Autor: Yolanda Magaña

La diputada Claudia Ortiz acompañada de otros seis dirigentes de Vamos convocaron a una Asamblea Nacional Extraordinaria del partido en un proceso que su suplente, Cesia Rivas, secretaria general de partido político, calificó de «manual calcado como el 1 de M de 2021», en referencia a la histórica destitución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debido a sus resoluciones y al fiscal general.

Ortiz, a su vez, pidió a la Gerencia de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa que removiera a Rivas de su cargo de asesora jurídica de la fracción legislativa por pérdida de confianza y la Asamblea Legislativa hizo efectiva la remoción desde el miércoles.

La misma noche del miércoles, Ortiz confirmó haber solicitado la remoción por pérdida de confianza a Rivas, quien la señaló «ansias de poder» y de haber participado en una sesión de dirigentes que «carece de validez».

«Así de manual calcado como el 1 de M de 2021 alguien vino a cambiar al fiscal y a la Sala de lo Constitucional y después de la Constitución». Cesia Rivas, secretaria general en funciones de Vamos.

«Lamento que las ansias de poder provoquen que alguien venga y pretenda en Asamblea Nacional cambiar los organismos del Tribunal de Honor y CEP (Comisión Electoral Permanente) y hasta reglamento. A quién protegen para querer quitar al Tribunal de Honor a un asesor que tiene proceso en reserva. Una CEP a la medida para su CEN ‘Avancemos», posteó, en alusión a la planilla de Ortiz «Avancemos».

Rivas confirmó que siete secretarios del CEN «se autoconvocaron» y celebraron una sesión para convocar a una Asamblea Nacional Extraordinaria del partido, en la cual tocarían temas relacionados a la integración del Tribunal de Honor –que analiza demandas de expulsión contra Claudia Ortiz y Pacífico Chávez– y de la Comisión Electoral Permanente (CEP) –que debe administrar las elecciones internas de la nueva dirigencia que sucederá a la que concluye el 25 de septiembre de 2026.

Como coordinadora de la fracción solicité su remoción porque se perdió la confianza necesaria para continuar la relación laboral. Esta decisión es administrativa y es independiente de cargos partidarios o de cualquier otra función política. Claudia Ortiz, diputada propietaria de Vamos.

Ortiz y Rivas son candidatas a la secretaría general del partido pero las elecciones internas programadas para el 20 de septiembre fueron suspendidas luego de la renuncia de dos miembros de la CEP según Rivas por motivos personales.

La diputada Ortiz cuestiona conflictos de interés de dos miembros del Tribunal de Honor y Disciplina del partido relacionados con la planilla de Cesia Rivas.

Los conflictos en Vamos se manifestaron públicamente a raíz de las críticas de la diputada Ortiz al proceso interno, tanto a la plataforma de votación como a lo «cerrado» de los criterios de selección de candidatos a diputados y alcaldes para la elección de 2027.

Mientras, la diputada suplente Rivas ha señalado que el partido no puede «depender» de una persona y, al desautorizar pláticas de Ortiz con el dirigente del Movimiento de Izquierda Salvadoreño (MIS), Walter Raudales, ha criticado «los principios y valores» del partido «no son negociables».

El Gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa la autorización para suscribir un contrato de préstamo por $50 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el «Programa de fortalecimiento de estadísticas económicas» que incluye un Censo Económico.

En sus cartas, el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, y el ministro de Hacienda, Jerson Posada, argumentaron que se busca «continuar impulsando e incrementando el uso de la información estadística oficial para la toma de decisiones públicas, mediante el aumento de la calidad de la información estadística económica».

El préstamo financiará un nuevo Censo Económico, la modernización de los sistemas estadísticos y la adopción de tecnologías digitales para recopilar, gestionar, analizar y difundir datos, informó el BID recientemente.

El financiamiento incluye el uso de tecnologías digitales en todo el ciclo censal y la información sobre la economía informal. De acuerdo al BID, buscan mejorar la calidad de los datos oficiales para la toma de decisiones.

El proyecto se ejecutaría en cuatro años.

El préstamo se pagaría en un plazo de 23 años a partir de la suscripción del contrato de préstamo, la primera amortización en 90 meses, en cuotas semestrales.

De acuerdo con el proyecto de decreto, el Estado de El Salvador debe pagar una comisión, a los 60 días de la suscripción del contrato, sobre el saldo no desembolsado del préstamo a un porcentaje establecido por el BID periódicamente como resultado de su revisión de cargos financieros para préstamos de capital ordinario sin que exceda 0.75 % por año.

El proyecto será ejecutado por el Banco Central de Reserva (BCR).

La Asamblea Legislativa removió este miércoles a la diputada suplente Cesia Rivas de su plaza de asesora jurídica de la fracción del partido Vamos, a petición de la diputada propietaria Claudia Ortiz, en medio de una polémica en la que ambas aspiran a dirigir el partido.

De acuerdo con la Asamblea, Ortiz solicitó la remoción de la Rivas, quien es secretaria general en funciones de Vamos cuyo periodo asegura concluye el 25 de septiembre.

El Legislativo publicó la carta de la diputada Ortiz dirigida al gerente de Recursos Humanos, Wilfredo Polanco Aquino, en la cual le pide: «Me permito hacer de su conocimiento mi solicitud de remover a la Lic. Cesia Leonor Rivas de López del personal de apoyo del Grupo Parlamentario Vamos en el que ha ejercido el cargo de Asesora Jurídica por motivos de pérdida de confianza».

La remoción surtió efecto a partir de este miércoles. La Asamblea argumentó que una de las facultades de Ortiz como jefa de fracción es «nombrar al personal de apoyo de confianza» de acuerdo con el artículo 147 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.

Ortiz confirmó en X que solicitó la remoción debido a que «perdió la confianza necesaria para continuar la relación laboral» y criticó la publicación de la remoción.

Ambas diputadas, que ocupan los puestos propietario y suplente, de uno de los 60 escaños legislativos, se mantienen en una polémica iniciada públicamente por las críticas de Ortiz al proceso de elecciones de candidatos a diputados y alcaldes, pero que se desembocó en la suspensión de Ortiz como dirigente de Vamos por parte del Tribunal de Honor y Disciplina del partido que estudia una solicitud de expulsión contra Ortiz.

Ortiz, quien busca la secretaría general del partido Vamos, cargo que es ocupado por Rivas hasta el 25 de septiembre, celebró una sesión paralela de la dirigencia, el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de Vamos, para convocar a una Asamblea General Extraordinaria del partido.

Rivas cuestionó la reunión, alegando que dos de los siete secretarios del CEN que se reunieron están «suspendidos» por el Tribunal de Honor y otros dos «abandonaron sus funciones en 2023 y 2024». «Así de manual calcado como el 1 de M de 2021 alguien vino a cambiar al Fiscal y a la Sala de lo Constitucional y después la Constitución», señaló.

Con dispensa de trámites y con 60 votos, la Asamblea Legislativa reformó este miércoles el Código de Trabajo y un paquete de leyes para que los aguinaldos, pensiones y compensaciones a empleados públicos y militares puedan pagarse a partir del 1 de octubre.

«La prima que en concepto de aguinaldo debe entregarse a los trabajadores que tienen derecho a ella, deberá pagarse en el lapso comprendido entre el 1 de octubre y el 20 de diciembre de cada año«, rezará el primer inciso del artículo 200 del Código de Trabajo reformado.

Al cierre de esta nota, los diputados leían las propuestas de reforma sin que se encontraran publicadas en el sitio legislativo.

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, explicó que, además de reformar el Código de Trabajo están reformando la Ley integral del sistema de pensiones para adelantar el pago de la pensión de Navidad al 1 de octubre hasta el quinto día hábil del mes de diciembre y del beneficio adicional a los empleados públicos.

La tercera reforma, al decreto 140 de 1997, adelantará al 1 de octubre la retención del 30 % del aguinaldo de trabajadores destinado a las pensiones alimenticias y amplía hasta el 20 de diciembre el plazo para remitir dicho pago.

La cuarta reforma, según el diputado, anticipa al 1 de octubre el pago de compensaciones en efectivo a los empleados públicos, mediante una reforma a la Ley de compensación económica adicional en efectivo, que otorga compensaciones a los empleados del Estado y a los militares.

En octubre de 2025, la Asamblea Legislativa reformó el Código de Trabajo para permitir que los aguinaldos se empezaran a pagar desde el 20 de octubre de cada año.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió que les entregaran las piezas de correspondencia que sorpresivamente pidió aprobar con dispensa de trámites el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas. La diputada Marcela Villatoro, de Arena, también solicitó que se les entreguen las piezas de correspondencia que se estaban sometiendo a votación para valorar si las respaldan con su votación. «Les aseguro que la mayoría no sabe de qué se trata», afirmó. «Es bien difícil poder votar cuando leen las modificaciones de agenda como que si les va a agarrar la tarde y se quieren ir ya para la casa, a la carrera, y no explican bien de qué se trata esta modificación de agenda. ¿Y qué tiene artículo?, si es algo beneficioso para los salvadoreños, entonces, digan», pidió. Ambas diputados respaldaron las iniciativas.

Los decretos se aprobaron como «de orden público».

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa volvió a aprobar una prórroga al régimen de excepción que suspende los derechos constitucionales relacionados a la defensa, máximo periodo de detención administrativa y privacidad de telecomunicaciones requeridos por el Gobierno para capturar a remanentes de pandilleros que, afirma, persisten en El Salvador.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra; y los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se encontraban ausentes.

El gobierno argumentó la excepción de estas garantías constitucionales ha permitido la captura de “más de 93,162 terroristas” y la reducción de homicidios.

Señaló que continúan “conductas orientadas a la obtención de recursos” como “acciones vinculadas al tráfico de drogas, uno de los medios de financiamiento de las pandillas” y “persiste el intento de replicar modelos de reclutamiento de jóvenes para integrar pandillas y ocasionar delitos”, ya que “se ha intervenido” en inmuebles con “distintos alusivos a las pandillas en ciertos territorios” que no fueron detallados.

La prórroga 54ª del régimen de excepción vence el domingo 27 de septiembre, por lo que la prórroga 55ª inicia su vigencia el 28 de septiembre y concluye el 27 de octubre de 2026.

El gobierno argumentó que también han capturado a mujeres, y acusados de robo, homicidios, organizaciones terroristas y otros delitos, se han coordinado con autoridades extranjeras para capturar y deportar a personas vinculadas a estructuras delictivas, incluidas personas vinculadas a “pandillas extranjeras”.

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, aseguró que hasta el 21 de septiembre de 2026 el país “registra 227 días sin muertes violentas” en el año y 17 días sin homicidios en lo que va de septiembre.

Desde la implementación del régimen de excepción, dijo, han acumulado 1,215 días sin homicidios y desde 2019, contabilizan 1,329 días sin homicidios.

El diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, aseguró que antes se vivía en un país con una “libertad disfrazada” ya que había un cáncer de las pandillas pero que el gobierno de Nayib Bukele rompió “el bipartidismo”. Por su parte, Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), repitió que “la única receta constitucional que ha funcionado es el régimen de excepción” pero que el aumento al presupuesto de educación es un “sistema preventivo” y el diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), aseguró que lo aprobarán “las veces que sean necesarias”.

El régimen de excepción es cuestionado por las organizaciones sociales como el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), que rechazan la captura de personas inocentes bajo la medida. El Gobierno ha admitido que hay un “margen de error” aunque no detalla cuántos arrestos corresponderían a dicho margen.

Una de las madres que marcharon el pasado 15 de septiembre hacia el centro de San Salvador cargando una cruz fue Ana Gloria Avelar López, una mujer de 61 años, que dice que la Policía se llevó a su hijo el 30 de mayo de 2023 de su casa en Ciudad Real, de Santa Ana. Ella sostiene que su hijo, de 38 años, era mecánico automotriz especializado en electricidad y no tenía “nada” de tatuajes.

“Mi hijo es inocente, lo digo, levanto mi mirada, si a mí no me creen que dicen por ser madre uno los defiende, los vecinos no tienen por qué estar mintiendo”, sostiene.

“Llegaron a traerlo a la casa y el policía que llegó dijo que no era el que andaban buscando, vino y le habló al jefe, vino el jefe y le dijo: tráiganselo, de todos modos ustedes a hacer cuota van”, relató. “Hoy fue a traer la resolución, porque fue a poner la denuncia y hoy le han puesto de todo, de todo lo que han querido ponerle. Qué ironía, que dice que él tenía orden de captura y cada vez que llegaban los del cerco militar le pedían el DUI y él no salía, o sea que no estaba perfilado porque no era”, relató sobre el día del arresto de su hijo. Ella asegura que a su hijo no estaba fichado pero recientemente le dijeron que ya estaba “perfilado” incluso con una orden de captura.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) exhortó en redes sociales a los ciudadanos a inscribirse como miembros voluntarios de las más de 8,900 Juntas Receptoras de Votos (JRV) que habrá en todo el territorio nacional como las instancias encargadas de administrar la jornada electoral del 28 de febrero de 2027 y de hacer el conteo preliminar de los votos.

El TSE aclaró que el registro de ciudadanos «no garantiza la selección o nombramiento como integrante de una JRV» pero que permitirá tener disponible «una base de ciudadanos interesados».

“Queremos que las elecciones 2027 sean una verdadera fiesta electoral, en la que la ciudadanía no solamente participe ejerciendo su derecho al voto, sino que también encuentre espacios para involucrarse y contribuir al desarrollo del proceso electoral. Cada ciudadano que decide participar fortalece la construcción de una jornada electoral cercana, ordenada y participativa”, indicó el TSE.

«Vos también podés inscribirte voluntariamente como miembro de JRV si vivís en El Salvador», indica el TSE en un video distribuido en redes sociales.

Para registrarse es necesario ingresar al sitio inscripción-jrv.tse.gob.sv.

Luego se debe completar el formulario de inscripción: colocando su número de Documento Único de Identidad (DUI), sus nombres, sus apellidos, su correo electrónico, número de teléfono, departamento y distrito del centro de votación en el que desea registrarse.

Según el TSE, los miembros de las JRV seleccionados deben cumplir con requisitos legales y procedimientos de verificación, selección, capacitación y acreditación correspondientes.

Los requisitos legales son: ser salvadoreño, mayor de 18 años, saber leer y escribir, no poseer afiliación partidaria y encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos.

Las elecciones de 2027 se realizarán el 28 de febrero para elegir presidente, vicepresidente, diputados y concejos municipales. Se realizarán elecciones presidenciales debido a que la Asamblea Legislativa extendió el periodo presidencial de cinco a seis años y, para homologar los periodos, adelantó las elecciones de 2029 a 2027, para elegir el gobernante del primer sexenio 2027-2033. En esa reforma constitucional también se levantó la prohibición de reelección presidencial continua indefinida.