Autor: Yolanda Magaña

La Asamblea Legislativa recibió el martes los proyectos de presupuestos extraordinarios para las elecciones de presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa que se celebrarán el 28 de febrero de 2027, por un monto total de $172.1 millones.

El Ministerio de Hacienda presentó dos presupuestos, uno por $125.3 millones ($125,393,165) para las elecciones dentro del territorio nacional y $46.7 millones ($46,756,435) para el voto de los salvadoreños en el extranjero.

Aunque menciona que los fondos para las votaciones dentro del territorio salvadoreño se distribuirán entre 24 programas del Plan General de Elecciones 2027 no se desglosan las cantidades asignadas, únicamente se muestra la distribución de los fondos por tipo de gasto: la mayor parte iría a bienes y servicios que serán adquiridos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sin embargo, Hacienda detalla como prioridades en la asignación de recursos la divulgación de los mecanismos de votación, la capacitación a los organismos electorales temporales, la promoción de la «equidad de género, la inclusión social», facilitación del voto a grupos vulnerables, la actualización del registro electoral, la erradicación de violencia político electoral, entre otras.

También menciona como prioridades mantener las estructuras administrativas para adquirir con eficiencia bienes y servicios, hacer las acreditaciones, celebrar actos públicos, administrar el personal y realizar contraloría, así como impartir justicia electoral.

Presupuestarían este año $40 millones para voto electrónico

Una tercera solicitud, también firmada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, a petición del secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, solicita reformar el presupuesto 2025 para incorporar los primeros $40 millones, los cuales serían destinados para el voto en el extranjero.

La propuesta indica que los fondos tienen como fuente de financiamiento el Fondo General y que «serán tomados de las asignaciones disponibles del presupuesto del Ramo de Hacienda».

En la propuesta, se argumenta que el Tribunal Supremo Electoral requiere el presupuesto electoral «para garantizar la contratación de la empresa que ejecutará el sistema de votación remota por internet y el sistema de votación electrónica presencial incluyendo la transmisión de resultados electorales».

Dentro del presupuesto para el voto en el exterior, también se presupuesta el financiamiento para un programa de creación y cierre de registro electoral, las auditorías y las campañas publicitarias para promover la participación masiva, informar sobre las modalidades de votación y los centros de votación.

Para el año 2025, se presupuestarían $40 millones; para 2026, $4.6 millones; y para 2027, $2.1 millones, todo financiaría 22 programas del Plan General de Elecciones 2027.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes una prórroga por un año, hasta el 31 de diciembre de 2026, para que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) pueda disponer de la madera decomisada en el país ya sea donándola, vendiéndola o destruyéndola. La Ley Forestal requiere un proceso que le exige, por ejemplo, un plazo de 15 días en el que permite que el propietario reclame el material.

La prórroga del decreto “Disposiciones transitorias para la venta, donación y destrucción de productos y subproductos forestales decomisados por infracciones a la Ley Forestal” se aprobó con 56 votos de diputados presentes de Nuevas Ideas y sus aliados.

El MAG calcula que cada año la Policía Nacional Civil (PNC) realiza 250 decomisos de madera o leña que es trasladada en vehículos sin la debida autorización. Actualmente reportó 42 casos, 21 de los casos tienen 600 piezas de madera como cedro y conacaste; más de 60 casos de leña sin valor comercial según el MAG y 18 casos en los cuales el MAG vendió madera y leña; y otros 3 en los cuales la madera fue donada.

La madera es decomisada por infracciones a la Ley Forestal como talar sin autorización, derribar árboles en peligro de extinción o transportar madera sin una autorización.

El decreto transitorio original fue aprobado en diciembre de 2023.

Con 60 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este martes una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la exención de cobros o aranceles en el Registro de Comercio para la inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

Hasta el 18 de noviembre de 2025, ha habido 6,065 SAS inscritas en el Registro de Comercio con un capital social de $16.2 millones, según el Centro Nacional de Registros (CNR), de las cuales más de 63 % son unipersonales, es decir están constituidas por una sola persona.

«Seis mil nuevas empresas que ya están funcionando en la economía, que están contratando salvadoreños, que están cumpliendo con sus obligaciones pero sobre todo que están dinamizando la economía, y se han creado 5,200 sociedades anónimas de capital variable. Hoy por hoy, los salvadoreños están prefiriendo sociedades por acciones simplificadas», dijo el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas.

Según el CNR, el trámite para crear una SAS puede realizarse en el sitio CreaEmpresa.gob.sv con un capital social mínimo de $1; para el trámite, la Asamblea Legislativa eliminó el requisito de presentar la solvencia municipal.

El mecanismo según el gobierno promueve la inscripción de comerciantes que ingresan al sector formal de la economía. Según datos del CNR, en el quinquenio 2004-2009 se inscribieron 11,224 comerciantes; en 2009-2014, 11,639 comerciantes; en el periodo 2014-2019, 13,688 comerciantes; y en el primer periodo del gobierno actual, 19,094 comerciantes, de las cuales 572 fueron SAS.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes un pronunciamiento por conmemorarse el “Día nacional e internacional de la no violencia contra la mujer” el 25 de noviembre y el “Día nacional de los salvadoreños en el exterior” el 26 de noviembre.

En el pleno, ningún diputado se refirió al día de la no violencia contra la mujer. El pronunciamiento para los salvadoreños en el exterior fue aprobado con 60 votos, y el del día de la no violencia contra la mujer, con 56 votos.

El diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, únicamente habló en la aprobación del pronunciamiento del día nacional de los salvadoreños en el exterior.

“Quiero honrar un tributo, este pronunciamiento. Esto es como un símbolo para honrar a todos nuestros connacionales que se encuentran alrededor del mundo”, dijo.

Les agradeció su aporte al desarrollo del país. “Su aporte económico son el motor que impulsa innumerables hogares pero su contribución va más allá, son embajadores de nuestra identidad, promotores de nuestra cultura”, indicó.

El diputado mencionó la aprobación de la nueva Ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero, que dio paso al sistema de voto electrónico de salvadoreños desde el exterior, el cual es habilitado durante 30 días continuos por ley. “Ustedes son la viva imagen de nuestra nación en el exterior”, les dijo.

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El pronunciamiento, los diputados agradecen a los salvadoreños en el extranjero y su “compromiso permanente” para atenderlos y protegerlos.

El pronunciamiento contra el día de la mujer menciona una reducción histórica en la tasa de feminicidios del 96.7 % de 2015 a 2025 según cifras oficiales, algo que atribuyen al régimen de excepción.

En el pronunciamiento, propuesto por la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, indica que la Asamblea es consciente de que el trabajo por “la plena equidad y libertad de las mujeres no ha concluido” y se debe impulsar un “crecimiento económico inclusivo” para “todas las mujeres” y asegurarles su “libertad y autonomía”. Señala también que la sociedad tiene la responsabilidad de “superar patrones que naturalizan la violencia contra las mujeres y las niñas”.

El mismo día del pronunciamiento, mujeres que integran el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) llegaron frente al Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador, lugar en donde la joven Yessica Solís fue disparada por un soldado de la Fuerza Armada, hecho que según la Policía Nacional Civil fue accidental. Las mujeres pidieron «verdad y justicia» y denunciaron que más de 25 mujeres que estaban detenidas por el régimen de excepción han fallecido.

Como todos los años, la Asamblea Legislativa aprobó este martes un decreto transitorio que aumenta hasta $3,000 el monto exento del pago de derechos e impuestos a los bienes que ingresan los viajeros durante la época navideña y de fin de año.

La exención estará vigente desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de enero de 2026.

El decreto “Disposiciones transitorias para la exención del pago de derechos e impuestos por la introducción de bienes nuevos para viajeros procedentes del exterior” fue aprobado con 58 votos de todos los partidos políticos.

Según el artículo 4 del decreto, están excluidos del beneficio: transportistas, gestores de encomiendas, oficiales y tripulantes de todo medio transporte de pasajeros y mercancías.

La actual Ley de equipajes de viajeros procedentes del exterior ya exime de derechos e impuestos la importación de bienes valorados hasta por $1,000 y por hasta $1,500 para diciembre y enero.

La petición, realizada por los diputados Walter Alemán, Evelyn Merlos, Caleb Navarro, Ana Figueroa, Ernesto Castro y Christian Guevara, señala que El Salvador “se ha consolidado como un destino turístico seguro, confiable y atractivo”.

El diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, aseguró que en El Salvador se está viviendo “un ambiente de paz y armonía”.

Una exención idéntica ha sido aprobada en noviembre de años anteriores.

Según la ley, ya están exentos todos bienes personales y deportivos del viajero usados o que serán utilizados o consumidos durante su estadía en el país, como: sus prendas de vestir; artículos de higiene, tocador y perfumería en cantidades no superiores a seis unidades por tipo o 20 en conjunto, dos aparatos usados de fotografía o para grabar y reproducir imágenes, un aparato portátil para grabar y reproducir sonido; una computadora personal, una impresora, entre otros. Pero, además, podrá introducir bienes nuevos por hasta $3,000.

Con 57 votos y uno en contra, la Asamblea Legislativa aprobó este martes la cuadragésima quinta prórroga del régimen de excepción, con el cual según el gobierno ya capturaron a 90,200 supuestos pandilleros y contabiliza 1,060 sin homicidios.

El estado de excepción mantiene suspendidos garantías constitucionales de defensa, máximo plazo de detención e inviolabilidad de las telecomunicaciones.

«Murieron más personas a manos de las pandillas que en la guerra civil y ahora tenemos una tranquilidad en nuestro país. Nosotros como diputados siempre vamos a estar dando nuestro voto para que nuestro país se mantengan limpio», dijo en el pleno el diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, aliado del partido oficial.

El diputado Reinaldo Carballo, otro aliado del gobierno, del Partido Demócrata Cristiano, argumentó que en el pasado tenían un «régimen impuesto por las maras de ver, oír y callar». «Es la única herramienta constitucional que nos ha funcionado», indicó.

Detrás de cada régimen de excepción «hay familias vivas», dijo, por su parte el diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas. «A fuerza de ser sincero, falta muchos votos más que tenemos que dar, tenemos que seguir dando los votos para seguir dando las herramientas necesarias a que la Fiscalía y la Policía persiga a los delincuentes… Estamos convencidos que siguiendo votando con esa misma fuerza, vamos a reconstruir otras áreas», dijo.

La oposición no votó por la prórroga, los diputados Francisco Lira y Marcela Villatoro, de Arena, no estaban presentes; mientras, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

Los legisladores de oposición han cuestionado que la aplicación del régimen de excepción viola derechos de personas que han sido arrestadas arbitrariamente sin pruebas. Nuevas Ideas y Vamos ya se han señalado mutuamente de defender pandilleros.

Esta mañana, el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) denunció que más de 25 mujeres detenidas bajo régimen de excepción en una protesta desarrollada en el Centro Histórico en la cual exigió «verdad y justicia» en la muerte de Yessica Solís, quien el 6 de noviembre fue disparada por un soldado de la Fuerza Armada en un hecho que la Policía Nacional Civil calificó de accidental y de homicidio culposo.

La Asamblea Legislativa aprueba la 45a. prórroga del régimen excepción que inicia este 2 de diciembre.
Video: @Jessmonic. pic.twitter.com/H9xBIqG9rp

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) November 25, 2025

El concejo de San Salvador Centro derogó en octubre la “Ordenanza para la protección y conservación de ríos y quebradas del municipio de San Salvador” porque concluyeron que esta regulación le compete ahora a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).

La derogatoria de la ordenanza municipal, que se aprobó porque se consideró que hubo una derogatoria tácita con la aprobación de la Ley general de recursos hídricos, está vigente desde el viernes pasado.

La ASA fue la institución creada con la aprobación de la Ley general de recursos hídricos aprobada el 12 de julio de 2022 y es la que debe autorizar el uso y aprovechamiento del agua en el país, perforación de pozos, inscripción de juntas de agua, entre otros.

El decreto de derogación fue aprobado el 8 de octubre por el concejo, publicado el 13 de noviembre y está vigente desde el pasado viernes 21 de noviembre.

El concejo explicó que la ordenanza fue aprobada en diciembre de 2004 para cumplir con la función establecida en el Código Municipal, que faculta a los municipios a cuidar y conservar los ríos y demás aguas que recorren los cauces naturales con el fin de garantizar su uso sostenible.

Sin embargo, el concejo indicó que la “Comisión especial para la revisión y mejora de procedimientos” revisó la aplicación del artículo 10 de la ordenanza ante una solicitud de permiso de construcción, demolición y ampliación, y señaló que el objetivo de regular el permiso se relaciona al cauce del río, uso del agua y tiempo de aprovechamiento del río. Sin embargo, dicha comisión municipal pidió opinión a la ASA.

El concejo citó que la jefa jurídica ad honorem interino de la ASA, Ligia Verónica Villeda Mora, respondió el 25 de abril de 2025 que los permisos sobre el uso y aprovechamiento de aguas deben tramitarse ante la ASA.

La representante de la ASA citó el artículo 98 de la Ley general de recursos hídricos, que indica que “toda persona natural o jurídica, pública o privada” que quiera usar o aprovechar las “aguas nacionales subterráneas” debe solicitar a la ASA el permiso de exploración, que no podrá ser mayor de un año.

También, citó los artículos 171, 172, 173, que establecen que deben tramitarse las autorizaciones de uso y aprovechamiento de aguas nacionales, los vertidos en “medios receptores” –ríos, quebrada, lago, laguna, embalse, mar, estero, manglar, entre otros– y que la notificación que deben hacer los propietarios a la ASA sobre inmuebles donde haya “bienes al dominio público hidráulico”, es decir: aguas marinas, subterráneas, cauces y riberas de corrientes naturales, lagos, lagunas, playas del mar, acuíferos, bosque salado, mangles.

Por ello, el concejo de San Salvador Centro decidió derogar la ordenanza. Explicó que designó a la Gerencia Legal y a la Gerencia de Desarrollo Urbano “evaluar la efectividad de mantener la Ordenanza de protección de ríos y quebradas y su posible derogatoria”. Sin embargo, estas gerencias concluyeron que hubo una derogación “tácita” de dicha ordenanza con la aprobación de la Ley general de recursos hídricos.

“Las facultades reglamentarias contenidas en la ordenanza han sido derogadas en forma tácita con la Ley general de recursos hídricos como norma especial que regula el uso y aprovechamiento del recurso hídrico de ríos y quebradas, dejando claro la prevalencia de esta respecto a la ordenanza, en tal sentido ya no tiene utilidad para esta institución”, citó el concejo a las gerencias.

La derogatoria fue suscrita por el alcalde interino ad honorem, Gustavo Ignacio Calvo Mayoral.

El Hospital El Salvador aprobó varias adjudicaciones en noviembre para contratar servicios de almacenamiento, distribución, dispensa y gestión de productos farmacéuticos con el fin de implementar el sistema de telemedicina en El Salvador.

DoctorSV es una aplicación recientemente lanzada por el gobierno salvadoreño que permite dar consultas a través de videollamadas a las personas que residen en El Salvador y que permite retirar sus medicamentos de manera gratuita a cualquier farmacia cercana. El programa se lanzó con fondos obtenidos de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $77 millones y de los cuales se programaron $35.7 millones para 2025 y en noviembre Hacienda reportó ejecutados $24.2 millones.

El 11 de noviembre de 2025, adjudicó la contratación de estos servicios de Farmacia San Nicolás por $485,866.22; a Farmacias Uno, S.A. de C.V. por $364,606.08; a Farmacia La Vida, por $953,263.39; a Farmacias Económicas, por $2,508,835.43, según puede verificarse en el sitio web de Comprasal.

El Hospital El Salvador también adjudicó a Servicios Quirúrgicos de El Salvador, S.A. de C.V., por $1,555,242.27, una contratación de dispensa y gestión de productos farmacéuticos para la implementación del programa.

El programa de Telemedicina también incluye la contratación del suministro de licencias y equipos para el fortalecimiento del organismo ejecutiro del programa, contrato que se adjudicó el 13 de noviembre a Ricoh El Salvador, S.A. de C.V. por un total de $198,283.00; New Millennium, S.A. de C.V., por $308,603 y por $17,718.40; Data Graphics, S.A. de C.Vl, por $11,800.

En el sitio web de Comprasal pueden verse algunas adjudicaciones de contrataciones que realiza el Estado aunque no están los contratos y, en algunas ocasiones, aparecen montos adjudicados diferentes.

Por ejemplo, la contratación para la construcción del edificio de Telemedicina fase 1, adjudicada el 31 de marzo de 2025 a UDP Santo Tomás, aparece con un monto adjudicado de $11,474,860.87 y un monto certificado de $13,328,236.50; el proceso se llevó a cabo mediante licitación competitiva.

También, para este programa, se realizó la contratación de una firma consultora para el fortalecimiento de la gestión del programa para la implementación del sistema de telemedicina a la empresa Yinyang International Consulting Group, S.A., por $742,000, y la supervisión de la construcción del servicio de telemedicina por $774,006.16, el 30 de abril de 2025, a Consulta S.A. de C.V., así como servicios de telefonía a Telemovil El Salvador y Mobile El Salvador, por $926,366.54 y $111,870, respectivamente.

En noviembre de 2024, el Hospital El Salvador también había contratado la dispensa de medicamentos a través de una red de farmacias, así como servicios de exámenes de laboratorios, para un programa piloto de Telemedicina mediante un convenio entre dicho hospital y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), con el fin de lanzar el programa piloto con “Dr. ISSS”, con el fin de “beneficiar a más de cuatro millones de salvadoreños” ya que un “60 % de la población” no tienen acceso a servicios de salud. En esa ocasión, la lista contenía 120 tipos de medicamentos diferentes, entre estos amoxicilina, fluconazol, diclofenaco, atorvastatina, clotrimazol, irbesartan, ibuprofeno, psylium, loratadaina, metocarbamol, omeprazol, penicilina, orfenadrina, metronidazol, tramadol, simeticona, salbutamol, entre otros.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes una reforma con la cual el actual director del Centro Nacional de Registros (CNR) pasará a presidir la junta directiva del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el presidente del RNPN o registrador pasará a tener funciones operativas y tendrá la representación legal de la entidad.

Para explicar la reforma, el presidente del CNR, Camilo Trigueros, inició destacando los logros de la institución que dirige, con más de 7,000 empresas nuevas creadas y la disminución de tiempos de respuesta. Siete de cada diez personas solicitantes se tardan un día, “en todo el país está sucediendo un fenómeno tramitológico”, indicó.

Trigueros se refirió también al plazo de 18 meses que tiene el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), que se cumplen en junio de 2026, para realizar ajustes técnicos y financieros para convertirse en Registro Central del Estado Familiar, según la nueva Ley del Registro del Estado Familiar.

“Podemos aportar en esta actividad registral novedosa para el RNPN y lo será también para el CNR”, observó el funcionario.

“¿Cuál es la reforma en síntesis? Bueno, es modificar la estructura de la junta directiva para que como CNR, con la experiencia que tenemos durante todos los años, nos permita modificar la presidencia de tal junta directiva del RNPN, asumiendo la dirección ejecutiva del CNR la labor de presidencia y que el registrador, que por sí es una labor muy importante, pueda centrarse a la labor de representación judicial y extrajudicial, así como labores operativas”, indicó.

El funcionario advirtió que se avecina un periodo de año y medio de renovación masiva de Documentos Únicos de Identidad (DUI) y “la demanda será alta”. El actual registrador es Fernando Velasco.

El diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, lo felicitó. “Sabemos todo el trabajo que tú realizas en el CNR, lo vas a venir a ejecutar también en el RNPN, así es que te dejamos a cargo ahí a nuestra querida diáspora para que sigamos trabajando de la mano con ellos”, le dijo Walter Alemán, diputado de Nuevas Ideas.

La reforma quita poder de decisión al registrador y aumenta las atribuciones de la junta directiva del RNPN, ya que esta última será la encargada de “nombrar al suplente del Registrador Nacional en caso de ausencia temporal”, dar licencias a su personal y tomar decisiones en torno a la organización, estructura o reglamento del RNPN, algunas atribuciones que tiene el registrador, quien podrá solo “proponer” a la junta directiva la organización de las unidades y niveles de jerarquía, la aprobación del organigrama, el nombramiento o remoción de personal, así como el reglamento interno de trabajo.