del MIS se da en un contexto de alta abstención registrado en las elecciones de 2024. En la elección presidencial, 2.9 millones de salvadoreños inscritos en el registro electoral no acudieron a votar, equivalente al 47.4 % del padrón electoral, mientras que los votos nulos alcanzaron los 60,027. En las legislativas, se contabilizaron 69,909 votos nulos.

En nivel de participación ciudadana ha sido similar durante las dos elecciones presidenciales más recientes: de 51.88 % en 2019 pasó a 52.6 % en 2024.

Directores de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) mostraron ayer su preocupación porque el Ministerio de Hacienda no les aprobó el refuerzo presupuestario para el año 2027 que les iba a permitir aumentar los fondos de $814,720 en 2026 a $1.6 millones para el próximo año.

El Ministerio de Hacienda asignó para el próxmo año, al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el mismo presupuesto de 2026, es decir, $12,397,722, dentro del cual se incluyen los fondos para el funcionamiento de la JVE, una entidad encargada de fiscalizar los procesos electorales.

La JVE, sin embargo, buscará presentar un proyecto de refuerzo ante el Ministerio de Hacienda que suma $1,621,604.11.

El director de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Ciro Alexis Zepeda, manifestó que la  Junta participará en la verificación del proceso electoral por medio de sus 22 directores, propietarios y suplentes. Sin embargo, manifestó que «lamentablemente en el caso del presupuesto el Ministerio de Hacienda permitió el mismo techo».

De acuerdo a Zepeda, tienen la opción de solicitar un presupuesto extraordinario «para que el 2027 podamos ejercer la función tal como establece la ley secundaria y el Código Electoral”, afirmó.

Zepeda no se atreve de hablar de los efectos en la función fiscalizadora de la JVE si no les dan el presupuesto y prefiere ser optimista. “Creo que al final la cantidad que estamos solicitando se nos va a dar el respaldo, porque la presidenta tiene la conciencia, sabemos que hay ahorro de parte del TSE”, indicó.

“Nos amarran de pies y manos”

Por su parte, el director de la JVE por el partido FMLN, Irving Sorto, aseguró que los amarraron de “pies y manos” en relación al techo establecido por el Ministerio de Hacienda que limitó el presupuesto de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) para el año 2027.

Sorto explicó que apenas tienen 11 delegados que deben fiscalizar la emisión del Documento Único de Identidad en todo el territorio nacional.

“El presupuesto de la Junta de Vigilancia Electoral es una burla, eso es como que usted deje ocho dólares en su casa y quiera desayuno, almuerzo y cena cuando el cartón de huevos cuesta seis. Yo entiendo el tema hacendario pero nosotros nos están amarrando de pies y manos, y nos están exigiendo que cumplamos lo que la ley mandata”, reclamó Sorto, quien representa al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

La Junta de Vigilancia Electoral es el organismo permanente encargado de fiscalizar todas las etapas del proceso electoral y de vigilar la actualización, depuración y publicación del Registro Electoral, así como la emisión y entrega de documentación de identidad.