Autor: Yolanda Magaña

El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia adjudicó el 7 de enero la contratación de servicios especializados de marketing digital para el fortalecimiento del programa “Adopting El Salvador” a través de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

La empresa adjudicada con un contrato de $400,000 fue “Identificamos de Colombia, S.A.S., sucursal El Salvador”, sociedad colombiana de emisión de documentos.

El nombre del contrato es “Servicios especializados en marketing digital para la DGME Código de proyecto 91186 Fortalecimiento Adopting El Salvador”. La adjudicación se dio a través de una contratación directa para un contrato de 182 días o seis meses.

En el proceso, también participó la empresa “MeQue Fotografía y Video”, según el sitio electrónico de compras públicas de El Salvador (Comprasal).

Adopting El Salvador

El programa “Adopting El Salvador Freedom Visa” fue lanzado en diciembre de 2023 con la meta de atraer a 1,000 extranjeros cada año, cada uno invirtiendo $1 millón en bitcoin o en la criptomoneda estable USDt (Tether) en áreas como “cultura, seguridad, tecnología y bienestar social”, a cambio de obtener un «pasaporte freedom» para poder iniciar un proceso de nacionalización salvadoreña por naturalización.

Una reforma a la Ley especial de migración y extranjería, aprobada el 20 de diciembre de 2023, permitió a inversionistas o donantes extranjeros en bitcoin o dólares que soliciten la nacionalización por naturalización salvadoreña. El artículo 156 establece que los extranjeros que cumplan requisitos gubernamentales de atracción de inversionistas o donantes pueden solicitar la nacionalidad salvadoreña por naturalización.

Cuentas creadas desde 2024

Para recibir los fondos, el Ministerio de Hacienda creó cuentas específicas en el presupuesto, según la resolución DGCG 014/2024 del 22 de octubre de 2024.

Según Hacienda, la Secretaría Técnica de Financiamiento Externo (SETEFE) del Ministerio de Relaciones Exteriores pidió la creación de una cuenta contable para la recepción de la donación en criptomonedas del programa Adopting El Salvador.

Como resultado, Hacienda incorporó la cuenta 211 11 Inversión en Moneda Digital y la subcuenta 221 11 001 Inversión en Moneda Digital – Estable para dichos fines. La cuenta «incluye el registro estable de los recursos erogados para realizar operaciones de inversión en criptomonedas”. También, modificó la cuenta 211 27, que incluye inversiones de gran liquidez o disponibilidad inmediata.

El proceso

Según el sitio web adoptingelsalvador.gob.sv, primero deben llenar un registro y la aplicación del pago no reembolsable de 999 dólares de Estados Unidos «en bitcoin (BTC) o USDt». Luego de un análisis que promete ser meticuloso, el interesado recibe una notificación por correo electrónico, debe realizar la transferencia del pago y un pago similar por cada miembro de familia que quiera registrar.

Si es aprobado, se emite el “Pasaporte Freedom” y el solicitante seleccionados pueden obtener un pasaporte salvadoreño poco después de que se autorice la naturalización”, señala el proceso.

El pasaporte Freedom puede ser recogido, según este sitio web, en el Consulado o Embajada de El Salvador autorizado más cercano.

Otras iniciativas para la inversión

En agosto de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto “Régimen especial para incentivar y facilitar las inversiones de alto valor en El Salvador”, para exonerar de impuestos inversiones o patrimonios de $2,000 millones o más que se trasladen a El Salvador desde el extranjero.

También, aprobó la Ley de bancos de inversión, que podrán hacer operaciones en bitcoin y criptomonedas estables, y atenderán a inversionistas que tengan activos de fácil liquidación valorados en $250,000, ya sea en bitcoin, stablecoins, bonos del tesoro, tokenizados, oro, oro tokenizado.

En abril de 2024, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ofreció 5,000 pasaportes gratuitos a extranjeros científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos.

A 15 días de las elecciones generales en Costa Rica, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, realizará una visita la próxima semana a Costa Rica para inspeccionar los avances del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), informó el presidente costarricense Rodrigo Chaves, en su primera conferencia del año.

Detalló que Bukele lo acompañará en la próxima conferencia del miércoles 14 de enero. Las elecciones presidenciales y legislativas en Costa Rica se desarrollarán el domingo 1 de febrero.

“La cárcel debe tener un elemento de castigo también, no son hoteles de cinco estrellas, todo respetando la humanidad del peor asesino que haya visto nuestra patria”, explicaba el presidente costarricense, en una conferencia de prensa, transmitida por varios medios locales.

“Tanto así que les doy una primicia, tendremos el honor en Costa Rica de contar con la presencia del presidente de El Salvador, don Nayib Bukele, la semana entrante, quien viene a ver con sus propios ojos los grandes avances de la obra del CACCO, nuestra cárcel, donde cuando podamos cambiar las leyes de este país contra el crimen y tener al fin, un poder judicial que funcione, vamos a estar listos para aislar de la sociedad a los sicarios y a los criminales que nos tienen tan mal”, dijo.

El presidente se refirió al presidente salvadoreño como “don Nayib” y aseguró que continúa aconsejando al gobierno de Costa Rica.

“Viene a seguirnos dando consejo, a inspeccionar el avance y a enseñarle al pueblo de Costa Rica por qué es que sí podemos y debemos darle seguridad a un pueblo que lo clama, sí, por eso es que les he dicho prepárense, vienen tiempos duros”, expresó este miércoles el mandatario de Costa Rica.

En diciembre de 2025, el presidente costarricense visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel construida en 2023 en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur, en El Salvador. En esa ocasión ambos mandatarios firmaron el acuerdo “Escudo de las Américas” para combatir crimen organizado, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero. “El Escudo de las Américas se convertirá en la alianza de naciones más eficaz que nuestros pueblos hayan forjado contra el crimen organizado. Costa Rica y El Salvador ya han sembrado la semilla”, dijo Bukele.

En su visita de noviembre de 2024, Bukele estuvo en el Complejo Penitenciario La Reforma en Costa Rica y aseguró en esa ocasión y dijo que verán “en qué podemos contribuir con asesoría al Gobierno (de Costa Rica)” y que “los presos en Costa Rica tienen mucho más derechos que en El Salvador”. En esa ocasión, Chaves detalló que gastan más de $2,000 mensuales por cada preso.

Un día después de que inició su vigencia y el mismo día en que se anunció la destitución del alcalde interino, el concejo de San Salvador Este decidió derogar una ordenanza que creaba tasas especiales de recolección, transporte y disposición de desechos sólidos para comercios, industrias e instituciones.

El concejo consideró que las tasas que incluía la ordenanza podrían perjudicar la economía de los empresarios y comerciantes de los distritos.

“Pese a haber realizado los procedimientos correspondientes y el análisis de costo sustentado por la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), se ha determinado que el impacto en la economía de los empresarios y comerciantes del municipio de San Salvador Este se ve considerablemente afectado con la aplicación de las tasas planteadas”. Concejo de San Salvador Este, 10 de diciembre de 2025.

La derogatoria se aprobó el 10 de diciembre de 2025, un día después de que, el 9 de diciembre, iniciara su vigencia la “Ordenanza de tasas por tratamiento de general de los residuos sólidos provenientes del desarrollo de la actividad económica, institucional, social y otros giros, del municipio de San Salvador Este”.

Esta había sido aprobada el 6 de noviembre de 2025 mediante acuerdo municipal 11, y publicada el 1 de diciembre de 2025, y entraba en vigor ocho días después.

Tanto la ordenanza como la derogatoria fue aprobada por el alcalde interino, Marvin Elías Alas Aragón, quien fue removido del cargo el mismo 10 de diciembre para nombrar al regidor de Nuevas Ideas, Alexis Rodríguez.

Alas Aragón duró en su cargo aproximadamente nueve meses. “No me despido por voluntad propia, sino por la decisión tomada para este territorio”, posteó en un mensaje que luego fue eliminado. Alas Aragón sustituyó a José María Chicas, destituido por el cuestionado manejo de un refugio de animales en Ilopango.

La derogatoria inició su vigencia el 27 de diciembre, dado que fue publicada en el Diario Oficial del 19 de diciembre y divulgada materialmente este 7 de enero en el sitio de la Imprenta Nacional.

“En tanto no se emita una ordenanza que regule el tratamiento general de los residuos sólidos provenientes del desarrollo de la actividad económica, industrial, institucional, social y de otros giros en el municipio de San Salvador Este, se aplicarán las ordenanzas existentes en los distritos de Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque, según corresponda”, indica la derogatoria.

Por servicio de recolección y transporte de desechos, la ordenanza planteaba un cobro de $50.13 a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas por media tonelada o más al mes; $0.26 por menos de media tonelada mensual a comerciantes formales, informales, micro o pequeña empresa; y $0.26 por metro cuadrado al mes a instituciones públicas, religiosas o sociales.

También, por disposición final de desechos sólidos, iba a cobrar $57.18 a las micro, pequeñas, medianas o grandes empresas por media tonelada o más al mes; y $0.20 a micro, pequeña, mediana y comerciante individual, por menos de media tonelada al mes.

La nueva autoridad de desechos sólidos ANDRES absorbe el 50 % de las tasas de recolección de basura recolectadas de las alcaldías para darles el servicio.

El Ministerio de Hacienda prorrogó el horario de despacho de las oficinas públicas de lunes a viernes, en una sola jornada de las 7:30 a.m. hasta las 3:30 p.m., con un horario de las 12:00 a las 12:40 p.m. para la toma de alimentos.

El acuerdo aprobado por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, inició su vigencia a partir del 1 de enero de 2026, mediante el acuerdo 2558, emitido el 12 de diciembre de 2025.

Este nuevo horario, que derogó el horario que finalizaba a las 4:00 p.m., se estableció en el año 2018 durante el gobierno del FMLN, aunque antes se había aprobado en diferentes lapsos: de agosto a octubre de 2005, luego se modificó de 8:30 a.m. a las 4:00 p.m. en julio de 2017.

Luego, se aprobó el 7 de agosto de 2018 y se ha venido prorrogando desde entonces argumentando que el horario de ingreso de las diferentes oficinas de gobierno incide en el tránsito de vehículos y que incrementó la flota vehicular.

Las disposiciones generales de los presupuestos autorizan al Ministerio de Hacienda a modificar los horarios de trabajo del sector público.

El Gobierno Central ha programado 126,820 plazas para el año 2026, retornando al tamaño que tenía en 2016, cuando poseía 126,830 plazas; sin embargo, el gasto en salarios será $1,520 millones, más que los $1,227 millones de hace una década.

La cantidad de plazas prevista para el presente año representa un recorte de 11,689 plazas o de $151.1 millones en los dos últimos años.

Estos recortes, de 9,860 plazas en 2025 y de 1,829 plazas en 2026, ocurrieron luego de 21 años consecutivos de aumentos en plazas y gasto de planilla desde el año 2003.

En 2003, el Gobierno Central se redujo en 6,668 plazas, equivalentes a $40.4 millones menos de gasto salarial. Desde entonces, aumentó de 84,985 a su pico más alto, 138,509 plazas en 2024: en 21 años el Gobierno Central creció en 53,524 plazas y su gasto salarial se incrementó en $1,144 millones o 217 %.

El mayor aumento en cantidad de plazas ocurrió en 2011, cuando hubo un incremento de 12,674 y el gasto de planilla salarial subió de $848.5 millones a $949.3 millones.

Gasto salarial

Este año, el gasto salarial del Gobierno Central de $1,520 millones para 2026 promete ser menor que el aprobado para los últimos cuatro años, pero mayor a los registrados en 2021 y dos décadas atrás.

La planilla del Gobierno Central, que incluye ministerios e instituciones de control, ha oscilado entre $567.3 millones desde 2022 hasta $1,671.7 millones en 2024.

En dos años, la disminución de las plazas fue del 8.4 % y en el gasto de planilla fue $151,182,230, un 9 %.

El recorte de 1,829 plazas de 2025 a 2026 ha implicado una disminución de $6.6 millones, de $1,527 millones a $1,520 millones, un 0.4 %.

Los mayores recortes en plazas en 2026 ocurrieron en el Órgano Judicial, que pasó de tener 11,761 a 10,716 plazas; y Seguridad y Justicia, que pasó de 35,417 a 34,191. Mientras, Salud aumentó de 15,042 a 15,677 plazas.

El secretario general del Sindicato de Empleadas y Empleados Judiciales de El Salvador 30 de Junio (SEJES), Stanley Quinteros, atribuyó la reducción de plazas en el Órgano Judicial a un conjunto de plazas congeladas y aseveró que las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia les seguirán garantizando la estabilidad laboral a «los más de 10,000 trabajadores judiciales».

El Órgano Judicial pasó de tener 11,761 plazas asignadas en 2025 a un total de 10,716 plazas en la Ley de presupuesto general del Estado 2026, 1,045 plazas menos.

La reducción es atribuida por el secretario del Sindicato a una cantidad de plazas que estaban «congeladas».

«Lo que ha pasado es que la Corte Suprema de Justicia, año con año, siempre contempla una buena cantidad de plazas que están congeladas y, para este año, debido al recorte presupuestario (…) ya no contemplará esa plazas», indicó Quinteros.

Según el líder sindical, en conversaciones con autoridades de la CSJ les han prometido estabilidad laboral.

«En las pláticas sostenidas con máximas autoridades de la CSJ, se nos expresó que, a pesar del duro golpe financiero que ha tenido el presupuesto de la CSJ, se seguirá garantizando la estabilidad laboral de los mas de 10,000 trabajadores Judiciales y las prestaciones sociales y económicos que hemos gozado por décadas los empleados del Órgano Judicial, Corte Suprema de Justicia e Instituto de Medicina Legal», indicó.

Recordó que la mayor afectación en el recorte presupuestario del Órgano Judicial se dará en el rubro de inversiones o construcción, además de la compra de bienes y servicios.

El sindicalista sostuvo que lo que ocurre es que «simplemente ya no se presupuestaron esas plazas congeladas», originadas de la supresión de plazas luego de las «renuncias voluntarias que trabajadores judiciales» que «decidieron acogerse al retiro voluntario institucional».

Las plazas congeladas, según Quinteros, «siempre se presupuestaban año con año», pero «por la reducción del presupuesto ya no fueron presupuestadas aunque estaban en calidad de congeladas».

En la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) este martes, en Washington, la representante permanente de El Salvador, Wendy Acevedo, instó a “no limitarse a comunicados simbólicos” y prometió apoyar acciones para restaurar “el orden constitucional” en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro por la administración Trump de Estados Unidos.

“Ninguna persona, por poderosa que sea, está por encima de la ley. El pueblo venezolano merece paz, desarrollo social y económico, justicia y seguridad. La OEA no puede limitarse a comunicados simbólicos, esta crisis exige liderazgo real, decisiones firmes y compromisos con los principios democráticos que consagra nuestra Carta Democrática”, expresó.

Acevedo calificó el régimen de Venezuela como dictadura consolidada y advirtió que la captura de Maduro fue la “consecuencia esperada tras más de una década de un régimen autoritario que destruyó la democracia, violó los derechos humanos y convirtió al Estado en un instrumento de corrupción”.

“En Venezuela no se está ante un debate ideológico, más bien ha existido un dictadura consolidada, que ha destruido las instituciones, ha expulsado a más de siete millones de sus ciudadanos y ha convertido al Estado en una plataforma para el crimen organizado transnacional”. Wendy Acevedo, representante de El Salvador en la OEA.

En un discurso en el cual defendió principios democráticos, la representante de El Salvador también prometió que abogarán y apoyarán “cualquier acción orientada a garantizar la restauración por el pueblo venezolano de un orden constitucional legítimo, transparente y pacífico”.

El Consejo Permanente de la OEA realizó este martes su primera sesión extraordinaria de 2026 a solicitud de Colombia, y Chile, Brasil, Guatemala, Uruguay y México como copatrocinadores.

El representante de Colombia en la OEA, viceministro Mauricio Jaramillo, consideró que las acciones militares ejecutadas por Estados Unidos en Venezuela violaron el derecho internacional y contraviene la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones entre los Estados, salvo en circunstancias delimitadas en la Carta de las Naciones Unidas.

“La democracia no puede concebirse como resultado de la coerción ni de la imposición externa”. Mauricio Jaramillo, representante de Colombia en la OEA.

La representante en Guatemala reiteró su rechazo al régimen autoritario de Nicolás Maduro y a la violencia contra la oposición pacífica durante las elecciones del 28 de julio de 2024 en donde no se respetó la voluntad popular, y consideró que el crimen transnacional y el narcotráfico es una amenaza para la región, pero también aseguró que los mecanismos multilaterales y el diálogo deben ser el camino.

“La paz y el respeto al derecho internacional deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación militar”. Representante de Guatemala ante la OEA.

El representante de Estados Unidos en la OEA dijo que “los Estados Unidos no invadió Venezuela” sino una fuerza pública que resultó en el arresto de una persona acusada para que enfrente la justicia estadounidense. “Les hago un llamado que lean las acusaciones de marzo de 2020”, expresó.

“El presidente Trump le ofreció a Maduro diferentes vías de escape y él se rehusó a tomar estas salidas”, expresaba mientras fue interrumpido por una mujer del público de la sesión.

“Esto no fue una interferencia a la democracia venezolana”, indicó el representante estadounidense, al reanudar su participación. Pidió la liberación de 1,000 presos políticos y a la OEA le instó a poner a disposición sus recursos y experiencia en procesos electorales.

Por su parte, la representante de Costa Rica, hizo un llamado a la transición democrática y la restauración de la institucionalidad y el Estado de derecho; se pronunció por una “solución sostenible, pacífica, basada en el derecho internacional, basada en la Carta de las Naciones Unidas y la Carta democrática interamericana”.

La OEA se declaró lista para brindar asistencia y «debemos encontrar la forma de continuar con esta participación colectiva y una coordinación prudente», dijo al final de la sesión el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, quien subrayó: «con enfoques democráticos y pacíficos».

La observadora de España aseguró que lo ocurrido en Venezuela “tiene implicaciones para la región y para el mundo” y advirtió “la necesidad de garantizar el respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular a la soberanía, integridad territorial de los Estados y a la prohibición del uso de la fuerza”. «La fuerza jamás trae más democracia», indicó. La observadora dejó claro que España no respaldó el resultado oficial del proceso electoral de 2024.

Francia también se pronunció contra el régimen de Nicolás Maduro y su perpetuidad en el poder tras el proceso electoral de 2024, pero su representante aseguró que la operación militar que llevó a la captura de Maduro «va contra el acuerdo pacífico de diferencias» entre los Estados. «Son una erosión a la base del orden internacional… y fragiliza la paz y la seguridad internacional», indicó. También instó a una transición pacífica.

Al final, el representante de la República Popular China pidió a Estados Unidos de “parar de interferir en la soberanía y seguridad de otros países” e instó a Estados Unidos “reflexionar en relación a su propia acción arbitraria y hegemónica”. “Viola seriamente el derecho internacional, va contra la soberanía del país y amenazan las paz y la seguridad de la región”, indicó.

La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA cerró después de las opiniones de cada representante u observador.