Al explicar cómo nació el proyecto de Ley para el fomento de la expansión de inversiones, Rodrigo Ayala, presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (Invest), aseguró que El Salvador no solo goza de seguridad física sino política.
“Escuchábamos mucho de que hay incentivos para diferentes industrias, para diferentes sectores, pero no había un incentivo como tal, tanto internacionales como nacionales como empresas domésticas también, es decir internacionales que llevan años de estar domiciliadas en el país, para expandirse”, explicó Ayala.
El funcionario aseguró que “al escuchar este clamor” de los empresarios, empezaron a trabajar un proyecto “de la mano con estos sectores”.
“Si yo soy la persona o la ventana a la cual miran los inversionistas a la hora de venir al país o plantearse la idea de venir al país, una de las cosas que más mencionan es la seguridad que se siente y que se tiene en El Salvador y no solo hablo de seguridad física, de la integridad física de una persona, sino también de la seguridad y estabilidad política que se tiene porque, pese a los diferentes conflictos que puedan existir entre diferentes bandos, entre diferentes partidos, la persona que está pensando en negocios, no está pensando en eso”, fueron las palabras del presidente del Invest, ayer, en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión.
La Asamblea Legislativa recibirá en el pleno dos dictámenes favorables que podrían ser aprobados en la sesión de este miércoles.
Uno para aprobar la Ley para el fomento de la expansión de inversiones, que otorga incentivos del 10 al 30 % de las inversiones extra que hagan las empresas como créditos tributarios de Impuesto sobre la Renta. Según Ayala, son 144 “están decididas ya a expandir” en El Salvador y están “en cola” para aplicar a la normativa.
Ayala dijo que a veces hay que “trabajar un poquito más” para que las empresas decidan expandirse en El Salvador. Aseguró que son más de 3,000 que se podrán beneficiar de los incentivos fiscales.
Un segundo proyecto es una reforma a la Ley de Servicios Internacionales para que el monto mínimo exigible de las inversiones de servicios internacionales se aplique desde los primeros seis meses de operación de las empresas y no «en el primer año» o «en los primeros seis meses».
El presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (INVEST), Rodrigo Ayala, aseguró que 144 empresas en En Salvador «ya están en cola» para aplicar a la nueva Ley de fomento de la expansión de inversiones que sería aprobada por la Asamblea Legislativa.
«Ya son 144 que están en cola, con las que hemos conversado, con las que hemos tenido divulgación de esta ley, de esta idea», indicó Ayala, el martes, en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión. Según el funcionario, son más de 3,000 empresas las que se podrán beneficiar de la ley.
Según Ayala, la iniciativa surgió luego de escuchar a empresarios que ya tienen inversiones en El Salvador.
“Escuchábamos mucho de que hay incentivos para diferentes industrias, pero no había un incentivo como tal tanto internacionales como nacionales como empresas domésticas, que llevan años de estar domiciliadas en el país, para expandirse”, dijo.
El funcionario lo calificó de «clamor» y dijo que, al escucharlo, comenzaron a trabajar en el proyecto de ley.
“A pesar que ustedes (diputados) no han estado específicamente, como yo, reuniéndome con todas estas personas para elaborar este proyecto, tienen toda la idea clarísima. Esto nace de empresarios o empresas que han estado por años en el país y que no han tenido ningún incentivo”. Rodrigo Ayala, presidente de INVEST.
«Al final del día, ¿qué nos interesa a nosotros?, que todo ese dinero llegue al bolsillo de los salvadoreños y toda esa expansión, esas 144 empresas, que no es que sean nuevas, sino que son empresas que tienen un legado de más de 10 años pero son nuevas en querer expandir, ¿cuántos empleos se van a generar?», indicó Ayala.
«Ya estamos viendo la punta del iceberg de todo lo que va a venir en cuanto a expansión», remarcó.
La “Ley para el fomento de la expansión de las inversiones” otorga créditos tributarios de diez años a empresas ya instaladas en El Salvador que amplíen sus inversiones a partir del $1 millón a más de $20 millones. Los créditos tributarios de Impuesto sobre la Renta (ISR) serían del 10 % de la inversión de $1 a $10 millones; del 20 % de la inversión de $10 millones a $20 millones; y del 30 % de la inversión si sería de $20,000,000.01 en adelante.
El proyecto solo tuvo un cambio: la calificación del perfil del inversionista para que acceda al incentivo fiscal no será otorgada por la Secretaría de Comercio, sino únicamente por el INVEST. La representante del Ministerio de Economía, Marta Solís, pidió la nueva redacción de los artículos 5, 6 y 7, en el cual se elimina toda referencia a la Secretaría de Comercio.
Las expansiones de las inversiones están abiertas para empresas de textiles, agroindustria, alimentos, bebidas, autopartes, electrónica, plásticos, calzado o farmacéuticos, que quieran aumentar sus líneas de producción, construir infraestructura para su producción, transformar o construir nuevas operaciones logísticas, compra de maquinaria o de equipo industrial, vehículos o destinar recursos a la investigación de sus procesos industriales o tecnológicos.
Las empresas estarán exentas del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces en la compra de inmuebles para la expansión que vayan a utilizar por lo menos cinco años.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, aseguró que la Ley Quincena 25 obligará al Estado a pagar una quincena adicional en cada enero a partir del año 2026 y que la medida será obligatoria para la empresa privada a para el año 2027.
«¿A partir de cuándo? Empezará a pagarse desde este año para los empleados públicos de manera obligatoria, para la empresa privada será de manera voluntaria para este 2026, pero obligatoria para el 2027», detalló Guevara en X al prometer respaldo a la iniciativa anunciada por Bukele la noche del martes.
El proyecto de ley fue anunciado la noche del martes por Bukele, quien aseguró que ya lo entregaron a la Asamblea Legislativa, que celebra su sesión plenaria este miércoles. Según Bukele, la iniciativa propone otorgar en enero de cada año un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual a trabajadores de los sectores público y privado que ganen hasta $1,500 mensuales. El pago se realizaría entre el 15 y el 25 de enero.
Según el mandatario, el Gobierno será el primero en cumplir la ley con todos los empleados públicos a partir de enero de 2026. En el sector privado, el pago será voluntario durante 2026, aunque las empresas que otorguen el beneficio podrán deducir el 100 % del monto entregado del Impuesto sobre la Renta como incentivo fiscal.
La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, sostuvo que el ingreso complementario no solo aliviará la carga económica de enero, sino que también contribuirá a dinamizar la economía nacional, mientras que la diputada Alexia Rivas, del mismo partido, señaló que la medida apunta a fortalecer la economía desde el inicio del año.
Bukele explicó que el ingreso adicional no sustituirá el salario ordinario ni estará sujeto a descuentos por Impuesto sobre la Renta, cotizaciones al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Además, no podrá ser embargado en caso de deudas.
No obstante, el presidente no detalló la fuente de financiamiento del proyecto. La Asamblea Legislativa tiene previsto conocer la iniciativa en la sesión plenaria del miércoles 14 de enero, donde el oficialismo cuenta con los votos necesarios para su aprobación.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció la noche de este martes que ha entregado a la Asamblea Legislativa el proyecto de «Ley Quincena 25» que promete en enero de cada año un “ingreso complementario para los trabajadores de los sectores público y privado que ganan hasta $1,500 mensuales, aunque en el sector privado el pago será voluntario en 2026.
Según Bukele, “el Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos” a partir de enero de 2026.
Detalló que en el sector privado durante este año “el pago será voluntario” pero que las empresas podrán tener un incentivo fiscal que les permitirá deducir el 100 % del monto otorgado del Impuesto sobre la Renta.
Según el gobernante, el ingreso complementario sería equivalente al 50 % del salario mensual y se pagará entre el 15 y el 25 de enero a trabajadores de sectores públicos y privado que ganan hasta $1,500 mensuales.
Explicó que será un ingreso adicional que no sustituiría el salario ni sería sujeto a descuentos para pagar Impuesto sobre la Renta, ni de cotización del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) o del ahorro de pensiones que administran las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP).
Este ingreso adicional tampoco podrá ser embargado, en caso de deudas, según la promesa presidencial.
Bukele no informó cuál será la fuente de financiamiento de la iniciativa. El Salvador mantiene un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le exige un ajuste fiscal de 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el periodo 2025-2027.
Este mismo martes, los diputados celebraron en X el anuncio y avisaron de su respaldo. La sesión plenaria se celebrará mañana miércoles 14 de enero.
«Usted en cada enero a partir del 2026, recibirá una quincena adicional», explicó el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, en X.
La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, aseguró que la medida será un alivio económico «en un mes tradicionalmente complejo», sino que fortalecerá los hogares y dinamiza la economía nacional. La diputada Alexia Rivas, del mismo partido, aseguró que la medida busca «fortalecer la economía desde el inicio del año».
Hoy presentamos a la Asamblea Legislativa la Ley Quincena 25.
Es una medida concreta para fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero, un mes que históricamente es difícil para muchos hogares.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, fue recibido la tarde de este martes por la vicepresidenta de Costa Rica, Mary Denisse Munive, y el canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, a su llegada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.
En declaraciones a presidentes, la vicepresidenta de Costa Rica aseguró que buscan «pegarse a las mejores prácticas» y elogió el liderazgo de Bukele en materia de seguridad en El Salvador.
«Siempre pegarse a las mejores prácticas y con un liderazgo como lo ha tenido el señor Bukele en un país con tanta problemática de inseguridad y que ha sacado adelante esa gran labor y nosotros pegarnos a esa línea de trabajo y poder empezar desde una reunión que hubo, desde el año pasado, sino ya, entregarle una obra como primera piedra, para que vean que las cosas que se dicen se hacen, yo no sé qué más decir, son hechos, no solo palabras», expresó Munive.
La vicepresidenta habló de la colocación de la primera piedra, en la que Bukele participará el miércoles, del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), una estructura que busca emular al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.
El presidente Nayib Bukele en su arribo a Costa Rica. / Presidencia.
«Ahí es la importancia que tiene no solamente tener buenas juntas, sino también tener esa retroalimentación de experiencias exitosas en otras latitudes, traerlas a las nuestras para poderlas mejorar cada día problemas que afligen a nuestra población», indicó.
Según ella, a su llegada, al darle la bienvenida a Bukele le dijo: «Esperamos que esta visita no solamente sea el inicio de muchas cosas positivas sino que la estadía la disfrute, porque obviamente nosotros tenemos que vender este rinconcito o este pedacito de cielo, que es Costa Rica”.
La funcionaria costarricense aseguró que no sabe cómo van “a desperdiciar una visita de este tipo por el momento país” en el que se encuentra Costa Rica, al reaccionar sobre las críticas de la visita de Bukele a Costa Rica en época de campaña electoral presidencial, ya que las elecciones son el 1 de febrero de 2026. “Qué dicha que tenemos también presidentes de la República de otros países que lo que dicen lo hacen”, insistió.
Bukele es acompañado de la secretaria de Comunicaciones, Sofía Medina, y el director de Protocolo, Francisco Merino. / Presidencia.
A su llegada a El Salvador, en un avión oficial, Bukele fue acompañado de la secretaria de Comunicaciones, Sofía Medina; la embajadora de El Salvador acreditada en Costa Rica, Diana Marcela Vanegas Hernández; y el director de Protocolo, Francisco Merino, además del escolta del Estado Mayor Presidencial de El Salvador.
La recepción, que incluyó la entonación de los himnos nacionales de Costa Rica y El Salvador, fue transmitida en la cuenta de YouTube y otras redes sociales de Nayib Bukele.
Bukele participará en la puesta de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) que tendrá una capacidad de 5,100 internos y tendrá una inversión de $35 millones, y que estará a cargo del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.
La cena que se tenía prevista en el Hotel Intercontinental de Costa Rica se modificó debido a una denuncia de amenaza de muerte contra el presidente costarricense Rodrigo Chaves que fue interpuesta por la Dirección de Inteligencia y Seguridad ante el Ministerio Público de Costa Rica.
Fotografía oficial del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a su llegada a Costa Rica, el 13 de enero. / Presidencia.
El avión en el que viaja el presidente salvadoreño. / Presidencia.
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión aprobó al final de la tarde de este martes el dictamen favorable de la Ley para el fomento de la expansión de las inversiones, que otorga incentivos fiscales a empresas que tengan al menos 10 años de estar instaladas en El Salvador y que amplíen sus inversiones a partir del $1 millón a más de $20 millones.
La aprobación del dictamen favorable se realizó luego de suprimir toda referencia a la Secretaría de Comercio e Inversiones de la Presidencia de la República, con el fin de dejarle a la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Invest) la potestad de realizar la calificación de perfil del inversionista para que aplique a los incentivos.
El proyecto de ley otorgaba esta potestad tanto al Invest como a la Secretaría de Comercio, pero esto fue modificado en los artículos 5, 6 y 7. La calificación de inversionista emitida por Invest será uno de los requisitos para tramitar el incentivo.
La segunda modificación fue que el inicio de la vigencia iniciara ocho días después de la publicación en el Diario Oficial. El proyecto establecía que la ley entraría en vigor el 1 de enero de 2026.
La ley establece que las empresas que apliquen recibirán un “crédito tributario acreditable contra el Impuesto sobre la Renta” utilizable por 10 años, según la siguiente tabla:
-Inversión de $1,000,000 a $10,000,000: un crédito del ISR equivalente al 10 % de la inversión.
-Inversión de $10,000,000.01 a $20,000,000.00: un crédito del ISR equivalente al 20 % de la inversión.
-Inversión de $20,000,000.01 en adelante: un crédito del ISR equivalente al 30 % de la inversión.
El presidente del Invest, Rodrigo Ayala, dijo en la Comisión de Tecnología que son 144 empresas las que están haciendo «cola» para aplicar a la nueva normativa. Ayala aseguró que la ley es la respuesta luego de escuchar a empresarios que ya están establecidos en el país.
Los beneficiados también estarían exentos del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces por la adquisición de inmuebles para la expansión a utilizarse al menos durante cinco años.
Podrán aplicar empresas de textiles, confección, agroindustria, alimentos y bebidas, autopartes, electrónica, plásticos, calzado, químico farmacéuticos, productos para la construcción, fabricación de papel y productos de papel para ampliar infraestructura, comprar vehículos, maquinarias, entre otros.
Con modificaciones, la Comisión de Tecnología e Inversión de la Asamblea Legislativa aprobó este martes el dictamen favorable de reforma a la Ley de servicios internacionales para que la inversión se realizan «desde los primeros seis meses operaciones» y ya no «en» los primeros seis meses o «en» el primer año como indica actualmente la normativa.
Este martes, Marta Solís, directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía, explicó que la reforma busca fomentar la inversión. “De alguna manera se amplíe la inversión de las inversiones ya existentes”, dijo.
Solís pidió que modificar los artículos 4 y 5 del proyecto para que las inversiones se exijan “a partir de los primeros seis meses de la operación”.
El proyecto de reforma también busca que las empresas beneficiadas puedan “adicionar una o más actividades beneficiadas” y también puedan distribuir el área verde exigida del 30 % del área total en 10 % dentro del parque de servicios y el otro 20 % dentro o fuera del parque de servicios. Una reforma similar ya se realizó a la Ley de zonas francas.
Actualmente, para usuarios directos se establece el requisito de inversión para que se cumpla “en los primeros seis meses” y “en el primer año” para servicios médico hospitalarios y atención a ancianos.
El cambio: “Desde los primeros seis meses”
La normativa regula el plazo para que se cumplan los requisitos de inversión y de empleo, y actualmente establece un monto mínimo de inversión en activos según el rubro económico “en los primeros seis meses de operaciones” o “en el primer año de operaciones”.
La reforma no modifica los montos de inversión mínima que deben realizar las empresas incentivadas pero establece para todos los rubros que esta inversión se deba realizar “desde los primeros seis meses de operaciones”, así:
1. Para usuarios directos, $150,000 desde los primeros seis meses de operaciones.
2. Para servicios médico hospitalarios, usuarios directos, $1 millón desde los primeros seis meses de operaciones.
3. Para atención a ancianos y convalecientes como usuarios directos, $250,000 desde “los primeros seis meses de operaciones”.
4. Para centros de servicios, de procesos empresariales, tecnologías de inversión y cinematografía, $250,000 desde los primeros seis meses de operaciones.
5. Para centros de servicios, de servicios médico-hospitalarios: $2 millones desde los primeros seis meses de operaciones.
6. Para centros de servicios de atención de ancianos y convalecientes, $500,000, desde los primeros seis meses de operaciones.
7. Para servicios especializados para aeronaves, que sean centros de servicios, la inversión no podrá ser menor de $500,000, desde los primeros seis meses de operaciones.
La Ley de servicios internacionales aprobada, en 2007, otorga incentivos fiscales y aduaneros a empresas que se establezcan en El Salvador y que dan servicios internacionales, es decir, a clientes fuera del país. Incluye call centers, servicios de procesos empresariales, tecnologías de información, servicios médico hospitalarios, atención a ancianos y convalecientes, entre otros. Les otorga exenciones de Impuesto sobre la Renta, impuestos municipales, Impuesto sobre transferencia de Bienes Raíces y aranceles.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llegará la tarde de este martes a Costa Rica para reunirse con su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves, quien lo hará participar en la inauguración, el miércoles, del proyecto de construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), en La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
El proyecto, que sería lanzado en plena campaña electoral costarricense, es una megacárcel inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) construida por el gobierno de Bukele en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur.
Casa Presidencial de El Salvador no ha informado sobre la agenda del presidente ni sobre su viaje. Infobae publicó que la llegada está programada para las 5:00 p.m.
La visita ocurre dos semanas antes de las elecciones generales de Costa Rica del domingo 1 de febrero de 2026.
Según el El Observador de Costa Rica, Bukele podría reunirse con José Aguilar, candidato presidencial del partido Avanza, ya que su esposa es prima hermana del mandatario salvadoreño. Tampoco descartan una reunión con Laura Fernández, candidata a la Presidencia por el partido oficial Partido Pueblo Soberano (PPSO), aunque la diputada Pilar Cisneros dijo que aún no tenían el programa.
La llegada del presidente salvadoreño se realizaría poco después de una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, que declaró sin lugar una solicitud de amparo para evitar la visita del mandatario salvadoreño debido a que Costa Rica se encuentra en campaña electoral.
El Tribunal costarricense declaró “sin lugar” el recurso de amparo el 12 de enero porque consideró que los ciudadanos demandantes, Alex Solera Cordero y Óscar Quesada Rodríguez, “no acreditaron” de qué forma la visita del mandatario salvadoreño les afecta sus derechos fundamentales político electorales, según un comunicado del mismo Tribunal.
Sin embargo, los magistrados citaron la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas para decir que las delegaciones extranjeras están obligadas a “no inmiscuirse en los asuntos internos” de. Otros Estados, porque violarían el derecho internacional público.
La nueva cárcel del presidente tico promete albergar 5,100 reos de alta peligrosidad en cinco módulos. Para un experto en relaciones internacionales citado por el medio Monumental de Costa Rica, para Chaves significa un espaldarazo de Bukele y para el presidente salvadoreño subrayar su política de influencia en la región.
El 3 de octubre de 2024, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) otorgó el permiso ambiental a la sociedad Global Developers, S.A. de C.V., para la ubicación y la construcción del proyecto Ciudad Marsella segunda etapa.
Algunas de las viviendas de la urbanización, ubicada en el kilómetro 34.5 de la carretera a San Juan Opico-Quezaltepeque, cantón El Jabalí, distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro, se inundaron con la lluvia de la tarde del sábado 10 de enero.
Marsella II es un proyecto habitacional ubicado en un terreno de 1,413,027.49 metros cuadrados que, según el permiso ambiental otorgado, debería disponer de servicios básicos de agua potable con dos pozos propios, dos plantas de tratamiento, ocho obras de paso y dos lagunas de laminación. Esta resolución ambiental fue firmada por el actual ministro de Medio Ambiente, Fernando López Larreynaga.
La resolución ambiental establece que un dictamen técnico del MARN emitido el 24 de septiembre de 2024 forma parte de la misma resolución y que dicho dictamen es de “obligatorio cumplimiento”. El dictamen obliga a la empresa a realizar un Programa de Manejo Ambiental en la zona.
El permiso ambiental otorgado en octubre de 2024, sin embargo, aclaró que no daba derecho a la empresa a iniciar el funcionamiento terminada la construcción, ya que “una vez concluidas las medidas ambientales” la empresa debía pedir a la Gerencia de Cumplimiento Ambiental una auditoría de evaluación ambiental.
Ese dictamen técnico, emitido el 26 de mayo de 2025 y que forma parte de la resolución de permiso ambiental, detalló que en el terreno de Marsella segunda etapa “predominan complejos epiclásticos” por flujos de lavas por erupciones y que el uso del suelo del lugar del proyecto era «agrícola con cultivos en abandono».
Mapa del proyecto incluido en el dictamen técnico del Ministerio de Medio Ambiente.
Lagunas de laminación para descargas controladas
Una conclusión del análisis hidrológico e hidráulico del proyecto, según el dictamen, fue que los caudales máximos por la escorrentía superficial en su condición natural eran 3.18 metros cúbicos por segundo pero, con el desarrollo del proyecto, llegarían a ser 20.67 metros cúbicos por segundo, por lo que establecen la necesidad de construcción de dos lagunas, para mitigar el impacto que generará la construcción.
Según el dictamen, una laguna de laminación tendría capacidad de 23,000 metros cuadrados con una tubería de desfoque de 750 milímetros; y la otra, 17,000 metros cúbicos y 600 milímetros.
“Para el control de la escorrentía superficial, a efectos de mitigar el impacto hidrológico, consecuente por el desarrollo del proyecto, se construirán dos lagunas de laminación y así generar descargas controladas hacia la quebrada La Alcantarilla”, establece el dictamen técnico, emitido por técnicos de la Gerencia de Evaluación Ambiental del MARN y que fue base para la resolución de permiso ambiental.
Los técnicos consideraron que con esas lagunas “se puede controlar” y “no causarán impacto negativo”.
El MARN sugirió construir dos lagunas de laminación a la empresa en Marsella segunda etapa.
Zonas de inundación
El dictamen del MARN habla de un análisis hidráulico que realizaron, en el cual se establecieron “las áreas de inundación de las quebradas que atraviesan el proyecto”.
“La zona de estudio posee ciertas zonas planicies de inundación” provocadas por la topografía del lugar, detalló el dictamen, que también indicó que, con obras de terracería y de mitigación, “mejora las condiciones”.
El análisis, sin embargo, indica que “el proyecto no cuenta con amenaza de inundaciones”, mientras cita un «Informe climatología, hidrología e hidráulica’ presentado en EsIA».
El dictamen del MARN también advirtió que el proyecto colinda con el Área Natural Protegida Chanmico y que el MARN solicitó a la empresa un estudio de impactos en el área protegida.
Dicho estudio consideró que en la zona de amortiguamiento el uso de suelo es habitacional y el MARN recomendó un vivero de 25 metros de ancho. También, emitió “lineamientos” como plan de rescate, traslocación y liberación de fauna silvestre, un plan de gestión de residuos sólidos, reforestación, entre otros.
Pasó a ser de «uso habitacional de alta densidad»
El proyecto de la segunda etapa de Ciudad Marsella, según el dictamen, se ubicaba en la “Zona de Conservación», según las «Directrices para zonificación ambiental» y los «Usos de suelo de la región noroccidental» y el «Mapa de la zonificación ambiental».
Según el mapa, la zona del proyecto contiene tres zonas: de protección y restauración, de restauración y aprovechamiento, y de protección y aprovechamiento: en la primera se encuentran restringidos los proyectos urbanísticos; y en las otras dos, no.
El «Estudio hidrológico e hidráulico y análisis de inundaciones del proyecto», mencionado en el dictamen, determinó la necesidad de “franjas de protección para las quebradas, obras de mitigación a realizar” y que «no generaría problemas de inundación”. La franja de protección, según el dictamen, fue avalada por la Oficina de Planificación del Valle de San Andrés.
Luego de explicar las diferentes zonas que hay en el área del proyecto, el dictamen indica, sin dar más detalles, que el gobierno local “mediante acuerdo municipal” resolvió que “todo el inmueble objeto de este estudio ha pasado a ser a uso habitacional de alta densidad”.
Zonificación del lugar del proyecto de segunda etapa de Ciudad Marsella (delimitación rosada), y diferentes zonas de uso de suelo. / Dictamen técnico MARN.
El director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Luis Rodríguez, aclaró que no le compete a la OPAMSS.
Convenio de compensación con la ASA
El dictamen también establece un Convenio de compensación ambiental suscrito con la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) por $335,481.33, por la tala de 2,920 árboles y un área de impermeabilización de 370,698 metros cuadrados o 37.06 hectáreas, y un área de afectación a paisaje y vida silvestre de 1,413,027.49 metros cuadrados o 141.30 hectáreas.
El monto total de las medidas ambientales recomendadas en el dictamen ascendían a $32,740 por un periodo de tres años.
Una resolución del MARN del 26 de mayo de 2025 resuelve que la empresa debe “atender las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría de Evaluación Ambiental” para “mitigar la generación de material particulado por las obras” y reconoce que las medidas ambientales se encuentran “en proceso, por lo que deben seguir ejecutándose”.
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, ratificó que la política migratoria no sufrirá ningún cambio y que se trata de “políticas mucho más estrictas” que consisten en fronteras cerradas.
La funcionaria destacó la caída en la cantidad de personas que buscan cruzar la frontera sur hacia los Estados Unidos aunque no se atrevió a afirmar que disminuiría o aumentaría este año 2026 la cantidad de salvadoreños deportados.
Se inclinó por mostrar que el gobierno estadounidense busca promover la autodeportación, a través de la aplicación CBP Home, ya que consideran que es un mecanismo más seguro y tranquilo de deportación.
«En términos de política migratoria, yo creo que las visitas que nosotros hemos patrocinado para reporteros para ir a la frontera se puede ver claramente cuál es la política de migración de nuestra administración, es una frontera mucho más cerrada, son unas políticas mucho más estrictas, que se están siguiendo y eso no va a cambiar. Esa es una de las grandes prioridades de nuestra administración, de verdad traer un nivel de control al flujo migratorio que estaba entrando a los Estados Unidos», fueron las palabras de Fellows.
La encargada de la misión admitió que el TPS para El Salvador, cuyo vencimiento está previsto para el 9 de septiembre de 2026, ha sido tema de conversación interna y también entre los gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos. Afirmó que este tipo de temas, como las deportaciones, forman parte del diálogo constante que mantienen ambos gobiernos.
Ante una pregunta sobre si El Salvador está listo para recibir a sus connacionales deportados, respondió: «Esa pregunta le diría a usted que se la dirija al Gobierno de El Salvador, ellos saben bien qué están haciendo y si están listos».
En términos de diálogo, es constante, siembre estamos hablando de este tema, tenemos colegas con el cual cooperamos muy efectivamente en el proceso. El número ha bajado drásticamente (en la frontera). Y no creo que eso vaya a cambiar. Naomi Fellows, encargada de negocios de la Embajada de EE.UU. en El Salvador.
Aunque el año 2025, cerraría con más de 5,000 migrantes salvadoreños detenidos en todo Estados Unidos, de los cuales 3,600 fueron hallados en la frontera sur, la tendencia es una caída en esta cantidad es de un 90 % en un año, ya que en 2024 se registraron 45,351 migrantes salvadoreños encontrados.
Las deportaciones, si bien registran un leve aumento respecto a 2021 –de 9,152 a 14,986– muestran niveles menores a los periodos históricos con mayores deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos, que fueron registrados de 2014 a 2016, e incluso el año 2019, según cifras oficiales de Migración salvadoreña.
Según cifras oficiales de autoridades migratorias estadounidenses (ICE y DHS), los años de mayor deportación fueron de 2007 a 2019, ya que la cantidad de deportados osciló entre los 15,445 (2018) y la más alta, 27,180 (2014).
