Autor: Yolanda Magaña

  • Asamblea ratifica préstamo por $9.6 millones para planta de energía solar que generaría 20,000 MWh anuales

    Asamblea ratifica préstamo por $9.6 millones para planta de energía solar que generaría 20,000 MWh anuales

    La Asamblea Legislativa ratificó este miércoles el contrato de préstamo por $9.6 millones con el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe para la instalación de la «Planta de energía solar fotovoltaica de San Matías«, que estará ubicada en el distrito de San Martías, La Libertad Norte, La Libertad.

    La planta generaría alrededor de 20,000 megawatts anuales y reduciría hasta 13,000 toneladas de emisión de dióxido de carbono con energía limpia y renovable.

    El proyecto incluye la construcción vías de acceso a la planta, la instalación de un cerco perimetral, preparación de terreno, traslado de la infraestructura al lugar, la construcción y puesta en marcha de la planta, limpieza, nivelación y compactación de la zona para la instalación de los paneles solares, canalización subterránea para el tendido de cables eléctricos, obras hidráulicas para el manejo de aguas pluviales (canales de drenaje, alcantarillas y pozos de absorción), la construcción para cimientos para estructuras de montaje, adquisición de módulos fotovoltáicos (inversores, transformadores y cables de corriente continua y alterna), entre otros.

    La instalación de la planta será ejecutada por el Ente Nacional de Transmisión Eléctrica (ENTE), creado en febrero de 2023 y es propietario de las acciones de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en la Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal). El ENTE está facultado a autorizar las inversiones de la autónoma.

    El crédito debe ser pagado en un plazo de 25 años, tiene un periodo de tres años de gracia, con pago en cuotas semestrales a una tasa de interés del 2.5 % anual sobre el monto principal.

    A junio de 2025, la capacidad energética de El Salvador alcanzaba los 3,137.82 megavatios, de esos, la capacidad por fuente fotovoltaica es 764.5 megavatios, un 24.3 %; y la hidroeléctrica, 639.8 megavatios.

  • Autorizan a Hacienda a firmar crédito con el CAF para regionales de El Nido en hospitales de Santa Ana y San Miguel

    Autorizan a Hacienda a firmar crédito con el CAF para regionales de El Nido en hospitales de Santa Ana y San Miguel

    La Asamblea Legislativa autorizó este miércoles al Ministerio de Hacienda a que firme un contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $75 millones para el proyecto de equipamiento del Centro de Maternidad Nacer con Cariño «El Nido» y sus regionales en occidente y oriente en espacios de los hospitales «San Juan de Dios» de Santa Ana y San Miguel.

    De acuerdo al Ministerio de Hacienda, con los fondos intervendrán un área de 1,461 metros cuadrados del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana para equipar seis unidades de trabajo de parto, cuatro islas neonatales, dos quirófanos obstétricos y cinco salas de alojamiento conjunto, un total de 20 plazas.

    También, en el hospital San Juan de Dios de San Miguel, se intervendrían 1,960 metros cuadrados con equipamiento de seis unidades de trabajo de parto, tres islas neonatales, dos quirófanos obstétricos y cinco salas de alojamiento conjunto, un total de 20 plazas.

    Las intervenciones incluirían equipos para control prenatal, monitores fetales, ultrasonografía, equipamiento para zona de parto y recuperación, equipos obstétricos y manejos de emergencia, incubadoras, cunas térmicas, equipamiento de neonatología, equipos para unidad de cuidados intensivos neonatales.

    El dictamen no realiza el detalle del destino de los fondos para cada una de las regionales.

    En el pleno, los diputados no emitieron opiniones sobre el proyecto cuando se sometió a discusión. Fue aprobado con 57 votos de Nuevas Ideas y sus partidos aliados, Partido de Concertación Nacional y Partido Demócrata Cristiano.

    El préstamo tiene un plazo de hasta 18 años, incluyendo un periodo de gracia de cuatro años y medio, con una tasa de referencia más 1.80 % con opción de conversión a tasa de interés fija, una comisión de compromiso de 0.35 % anual sobre saldos no desembolsados del préstamo, una comisión de financiamiento de 0.85 % sobre el monto del préstamo a partir de la vigencia del contrato y $50,000 a más tardar en el momento del desembolso, en concepto de gastos de evaluación.

    La construcción del Centro de Maternidad «El Nido» de San Salvador inició en marzo de 2026; en la torre 1 se atenderá a madres embarazadas y en la torre 2 estarán las unidades de parto, habitaciones privadas, Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales con acceso familiar y áreas de atención médica especializada.

  • Distribuyen $97 millones entre 9 instituciones; NI defiende asignaciones y Arena pide reorientar $20 millones a agricultores

    Distribuyen $97 millones entre 9 instituciones; NI defiende asignaciones y Arena pide reorientar $20 millones a agricultores

    Con 57 votos del oficialismo, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma presupuestaria por $97 millones disponibles de títulos valores o deuda en nueve instituciones y rechazó una propuesta del opositor Francisco Lira para que se reorientaran a agricultores $20 millones de los $35 millones asignados al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para los agromercados.

    El diputado Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) aseguró que los agricultores «están compitiendo de forma desleal y con desventaja» debido a la política de importaciones «que ahogan la producción local». «Pero a ustedes quizás eso no les importa porque quizás hay empresas que se están llenando con el tema de importación», expresó. Su propuesta no ingresó a estudio, ya que recibió solo tres votos a favor, dos de su partido y uno de Vamos.

    Por su parte, el diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, defendió la aprobación de la reforma presupuestaria. «La economía se ha ido fortaleciendo y felicitar a todas las autoridades del Ministerio de Hacienda por el buen trabajo que están haciendo y que se ve reflejado con el anuncio del FMI y una proyección de crecimiento del 4.5 %, el más alto en varias décadas», dijo en el pleno.

    Los fondos provienen del saldo que había quedado pendiente de ejecución de dos emisiones de títulos valores (deuda).

    Es decir, las dos colocaciones de títulos valores fueron por $344 millones el 11 de noviembre de 2025 y de $100 millones el 15 de abril de 2026. De ambas colocaciones quedaron saldos disponibles de $77 y $20 millones, respectivamente.

    ¿Cómo se distribuyen los $97 millones de saldo en títulos valores?

    Para gastos de funcionamiento de lo que falta del año 2026:

    • Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco): fortalecimiento institucional, $1.5 millones.
    • Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES): continuidad operativa: $1.3 millones.
    • Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN): gastos de funcionamiento, $1,225,000.
    • Gobernación: $9 millones para “fortalecimiento institucional a efecto de poder continuar articulando las diferentes niveles de gobierno y actores que contribuyen a la territorialización de las políticas públicas».

    Para atracción de visitantes e inversiones, y eventos internacionales: 

    • Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur): $2 millones de la deuda para «acciones estratégicas de promoción del país como destino turístico competitivo para la atracción de visitantes e inversionistas».
    • Ministerio de Turismo: $1 millón para el «desarrollo de eventos internacionales de alto impacto para el fortalecimiento sostenible del sector turístico».

    Para agromercados y cárceles:

    • Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): $37 millones para los “fortalecimiento de agromercados, y otros gastos de logística y operatividad institucional”.
    • Seguridad Pública y Justicia: $30 millones para «garantizar una gestión eficiente en el proceso de rehabilitación de los privados de libertad, dándole cumplimiento a las condiciones mínimas de detenciones».

    Para litigios:

    • Fiscalía General de la República: $2.7 millones para «litigios internacionales y gastos de funcionamiento institucional».

    Para transporte, alimentación y becas:

    • Dirección de Integración: $10 millones la Dirección de Integración para «servicios de transporte, alimentación, procesos formativos y entrega de becas del programa Florecimiento Salvadoreño”.

    Para gratuidad del DUI:

    • Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN): $1,189,835 «para cubrir el pago de emisión gratuita del DUI por primera vez».

     

  • Marcela Villatoro pide recomendable a fiscal general por denuncias de acoso sexual en centro escolar

    Marcela Villatoro pide recomendable a fiscal general por denuncias de acoso sexual en centro escolar

    La diputada Marcela Villatoro, jefa de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió este miércoles introducir para estudio un dictamen recomendable dirigido al fiscal general, Rodolfo Delgado, para que inicie un proceso penal por indicios del delito de acoso sexual contra alumnas y exalumnas del Centro Cultural Salvadoreño Americano.

    Solo los dos legisladores de Arena votaron a favor de incorporar la iniciativa a la agenda de la sesión plenaria, por lo que esta no fue agendada ni enviada a estudio en alguna comisión legislativa.

    La diputada Villatoro dijo, en su iniciativa, que conoce denuncias de acoso sexual y encubrimiento por manifestación de “más de una veintena de estudiantes, exestudiantes, familiares, madres y padres de familia”.

    “Esta semana varios estudiantes me han estado buscando y pude reunirme con algunos de ellos… Varios padres de familia se comunicaron conmigo contándome lo que sufrieron sus hijas dentro de esta institución y, a pesar de que lo han denunciado, a su directora y a su subdirector, el caso se ha mantenido en completo hermetismo y no les han dado una solución”, relató Villatoro.

    La legisladora exhortó a denunciar e investigar las denuncias. “Las instituciones deben de cumplir a cabalidad la legislación, si hay una denuncia de algún alumno, debe de hacerse la investigación correspondiente, no solamente archivarse”, dijo.

    Cuestionó que la Fiscalía “no está” actuando de oficio, cuando la ley se lo permite.

    “Ningún pedófilo debe de andar fuera y menos dando clases, y menos teniendo contacto con menores”. Marcela Villatoro (Arena).

    En el pleno, la legisladora también exhortó a la ministra de Educación, Karla Trigueros, “a tomar cartas en el asunto”.

    “Pusieron de manifiesto aproximadamente unos 200 casos de acoso sexual ocurridos desde el año 2012, por parte de una decena de profesores con el encubrimiento de las autoridades del plantel privado… Es imperativo que la Fiscalía General de la República actúe de oficio y proceda ante las denuncias de delito de acoso sexual que se han manifestado públicamente”, detalló la legisladora en la pieza de correspondencia.

    Según la legisladora, siete personas señaladas de acoso han sido identificadas por un grupo de estudiantes y exestudiantes; y tres personas de encubrir dichos delitos.

    El acoso sexual es castigado con prisión de tres a cinco años; de cuatro a ocho años de prisión si es realizado contra menor de 15 años.

    El diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, aseguró que no van a tolerar de ninguna manera este tipo de abusos. Pero que las instancias correspondientes “son las que tienen que actuar”.

    “Ahora, las instancias correspondientes son las que tienen que actuar”. Ernesto Castro, diputado de Nuevas Ideas.

    “Las instancias correspondientes deben actuar. Y nosotros, que incluso reformamos la ley para que los violadores sean castigados con cadena perpetua que por cierto no tuvimos el acompañamiento de todos los diputados, nosotros nos vamos a mantener firmes en esto”, indicó el legislador oficialista.

    El medio de comunicación revistafactum.com publicó el 8 de septiembre que un grupo de estudiantes, estudiantes y familiares se manifestó frente a las instalaciones del Centro Cultural Salvadoreño Americano, y que se apoyaron en un grupo de exalumnos porque los estudiantes temían ser detenidos por el régimen de excepción.

    La Fiscalía registró 7,271 denuncias por violencia sexual y 80 casos de violencia feminicida durante un año, entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, lapso en el cual 443 personas acusadas de cometer delitos sexuales fueron absueltas, un 14.87 %.

  • EEUU confirma hará anuncio sobre TPS para El Salvador y mantiene protección mientras tanto

    EEUU confirma hará anuncio sobre TPS para El Salvador y mantiene protección mientras tanto

    Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó este miércoles que realizará un anuncio sobre el Programa de Protección Temporal (TPS) que ampara a más de 170,000 salvadoreños, quien mantienen la protección mientras este sea realizado.

    “Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento apropiado. Hasta que se haga dicho anuncio, las personas salvadoreñas presentes en los Estados Unidos bajo el TPS mantienen su protección”, reza el anuncio que fue enviado a medios de comunicación, ante la consulta.

    “An announcement on El Salvador’s TPS will be made at the appropriate time. Until such announcement is made, Salvadoran individuals present in the U.S. under TPS retain protection”, fue la respuesta en inglés que dio a otros medios de comunicación y que fue reenviada a Diario El Mundo por DHS.

    Diario El Mundo preguntó al DHS las preguntas si hay una decisión definitiva o en evaluación de renovación o cancelación de DHS después de este vencimiento, si los salvadoreños bajo TPS tiene una fecha de salida; y también, si, ante el silencio de DHS, ¿está vigente una prórroga automática de 60 días para los salvadoreños con TPS?

    La extensión aprobada en enero de 2025 durante la gestión de Biden termina este miércoles 9 de septiembre después de más de dos décadas de protección migratoria otorgada; la legislación estadounidense permite una extensión automática cuando el secretario de DHS no determina si un país aún califica para el TPS por lo menos 60 días antes de que la designación caduque, tal como ocurrió con Líbano.

    El fin del programa sin una nueva protección amenaza la situación migratoria de unos 170,000 beneficiarios y aproximadamente 150,000 hijos ciudadanos estadounidenses.

    El TPS para El Salvador fue asignado a raíz de los terremotos que golpearon El Salvador en 2001. El gobierno de los Estados Unidos ha suspendido el TPS para 13 países y las cancelaciones son parte de la campaña de la administración Trump contra la migración irregular.

  • Diputados entrevistan a los seis candidatos del sector de universidades privadas para el CNJ

    Diputados entrevistan a los seis candidatos del sector de universidades privadas para el CNJ

    La Comisión Política de la Asamblea Legislativa entrevistó el martes a otros seis candidatos a miembros propietarios y suplentes del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) propuestos por el sector de las universidades, que propusieron ampliar las capacitaciones, retomar la formación inicial de jueces y evaluar las evaluaciones que realiza la institución encargada de seleccionar, proponer, evaluar y capacitar a los jueces y magistrados del sistema judicial.

    La primera candidata a propietaria del CNJ fue Verónica Lisseth González Penado, consejal propietaria del CNJ, coordinadura de la Escuela de Capacitación Judicial, docente universitaria y capacitadora de Derecho Laboral.

    González Penado aseguró que las evaluaciones de jueces y magistrados ya están al día, «ahora 2026 ya se está evaluando 2026», indicó, y aseguró que los ciudadanos pueden corroborar las capacitaciones que están realizando en el CNJ, presenciales semipresenciales y a través de videoconferencias, así como evaluaciones de seguimiento que pueden terminar en la remisión de un caso a la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

    El diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), preguntó qué hacen ante la mora judicial. La candidata respondió que es una tarea de todos, hay poco conocimiento de los canales de denuncia y que se deben medir los juzgados que están más cargados.

    La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, preguntó cómo se puede mejorar el proceso de selección de jueces y se refirió a la falta de formación inicial de los jueces.

    «En tiempos recientes, a pesar de que vivimos en la era de la información, en lugra de mejorar con la selección de los perfiles de jueces, parece que ha habido un retroceso, primero se seleccionan, y parece que se están aventando a los jueces sin flotador», dijo. La candidata aseguró que la formación inicial de jueces era financiada con cooperación.

    William Rafael Rebollo Alvarado, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Francisco Gavidia, cambiar la visión del CNJ 

    Rebollo Alvarado propuso la revisión del manual de selección de jueces y magistrados, valorando la vocación y la tendencia social, darle relevancia a la prueba psicológica y desarrollar perfiles en cada área, y promover la máxima transparencia en los procesos.

    También sugirió evaluar el manual de evaluación, generar criterios de evaluación para mejorar la calidad argumentativa de las resoluciones judiciales, mejorar la metodología con alianzas con las universidades, y detectar arbitrariedad e ineptitud en la gestión de justicia.

    Así mismo, recomendó la creación de un Instituto Especializado en Capacitación Judicial, una formación diferenciada, fortalecimiento de las habilidades blandas y programas de salud mental.

    A ello sumó la digitalización de los informes al CNJ, los procesos de cobertura de vacantes y la aplicación de la Inteligencia Artificial en la administración de justicia para, por ejemplo, procesar expedientes y generar resúmenes.

    Este candidato también propuso regresar a un programa de formación inicial de jueces por mandato de ley. «Eso nos puede asegurar contar con mejores perfiles a la judicatura», indicó.

    El tercer candidato entrevistado fue César Edgardo Castaneda Espinoza, quien ha sido jefe de unidad en el CNJ, ofreció «gobernabilidad, estabilidad y seguir una línea de desarrollo» con una «visión de país».

    Castaneda Espinoza propuso un componente de investigación aplicada, un observatorio de justicia, un repositorio y biblioteca, la transformación educativa de la Escuela de Capacitación Judicial, evaluar las evaluaciones, la transformación digital, entre otros.

    Los diputados también entrevistaron a los candidatos a consejeros suplentes de la terna propuesta por las universidades privadas: María Francesca Leiva Rodríguez, docente universitaria en la Universidad Modular Abierta; Yasmin Stefani Franco Bermúdez: abogada experta en género y derechos humanos; y Manuel de Jesús Torres Gavidia, abogado en el libre ejercicio y exgerente de la Autoridad Marítima Portuaria.

  • Uno de los 42 candidatos al CNJ declina de su postulación como consejal suplente por el sector del Ministerio Público

    Uno de los 42 candidatos al CNJ declina de su postulación como consejal suplente por el sector del Ministerio Público

    Uno de los candidatos a miembro suplente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) por el sector del Ministerio Público desistió de su postulación por compromisos laborales y personales.

    René Alfonso Pérez Turcios, quien obtuvo el segundo lugar en la votación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), envió una carta a la Comisión Política, dirigida a su presidente, el diputado Ernesto Castro.

    «Mi decisión formal de desistir de mi particpación en el proceso de elección llevado a cabo por esta honorable Asamblea Legislativa… He decidido que en este momento debo dirigir mis esfuerzos hacia otros compromisos laborales y personales que me impiden continuar con la dedicación que tan alto cargo amerita», comunicó Pérez Turcios.

    El aspirante, quien agradeció la oportunidad y la consideración de su candidatura a los diputados, y deseó éxitos a los legisladores para la selección «del perfil más idóneo para representante del Ministerio Público y su suplente».

    Pérez Turcios es máster en Derechos Humanos y Democracia en Iberoamérica. Universidad de Alcalá de Henares, España, ha sido jefe del Departamento de Derechos Políticos y fue jurídico en la Procuraduría Adjunta de Derechos Civiles e Individuales.

  • Más de 24,500 salvadoreños arrestados por ICE desde el inicio del gobierno de Trump

    Más de 24,500 salvadoreños arrestados por ICE desde el inicio del gobierno de Trump

    Un total de 24,548 arrestos de salvadoreños por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) reporta una publicación de la BBC que retoma datos hasta el 6 de agosto publicados por el Deportation Data Project.

    El Salvador es la quinta nacionalidad con más arrestos después de México, Guatemala, Honduras y Venezuela. Después de El Salvador, se ubican Nicaragua, Colombia, Ecuador, Cuba, Brasil, Perú, República Dominicana, India, China y Vietnam según las cifras, obtenidas por el Deportation Data Project en respuesta a una solicitud de la Ley de la libertad de la información de los Estados Unidos.

    La publicación de la BBC sostiene que el 57 % de las personas arrestadas por ICE son deportadas en menos de 60 días y que solo el 7 % son liberadas en el mismo tiempo.

    En el sitio deportationdata.org, que muestra datos de arrestos y detenciones del ICE se pueden obtener 22,811 registros de detenciones administrativas de personas de El Salvador desde el 20 de enero de 2025, fecha en que inició la administración Trump, hasta julio de 2026. La mayoría de los detenidos son hombres, 20,162.

    Los datos también muestran que estas detenciones de salvadoreños por el ICE han oscilando entre 4,017 en 2023, 4,263 en 2024, 13,395 en 2025 y 9,606 de enero a julio de 2026.

    Mensualmente las autoridades del ICE han detenido a un promedio de 1,300 salvadoreños cada mes desde mayo de 2025, la mayor cantidad se registró en julio de 2026, mes en el que se reportan 1,612 detenciones.

    La base de datos muestra un alza en las deportaciones respecto a años recientes, ya que en 2023 se registran 596 decisiones relacionadas a la deportación o expulsión, incluida la voluntaria, en 2024 se reporta una cifra similar, 595; pero en 2025 se reportan 2,177 y en lo que va de 2026, 1,708.

    Sin embargo, las cifras de los salvadoreños deportados de los Estados Unidos aún no superan las históricas cifras de salvadoreños deportados durante los años 2007 a 2010, y el año pico, 2014, cuando se deportaron 27,180 salvadoreños. Un gráfico a través de los años con cifras del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional, publicadas en sus informes anuales, muestra el comportamiento de las deportaciones de los salvadoreños. El ICE aún no publica el informe correspondiente a 2025.

     

    Los datos históricos manejados por la Dirección General de Migración de El Salvador concentran la mayor cantidad de deportaciones entre los años 2013 y 2019, periodo en el cual suman 261,741 salvadoreños deportados, registrando la mayor cantidad en 2019, con 37,348 salvadoreños recibidos, la gran mayoría de los Estados Unidos.

  • El Salvador entre 91 países candidatos para recibir asistencia de la Corporación Reto del Milenio en año fiscal 2027

    El Salvador entre 91 países candidatos para recibir asistencia de la Corporación Reto del Milenio en año fiscal 2027

    El Salvador está entre los 91 países que pueden ser evaluados por la Corporación del Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) para recibir asistencia durante el año fiscal 2027 en apoyo a programas que promuevan el crecimiento económico.

    La Corporación Reto del Milenio publicó un aviso de los países candidatos en el Registro Federal, el 3 de septiembre, ya que así se lo establece la ley del desafío del milenio promulgada en 2003. El anuncio es suscrito por el vicepresidente interino, consejero general y secretario corporativo, Brian Finkelstein.

    Además de El Salvador, en el listado de países candidatos se encuentra Guatemala, Honduras, Belice, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Jamaica y Haití.

    La Ley del desafío del milenio de 2003 establece que la MCC tomen medidas para seleccionar países con los que buscará suscribir un pacto, tomando en cuenta «compromiso demostrado de un país con i) la gobernanza justa y democrática, ii) la libertad económica y iii) las inversiones en su pueblo»; y «la oportunidad de reducir la pobreza y generar crecimiento económico en el país».

    Un país se considera candidato para 2027 si tiene un ingreso bruto per cápita no mayor a $8,105 para el año fiscal 2027 y que sea elegible bajo la ley de Estados Unidos.

    La MCC también publicó un listado de países que podrían ser candidatos pero que mantienen una prohibición de asistencia por disposiciones legales, como Afganistan, Corea del Norte, Irán, Nicaragua, entre otros.

    En 2021 El Salvador reprobó el indicador de control de la corrupción por cinco año consecutivos, además de otros indicadores como Estado de Derecho, acceso al crédito, política fiscal y clima para generar emprendimientos.

    La Corporación del Reto del Milenio respaldó en El Salvador dos compactos de ayuda, uno de $490.9 millones y otro de $277 millones. Para mantener el apoyo, cada año evalúa 20 indicadores con información proveída por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Freedom House y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El convenio con la MCC inició su implementación el 15 de enero de 2015 hasta el 9 de septiembre de 2020.

    Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos certificó a El Salvador, Guatemala y Honduras que cumplen con 10 condiciones relacionadas al combate a la corrupción y al narcotráfico, a la defensa del Estado de derecho y la protección de derechos de defensores de derechos humanos, en una certificación publicada el 6 de agosto de 2026 y firmada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, el 1 de julio de 2026.

    Países candidatos para recibir asistencia de la MCC en año fiscal 2027

    1. Argelia

    2. Angola

    3. Azerbaiyán

    4. Bangladesh

    5. Belice

    6. Benín

    7. Bhutan

    8. Bolivia

    9. Botswana

    10. Burundi

    11. Cabo Verde

    12. Cambodia

    13. Cameroon

    14. Central African Republic

    15. Colombia

    16. Comoros

    17. Congo, Democratic Republic of the

    18. Congo, Republic of the

    19. Côte d’Ivoire

    20. Djibouti

    21. Ecuador

    22. Egypt

    23. El Salvador

    24. Equatorial Guinea

    25. Eswatini

    26. Ethiopia

    27. Fiji

    28. Gabon

    29. Gambia, The

    30. Ghana

    31. Guatemala

    32. Guinea

    33. Guinea-Bissau [1]

    34. Haiti

    35. Honduras

    36. India

    37. Indonesia

    38. Iraq

    39. Jamaica

    40. Jordan

    41. Kenya

    42. Kiribati

    43. Kosovo

    44. Kyrgyz Republic

    45. Lao PDR

    46. Lebanon

    47. Lesotho

    48. Liberia

    49. Libya

    50. Madagascar [2]

    51. Malawi

    52. Mauritania

    53. Micronesia, Federated States of

    54. Moldova

    55. Mongolia

    56. Morocco

    57. Mozambique

    58. Namibia

    59. Nepal

    60. Nigeria

    61. Pakistan

    62. Papua New Guinea

    63. Paraguay

    64. Philippines

    65. Rwanda

    66. Samoa

    67. Sao Tome and Principe

    68. Senegal

    69. Sierra Leone

    70. Solomon Islands

    71. Somalia

    72. South Africa

    73. Sri Lanka

    74. Suriname

    75. Syria

    76. Tajikistan

    77. Tanzania

    78. Thailand

    79. Timor-Leste

    80. Togo

    81. Tonga

    82. Tunisia

    83. Turkmenistan

    84. Uganda

    85. Ukraine

    86. Uzbekistan

    87. Vanuatu

    88. Venezuela

    89. Vietnam

    90. Yemen

    91. Zambia

  • Marcela Villatoro cuestiona a candidato al CNJ por llegar a “alabar” al gobierno en entrevista

    Marcela Villatoro cuestiona a candidato al CNJ por llegar a “alabar” al gobierno en entrevista

    La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuestionó el lunes al abogado Edwin Orlando Ortega Pérez luego de que este mostrara respaldo al régimen de excepción y respaldara reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa en la entrevista que diputados le hacían como candidato a miembro del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

    «¿Qué pasa cuando se quiere cambiar la realidad cambiando por completo normas constitucionales. Porque, si bien es cierto, la Constitución no está escrita en piedra, tiene ciertas llaves para que no se pase por encima de ella», le dijo la diputada, luego de que el candidato señalara que deben «estar a la altura» al asegurar que «la realidad ha venido superando al derecho».

    Villatoro aseguró que los gobiernos cambian pero que «el derecho y la Constitución es algo que debe prevalecer ante cualquier cosa».

    No quiero sonar grosera pero que hay muchos candidatos que vienen a alabar al funcionamiento y la forma en que está al gobierno, supongo yo que porque creen que eso les va a dar puntos cuando sean electos. Yo creería que la principal característica debe ser la independencia». Marcela Villatoro, diputada de Arena.

    Villatoro le cuestionó su planteamiento de cambiar los textos jurídicos según la realidad al referirse a la Constitución de la República que en Estados Unidos no ha sufrido modificaciones.

    El candidato le respondió todo lo que había expresado no tiene ninguna finalidad de «congraciarse con ningún partido político» y que su afirmación, de que la delincuencia ha disminuido, es un hecho «corroborable».

    Lo que he dicho es lo que mi experiencia a lo largo de mis 50 años me ha podido brindar y tengo capacidad para interpretar la realidad de El Salvador, el pueblo salvadoreño es mi mejor testigo, mis estudiantes (…) Consultarles ¿de dónde vienes?, y la gente no quería decir de dónde llegaba… Cuando uno advierte ese tipo de cosas de estudiantes, lo hace reflexionar a uno. ¿Acaso estas personas no tienen derecho a vivir en paz?». Edwin Ortega, candidato al CNJ.

    En la entrevista, el candidato señaló que decidió participar en el proceso de elección del CNJ porque advirtió «que los espacios se empezaron a abrir para diferentes sectores, de nadie es un secreto que el país ha avanzado».

    Destacó la baja de la delincuencia en el país y que antes era frustrante que los delincuentes salían absueltos. «Ahora tenemos una realidad distinta, esta Asamblea Legislativa ha aprobado una serie de reformas, para mí, efectivas», indicó a los diputados.

    Agregó que lo que se había enseñado en las universidades quedó «obsoleto» luego de los cambios en el sistema penitenciario. «Podría constituir un modelo para Latinoamérica, que de hecho ya se está observando e implementando en otros países», indicó.

    «El sistema penitenciario actual sobre pasó todo lo que venía enseñándose, quedaron obsoletos todo lo que se venía enseñando en las universidades, la realidad ha venido superando al derecho y nosotros debemos estar a la altura». Edwin Ortega, candidato al CNJ.

    El candidato, dijo que busca convertir el CNJ en el «ente rector de la doctrina y jurisprudencia de El Salvador» y que sea el referente para todos los operadores de justicia. Ejemplificó que el CNJ puede investigar jurídicamente la reducción de la delincuencial para plasmarlo en textos jurídicos. «Teníamos la solución al frente, en nuestras propias manos y no lo habíamos logrado», observó.