La diputada Cesia Rivas, del partido de oposición Vamos, rechazó ayer las supresiones de servicios públicos y de requisitos para los privados que haría la nueva Ley de Alianzas Público Privadas bajo estudio en la Asamblea Legislativa y que sustituiría la actual Ley de asocios público privados.
“Están haciendo leyes adecuándolas para los privados, pero no para la gente, lo cual debemos de prestar atención”, reclamó en un video divulgado en X.
La legisladora reclamó y enumeró cinco supresiones de disposiciones existentes en la ley actual.
“La ley que está ahorita excluía de todo asocio público-privado al agua, a la educación y a la salud pero la nueva ley no lo hace. También, incluía al fiscal general de República. Tenía un mínimo de inversión de 42,000 salarios mínimos para que haya un APP. También hablaba de un porcentaje del PIB que debía estar ahí y que debía garantizar. Todo eso se ha quitado. Se han quitado los controles. Se han quitado los informes que se deben presentar a la Asamblea Legislativa”, resumió en un video.
Su primer reclamo es la supresión de la prohibición actual para hacer APP con el fin de prestar servicios públicos de agua, salud y educación. En el proyecto, esta exclusión se elimina.
Luego, Rivas se refiere a que el artículo 4 de la ley actual indica que “el fiscal general de la República representará al Estado en los contratos sobre adquisición de bienes inmuebles en general y de los bienes muebles sujetos a licitación” y que velará porque “en las concesiones” otorgadas por el Estado “se cumpla con los requisitos, condiciones y finalidades” según la Constitución. En la propuesta, el papel del fiscal desaparece del texto.
La diputada también hace referencia al «monto de inversión y gasto actualizado de operación y mantenimiento de los proyectos a APP» que, según la ley actual, deben “superar el equivalente a 45,000 el salario mínimo vigente del sector comercio y servicios”, es decir, una APP debe tener una inversión mínima de $18.3 millones según la normativa actual.
Así mismo, otra de las observaciones de Vamos se refiere a que el artículo 20 de la ley actual establece que el monto acumulado de los pagos firmes del Estado a favor del privado “no podrá exceder el 3 % del Producto Interno Bruto del año inmediato anterior”. Esa cantidad rondaría los $1,101.2 millones si se basa en el PIB de $36,708.1 millones, al cierre de 2025.
La diputada además reclamó por la eliminación de la obligación que tenía el Consejo Directivo de Proesa –hoy Invest– de “informar anualmente a la Asamblea Legislativa sobre su gestión administrativa, financiera y técnica y así como los mecanismos y acciones de transparencia implementados en los contratos de APP suscritos”, regulado en el literal “f” del artículo 14. La propuesta le quita las competencias a Proesa y estas son asumidas por una nueva Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP), que estará adscrita al Ministerio de Hacienda.
La Comisión finalmente votó a favor de citar al presidente del Invest, antes Proesa, Rodrigo Ayala, para que dé su opinión sobre la propuesta de nueva ley. Vamos pidió citar, además, a universidades, organizaciones y sindicatos.
En la Comisión, diputados de Nuevas Ideas rechazaron que busquen “privatizar” los sectores de salud, educación y agua, aunque no detallaron si harán asocios público privados para dar servicios de salud, educación y agua.
