Autor: Yolanda Magaña

  • TSE y PDDH suscriben convenio para las elecciones presidenciales, legislativas y municipales 2027

    TSE y PDDH suscriben convenio para las elecciones presidenciales, legislativas y municipales 2027

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de cara a las elecciones generales de 2027.

    Con el acuerdo, buscan fortalecer acciones para “respetar los derechos políticos de la ciudadanía”, según publicó el TSE en X, a través de la observación electoral.

    La presidenta del TSE, Roxana Soriano, lo calificó de “compromiso histórico con la democracia, con los derechos humanos y con el futuro” de El Salvador.

    El acuerdo establece la coordinación entre ambas instituciones durante el proceso electoral, facilitando la colaboración técnica y operativa durante el proceso.

  • Trump: Irán quiere pactar pero lo niega por miedo a «ser asesinados por su propia gente»

    Trump: Irán quiere pactar pero lo niega por miedo a «ser asesinados por su propia gente»

    El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán quiere llegar a un acuerdo pero que lo niegan por temor a «ser asesinados por su propia gente» y que también temen ser «asesinados» por Estados Unidos.

    Trump insistió en que la República Islámica desea llegar a un acuerdo pero que por temor a ser asesinados, lo niegan en público, durante la cena anual del Comité Nacional Republicano del Congreso que se desarrolla en la estación Union Station de Washington.

    «Temen ser asesinados por su propia gente» y «también temen ser asesinados por nosotros», precisó el mandatario.

    La declaración de Trump surge después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchí, afirmara que el intercambio de mensajes con Washington por medio de mediadores «no significa negociaciones con Estados Unidos».

    Este miércoles, Irán habría rechazado una propuesta de 15 puntos que Estados Unidos presentó para acabar con la guerra por considerarla excesiva.

    Teherán busca colocar en la mesa sus propias condiciones que incluyen que se reconozca que tienen soberanía sobre el estrecho de Ormuz y que se reparen los daños en la infraestructura de su país.

    Durante su intervención, Trump se quejó de la cobertura mediática de la guerra debido a que se han publicado diferentes reportes y análisis que cuestionan su visión triunfalista sobre el conflicto que se ha extendido por casi un mes.

    La guerra de Irán entra en su cuarta semana tras la escalada iniciada el 28 de febrero con ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre suelo iraní.

    En respuesta, Irán ha lanzado oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, además de mantener bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro mundial de crudo.

  • Bukele rechaza caso de eutanasia en España y dice a organizaciones: «Jamás los escucharemos»

    Bukele rechaza caso de eutanasia en España y dice a organizaciones: «Jamás los escucharemos»

    El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, señaló a organizaciones no gubernamentales de “matar a las víctimas en lugar de protegerse”, retomando la historia de una joven con paraplejía de Barcelona que pidió la eutanasia y a quien se la aplicarán mañana jueves luego de una batalla judicial contra su padre.

    Bukele retomó el caso de la eutanasia aprobada por un tribunal en España a favor de la joven y aseveró que «este es el fin (objetivo) último de las organizaciones de derechos humanos”.

    “Vean todo el caso, desde el inicio hasta el final que pretenden, cada uno de los pasos es parte de la ‘tutela de derechos humanos’ conseguida con sus ‘luchas y conquistas’. Jamás los escucharemos, no importa cuánto nos ataquen”, sostuvo el mandatario.

    Según El Mundo de España, la joven asegura que busca dejar de sufrir, ya que tiene dolores físicos diarios, dormir se le hace muy difícil y no tiene ganas ni de comer, y un tribunal de Barcelona rechazó la petición del padre para frenar la eutanasia.

    Luego, el gobernante insistió en que no tienen “nada” que llegar a decirle a El Salvador. “Más bien, nosotros deberíamos estar denunciándolos a ustedes por lo que le hacen a mujeres como Noelia”, indicó.

    Señaló que el mundo “necesita urgentemente liberarse de estas organizaciones” y las llamó nuevamente “bufetes de abogados de los delincuentes, que prefieren literalmente matar a las víctimas en lugar de protegerlas”.

    Al cuarto año del régimen de excepción, esta medida ha sido criticada con un informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sostuvo que durante esta medida de seguridad El Salvador se han cometido crímenes de lesa humanidad.

    El Gobierno rechazó el informe y acusó a los expertos del GIPES de solicitar liberar a los pandilleros presos durante el régimen de excepción, ya que el informe califica de arbitrarias todas las capturas realizadas durante el régimen. Los miembros del GIPES han dicho que únicamente pidieron que se conforme una comisión de salvadoreños con apoyo internacional para revisar cada decisión tomada durante el régimen.

  • Vamos convoca a elecciones internas para elegir a sus candidatos a alcaldes y diputados hacia 2027

    Vamos convoca a elecciones internas para elegir a sus candidatos a alcaldes y diputados hacia 2027

    La Comisión Electoral Permanente (CEP) del partido Vamos convocó este miércoles a las elecciones internas de sus candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa, alcaldes y concejos municipales.

    La CEP de Vamos, un partido que se define por la defensa de la Constitución, informó que el periodo de inscripción de los aspirantes se realizará desde este miércoles 25 de marzo hasta el 31 de mayo de 2026.

    El partidos dispuso de un correo electrónico para que los interesados puedan enviar su currículum: electoralvamosofficial@gmail.com y también un el número de teléfono +(503) 6823-5990 para solicitar más información.

    Vamos decidió participar únicamente en las elecciones de diputados y alcaldes. El Salvador realizará elecciones generales el 28 de febrero de 2027. Los partidos políticos tienen hasta el 31 de julio de 2026 para elegir a sus candidatos en elecciones internas con voto «libre, igualitario y secreto» según la Ley de partidos políticos.

    Hasta este 25 de marzo, solo Fuerza Solidaria y Vamos han convocado a elecciones internas.

    Los partidos políticos que estarían habilitados para participar en las elecciones 2027 son Nuevas Ideas, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Partido de Concertación Nacional (PCN), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Vamos, Gana, Democracia Salvadoreña, Fuerza Solidaria, Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) y Partido Independiente Salvadoreño (Pais).

    La elección de presidente y vicepresidente fue adelantada de 2029 a 2027 por decisión de la Asamblea Legislativa, que reformó la Constitución para extender el periodo presidencial de cinco a seis años, en un paquete de reforma que habilitó la reelección presidencial indefinida en El Salvador.

  • Bukele alcanza su máximo nivel de aprobación según Cid-Gallup, al cumplir cuarto año del régimen de excepción

    Bukele alcanza su máximo nivel de aprobación según Cid-Gallup, al cumplir cuarto año del régimen de excepción

    El presidente Nayib Bukele aseveró este miércoles que tiene un nivel del 94 % de aprobación desde el inicio del Gobierno, citando la encuesta de Cid Gallup que publicó minutos que el mandatario tiene el 94 % de aprobación en general y del 95 % en el trabajo realizado en seguridad o combate a la delincuencia.

    La encuesta divulgada por Cid-Gallup fue realizada entre el 15 y 21 de marzo de 2026, de una muestra de 1,200 adultos entrevistados por teléfono celular, con un margen de error de 2.8 puntos y un nivel de confianza del 95 %.

    El estudio también menciona que el 87 % aprueba el rumbo del país, que el 95 % aprueba el trabajo del gobierno en educación y que el 89 % siente orgullo del presidente. El informe publicado no incluye una evalución al régimen de excepción como tal.

    Otra encuesta de Cid-Gallup que fue publicada en diciembre de 2025 encontró que el 96 % de los entrevistados respondió que considera “mucho o algo” positivas las medidas de seguridad del Gobierno contra las pandillas en El Salvador. Según la presentación de ese entonces, se le preguntó a los salvadoreños la opinión sobre las medidas de seguridad desde la aplicación del régimen de excepción que inició el 27 de marzo de 2022.

    Por otra parte, en una encuesta realizada en mayo de 2025 por la Uca, los salvadoreños dieron una nota de 7.78 al régimen de excepción a su tercer año. Esta encuesta fue realizada por el Instituto de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca) por el sexto año de gobierno de Nayib Bukele.

    Un 60 % afirmó que el régimen de excepción debía prolongarse por más tiempo y el 37.7 % aseguraba que era necesario buscar otras medidas diferentes.

    Luego de esta encuesta, la más reciente del Iudop-Uca fue la publicada en enero de 2026 y realizada en diciembre de 2025; aunque no evaluó el régimen de excepción, indicó que el 81.7 % cree que la delincuencia ha disminuido en el último año y que el 77.9 % no conoce a alguna persona detenida de forma injustificada. El 20.3 % dijo que conoce alguna persona detenida de forma injustificada.

    En este estudio, el 98.7 % de población declaró que no tuvo que cambiar de lugar de vivienda para protegerse de una amenaza o un hecho de violencia.

    En la más reciente encuesta de LPG Datos, el 91.9 % de los salvadoreños aprueban la gestión de Nayib Bukele tras seis años y medio en el poder principalmente porque ha mejorado la seguridad (33 %); esta encuesta señaló que el 70.3 % de los salvadoreños dicen que la seguridad es el mayor logro de Bukele.

     

  • Diputada de Vamos dice que aceptarían pena perpetua si no existiera riesgo para personas inocentes

    Diputada de Vamos dice que aceptarían pena perpetua si no existiera riesgo para personas inocentes

    La diputada suplente de Vamos, la abogada Cesia Rivas, rechazó la aprobación de la pena perpetua en El Salvador, cuestionando qué pasa cuando el sistema se equivoca y encarcela a personas inocentes.

    «Si en nuestro país no existiera el riesgo de que personas inocentes sin vínculos con pandillas sean capturadas, si no hubiera familias que hoy siguen luchando por probar la inocencia de sus seres queridos, si no existieran denuncias graves sobre abusos y detenciones sin pruebas… entonces, podríamos decir que sí, sin dudarlo. Pero esa no es la realidad», afirmó la diputada del partido de oposición.

    La Asamblea Legislativa aprobaría esta semana una reforma constitucional que levanta la prohibición de la cadena perpetua en el país no solo para pandilleros, sino también para homicidios, feminicidios y violaciones; además les da la posibilidad, incluso a pandilleros, de una revisión obligatoria de las penas después de 25 años o más de haber purgado la respectiva pena perpetua.

    La legisladora señaló que «ninguna persona de bien está a favor de crímenes cometidos por homicidas, pandilleros y violadores» y subrayó que deben «enfrentar todo el peso de la ley» por estos delitos, «Pero hay una pregunta que no podemos ignorar: ¿qué pasa cuando el sistema se equivoca?», insistió.

    Advirtió que hay encarceladas «personas inocentes que han sido detenidas, que han sufrido, y que incluso con orden de libertad siguen esperando salir». «Mientras eso siga pasando, no podemos hablar de justicia verdadera. Porque la justicia no solo se mide por castigar al culpable, sino por proteger al inocente», expresó.

    «Queremos un país seguro, sí. Pero también un país donde la ley no se equivoque con su propia gente. La seguridad de verdad no puede construirse sobre la injusticia. ¿Qué pasará cuando el margen de error sea usted?… ¿quién le asegura que eso no puede pasar, si ellos mismos han reconocido el margen de error», cuestionó.

    La legisladora además sostuvo que hay señalamientos de pacto con pandillas durante este gobierno y del traslado de un cabecilla de pandillas hacia Guatemala.

  • Raúl Chamagua dice pena perpetua busca prevenir y que ciudadanos entiendan que también hay «penas extremas»

    Raúl Chamagua dice pena perpetua busca prevenir y que ciudadanos entiendan que también hay «penas extremas»

    El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, opinó que la reforma que establece la pena perpetua para los delitos de homicidios, feminicidios y violaciones busca prevención y advertir a los ciudadanos que para estos delitos existen penas extremas.

    «Estoy seguro de que la población va a entender estos esfuerzos, esto es para prevenir, es para que la persona, el ciudadano, entiendan, que ante un delito extremo como los que estamos estudiando existen también penas extremas», explicó la reforma en la Comisión Política de la Asamblea.

    Defendió que es responsabilidad de los diputados crear «un marco jurídico para garantizar continuar en esa ruta de transformación positiva» hacia el «respeto a la vida».

    El legislador oficialista exhortó a la población a entender «que esto es para el beneficio de las actuales y futuras generaciones»; «nuestro compromiso radica en que cada salvadoreño se sienta seguro en sus comunidades, en sus trabajos», aseguró.

    El diputado de Nuevas Ideas cuestionó la ausencia del partido Vamos. «Lastimosamente no vinieron, las razones las desconocemos, yo como ciudadano yo me cuestionaría por qué la diputada o esa fracción está en contra de algo tan bueno y positivo para el futuro de nuestro país», afirmó.

    Vamos votó en contra del acuerdo de reforma constitucional que levanta la prohibición de la cadena perpetua en el país para los delitos de homicidios, violaciones y terrorismo.

    «No es populismo punitivo»

    Chamagua también criticó a los organismos internacionales, «algunos de ellos llaman a esto como un populismo punitivo», «no es ningún populismo punitivo, la misma sociedad salvadoreña ha reconocido, respalda los esfuerzos en materia de seguridad que se están haciendo», indicó.

    Aseguró que incluso hay encuestas y en las elecciones han tenido respaldo. «Es así de simple, que a ellos no les guste, pues eso no es problema nuestro», indicó.

    «Lo que nosotros estamos haciendo no es para un beneficio personal, no es para un grupúsculo, sino que es para el beneficio de las mayorías», aseveró.

    La Asamblea Legislativa ratificaría en la sesión plenaria de mañana jueves la reforma constitucional que establece la pena perpetua para los delitos de violaciones, homicidios y feminicidios; y también para el delito de pertenencia a organizaciones terroristas; y una reforma al Código Penal que permite que los condenados a la misma tengan una revisión obligatoria de sus penas luego de cierto tiempo de estar presos.

    Para los menores de edad, la pena perpetua se revisará luego de 25 años presos, para los adultos después de 30 años si solo fueron condenados por un delito, 35 años si tienen dos delitos o más, y 40 años si hay agravantes.

  • Francisco Lira dice apoya pena perpetua pero que gobierno busca desviar la atención: «Nada cambia»

    Francisco Lira dice apoya pena perpetua pero que gobierno busca desviar la atención: «Nada cambia»

    El diputado Francisco Lira, del partido opositor Arena, aseguró que está a favor de la pena perpetua pero cree que la reforma constitucional que la instaura es una estrategia del gobierno para «desviar la atención de lo que es realmente importante en el día a día de los salvadoreños».

    «Yo, como la gran mayoría, estoy a favor de la cadena perpetua… Pero el problema de fondo es otro: el gobierno está usando ese sentimiento —y sobre todo, el miedo— como una herramienta para montar una acción propagandística y desviar la atención», aseguró en X.

    Arena dio sus dos votos al acuerdo de reforma constitucional que levanta la prohibición de la cadena perpetua en el país para los delitos de homicidios, violaciones y terrorismo.

    Según Lira, el gobierno busca «evitar rendir cuentas» sobre los informes que señalan vulneraciones a derechos de personas inocentes, el debilitamiento de la democracia y las libertades en nuestro país, en referencia al informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde se sostiene que en el régimen de excepción se han cometido delitos de lesa humanidad.

    «Le están mintiendo descaradamente a la gente al aprovecharse de ese deseo de justicia y el miedo, sin reformar de fondo el sistema judicial», indicó.

    Según el diputado, ya existía una pena de por vida en el país. «Ya alcanzaban hasta 60 años antes de esta reforma y en algunos casos se han acumulado penas, que suman hasta más de 200 años, por lo que lógicamente esto ya representaba una pena de por vida», sostuvo.

    El legislador señaló que el fiscal general y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se contradicen «porque resulta que nos dicen que las penas estarán sujetas a revisiones periódicas».

    «Es decir, en la práctica, nada cambia, más allá de la percepción que quieren instalar de que se está fortaleciendo la justicia», advirtió.

    La reforma al Código Penal que acompaña la reforma constitucional de la pena de muerte establece que los condenados a la misma tendrán una revisión obligatoria de sus penas luego de cierto tiempo de estar presos.

    Para los menores de edad, la pena perpetua se revisará luego de 25 años presos, para los adultos después de 30 años si solo fueron condenados por un delito, 35 años si tienen dos delitos o más, y 40 años si hay agravantes.

  • Pena perpetua aplicaría a autores y «cómplices necesarios» de pandillas, homicidios, feminicidios y violaciones

    Pena perpetua aplicaría a autores y «cómplices necesarios» de pandillas, homicidios, feminicidios y violaciones

    Las penas perpetuas en El Salvador aplicarían a «cómplices necesarios» y «autores» de los delitos de homicidio, homicidio agravado, violación, violación en menor o incapaz, violación sexual agravada, pertenencia a organización criminal o terrorista, feminicidio y feminicidio agravado, según los proyectos de reforma que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa dictaminó el martes.

    Para los delitos tentados, de dichos delitos, la sanción sería distinta y estaría equiparada de acuerdo a los tiempos que establecerá el artículo 92-B para la revisión de las penas perpetuas.

    La última modificación realizada en Comisión Política deja claro que los cómplices necesarios recibirán penas de prisión perpetua y en todos los casos “será la misma” que la que sea impuesta a los autores.

    El inciso final del artículo 66 del Código Penal quedó así: “La pena para los cómplices necesarios en los delitos en los que aplique prisión perpetua será la misma que se imponga a los autores”.

    En su intervención ayer en la Comisión Política, la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuestionó por qué el autor y el cómplice del mismo delito tendrá la misma pena perpetua.

    «Aquí se le está dando la misma pena al autor de un homicidio, una violación, entre otras cosas, que a la persona que sea cómplice, pero ahí es como que si ambos tuvieran el mismo nivel de actuación en el proceso, por eso el Código Penal establece las diferencias en ambos casos». Marcela Villatoro, diputada y jefa de fracción de Arena.

    La legisladora cuestionó por qué autores y cómplices tendrán la misma pena en estos delitos.

    El diputado Caleb Navarro respondió que se refiere a «cómplice necesario». Leyó la definición del artículo 36 del Código Penal: «Los que presten al autor o autores una cooperación, de tal modo necesaria, que sin ella no hubiere podido realizarse el delito».

    «Esa es la reforma, porque aquel que ayudó y que su ayuda fue imprescindible para cometer el delito tiene que recibir la misma pena». Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

    Según Navarro, un colaborador fuera de la estructura como los llamados «postes», «esa persona» siempre estará detenido pero será incorporado en el Plan Cero Ocio.

    Además, la diputada Villatoro preguntó qué pasaría si la complicidad se realizó mediante una amenaza y pidió agregar en el artículo

    «Los jueces tienen la claridad cuando son este tipo de casos, que haya alguna coacción, hay personas que las obligaban a hacer un viaje los pandilleros ‘y si no te matamos’, son casos especiales, que sea el juez con esa claridad que pueda dar su fallo. Si en las pruebas hay algún tipo de claridad que hubo coacción para esa persona para actuar, me imagino que según la sana crítica que aplique el juzgador tendría que haber alguna exclusión de eso, incluso de responsabilidad penal pero ya será un juez que pueda determinar eso», dijo Navarro.

    Navarro propuso agregar «necesario» a «cómplice».

    Pero la diputada Villatoro también propuso excluir expresamente a las personas que cumplan las condiciones de los artículos 153 y 154 del Código Penal, que castigan los delitos de coacción y amenazas. «Nosotros no legislamos para el momento. Cuando la ley no queda clara, es un problema para los juzgadores», argumentó. Esta propuesta no fue apoyada por Nuevas Ideas, ni sus aliados.

    Complicidad de pertenencia

    Sin embargo, no quedó claro cómo se aplicará la complicidad del nuevo delito de “pertenencia a organizaciones terroristas”, un nuevo delito que será incluido en un nuevo artículo 344-A y que dice “el que pertenezca a una organización criminal o terrorista, entendida según lo establecido en el artículo de la Ley contra el Crimen Organizado será sancionado con pena de prisión perpetua”.

    Según la abogada Roxana Cardona, aquí queda una laguna jurídica que al final quedaría a decisión del juez, ya que la pertenencia podría definirse por la ficha de la persona o su lugar de residencia. Cuestionó cómo quedaría en este caso la «complicidad de un hecho que no se ha cometido” dado que el nuevo delito es pertenencia.

    Delitos tentados

    Cuando los delitos castigados con pena perpetua sean “tentados”, es decir, intento de homicidio, feminicidio, violación o del delito de pertenencia, “la sanción para los delitos tentados cuya pena de prisión sea perpetua se establecerá desde la mitad del plazo previsto para la primera revisión de la pena de prisión perpetua según correspondiente de acuerdo a los plazos establecidos en el artículo 92-B de este Código”, según el inciso final del artículo 68 dictaminada el martes.

    La Comisión Política aprobó cinco dictámenes favorables este martes: la ratificación de la reforma al artículo 27 de la Constitución y un paquete de reformas al Código Penal, a la Ley especial contra actos de terrorismo, a la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres y a la Ley Penal Juvenil, con el fin de legislar sobre la aplicación de la pena perpetua. Mientras las reformas son criticadas por organizaciones o señaladas de innecesarias, el Gobierno asegura que buscan una sanción más severa frente a conductas violentas.

    La pena perpetua tendría la opción de libertad controlada para el condenado si así lo decide «el juez competente» según la reforma al Código Penal dictaminada. Esta revisión sería obligatoria a partir de los 25 años de prisión si el condenado es menor de edad, a partir de los 30 años si el adulto fue condenado por un delito, a partir de los 35 años si fue condenado por varios delitos y a partir de los 40 años si fue condenado por delito con agravante.

  • Inicia vigencia de reformas para la micro y pequeña empresa

    Inicia vigencia de reformas para la micro y pequeña empresa

    Ya están vigentes las reformas a la “Ley de fomento, protección y desarrollo para la micro y pequeña empresa” que modifican los requisitos para la inscripción en el Registro MYPE de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), entre otras modificaciones.

    Las reformas a la ley de fomento para las MYPE fueron publicadas en el Diario Oficial del 16 de marzo de 2026, por lo que su vigencia inició el 24 de marzo de 2026.

    Con los cambios se exigirá a las micro y pequeñas empresas que quieran estar acreditadas en el Registro MYPE de Conamype que presenten declaración de renta o de ingresos por ventas, pero también ordena al sistema financiero que flexibilicen el requisito de historial crediticio para las MYPE y elimina la responsabilidad personal de titulares de las instituciones públicas que se atrasen en el pago a los proveedores MYPE por bienes y servicios proveídos.

    En el artículo 20-A, establece que las personas naturales deberán presentar obligatoriamente su declaración de impuesto sobre la renta o una declaración jurada de ingresos para inscribirse en el Registro MYPE. Asimismo, las empresas deberán actualizar los datos de su registro cada dos años para mantener su certificación.

    En el artículo 45, se establece que el sector financiero deberá ofrecer servicios financieros, no financieros y de desarrollo de mercados de capitales que respondan a las necesidades de las MYPE, y que estos servicios deberán contar con un “enfoque de riesgo diferenciado” que incluya la flexibilización de requisitos como el historial crediticio y el tiempo de operación en el mercado, con el objetivo de facilitar el acceso a fondos y la formalización de estas empresas.

    Con los pagos a los proveedores contratadas por el Estado, se aprobó una reforma en el artículo 32 para que el Ministerio de Hacienda establezca “mecanismos” para priorizar la cancelación de las cuentas por pagar a las MYPE presentadas por los jefes de las unidades financieras institucionales o quienes desempeñen esas funciones. Sin embargo, en este tema se derogaron los artículos 33 y 33-A de la ley, que responsabilizaban del pago a los titulares de las instituciones del Estado.

    Las modificaciones también ajustaron levemente los montos de ingresos utilizados para definir la clasificación de las MYPE, que será base para políticas de simplificación de trámites, agilización de la formalización, costos de trámites o tarifas preferenciales.
    Las reformas incluyeron al Ministerio de Hacienda y excluyeron a las universidades en directiva de Conamype y en los consejos de administración de Fecamype y Programype (artículo 52-C).