El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) anunció el jueves que enviaron una comunicación urgente al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (WGEID, por sus siglas en inglés), de un joven cuya madre desconoce si está detenido o si se encuentra en un buen estado de salud.
“Seguimos elaborando procesos de hábeas corpus totalmente gratis a familias de escasos recursos cuyos familiares no tengan o hayan tenido ningún vínculo con pandillas”, detalló este jueves la organización en X.
La institución aseguró que reciben denuncias por parte de familiares de personas que no tienen ni han tenido vínculos con pandillas y que han sido detenidos en el marco del régimen de excepción aplicado desde el 27 de marzo de 2022.
Desde hace aproximadamente, la organización utiliza el mecanismo de «cartas de alegación», en donde buscan presentar evidencias de violaciones a marcos legales internacionales ante distintos grupos de trabajo de las Naciones Unidas, como desaparición forzada, muertes extrajudiciales, detención arbitraria, mujeres, niños, tortura, entre otros.
El SJH informó ayer que ha presentado un total de 345 comunicaciones urgentes a distintos grupos de trabajo de las Naciones Unidas y “más de 3,600” demandas de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador.
La organización calcula que un 10 % de las demandas de habeas corpus han sido respondidas negativamente bajo el argumento de que no hay violación al derecho a la libertad y el resto no han sido ni admitidas por la Sala de lo Constitucional.
“De esos 2,600, quizás de un 10 % (han resuelto) en negativo, que no ven daño al derecho a la libertad ni amenaza y le tiran todo a la jurisdicción de crimen organizado porque derecho penal ellos están en su competencia”, calcula la coordinadora de la organización, Ingrid Escobar. Aseguró que casi el 90 % está sin contestar y el 1 % son prevenciones que tampoco tienen resolución luego de responderlas o evaluarlas.
El Gobierno sostiene que han capturado a 91,300 personas vinculadas con pandillas durante la aplicación del régimen de excepción pero el SJH sostiene que algunas capturas han sido arbitrarias y denuncia la muerte de 488 personas detenidas bajo esta medida cuando estaban bajo custodia policial. El vicepresidente de la República Félix Ulloa aseguró en España que es necesario reducir el margen de error del régimen de excepción y confirmó que se han liberado 8,000 personas que «probaron» que no tenían vinculación con las pandillas.
