La líder sindical Sonia Viñerta, representante del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), no duda que la reforma de pensiones ha sido programada para 2027 por razones electorales.
«Las medidas con esas paramétricas que afectan a la clase trabajadora va a resultar una medida impopular porque la gente no quiere trabajar más porque hay mucha gente que tiene otro tipo de aspiraciones, derecho al descanso, por ejemplo. Nosotros no esperamos precisamente nada favorable por toda la trayectoria que hemos visto», dijo respecto a la reforma.
El Fondo Monetario Internacional informó el 3 de septiembre, como uno de los compromisos alcanzados con el gobierno de El Salvador que se buscará una reforma paramétrica «en línea con las recomendaciones del FMI el próximo año (2027)» pero también revela que se trabaja en el «reconocimiento de las obligaciones derivadas del vencimiento del período de gracia de los pagos de intereses adeudados a los fondos de pensiones privados». Las reformas paramétricas son las que modifican, por ejemplo, edad de jubilación y tasa de cotización; y las obligaciones que debe reconocer el Estado se refieren al periodo de gracia de cuatro años que acordaron las AFP para que el Estado dejara de pagar capital durante ese periodo capital e intereses de la deuda estatal con los ahorros de los cotizantes.
Según Viñerta la reforma de pensiones acordada con el FMI en El Salvador se ha trasladado para el año 2027 por la «incapacidad gubernamental para hacer una propuesta viable» y la «intención de beneficiar a otros sectores» como las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones)» y una razón electoral. «Creemos también que se ha trasladado porque le va a resultar impopular y le puede generar una desaprobación por el tema electoral, por el tema de las elecciones próximas», agregó.
«Y lamentamos como movimiento el silencio y la complicidad del FMI, pero no nos debe de extrañar porque Estados Unidos es el mayor inversor en la junta directiva, ahí se juegan intereses de tipo geopolítico también», expresó la líder sindical.
«Al final lo que estamos viendo es que la gente está perdiendo su capacidad previsional y la gente está perdiendo porque va a tener que trabajar más años y esto se junta con la reforma. Nos da temor y sospecha que salgan diciendo que como fue tan exitosa ampliar a 11 horas entonces se va a aplicar en todo el Estado. Esto casa perfectamente con esas paramétricas».
Por su parte, Sonia Urrutia, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), tampoco duda que la reforma de pensiones será «desfavorable» y por ello se ha pospuesto para 2027. «Acuérdese que se acercan las elecciones y no conviene para el Ejecutivo en este momento. Va a afectar negativamente a la clase trabajadora». «El gobierno debe buscar una manera de cómo no afectar a los trabajadores, los más golpeados van a ser la clase trabajadora», prevé.
El acuerdo inicial del Gobierno con el FMI era difundir una propuesta 10 de febrero de 2026 para implementarla el mismo año según el reporte publicado en julio de 2025 por el organismo financiero.
De acuerdo con el memorándum de políticas del Gobierno salvadoreño, firmado por el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, el 11 de junio de 2025, dirigido como anexo dentro de una carta a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, el gobierno se comprometió a lograr «una viabilidad financiera» y un «sistema sostenible» de pensiones.
«En materia de pensiones, nos comprometemos a fortalecer la viabilidad financiera del sistema de pensiones… También estamos trabajando, con el apoyo de la asistencia técnica del FMI, para preparar y publicar una propuesta de reforma (10 de febrero de 2026, SB) que podría entrar en vigor a mediados de 2026 para fortalecer la sostenibilidad del sistema y comenzar a generar ahorros fiscales», dice el memorándum de políticas económicas y fiscales de junio de 2025.
Los directores del FMI ven la reforma de pensiones como una forma para «apuntalar el ajuste fiscal a mediano plazo», sin embargo, también condiciona al Gobierno a reconocer los intereses y el capital que ha dejado de pagar por cuatro años de gracia que logró acordar con las AFP. El estudio actuarial concluyó un déficit previsional del 59 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024-2070, que la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) se agotará en 2029 y que las cuentas individuales de la mayoría de los jubilados de 2024 se agotarán en los próximos dos años.
