Víctimas del fraude ocurrido en la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de Responsabilidad Limitada (Cosavi de R. L.) pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que declare al Estado de El Salvador responsable de la violación de garantías judiciales y de protección judicial, establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El abogado de los afectados, Henry Fino, ve responsabilidad directa del fiscal general de la República ya que «por ley tiene que proteger a la víctima» pero «les ha negado información, no ha sido eficiente y eficaz», y de los jueces y magistrados que han rechazado demandas de afectados
«El Estado nos negó la justicia, a dos años y medio este gobierno nos ha dado la espalda», dijo el directivo de los afectados, Juan José Ortiz, quien añadió que tampoco la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (Insafocoop) les han garantizado protección.
Fino relató que los afectados presentaron 104 demandas ante juzgados de lo civil por la falta de pago, algunas de las cuales fueron declaradas improponibles y otras inadmisibles argumentando que los certificados de aportación «no eran instrumentos ejecutivos que se pudieran cobrar». En otros casos, agregó, los jueces pidieron la escritura de constitución de la cooperativa cuando esta no se constituye por escritura.
Sin embargo, «hubo un juez que admitió la demanda justo antes de salir a las vacaciones de diciembre» pero señaló que «sorprendentemente el primer día hábil después de las vacaciones, revoca la admisión».
Posteriormente, argumentan, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia concluyó que la causa no era justiciable. «Teniendo el derecho, la institucionalidad negó a las víctimas el debido proceso», concluyó.
«Hay sentimientos encontrados, hay tristeza, creo que ningún salvadoreño quiere exponer al país en la palestra internacional por cosas negativas pero también hay esperanza. El 8 de septiembre no va a ser recordado no solo por lo del helicóptero sino como el día en que el Estado nos dio la espalda». Juan José Ortiz, directivo de afectados de Cosavi.
Los afectados pidieron, además de la condena al Estado de El Salvador, solicitaron a la CIDH que «se repare el daño» por la falta de administración de justicia y como garantía de no repetición que el Estado revise el marco normativo regulatorio del sistema cooperativo en el país. «Un actor importante en esto no aparecido, que es Insafocoop, Cosavi está regulado por Insafocoop y sin embargo brilla por su ausencia. Solo esa omisión ya le hace responsable», indicó.
Los afectados destacaron que luego de 30 meses del desfalco han fallecido 15 personas entre familiares y socios de Cosavi ninguno de los cuales recuperó su dinero en certificados de aportación.
En la conferencia de prensa, estaba Luis Alvarenga, quien se desempeñó como piloto aviador durante 42 años, y le solicitó a la SSF que le devolvieran una parte de su dinero para cubrir los gastos médicos ante la enfermedad de su esposa. «A 30 meses no le dieron respuesta y su esposa falleció», relató Ortiz.
El fraude de Cosavi fue un hecho conocido públicamente la noche del 9 de mayo de 2024 cuando la Fiscalía informó que procesaba a 32 personas, uno fallecido el 8 de septiembre de 2024, el gerente de la cooperativa, Manuel Alberto Coto Barrientos, en la caída del helicóptero junto al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, y otros dos altos jefes policiales (Douglas Omar García Funes y Rómulo Pompilio Romero Torres), quienes lo trasladaban a una conferencia de prensa en San Salvador luego de que fuera arrestado por autoridades hondureñas. El 27 de julio de 2024, el fiscal había asegurado que Coto Barrientos había sido capturado en Panamá y que sería deportado a El Salvador.
La SSF ha anunciado la devolución de montos de hasta $150,000 a los afectados de la cooperativa. Los afectados critican este mecanismo de devolución, ya que no incluye la devolución de fondos invertidos en certificados de aportación.
