Autor: Yolanda Magaña

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el viernes el dictamen favorable para extender por un año, hasta el 31 de diciembre de 2026, el periodo para eximir de cobros o aranceles en el Registro de Comercio la inscripción de sociedades por acciones simplificadas conocidas como SAS.

El dictamen fue aprobado de manera unánime luego de una reunión con el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, quien en su presentación indicó que desde su implementación en 2023 hasta el 18 de noviembre de 2025, ha habido 6,065 SAS inscritas, con un capital social de $16.2 millones.

Más de 63 % sociedades son unipersonales, es decir están constituidas por una sola persona.

Un total de 256 empresas bajo esta esta modalidad SAS tienen 435 derechos de propiedad intelectual inscritos y 230 inmuebles registrados en el CNR ya tienen como titulares SAS, según Trigueros.

El trámite para constituir una SAS puede realizarse a través de CreaEmpresa.gob.sv con un capital social mínimo de $1. Se eliminó la solvencia municipal para facilitar la constitución de estas empresas y en general de sociedades anónimas.

El CNR proyecta que sumarán 7,700 inscripciones de comerciantes en todo 2025, de los cuales 986 serían comerciantes individuales, 2,526 jurídicos, y 3,897 serían SAS. Esta cifra superaría los 6,042 comerciantes inscritos en 2024 y los 4,460 de 2023.

En su presentación, el funcionario indicó que en el quinquenio 2004-2009 se inscribieron 11,224 comerciantes inscritos, en el quinquenio 2009-2014, 11,639 inscritos; en el periodo 2014-2019, un total de 13,688 inscritos; y aumentó a 19,094 inscritos en el quinquenio 2019-2024, de las cuales 572 fueron SAS.

A partir del quinquenio que inició en 2024, contabiliza 11,196 comerciantes inscritos de los cuales 5,482 son SAS.

En la solicitud del Ministerio de Economía, argumenta que busca facilitar la formalización de los comerciantes a través de la constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) que desde 2023 pueden inscribirse con un único accionista, persona natural, a diferencia de las sociedades anónimas.

La procuradora adjunta para la defensa de los derechos humanos, Mireya Tobar Navarrete, anunció a los diputados que la procuradora, Raquel de Guevara, ha dado instrucciones para “deshacerse” de un edificio de la institución debido al recorte presupuestario que enfrenta hacia el año 2026.

“Hoy la procuradora dio instrucciones al secretario general para tomar medidas sobre un edificio en el cual la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se va a deshacer para irnos acomodando por el recorte presupuestario, el cual nos va a impactar”, anunció.

La funcionaria, quien asistió en lugar de la titular de la institución, advirtió que tendrán una “reducción bastante significativa” en el presupuesto.

“El presupuesto de este año, que correspondía de $10,765,707 tiene una disminución de $1,926,951, que impacta en un 18 % de disminución, quedando un monto presupuestario para 2026, de $8,838,756”, observó a los diputados.

Sin embargo, mencionó que la procuradora ha tenido la iniciativa de “contar con un edificio propio”. “Ese es parte de los sueños”, dijo. Los legisladores no hicieron preguntas ni comentarios.

Recortarán un 10 % del presupuesto equivalentes a $393,856 al área de monitoreo y protección de derechos humanos y recortarán un 12 % equivalentes a $60,170 a educación, promoción e investigación de derechos humanos. Disminuirán las remuneraciones en un 20 % y los bienes y servicios en un 12 %.

El papel de la PDDH ha sido cuestionado por organizaciones no gubernamentales debido a su pasividad ante denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción. Organizaciones como Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario (SJH) reportan más de 6,500 denuncias, en su mayoría de capturas arbitrarias.

La Procuraduría General de la República (PGR) proyecta que al final del año sumarán un total de 518,182 servicios de la Unidad de Defensa Pública Penal a privados de libertad, dijo el procurador general, René Escobar, en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

El funcionario presentó un presupuesto de $35.9 millones, de los cuales $24.4 millones se dirigen a remuneraciones.

“Hemos garantizado la defensa pública penal a todas las personas privadas de libertad, hemos brindado la atención a los familiares de estas personas para poder garantizar la defensa técnica y obviamente las garantías constitucionales”, indicó a los diputados.

La defensa pública penal que ejerce esta institución estatal alcanzó las 627,650 atenciones en 2022, cuando inició régimen de excepción que acumula casi 90,000 personas capturadas señaladas de ser pandilleros desde el 27 de marzo de 2022.

En 2023, las atenciones disminuyeron a 587,974; y en 2024 cayeron a 470,622. Sin embargo, en agosto, van 468,237, y se prevé un aumento a 518,182 al final del año.

Los servicios de defensa penal han disminuido en un 25 % en el año 2024 respecto a 2022, el año del inicio del régimen de excepción. De enero a agosto de 2025, se registran 468,237.

El funcionario aseguró que la PGR que, si una persona es culpable, no se valdrán de tecnicismos para que estos salgan en libertad, y negó que sean «juez y parte».

Según el procurador, la institución también ha logrado sustituir la detención de más de 4,700 personas pero señaló que esto no significa que estas personas sean inocentes.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa está recibiendo a diferentes funcionarios para que expliquen sus acciones realizadas durante 2025 y sus proyectos de presupuestos para el año 2026. Para el próximo viernes, recibirán a los titulares de Cultura, Corte de Cuentas de la República y Órgano Judicial.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, anunció este viernes a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa que realizarán un “Estudio de factibilidad de zonas francas en el oriente del país”, ya que ven en esta región “una gran oportunidad para el establecimiento de empresas de manufactura, parques logísticos” y centros de almacenamiento.

El objetivo del estudio según la funcionaria es “dotar de información a las empresas interesadas” en invertir en el oriente de El Salvador.

Mencionó esto se une a la mejora del puesto fronterizo integrado en El Amatillo, una reactivación del Puerto de La Unión –que fue entregado en concesión a la empresa turca Yilport junto al Aeropuerto de Comalapa por 50 años– y la construcción del Aeropuerto del Pacífico financiada con préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y de España que aportan $320 millones y $17 millones para una cúpula envolvente de una terminal.

En abril pasado, el Minec aseguró que hay cuatro zonas francas en proceso de establecerse en el país pero no dio detalles de dónde se ubicarán las cuatro zonas francas.

La funcionaria presentó a la Comisión de Hacienda un presupuesto de $64.5 millones para el Ministerio de Economía en el año 2026; un 65 % del presupuesto lo ocuparán sus instituciones adscritas, un 21 % irá a la inversión y un 14 %. La funcionaria no explicó por qué el Ministerio de Economía presenta la ejecución presupuestaria más baja de las instituciones del Gobierno Central. A septiembre, ha ejecutado el 32.6 % de su presupuesto asignado para 2025, según el informe del Ministerio de Hacienda.

También mencionó a los diputados que en 2024 se establecieron 5,361 nuevas empresas, “un 65 % con respecto al 2023”. “Esta meta esperamos sea superada significativamente para el año 2025”, proyectó.

En su presentación, Economía también reportó que las exportaciones de bienes y servicios bajaron de $8,057 millones a $6,117 millones de 2019 a 2020, pero aumentaron a $8,351 millones en 2021, a $10,164 millones en 2022, $10,629 millones en 2023 y a $11,586 millones en 2024. “Un crecimiento de un 9 % de 2019 a 2024”, dijo.

La funcionaria destacó que en El Salvador las empresas “se están estableciendo en todo el territorio”. Mencionó que hay interés de inversión de una empresa alemana y otra de Estados Unidos especializada en autopartes, también empresas coreanas y españolas.

“Inversión extranjera directa, hemos llegado a 2024 a $11,390 millones; en el primer semestre de este año, se ha experimentado un incremento de 118 % en nuestra inversión extranjera directa, así que esa tendencia positiva que hemos en 2024 también la hemos visto en 2025, esperando cerrar el año 2025 con muy buenas noticias en cuanto a crecimiento económico”, exportaciones y remesas, indicó.

Así mismo, reportó que 77 empresas se han amparado al régimen de la «Ley de fomento a la innovación y manufactura de tecnologías» que exonera el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) desde junio de 2023.

El Ministerio de Hacienda reveló en su más reciente informe de ejecución que, hasta el 16 de octubre, las instituciones del Gobierno Central han ejecutado un 72.8 % del presupuesto votado y un 68.7 % del presupuesto modificado para el año 2025.

Si el presupuesto se analiza por tipo de gasto, se ejecuta más rápidamente el dinero destinado al gasto corriente o funcionamiento del Estado que los gastos de capital: mientras los gastos en remuneraciones se ejecutaron en 77.6 %, la inversión en activos fijos lleva una ejecución del 18.4 % y la inversión en capital humano, del 26 %.

En la inversión, destacan las transferencias de capital, que son transferencias para financiamiento de obras municipales y programas contra la pobreza, la violencia y por el desarrollo económico y presupuesto escolar.

El Gobierno Central aprobó un presupuesto de $9,663 millones, lo modificó a $10,239.5 millones, aumentando $576.5 millones, de los cuales ha comprometido $7,838.5 millones, un 76.5 %, y ha devengado $7,036.1 millones, un 68.1 % del presupuesto aumentado.

Según el informe mensual de ejecución, el 98.86 % del monto ejecutado proviene del Fondo General, 3.1 % de préstamos externos y 0.4 % de donaciones.

Mayor y menor ejecución: instituciones

Al mes de septiembre, las instituciones con ejecución superior al 70 % son el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ejecutó el 79.1 % del presupuesto modificado; Defensa, un 77.4 %; Trabajo, un 73.1 %; Medio Ambiente, un 70.6 %; y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), un 72.1 %.

Por el contrario, las entidades estatales con menor ejecución son el Ministerio de Economía, que tiene una ejecución de apenas el 32.6 %; Obras Públicas, que presenta una ejecución del 35 %; el Ministerio de Vivienda, con una ejecución del 40.1 %; y el Ministerio de Desarrollo Local, con una ejecución del 43.6 %.

El Ramo de Obras Públicas ejecutó $338.5 millones, de los cuales $48.4 millones se destinaron a inversión, que incluye la ampliación del tramo Los Chorros de la carretera Panamericana, construcción y mejoras de escuelas y construcción del puente General Manuel José Arce; también, $248.2 millones fueron transferidos a instituciones adscritas y $41.9 millones fueron para gestión institucional.

En las áreas sociales como Educación y Salud, las ejecuciones presupuestarias son de 63 % y 65.2 % respectivamente. Seguridad Pública tiene una ejecución de 64.8 %.

Obligaciones generales del Estado

Según el Ministerio de Hacienda, entre transferencias varias, obligaciones generales del Estado y deuda pública, el gobierno ya usó el 89 % de la asignación: transferencia a la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), subsidio al consumo de energía eléctrica residencial, subsidio al gas licuado de petróleo, pago de intereses y amortización por el servicio de la deuda interna y externa.

 

La organización no gubernamental Acción Ciudadana (AC) indicó que el diseño de sistema electoral en El Salvador luego de las recientes reformas constitucionales podría ayudar a consolidar un “sistema de partido único”, así lo establece el informe de “Estado de la integridad electoral en El Salvador” del periodo junio a septiembre de 2025, publicado el jueves.

La oenegé emite informes basados en un análisis que realiza a 18 indicadores sobre la integridad electoral. El informe presentado el jueves evaluó hechos de junio a septiembre de 2025.

En la presentación, la AC indicó que con las más recientes reformas las elecciones “han perdido su capacidad de balancear el poder y permitir la alternancia”.

“La reforma constitucional que reduce el periodo presidencial para realizar elecciones generales en 2027, permitiendo que la elección presidencial influya en la legislativa y municipal, y que admite la reelección indefinida, están a tono con patrones ya conocidos en contextos autoritarios, lo que podría consolidar el sistema de partido único, perpetuándolo en el poder”, indica el informe.

El Salvador reformó la Constitución el 31 de julio de 2025 para permitir la reelección presidencial indefinida y también adelantó las elecciones presidenciales de 2029 a 2027 para que los comicios y periodos presidenciales, de seis años, puedan coincidir con los periodos de los diputados y alcaldes, de tres años. En El Salvador, la reelección en periodo continuo estaba prohibida por la Constitución pero la Sala de lo Constitucional la habilitó “por una sola vez” el 3 de septiembre de 2021.

El presidente Nayib Bukele defendió la reforma constitucional asegurando que el 90 % de los países desarrollados permiten la reelección indefinida y “nadie se inmuta”, pero que si un país pequeño lo hace “se convierte en el fin de la democracia”.

Distorsiones

Según la AC, las reformas electorales de 2023 seguirán generando distorsiones en los procesos electorales.

En el voto desde el extranjero, la AC señala que “el envío de los votos a la circunscripción San Salvador de los no domiciliados en el país” produce una distorsión, ya que “se infla de manera artificial la circunscripción de San Salvador”. Ello lo asegura porque según el Código Electoral los votos de las personas residentes en el exterior que tengan el DUI con domicilio en en el extranjero se asignan al departamento de San Salvador en la elección de diputados de la Asamblea Legislativa. Se asignan al departamento solo si su DUI tiene una dirección o domicilio de El Salvador.

También, advirtió que para definir la cantidad de diputados por departamento aún no se ha tomado en cuenta el censo poblacional de 2024, lo que dejaría a algunas circunscripciones con un escaño adicional respecto a su tamaño actual, como Santa Ana y La Libertad; y otras perderían un escaño, como San Miguel y Usulután.

Desconfianza en TSE y registro electoral

El informe también indica que hay “dudas razonables sobre la independencia e imparcialidad de la autoridad electoral en la organización de las próximas elecciones”, ya que “la presidenta del TSE fue precandidata de Nuevas Ideas y es funcionaria de confianza del oficialismo”.

A ello, el estudio agrega la negativa del TSE a recibir la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), incertidumbre en el presupuesto para las elecciones de 2027 y falta de transparencia en el registro electoral cuya actualización no ha sido publicada durante la gestión actual del TSE. Esto, según la AC, disminuye la certeza si “votan solo los habilitados”.

La AC también menciona “acoso y persecución a representantes de partidos políticos”, que hay partidos que no informan de sus donantes, que la eliminación del financiamiento público deja en desventaja a partidos de oposición y que existen “serias deficiencias” en el Portal de Transparencia del TSE y “opacidad” en la entrega de información solicitada al mismo.

Las diferencias por las iniciativas religiosas de repartición de alimentos a personas indigentes en el Centro Histórico de San Salvador continuó este jueves luego de que el pastor evangélico y abogado Jaime Ortega publicara un video en TikTok en el cual dice que no pueden predicar ni dar comida en la Plaza Libertad, en el Centro Histórico de San Salvador.

«Acabo de venir de repartir pan y la palabra de Dios en el centro de San Salvador y resulta que sí hay restricciones, no se puede predicar ya en el parque Libertad, esto está más que claro, nos dijeron esto los señores del CAM», indicó.

Solo pueden hacerlo, explicó, sobre la Avenida España y sobre la 6a. Calle Poniente. «No nos quieren ver repartiendo comida ni la palabra en el parque Libertad», expresó.

El líder religioso le hizo un llamado al alcalde. «Prohibir el repartir los alimentos a la gente más necesitada, que no tiene un techo, que le ha ido mal en la vida no está bien desde ningún punto de vista, sería bueno que esto no lo prohíban», sugirió.

En el video el pastor dice que «no se puede entregar comida a las personas en situación de calle», luego él mismo admite que sí pudo entregar la comida a solo unos pasos de la Plaza, ya que lo que estamos haciendo es ordenar como lo hemos hecho en todo el Centro Histórico.… https://t.co/78yJtpYQ8N

— Mario Durán (@marioduran) November 20, 2025

 

@jaimerami26♬ Gran Señor – Felsy Jones

 

En respuesta a su mensaje, el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, aseguró que el pastor «admite que sí pudo entregar la comida a solo unos pasos de la Plaza».

«Lo que estamos haciendo es ordenar como lo hemos hecho en todo el Centro Histórico», agregó, a modo de explicación.

El funcionario invitó al pastor y a instituciones, personas e iglesias a llegar a los tres albergues municipales y que se unan a las más de 15 organizaciones en donde ayudan «a más de 250 personas diariamente» que están en situación de calle.

Pastor dice CAM les prohibió repartir comida o predicar en parque Libertad, alcalde los invita a ayudar en albergues

Alcalde de San Salvador respondió a un nuevo reclamo de otro pastor evangélico que también realiza actividades de distribución de alimentos a personas indigentes en el Centro Histórico.

Las diferencias surgieron por la publicación de un mensaje del pastor Kevin Rodríguez, quien en TikTok dijo que agentes del CAM les prohibieron darle comida a las personas que duermen en los portales de la Plaza Libertad «solamente porque no se mira muy bien». El religioso dijo que lograron repartir los alimentos en la Plaza Zurita pero muchos no pudieron trasladarse hasta ahí para recibir los alimentos.

El pastor Kevin Rodríguez tiene 34,200 seguidores en TikTok.

En respuesta al pastor Kevin Rodríguez, el alcalde Mario Durán informó el 17 de noviembre que estaban investigando el caso para tomar cartas en el asunto. También anunció la construcción de un albergue integral con una inversión de más de $500,000.

@kevinrdriguezz Nos prohibieron darle comida y abrigo a la gente que vive en las calles ????‍???? #centrohistorico ♬ sonido original – Kevin Rdriguez

En representación del presidente Nayib Bukele, el vicepresidente Félix Ulloa recibirá desde este jueves las cartas credenciales de 12 nuevos embajadores concurrentes, entre estos los representantes de Polonia, Suiza, Paraguay y Tailandia.

Este jueves, Ulloa se reunió con la embajadora de Polonia, Jolanta Janek, conversó sobre «la reactivación del diálogo mediante la II Reunión de Consultas Políticas», oportunidades de cooperación y comercio en turismo, tecnología, cine, cultura y diversificación energética.

El funcionario también conversó con la embajadora de la Confederación Suiza, Riccarda Torriani, sobre la seguridad en El Salvador, «la seguridad jurídica que impulsa el Gobierno para atraer nuevas inversiones», la apuesta «por la economía digital».

En la reunión con el embajador de Paraguay, Julio César Duarte Van Humbeck, conversaron sobre cómo avanzar a la suscripción del acuerdo comercial con el Mercosur, «para posicionar a El Salvador como un puente comercial entre Centroamérica y Sudamérica», cooperación en seguridad, formación de la fuerza naval y sobre la capacitación a más de 14,000 funcionarios públicos.

Con la embajadora de Tailandia, Vimolbajra Ruksakiati, conversaron sobre la amplia trayectoria turística de Bangkok y la seguridad en El Salvador.

Ulloa expresó a los diplomáticos voluntad de fortalecer la cooperación, robustecer las relaciones multilaterales y avanzar en proyectos.

Posteriormente, el vicegobernante recibirá las cartas credenciales de otros embajadores, sumando 12 en total.