Autor: Yolanda Magaña

  • Ministro defiende disolución de comisión del sector justicia y UTE: “Le tocó el turno”

    Ministro defiende disolución de comisión del sector justicia y UTE: “Le tocó el turno”

    El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, aseguró este miércoles que la Comisión del Sector Justicia, bajo la cual estaba la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), “fue una institución que nació para poder hacer viable el desastre del Código Penal y Procesal Penal que nos impusieron en 1998”.

    El funcionario defendió hoy, ante la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa, la disolución: “Es un poco de grasa de Estado lo que queremos disolver”.

    “Somos una generación de retos, de donde hay crisis hay oportunidades y ahora le tocó el turno a esta institución que sinceramente nadie la va a extrañar”. Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad.

    Según Villatoro, en la actualidad han logrado impulsar reformas penales sin necesidad de estas instituciones “gracias a la firmeza y la valentía” del presidente Nayib Bukele.

    La UTE, opinó, era el vehículo canalizador de “iniciativas que no aportan ningún elemento rescatable”. “A este momento, creemos que tanto la UTE como la Comisión Coordinadora del sector Justicia ya no tienen ningún tipo de sentido”, afirmó.

    “Les puedo decir con certeza técnica y experiencia que ya era de justicia derogar esto, siempre funcionó con fondos del USAID por ende ustedes sabrán que por esa institución nos contaminaron acá como país”, indicó.

    “Este sistema de justicia penal que nos dejaron. Ninguno tuvo la capacidad de resolver el problema de seguridad en el que nos encontrábamos y nos hundieron año con año más en miseria, en la muerte y en la desesperanza”. Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad.

    El funcionario defendió el traslado del Programa de Protección de Víctimas y Testigos al Ministerio de Seguridad, argumentó que no quieren “trastocar” el programa pero subrayó que “sí es importante redefinirlo y actualizarlo a la luz de ese nuevo El Salvador”, sin que es requiera “ningún refuerzo presupuestario”.

    Los diputados aprobaron el dictamen favorable para disolver la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y la UTE, después de recibir la explicación del ministro de Seguridad. El proyecto de ley sería recibido en la sesión plenaria de este jueves.

  • Dictaminan ratificación de acuerdo para cuerpo de paz de EEUU en El Salvador

    Dictaminan ratificación de acuerdo para cuerpo de paz de EEUU en El Salvador

    La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles un acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos para el funcionamiento del Programa del Cuerpo de Paz en El Salvador.

    El acuerdo fue firmado el pasado 7 de septiembre de 2023 luego de que el gobierno de los Estados Unidos decidiera restablecer las operaciones del Cuerpo de Paz (Peace Corps) en El Salvador, después de siete años de haberse retirado por la violencia que vivía el país por las pandillas.

    El jefe del departamento de negociaciones y tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lisandro Landaverde, explicó a los diputados el acuerdo “contempla algunos aspectos de “algunas exenciones de impuestos” y que entrará en vigor hasta que los dos gobiernos se intercambien sus correspondientes notas.

    Solo para fines de ilustración, detalló que deja de surtir efecto 90 días después de una denuncia por parte de uno de los dos países pero aclaró a los legisladores del partido cian que “no es lo que se busca”.

    El acuerdo del Programa del Cuerpo de Paz de Estados Unidos en El Salvador se estableció en 1962 pero se retiró en dos ocasiones, en 1979 por la guerra y en 2016 por la violencia en El Salvador, y se restableció en 2023.

    La Asamblea Legislativa no publicó el acuerdo, sino solo un resumen ejecutivo de dos páginas que dice que el acuerdo tiene 10 artículos y que determina “las responsabilidades de ambos gobiernos” sobre “supervisión, capacitación, protección, financiamiento y facilidades administrativas, migratorias, tributarias y aduaneras necesarias” para el funcionamiento del programa.

    ¿Contrapartida o gastos?: las preguntas

    La diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, dijo que era una iniciativa bastante interesante y que El Salvador recibirá “bastantes beneficios”.

    El diputado Raúl Chamagua, del mismo partido, aseguró que “la línea de política exterior” del presidente Nayib Bukele “siempre necesita estar siempre fuerte, seguirse robusteciendo para obtener mejores beneficios” con socios estratégicos como Estados Unidos.

    Chamagua dijo que en El Salvador “existe una libertad de expresión bastante abierta, exageradamente abierta diría yo” y agregó que sabe que en este acuerdo hay compromisos financieros “de ambas partes”. Preguntó cuáles serían los compromisos financieros para el establecimientos del cuerpo de paz en el país. Aseguró, después de la pregunta, que los votos serán “evidentemente a favor”.

    El representante de Cancillería explicó que es “el gobierno mismo de Estados Unidos que otorga el financiamiento para poder llevar el financiamiento para poder llevar a cabo los programas y la cooperación a través del voluntariado” y reiteró que implica algunas exenciones para ciertos trabajos específicos. Recordó que, en materia tributaria, hay reserva de ley, es decir, solo la Asamblea Legislativa puede eximir de impuestos.

    La diputada Evelyn Merlos, también de Nuevas Ideas, preguntó cuáles son los beneficios del acuerdo y cuál es la base legal de su funcionamiento. Landaverde insistió en que la base legal es que es una agencia federal creada por ley en los años sesentas para promover la paz y la amistad mundial.

    “Lo que hace es poner a disposición de diferentes países a ciudadanos estadounidenses capacitados como voluntarios para poder satisfacer necesidades dentro de estas comunidades para poder fortalecer las áreas comunitario, agricultura, educación, salud, medio ambiente y desarrollo de la juventud. El beneficio es ese, poder llevar las capacidades”, indicó el funcionario.

    Por su parte, el diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), detalló que en el artículo 1, literal 4, del acuerdo dice que El Salvador sufragará la parte de los costos. Preguntó si El Salvador tendrá que sufragar una contrapartida para el mantenimiento de dicho cuerpo de paz. “¿Es correcto o me equivoco?”, preguntó.

    El representante de Cancillería contestó que, si hubiese sido una contrapartida, “hubiera quedado expresa”. “Pueden haber varias situaciones”, prosiguió. Luego, valoró la posibilidad de que se esté solicitando para la exención de impuestos en la importación de “implementos” para los proyectos. Eso “puede ser la sufragación de gastos” pero será “acordado entre ambos gobiernos”, indicó.

    Luego, el diputado Chamagua leyó el dictamen favorable para ratificar el acuerdo y todos los diputados oficialistas votaron a favor.

  • Candidata presidencial de Arena presenta «visión» de “reconocer errores y defender lo que funciona”

    Candidata presidencial de Arena presenta «visión» de “reconocer errores y defender lo que funciona”

    La candidata presidencial del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la exdiputada Mayteé Iraheta, informó le la presentación de su visión que denomina “El Salvador está para más” que, según el partido, consiste en “una nueva manera de hacer política” en la cual reconocen los errores, defienden lo que funciona y corrigen.

    Iraheta aseguró que “no basta con vivir sin miedo a la delincuencia” y que “la seguridad debe continuar”, pero que “las oportunidades, el empleo” deben llegar a “todos los hogares”.

    La visión, según un comunicado de prensa del partido, incluye: empleo, inversión, más dinero para las familias, más oportunidades para jóvenes y mujeres, más seguridad con instituciones fuertes, y más transparencia, democracia y equilibrio de poder.

    El partido no detalló cuáles serían las acciones propuestas para lograr esa visión. La candidata dice que su propuesta “no busca regresar al pasado”.

    En las últimas elecciones presidenciales, del 4 de febrero de 2024, Arena perdió 679203 votos respecto a las elecciones presidenciales de 2019, una caída del 79 %, pese a que logró 857,084 votos en coalición con el Partido de Concertación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), dos partidos ahora aliados del partido gobernante Nuevas Ideas.

    El partido de derecha ha sufrido una erosión de 1,136,555 votos respecto a su mayor caudal electoral que logró en 2004 con la candidatura de Antonio Saca, quien ganó con 1.3 millones de votos. Saca fue condenado en septiembre de 2018 por delitos de peculado y lavado de dinero y activos.

  • Migrantes salvadoreños esperan más de 900 días por resolución sobre casos de deportación en tribunales de inmigración

    Migrantes salvadoreños esperan más de 900 días por resolución sobre casos de deportación en tribunales de inmigración

    Solo en el caso de procesos de deportación, durante lo que va del año 2026, los salvadoreños han esperado un promedio de 929 días para obtener una resolución de un tribunal de inmigración, independientemente de los resultados, de acuerdo a datos recopilados por Tracreports hasta agosto de 2026.

    Los salvadoreños han esperado un promedio de 972 días para obtener una orden de remoción, 759 días para una salida voluntaria y 1,663 días para un alivio concedido, de acuerdo con una revisión de la base de datos del sitio del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, Nueva York.

    Este sitio publicó un reporte el 11 de septiembre pasado que indica que el tiempo de espera que los migrantes extranjeros en Estados Unidos completan en un proceso ante los tribunales de inmigración ha aumentado en un 51 % desde 597 a 901 días,

    Los datos miden el promedio de días transcurridos por migrante desde la emisión de la Notificación de Comparecencia (NTA, por sus siglas en inglés) en el tribunal de inmigración hasta la resolución y comparan las cifras de julio de 2026 respecto a las de julio de 2024.

    El análisis se realizó sobre las personas extranjeras en los Estados Unidos que tenían orden de expulsión en julio de 2026 y que esperaron un promedio de dos años y medio, 901 días, por migrante, para tener una decisión judicial cuando hace dos años en julio de 2024 esperaron 597 días, un poco más de un año y medio.

    La conclusión es que las personas extranjeras en los Estados Unidos “esperan cada vez más tiempo para obtener una resolución” de los tribunales de inmigración y auguran que los tiempos irán “aumentando”. El aumento del tiempo de espera es el 51 % en dos años según este análisis.

    Según Tracereports, el aumento del tiempo de espera sucede pese a que “los jueces de inmigración están resolviendo más casos cada mes y ordenando más expulsiones” aunque las resoluciones de expulsión “requieren menos tiempo” que las de alivio migratorio.

    Los tribunales de inmigración resolvieron en julio de 2026, 104,028 casos de deportación, cuatro mil casos más que en junio, expulsando al 78.6 %.

    Esta base de datos registra un total de 796,378 casos de deportación en tribunales de inmigración de los Estados Unidos contra salvadoreños desde agosto de 1998, con mayores cantidades a mediados de 2006, 2019 y 2023.

    En junio de 2026 se registraron 4,521 casos de salvadoreños bajo procesos de deportación, en julio bajaron a 4,457 y en agosto bajaron a 4,116, la mayoría terminó en remoción: 3,330 (73 %), 3,325 (74 %) y 3,032 (73 %), respectivamente. Algunos, entre 350 y 500 mensuales, optaron por salida voluntaria.

    Al revisar el promedio de tiempo de espera en todos los casos de salvadoreños, se encontró que estos tuvieron un alza en 2023 con 1,452 días, el doble de espera o más que los 24 años anteriores a 2020 cuando se registraban esperas desde los 171 días en 1998 hasta los 703 días en 2019.

    En general, no solo en casos de deportación, el tiempo de espera en los tribunales de inmigración para los salvadoreños se mantiene incrementado, pero levemente debajo de 2023: 1,339 días en 2024, 1,096 días en 2025 y 923 días en lo que va del año 2026.

  • Candidata a alcaldesa de San Miguel Centro por el FMLN: “La alcaldía sí tiene la capacidad de funcionar sin Fodes”

    Candidata a alcaldesa de San Miguel Centro por el FMLN: “La alcaldía sí tiene la capacidad de funcionar sin Fodes”

    La exconcejal Imelda Galeas, candidata alcaldesa de San Miguel Centro por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), no duda que la municipalidad «puede trabajar» sin el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) y considera que la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) hace un «trabajo significativo” aunque observa que San Miguel «es muy grande».

    Le da “el beneficio de la duda” al Tribunal Supremo Electoral (TSE), evade dar su opinión de los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén y cree que las alcaldías deben trabajar en coordinación con las instituciones del Poder Ejecutivo.

    ¿Quién es Imelda Galeas?

    Es una migueleña de corazón, una migueleña de cuna. He tenido participación social en diferentes ámbitos, tanto en movimientos juveniles como de mujeres. He tenido una participación activa dentro de la administración municipal, formé parte del gobierno municipal del FMLN y Miguel Pereira y también he formado parte del Consejo Municipal Plural, eso me ha dado la oportunidad de conocer mucho sobre lo que es el municipalismo y cómo administrar la alcaldía.

    ¿Por qué elegir el partido FMLN?

    Considero que el tema político es, más que todo, un tema de servicio. Y, en relación al FMLN, pues siempre he sido una militante activa, siempre me he identificado con la justicia social, mi enfoque está direccionado al trabajo con las comunidades, de poder servir a los migueleños, siento que eso es un tema más importante que las identidades políticas o ideológicas.

    ¿No cree que el FMLN ya es un partido político desprestigiado?

    Pienso que cada partido político afronta una historia y, pues, en base a esa historia, hay oportunidades para mejorar. Yo sí creo que uno, como político, debe visionar hacia el futuro y no retractarse en el pasado, saber de qué manera podemos llegar a la gente y tratar de solventar las necesidades de ellos porque es para eso que se es electo.

    ¿Cree que el Frente ha cometido errores?

    La verdad que, como le repito, el tema histórico del partido es una situación porque la población ha sabido determinar en su momento, pero lo nuestro es, más que todo, un enfoque en el futuro. Mi visión es trabajar para los migueleños y, para mí, hay temas más importantes, que es el trabajo que hay que hacer con las comunidades y tratar de solventar problemas que los migueleños están afrontando en este momento.

    ¿Qué no funciona bien en San Miguel?

    San Miguel está afrontando un fuerte descuido y abandono por parte de la municipalidad. Existe una falta de acompañamiento a las comunidades. Existe un gran deterioro en las calles y toda la infraestructura en general. Yo pienso que, si una administración municipal se hace de manera transparente y eficiente, los recursos se logran optimizar y se pueden transformar en obras para los migueleños.

    ¿Puede funcionar sin Fodes o con el Fodes disminuido?

    Pues la verdad que la alcaldía de San Miguel sí tiene la capacidad de funcionar sin Fodes, pero siempre y cuando los fondos sean administrados de manera eficiente y eficaz también.

    ¿Cree usted que tiene la capacidad de coordinarse con la DOM para hacer obras en San Miguel, aunque sea de oposición?

    Sí. La DOM ha estado haciendo un trabajo territorial significativo, pero lastimosamente San Miguel es un municipio bastante grande y no ha podido dar cobertura a todo el municipio y a todos los distritos. Entonces, la alcaldía debe hacer un trabajo articulado para poder llegar a las comunidades. La prioridad número uno de nuestro gobierno municipal será llegar a las comunidades. Cómo lleguemos y los medios que se utilicen, eso es algo secundario. Lo importante es resolverle las necesidades a la gente.

    ¿Usted cree que las alcaldías, incluso de oposición, deben tener buena relación con estas instituciones del Estado?

    Claro que sí. Las instituciones del Estado son representantes del pueblo. Entonces, son electas por el pueblo. Todas deben estar en función de eso, sin importar las identidades o las ideologías políticas, pues es parte de la democracia y de un proceso democrático que nosotros vivimos, de que todos tengan representación. Entonces, es parte de nosotros, como funcionarios, trabajar para que las obras lleguen a las comunidades.

    ¿Qué opina del régimen de excepción?

    Bueno, considero que es un tema que debe tratarse con mucho respeto y debe evaluarse de manera detenida, pues es la población salvadoreña la que determinará si es algo beneficioso o no lo es. En mi caso, estoy enfocada en destacar qué se puede hacer por San Miguel y ver de qué manera se dan las necesidades de los migueleños y todas esas quejas que tiene la ciudad.

    ¿Confía en el Tribunal Supremo Electoral?

    Como ciudadana y también como candidata, considero que el Tribunal Supremo Electoral es el árbitro, garante de que este proceso se dé de una manera democrática y libre. En lo personal, pues le damos el beneficio de la confianza y será después de este proceso donde se determinará si cumplieron un rol profesional o no. Yo esperaría que el Tribunal Supremo Electoral presente las garantías suficientes para que todos los candidatos estemos representados y sepamos que se hizo un trabajo transparente.

    ¿El régimen ha sacado a los pandilleros de las calles?

    En relación al régimen, considero que ha sido significativo el tema de seguridad para la población y ha sido algo que la gente lo comenta y lo menciona, pero aquí también hablamos de otro tipo de seguridad. Yo creería que en este proceso en el que estamos coyunturalmente, hay que enfocarnos en las otras necesidades que la gente tiene. La gente quiere tener también seguridad alimentaria y San Miguel, por ejemplo, ahorita afronta una crisis bastante grande en ese tema porque no llueve. Entonces, ese tema del cambio climático ha afectado directamente a los agricultores migueleños y una de las propuestas que nosotros tenemos en la plataforma que estamos creando es que se reactive el Departamento de Agricultura y Soberanía Alimentaria.

    Ese Departamento existió en el gobierno anterior del FMLN en la municipalidad, en el cual se beneficiaba a más de 3,000 agricultores con paquetes agrícolas y asistencia técnica, al igual que huertos caseros y granjas comunitarias. Que las familias migueleñas puedan tener sus granjas, garantizar la sostenibilidad alimentaria. Hablar de seguridad tiene muchos enfoques y yo creo que este es el momento en el cual todos los que estamos en este proceso debemos apostarle a que los salvadoreños y, en este caso, los migueleños tengan una mejor calidad de vida.

    ¿Y cómo se financiaría ese Departamento de Soberanía Alimentaria?

    Se debe hacer con fondos propios y se debe ir actuando de manera escalonada en la cual vayamos poco a poco integrando a los agricultores al proyecto. No se puede iniciar nuevamente de una vez con los 3,000 agricultores que se estuvieron, pero sí se puede ir haciendo por fases y volvernos gestores de cooperación para que estos proyectos sean financiados.

    ¿Y qué piensa de capturas de personas que dicen ser inocentes?

    Considero que toda denuncia relacionada a los derechos humanos hay que evaluarla y revisarla detenidamente, vea, en esta ocasión considero que la población debe ser la voz de todos esos procesos y ellos darle seguimiento. Considero que cada caso debe ser evaluado detenidamente y pues serán las entidades que tenemos correspondientes las que darán garantía si se está haciendo o no se está haciendo.

    El FMLN tiene un mal un mal prestigio por la gestión sobre todo la de Mauricio Funes por el manejo de partida secreta, ¿qué piensa usted de eso?

    Considero que en este proceso en el que nos encontramos, más que apostarle a los partidos políticos, hay que apostarle a las personas. Creo que este proceso nos abre la oportunidad a todos los ciudadanos que una u otra manera, siempre hemos tenido ese vínculo de trabajar por las comunidades, ese espíritu de servicio y en esta ocasión, pues yo considero que la apuesta principal y lo son los migueleños. Mi apuesta es que la población migueleña reciba beneficios, reciban obras y todo eso se traduzca para ellos, ¿verdad?

    Esa es mi apuesta principal y es por lo que estamos trabajando, no estamos tratando de marcarle una ideología política a las personas porque ahorita somos candidatos de un partido. En mi caso soy militante también del partido pero ya al momento de ser electa yo me convierto en funcionaria de todos los migueleños, independientemente su identidad partidaria. Considero que hay cosas más importantes en relación al tema, resolver las necesidades de los migueleños.

    ¿Cómo va a financiar su campaña?

    Estamos teniendo una campaña bastante austera, financiada con fondos propios de cada candidato, la crisis es bastante grande, pero yo pienso que, más que pensar en una campaña financiada con mucho dinero o que se hagan grandes regalías, hay que hacer una campaña de contacto con la gente.

    La población lo que quiere son resultados y conocer los candidatos, escuchar las propuestas de los candidatos, que nos escuchen a nosotros, escucharlos a ellos porque es ahí donde está la esencia y la transformación real porque es donde están las necesidades de la gente. Pienso que debemos hacer un trabajo de acompañamiento con las comunidades y esa va a ser la verdadera campaña electoral.

  • Baja afluencia en marcha se debió a miedo y régimen de excepción según organizaciones

    Baja afluencia en marcha se debió a miedo y régimen de excepción según organizaciones

    Líderes de organizaciones atribuyeron la baja afluencia en la marcha del 15 de septiembre al régimen de excepción y al temor ante violaciones a las libertades que sostienen hay en el país.

    Ante la pregunta por la baja afluencia en la marcha, se le preguntó a Sonia Urrutia, activista del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) si ha menguado la participación.

    «Claro, sabemos que estamos en un régimen de excepción, ya cuatro años de estar bajo un régimen de excepción, eso afecta gravemente al interior de las organizaciones, hay un régimen militarizado alrededor de nuestras comunidades, igualmente la Ley de Agentes Extranjeros viene a afectar gravemente a las organizaciones sociales que se movilizaban», señaló Urrutia, quien dijo representar a trabajadores de los sectores de salud y educación, y de municipalidades.

    Para Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), la administración actual gobierna «con el miedo» en referencia al régimen de excepción.

    «Esta gente es valiente, está desafiando al régimen de excepción, está dispuesta a ir a la cárcel por defender la inocencia de esas personas capturadas. hay madres que dicen qué más podemos hacer, o sea, yo no sé qué más podemos hacer si ya hicimos todo pacíficamente

    Las representantes del BRP y del  Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) ven retrocesos en la libertad sindical en el país.

    «Cómo ahora manifestarse en contra de ciertas decisiones o ciertas estructuras políticas representa un riesgo no solo de ser privada de libertad sino todo el ataque digital», afirmó Sonia Viñerta, del MDCT.

    Según Viñerta, algunos sindicatos en el Estado están «silenciados», otros están «cooptados» y otros, «el grupo más pequeño», están en «resistencia permanente». «El miedo es tan grande y la coacción es tan grande que ya mucha gente vivió, como el caso de César Carrillo, de Sitracorreos, que se pronuncia por un caso de abuso laboral y a los dos días lo despiden. Así hay un montonazo de gente», afirmó.

    Decenas de personas participaron el martes 15 de septiembre en una protesta contra las políticas del gobierno actual. La concentración se realizó en una esquina frente a la 25 Avenida Norte y se dirigió sobre la Alameda Juan Pablo II hacia el centro de San Salvador.

  • Bukele inaugura centro escolar en el cantón Los Toles, del distrito de Ahuachapán

    Bukele inaugura centro escolar en el cantón Los Toles, del distrito de Ahuachapán

    El presidente Nayib Bukele inauguró el centro escolar del cantón Los Toles, en el distrito de Ahuachapán, municipio de Ahuachapán Centro, y dio instrucciones a la ministra de Educación, Karla Trigueros, para que desde el día siguiente a la inauguración tuviera computadoras, internet y tutores de Inteligencia Artificial (IA).

    En el centro escolar se hizo restauración de paredes, instalación de pisos, construcción de un tercer módulo, reconstrucción de un cuarto módulo, remodelación del área de usos múltiples y renovación de la cancha y la fachada del centro escolar, entre otras.

    «Yo le quiero pedir que a partir de mañana instalen el sistema nuevo con todo: internet, computadoras, los tutores de inteligencia artificial y todo lo necesario para que estos niños tengan la mejor educación del mundo», dijo el gobernante.

    La inauguración, en un video editado, fue transmitida este martes en cadena nacional de televisión se dio luego del anuncio de la pavimentación de la nueva calle que conecta el cantón Los Toles con Ahuachapán y Guatemala, en 15 kilómetros.

    «Ya lo único que falta, y que eso no lo puede hacer el Gobierno, eso no lo podemos hacer nosotros… Lo tienen que hacer ustedes, y es esforzarse, estudiar, aprender y hacer las tareas”, dijo el mandatario, quien gobierna el país desde 2019.

    Según el presidente, el gobierno se dijo que si harían carretera también se haría la escuela y empezaron construirla. «En un año se terminó. Y ya a partir de ahora las clases son acá», les indicó a los alumnos.

    Bukele visitó el área para primera infancia del centro escolar junto a su esposa y sus dos hijas, Layla y Aminah.

    «Ahora todos los niños de El Salvador tienen derecho a becas de estudios superiores. Así que el que quiere estudiar después de bachillerato puede hacerlo y el Gobierno le va a dar su beca», prometió.

    «No hay excusas. Ahora toca estudiar, esforzarse, aprender, salir adelante y ser un orgullo para sus padres, para su comunidad y que Los Toles y las comunidades aledañas salgan adelante. Está en manos de ustedes, las herramientas aquí están”, exhortó a los estudiantes.

    La construcción, que tuvo un costo de $1.2 millones, estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), entidad que recientemente recibió $5 millones para ampliar y rehabilitar seis centros escolares de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Una representante de la DOM aseguró que la escuela se construyó porque «el dinero alcanza cuando nadie roba».

    De acuerdo al sitio creado por el Gobierno en donde se detallan las obras en escuelas, en el centro escolar Los Toles se hicieron los siguientes trabajos:

    • Trabajos de restauración de paredes, instalación de pisos, puertas y ventanas nuevas en dos módulos existentes, cada uno con tres aulas.
    • Construcción tercer módulo con un aula para parvularia, sanitarios, lavamanos y muebles para niños pequeños.
    • Todas las aulas fueron completamente amuebladas.
    • Reconstrucción de cuarto módulo, equipado con cocina, comedor y servicios sanitarios.
    • Nuevo sistema eléctrico, agua potable, sistema contra incendios y techo termoacústico, diseñado para reducir el calor y el ruido provocado por la lluvia.
    • Remodelación del área de usos múltiples, que incluye un escenario techado.
    • Renovación de la cancha con grama natural, el muro perimetral y la fachada del centro escolar.

     

  • Demócratas del Senado y cuatro republicanos frenan ley de cripto por inversiones de Trump en el sector

    Demócratas del Senado y cuatro republicanos frenan ley de cripto por inversiones de Trump en el sector

    Los senadores demócratas, con el apoyo de cuatro republicanos, frenaron este martes el avance de una ley que favorecería las normativas para la industria de las criptomonedas en Estados Unidos.

    Los congresistas rechazaron la normativa con el argumento de que el presidente, Donald Trump, mantiene inversiones personales en este sector y se vería favorecido por la nueva legislación.

    El Senado votó 49 a favor y 50 en contra de avanzar con la llamada Ley de Claridad, que busca establecer un marco federal para regular los activos digitales y delimitar las competencias de organismos como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). La iniciativa necesitaba 60 votos para superar esta fase.

    Los demócratas reclamaron mayores garantías para impedir que funcionarios públicos puedan beneficiarse de sus inversiones en criptomonedas.

    Su principal preocupación se centró en Trump, cuyos negocios relacionados con activos digitales generaron unos 1.400 millones de dólares en ingresos durante 2025, según datos citados durante el debate.

    La senadora Elizabeth Warren sostuvo que el proyecto, en su versión actual, no impediría que el presidente continuara obteniendo beneficios de sus negocios de criptomonedas.

    Los republicanos introdujeron antes de la votación nuevas disposiciones sobre ética, entre ellas una que permitiría a los fiscales generales estatales emprender acciones contra funcionarios federales que incumplieran las restricciones sobre la creación o promoción de activos digitales.

    El texto también incorporó más de un centenar de cambios planteados durante las negociaciones con los demócratas, pero estos consideraron insuficientes las salvaguardas para evitar posibles conflictos de interés.

    La votación supone un revés para una industria que ha convertido la aprobación de un marco regulatorio federal en una de sus principales prioridades políticas.

    Con el receso del Congreso y las elecciones legislativas de noviembre cada vez más cerca, la iniciativa afronta ahora un camino incierto para ser aprobada este año.

  • Noboa decreta nuevo estado de excepción y oficializa toque de queda nocturno en Ecuador

    Noboa decreta nuevo estado de excepción y oficializa toque de queda nocturno en Ecuador

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes un nuevo estado de excepción durante sesenta días en ocho provincias y tres municipios del país y oficializó un toque de queda nocturno que regirá desde el 17 hasta el 30 de septiembre en cuatro provincias costeras.

    El estado de excepción, que entró en vigor este martes tras la firma de un decreto ejecutivo, abarca las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

    También comprende los municipios Camilo Ponce Enríquez, en la provincia andina de Azuay; Las Naves, en Bolívar y La Maná, en Cotopaxi.

    Noboa fundamentó la medida en la existencia de una «grave conmoción interna» ocasionada por la actividad de las estructuras de crimen organizado, de manera que se suspende la inviolabilidad de domicilio y se permitirá a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de delito.

    En el decreto se recoge que la decisión también se sustenta en informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que han concluido que los grupos criminales ubicados en esas zonas «diversifican sus fuentes de financiamiento» con distintas economías ilícitas, lo que les permite «mantener una alta capacidad de adaptación» a las acciones policiales ordinarias contra ellos.

    Además, el escrito oficializa el toque de queda nocturno que ya adelantó el ministro del Interior, John Reimberg, la pasada semana, cuando explicó que se aplicaría en las provincias de El Oro, Manabí, Guayas y Los Ríos.

    La medida regirá entre las 00:00 (05:00 GMT) y las 05:00 (10:00 GMT) entre el 17 y el 30 de septiembre y se corresponde con el tercer toque de queda en lo que va de año.

    El último se produjo en el mes de mayo en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, El Oro, fronteriza con Perú; y Sucumbíos y Esmeraldas, fronterizas con Colombia, claves en las rutas del narcotráfico. Más de 3.400 personas fueron detenidas entre los días 3 y 18 de ese mes.

    Por su parte, el primero se extendió durante la segunda quincena de marzo en las provincias de Guayas, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos, y Santo Domingo de los Tsáchilas.

    Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

    Pese a esto, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.

  • Oenegé denuncia torturas y falta de sanciones contra responsables en cárceles chinas

    Oenegé denuncia torturas y falta de sanciones contra responsables en cárceles chinas

    La oenegé Chinese Human Rights Defenders (CHRD) denunció este miércoles que las autoridades chinas siguen recurriendo a torturas y malos tratos contra presos de conciencia y que las denuncias apenas desembocan en investigaciones o sanciones contra los presuntos responsables.

    En un informe difundido este miércoles, la organización analiza 209 casos de supuestas torturas registrados entre 2016 y 2025 en distintas zonas de China, además de entrevistas con 25 defensores de derechos humanos, familiares y abogados.

    Según CHRD, en uno de cada cinco casos examinados se denunciaron palizas por parte de las autoridades, mientras que otros afectados afirmaron haber sufrido descargas eléctricas o aislamiento.

    El 35 % describió la privación de atención médica adecuada, la forma de maltrato más mencionada en el documento, y 16 personas murieron bajo custodia como aparente consecuencia de esos abusos, de acuerdo con la organización.

    La oenegé sostiene además que las torturas se emplean habitualmente para obtener confesiones y señala que más de la mitad de los presos de conciencia incluidos en el informe habían sido encarcelados por ‘buscar pelea y provocar altercados’, un delito que expertos de Naciones Unidas han considerado de formulación vaga.

    CHRD afirmó haber encontrado referencias a investigaciones judiciales sobre denuncias de tortura únicamente en dos de los 209 casos estudiados, los de los activistas Ding Jiaxi y Huang Xueqin.

    En otro caso, el del activista Ji Xiaolong, un tribunal aceptó excluir una confesión al considerar que había sido obtenida mediante malos tratos, la única decisión de este tipo localizada por CHRD en los expedientes revisados, aunque posteriormente lo condenó.

    La organización tampoco encontró constancia de que ningún funcionario hubiera sido procesado o sancionado por torturar a presos de conciencia en los casos analizados.

    El informe recoge que la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública del gigante asiático aprobaron en junio de 2025 nuevas normas sobre la denominada ‘vigilancia domiciliaria en lugar designado’, un régimen de detención que expertos de la ONU han calificado como una forma de desaparición forzada de facto.

    También recuerda que la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) aprobó en abril una revisión de la Ley de Prisiones, aunque CHRD considera que algunas de sus disposiciones permiten prácticas que pueden constituir tortura, entre ellas una mayor utilización del aislamiento.

    China ratificó en 1988 la Convención de la ONU contra la Tortura. El informe recuerda asimismo que Pekín aseguró en 2021 al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria que el riesgo de ser sometido a tortura «no existe» en China.