Autor: Yolanda Magaña

La Asamblea Legislativa aprobará este martes la incorporación de $150 millones de dos préstamos para el fortalecimiento de salud y educación a la partida de “obligaciones generales del Estado” del Ministerio de Hacienda, que podrá utilizarlos, o bien para prioridades del Gobierno o bien para pagar obligaciones o apoyos a la caja fiscal según el dictamen aprobado.

El director de Inversión, Marlon Herrera, confirmó ayer que los $150 millones se destinarán a obligaciones generales del Estado del Ministerio de Hacienda y explicó que estos fondos se dan “en reconocimiento a acciones ya implementadas” por el Gobierno.

El dictamen favorable, leído y aprobado de manera unánime este lunes en la Comisión de Hacienda, citó el artículo 2 de los decretos de los préstamos estableció que dichos recursos “podrán utilizarse para atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal”.

“Por lo que a efecto de darle cobertura presupuestaria de forma oportuna a aquellas obligaciones del Estado, es necesario viabilizar la incorporación de recursos en el presupuesto vigente del ramo de Hacienda hasta por $150 millones”, indica el dictamen según la lectura del dictamen que sería aprobado hoy en sesión plenaria del Congreso.

En la presentación de los proyectos de presupuestos de 2025 y 2026, el Gobierno prometió que no usará recursos de deuda para el gasto corriente del Estado, es decir, remuneraciones, compra de bienes y servicios, subsidios, entre otros, sino solo para inversión, por ejemplo, proyectos de infraestructura.

Herrera argumentó que ambos préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) se otorgaron “en reconocimiento por parte de dicho banco de acciones de política, programas y estrategias que han desarrollado ambos ministerios” de Salud y Educación.

El funcionario confirmó que los fondos serán desembolsados dentro de la unidad presupuestaria de «Obligaciones generales del Estado», algo que también lo establece el proyecto de decreto de reforma presupuestaria. “Se incrementa el rubro endeudamiento público, contratación de empréstitos externos… Y en el apartado tres, gastos en la parte correspondiente al ramo de Hacienda, se refuerzan las asignaciones a las diferentes líneas de trabajo, unidad presupuestaria 3 Obligaciones Generales del Estado hasta por el monto de $150 millones”, expresó Herrera.

«Obligaciones generales del Estado» en el presupuesto del Ministerio de Hacienda es una partida compuesta por 12 “líneas presupuestarias”. Las 12 líneas son: clases pasivas, aportes al régimen de salud del Seguro Social, contribuciones a organismos internacionales, devolución de ingresos de años anteriores, devolución de IVA a exportadores, financiamiento a operaciones de reporto del Banco Central de Reserva, seguro de vida de empleados públicos, devolución de Impuesto sobre la Renta, financiamiento de pensiones de militares (IPSFA) y financiamiento de compensación de gastos al Banco Central de Reserva. Hacienda no ha especificado a qué líneas se orientarán los fondos.

Los préstamos se llaman “Programa sectorial de apoyo al fortalecimiento integral de la educación en El Salvador” y “Programa sectorial de apoyo a la gestión integral para una salud de calidad en El Salvador”, fueron autorizados el 10 y 19 de junio de 2025 y ratificados el 19 de junio y 16 de julio de 2025.

La Asamblea Legislativa votará este martes, en sesión plenaria, por cuatro decretos crediticios, dos para la segunda fase del programa Surf City en La Libertad, una garantía crediticia para construir una cúpula de 21 metros en el Aeropuerto del Pacífico y un préstamo para construir dos mercados. También autorizarán $344 millones en títulos valores para prioridades u obligaciones del Estado, deudas que suman $666.1 millones.

La deuda nueva avalada suma $521 millones: $170 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción de los mercados de Santa Tecla y del Puerto La Libertad y los $344 millones en títulos para prioridades del Gobierno, pagar deudas o reforzar la caja fiscal. Los préstamos por $135 millones para más obras en el Puerto de La Libertad, conocido como Surf City, ya están autorizados y hoy se someterán a ratificación.

En su reunión del lunes, los diputados también aprobaron la incorporación de $161.4 millones de deudas en el presupuesto: $11 millones irán a la contratación de personal y compra de equipo para el programa de Telemedicina, los $150 millones de préstamos que podrían usarse en prioridades, obligaciones, transferencias y apoyos a la caja fiscal, y $344,917 para un sistema de alcantarillado y planta de tratamiento en La Libertad.

La emisión de títulos por $344 millones cuya autorización sería aprobada este martes, en sesión de la Asamblea Legislativa, podría destinarse para necesidades de este o el próximo año, confirmó el Ministerio de Hacienda.

Según el decreto por aprobarse, los fondos que el Gobierno obtenga de la colocación de esos títulos, podrán ser utilizados para «prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones o cubrir necesidades prioritarias” “ya sea en el presente año o en el próximo ejercicio fiscal”.

El director de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, explicó que «solicita la autorización» para que gestione la obtención de recursos por esa cantidad basándose en el artículo 148 de la Constitución, que da competencia «al Órgano Legislativo facultar al Órgano Ejecutivo para que realice la emisión o contratación de operación de crédito público».

Según Hacienda, en la operación podrían realizar operaciones de manejo de pasivos (deudas) para mejorar el perfil de la deuda pública, si las condiciones del mercado lo permiten.

«El monto que se solicita es hasta por $344 millones y estos fondos que se obtengan permitirán cubrir, disponer de asignaciones que permitan atender prioridades estratégicas dentro del Gobierno, obligaciones o cubrir necesidades prioritarias en cualquiera áreas en las cuales el Gobierno esté interviniendo», indicó ayer en la Comisión de Hacienda, «ya sea, social, ambiental, económicas, ya sea en el presente año o en el próximo ejercicio fiscal».

Durante el presente año, esta sería la segunda emisión de títulos valores avalada por la Asamblea Legislativa. La primera fueron $580 millones colocados por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica el Río Lempa (CEL), que se autorizó el 3 de julio y se aprobó la garantía soberana para la emisión y colocación de los títulos, el 10 de julio, fondos que fueron distribuidos así según el decreto: $500 millones para la consolidación de deuda contraída por la CEL; y $80 millones para la constitución del Fondo de Mitigación del Sector de Energía.

El director de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, aseguró ayer que la inversión que se haría con dos nuevos préstamos por $135 millones que se ratificarían este martes en la Asamblea Legislativa “motivaría la incorporación de nuevos negocios en áreas de restaurantes así como posiblemente infraestructura hotelera”.

Uno de los créditos asciende a $70 millones del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y otro del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es de $65 millones. El Estado salvadoreño debe pagar ambos en un plazo de 20 años y debe ocupar dichos fondos en realizar más obras en la zona llamada “Surf City”, es decir, la infraestructura que se dirigen y rodean las playas ubicadas en el Puerto de La Libertad.

Herrera explicó a diputados de la Comisión de Hacienda que el objetivo de ambos créditos es mejorar las condiciones de la infraestructura vial y mejorar las condiciones de salubridad El Majahual, San Blas, El Cocal, Conchalío, San Diego y Cangrejera, a través de sistemas de tratamiento de aguas residuales, «reduciendo la contaminación de ríos, quebradas y playas».

El Fondo OPEP no detalla en su sitio web el destino del programa Surf City fase II que está financiando por $70 millones.

En el sitio del BCIE, se detalla que el costo total del proyecto asciende a $135 millones y será ejcutado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).

¿Qué obras harían con ambos créditos?

• Ampliación de la carretera CA-2 de dos a cuatro carriles en un tramo de 8.2 kilómetros, desde la residencial Xanadú hasta El Zonte.
• Construcción de aceras, miradores, ciclovías.
• Construcción de puentes sobre el río Huiza, en el cantón Melara, El Palmar y El Zonte.
• Mejoras en el sistema de alcantarillado y sanitario.
• Tratamiento de aguas residuales en las playas El Majahual, San Blas, El Cocal, Conchalío, San Diego y Cangrejera.
• Construcción de sistema de alcantarillado y sanitario.
• Tratamiento de aguas residuales en San Diego, Cangrejera, y caseríos Melara, Santacruz y San Alfredo.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un total de nueve dictámenes, cinco de los cuales autorizan o ratifican deuda o su garantía, por un total de $666.1 millones; y cuatro reforman el presupuesto de 2025 por más de $161 millones.

Del total, autorizaron la suscripción de un nuevo crédito por $170 millones para la construcción de los mercados de Santa Tecla y del Puerto La Libertad; y autorizaron la emisión de títulos valores por hasta $344 millones, que puede ser usado para prioridades del Gobierno, pagar deudas o incluso para reforzar la caja fiscal.

Además, los diputados dictaminaron la ratificación de dos préstamos para más obras viales y de infraestructura en el Puerto de La Libertad, conocido como Surf City; y la garantía para un crédito de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) que servirá para construir una cúpula en el Aeropuerto del Pacífico de La Unión.

Los diputados también reformaron la Ley del presupuesto 2025, para incorporar $161.4 millones de préstamos, para seguir con el programa de Telemedicina, $150 millones que también puede ser utilizados para “prioridades”, “obligaciones”, “transferencias” y “apoyos a la caja fiscal”; y $344,917 para un sistema de alcantarillado y planta de tratamiento.

En total fueron nueve dictámenes aprobados en la reunión.

Solo uno de los dictámenes aprobados no está relacionado con deuda, sino con fondos de las contribuciones del sector privado al Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF).

Parte de los fondos del INCAF van para la Dirección de Integración del Ministerio de Gobernación y, por tanto, se incorporarán $1.7 millones para la alimentación en las visitas que realiza esta institución pública a las diferentes colonias o comunidades del país.

El secretario general del FMLN, Manuel “El chino” Flores, opinó este lunes que la muerte de la mujer frente al Palacio Nacional en el Centro Histórico de San Salvador la tarde del jueves 6 de noviembre de 2025 fue “un asesinato”, ante la versión oficial del hecho sostenida por la Policía Nacional Civil (PNC) de que fue un hecho accidental.

“No fue un accidente”, dijo el dirigente de izquierda.

“La manipulación de la prueba, no hubo prueba científica ni peritaje. Si ha sido un asesinato con una bala. El arma debe estar para arriba o para abajo, no apuntándole al pueblo… Disparó de una arma cargada. Los miembros del Ejército deben andar el arma cargada cuando hay guerra, eso dice la ley. No es el tema de cuántos militares, policías o del CAM hay”, consideró.

Según Flores, el hecho puede ser catalogado como asesinato porque un militar no puede andar el arma «cargada».

“Ahí quisieron ponerle cualquier tipo de cosas, no, fue un asesinato, ¿a quién se le ocurre andar con un arma cargada?, hay una ley que dice que no se puede armada porque no estamos en guerra”, indicó el líder del partido de izquierda. Flores recordó el resultado de la privación de libertad y violación contra una joven en el cantón Mizata, Teotepeque, en septiembre de 2023 por el cual se capturaron y se procesaron a un grupo de militares.

Sobre el hecho ocurrido en el Centro Histórico, el dirigente del FMLN criticó la captura de una mujer como sospechosa del crimen y aseveró que “se borró evidencia” en el lugar.

“¿Ya pidieron disculpas públicas? Con una gran vergüenza sale la señora inocente y la presentan ante las cámaras. Ahí anduvieron buscando culpar a cualquiera. Pero cuando la población exigió, presentan a un soldado. Y no es un soldado cualquiera, porque según lo que uno lee en las redes es un experto”, criticó, sobre la presentación del soldado que será acusado del delito de homicidio culposo.

Según el dirigente, los militares no deberían estar a cargo de la seguridad pública. La función de seguridad pública a los militares fue otorgada mediante decretos ejecutivos desde el gobierno del FMLN en la administración de Mauricio Funes. El más reciente decreto vence el 31 de diciembre de 2025.

La muerte de la mujer fue informada en X a las 2:24 p.m. por la Policía Nacional Civil (PNC) y a las 11:30 p.m., nueve horas después, informó que capturó a Derman Fernando Jorge Benítez, ya que él “accionó accidentalmente su arma de fuego, impactando a la víctima y ocasionándole la muerte de manera inmediata”. La Fuerza Armada de El Salvador anunció una compensación de $200,000 a la familia de la víctima.

Según el Código Penal, el homicidio simple se comete cuando “se mata” a otra persona.

Según la Real Academia de la Lengua, un homicidio es una muerte causada a una persona por otra; un asesinato es matar a alguien “con alevosía, ensañamiento o por una recompensa”, mientras un crimen puede ser “un delito grave”, “acción indebida o reprensible” o una “acción voluntaria de matar o herir gravemente a alguien”.

Un total de 40 reformas aprobadas desde enero hasta el 5 de noviembre pasado por la Asamblea Legislativa han agregado un total de $1,051.1 millones de nuevos recursos a la Ley de presupuesto general del Estado 2025.

Una revisión de los 40 decretos legislativos realizada permite ver que un total de $578.6 millones incorporados provienen de préstamos, cinco de los cuales fueron aprobados en 2025, y $80 millones provino de títulos valores emitidos por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

Un total de 13 decretos de reforma presupuestaria inyectaron $348.8 millones al presupuesto estableciendo que los fondos “serán tomados de las asignaciones disponibles del presupuesto vigente del Ramo de Hacienda, con cargo al Fondo General”.

De esta manera fueron incorporados $113.2 millones para 13 instituciones el 7 de octubre, $1.3 millones para la Dirección de Mercados Nacionales, $10 millones para el sistema penitenciario, $15 millones para la Presidencia de la República, $13 millones para digitalización y manufactura tecnológica, $20 millones para agromercados, $2.3 millones para la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), $1.1 millones para el Consejo Nacional de las Especialidades Médicas (Conadem), $53.9 millones para seis ministerios y la Presidencia, $43 millones para paquetes agrícolas, agromercados y derechos de vía, $12 millones para la Agencia de Ciberseguridad del Estado, $24 millones para seguridad hídrica y $40 millones para centros educativos y agromercados.

Otros cinco decretos, cuya reforma sumó $38.7 millones, establecen que los fondos provienen de recursos propios.

De los préstamos incorporados, $250 millones se dirigen a sostenibilidad fiscal y el resto para apoyo a jóvenes, Surf City I, atención de salud, infraestructura de datos, agua, sistema penitenciario, emergencias, transporte, aeropuerto, salud inteligente, cable submarino y modernización del sistema educativo.

Consultado al respecto, un economista salvadoreño aseguró que la norma debería identificar claramente la fuente y el destino de los recursos pero que el término de “asignaciones” se refiere “por el lado del gasto”.

“Como son asignaciones, debería ser por el lado del gasto, al decir disponibles, uno incluiría que fueron asignaciones que se hicieron y no se ejecutaron o no se ejecutaron en la cuantía que se requería”, sostuvo.

Sin embargo, no lo dice claramente. “Hubo una sentencia en 2020 que se pedía que fuera lo más preciso posible pero sí a nivel de dos o tres dígitos cuál sería la fuente y el destino posible”, recordó.