El Órgano Judicial hizo sus mayores recortes presupuestarios en inversiones en activos fijos, remuneraciones y gastos en bienes y servicios, según la Ley general de presupuesto del Estado 2026 publicada el lunes por el Portal de Transparencia Fiscal.
Para 2026, el Órgano Judicial proyectó un gasto de $533.4 millones pero la Asamblea Legislativa reformó la Constitución para poderle recortar $164 millones. El presupuesto 2026 quedó de $369.2 millones.
El mayor recorte ocurrió en las inversiones: tenían prevista una inversión de $126.7 millones y ahora la inversión programada para 2026 será solo de $18 millones. El Órgano Judicial presentó una baja ejecución de los proyectos de construcción de centros judiciales y otras inversiones que tenía programadas para 2025.
La proyección era invertir $24.2 millones en bienes inmuebles, $29 millones en bienes muebles –como vehículos–, y $72.4 millones en infraestructura. Con el recorte, el gasto en infraestructura se reducirá a $4.6 millones y el gasto de bienes muebles a $12.9 millones; y el de bienes inmuebles, a cero.
En segundo lugar, el mayor recorte ocurrirá en remuneraciones, con el recorte de más de 1,000 plazas. Las remuneraciones pasaron de $298.8 millones a $266.1 millones, un recorte de $32.7 millones.
El Órgano Judicial recortó 1,045 plazas de 11,761 plazas incluidas en el proyecto de presupuesto 2026 a un total de 10,716 plazas. De las plazas recortadas, 655 plazas era personal técnico y administrativo y 291, personal de servicio.
Los mayores recortes en remuneraciones ocurrieron en las líneas de trabajo: Administración y Finanzas, que tuvo un recorte de $10.8 millones; Administración de Asuntos Jurídicos, que tuvo un recorte de $6.9 millones; y en Administración de Justicia en Tribunales y Centros Judiciales Integrados, con un recorte de $7.6 millones. En la línea de trabajo de infraestructura física, el recorte fue de $4.4 millones.
Hubo también un recorte de $2.9 millones en la línea de trabajo de peritaje en Medicina Legal; y en la Administración de Justicia en Salas hubo un recorte menor, de $1.3 millones.
En tercer lugar, el mayor recorte ocurrió en adquisiciones de bienes y servicios, un gasto que pasará de ser $91.2 millones a $68.8 millones, lo que implicó un recorte de $22.3 millones. Dentro de bienes y servicios, el mayor recorte ocurrió en el área de Administracióin de Justicia.
Un total de $2,506 millones en contratos de préstamos y títulos valores, sumados a $1,480 millones en garantías de créditos de varias instituciones de nuevas deudas pasaron por la Asamblea Legislativa durante el año 2025.
La Asamblea Legislativa autorizó la firma de 18 contratos de préstamos que suman $2,162 millones para diferentes proyectos, que sumada a la autorización de emisión de títulos valores por $344 millones, resulta una deuda aprobada por $2,506 millones.
A ello se suman 12 garantías crediticias soberanas a diferentes instituciones autónomas por $2,061 millones. Sin embargo, de estas garantías cuatro corresponden a contratos de deudas firmados entre 2008 y 2025; y ocho corresponden a deudas nuevas por $1,480.1 millones. De igual forma, todas estas garantías fueron autorizadas y ratificadas por la Asamblea durante este año.
Préstamos ratificados
Los 18 préstamos fueron autorizados y 16 ratificados. A los diputados les faltó ratificar los destinados a los mercados de Santa Tecla y La Libertad por $170 millones y el de movilidad urbana del área metropolitana de San Salvador por $60 millones, ambos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Un total de 13 préstamos por $1,162 millones estaban destinados a proyectos concretos según los decretos aprobados: $60 millones para infraestructura de datos, $113.9 millones para Surf City fase I, $120 millones para mejora de la atención de salud, $100 millones para modernización del sistema educativo, $71.8 millones para tratamiento de aguas residuales y alcantarillado en La Libertad, $120 millones para transporte e infraestructura resiliente, $150 millones para trayectorias educativas completas y resiliencia al cambio climático, $60 millones para movilidad urbana en el área metropolitana de San Salvador, $30 y $31.3 millones para desarrollo económico sostenible y nutricional de las zonas rurales, $70 y $65 millones para Surf City fase II, y $170 millones para los mercados de Santa Tecla y La Libertad.
El resto, según sus decretos, eran préstamos de refuerzo presupuestario, ya que buscaban la sostenibilidad fiscal o dejaban a decisión del Gobierno optar su destino entre sus prioridades o sus obligaciones. Estos sumaron $1,000 millones, así:
El primero, de $500 millones para sostenibilidad macroeconómica y fiscal, financiado por el Banco Mundial, fue autorizado el 25 de marzo y ratificado el 1 de abril de 2025.
Un segundo préstamo de sostenibilidad fiscal por $250 millones; y un tercero que se activaría en catástrofes, por $100 millones, fueron autorizados el 13 de agosto y aprobados el 3 de septiembre de 2025.
Los dos contratos de préstamos restantes correspondían a proyectos de fortalecimiento integral de la educación y salud de calidad, cada uno por $75 millones, de la Corporación Andina de Fomento (CAF), pero pueden ser utilizados para obligaciones generales del Estado, transferencias varias o prioridades del gobierno.
Mientras algunos celebraron de manera absoluta la captura de Nicolás Maduro en El Salvador, otros condenaron los hechos y otros, si bien condenaron la caída de un dictador, condenaron el uso de la fuerza y rechazaron autoritarismos de todo tipo.
El presidente Nayib Bukele compartió un video en el cual comparte la imagen de Nicolás Maduro capturado y esposado, junto con un video en el cual Maduro le decía “te secarás, Bukele”, calificándolo de “mequetrefe” y “pelele del imperialismo”.
El diputado del Parlamento Centroamericano, Carlos Hernández, de Nuevas Ideas, señaló que “gracias a las excelentes negociaciones lideradas por el gobierno del presidente @nayibbukele, el régimen entregó a los presos políticos del país más poderoso del mundo. Hoy, Maduro está capturado. Hay esperanza para el pueblo venezolano”.
El diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, reaccionó: “Venezuela libre” y criticó la opinión sobre el tema de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, acusándola de “defender” a Maduro.
La diputada opositora, Claudia Ortiz, reposteó mensajes de los líderes opositores venezolanos María Corina Machado, premio nobel de la paz, y Edmundo González, candidato presidencial opositor que según las actas de votación compartidas en un sitio web ganó las elecciones presidenciales venezolanas en 2024.
Pero Ortiz deslizó críticas contra el operativo estadounidense: “Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que, cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir”.
El diputado Castro le pidió definir una opinión sin matices: “¿Está o no de acuerdo con las acciones que tomó el gobierno del presidente @realDonaldTrump, esta madrugada, para sacar del poder a Maduro?”.
Por su parte, Cesia Rivas, del mismo partido opositor Vamos, celebró que “al fin se vaya un dictador que abusó de su poder y realizó violaciones a los derechos humanos de todo aquel que disentía con él” pero señaló una “violación a todo tipo de derecho internacional”. Rivas aseguró que esto marca un “precedente”. “Que se respete al pueblo venezolano en la construcción de un país sin dictadura ni autoritarismos de ningún tipo”, indicó.
La embajadora de El Salvador en EE.UU., Milena Mayorga, únicamente reposteó el video compartido por el presidente Bukele. Los diputados también replicaron el video del gobernante salvadoreño.
Por su parte, el secretario general del FMLN, Manuel Flores, calificó la captura de “agresión imperialista a Venezuela”. “Repudiamos la agresión imperial”, dijo, señalando que hubo “personal cubano asesinado”. Cuestionó “¿por qué no lo hacen con potencias nucleares como China, Pakistán, Corea del Norte o Rusia?, porque el imperio solo agrede al pequeño”.
De Arena, Marcela Villatoro, advirtió que “a todo dictador, violador de derechos humanos, usurpador de los órganos de Estado, a los que obligan a su propio pueblo a tener que irse al exilio, a los que meten presos a ciudadanos por pensar distinto… a toditos les llega su hora”. Villatoro dijo que a algunos podrá no gustarles la forma pero que “los venezolanos merecen poder recuperar su país”.
En El Salvador, también la venezolana Sara Hanna Georges, asesora del presidente Bukele, celebró la captura de Maduro y elogió a Trump como “el único líder capaz” de impulsar algo que calificó de inalcanzable por los luchadores, entre quienes se incluyó, contra el “régimen opresivo”.
Bukele también tuvo una discusión con el senador demócrata Chris Van Hollen, quien lo calificó de “guerra ilegal para reemplazar a Maduro y apoderarse del petróleo de Venezuela para sus amigos multimillonarios”, a lo que Bukele respondió: “así que lo único que quieres es defender a los matones”; mientras el senador le contestó “no me ves aquí defendiéndote” y que “el estado de derecho es un concepto difícil para alguien que se autodenomina el dictador más genial del mundo”.
“No más margaritas para usted”, fue la respuesta de Bukele, en referencia a una reunión entre el senador y el migrante salvadoreño Kilmar Ábrego, en la cual Bukele dijo había unas margaritas y el senador aseguró que fue una puesta en escena de personal de Presidencia para engañar.
La captura de Maduro y sus causas
El operativo fue anunciado el 3 de enero de 2026 por el presidente estadounidense Donald Trump “como un espectacular asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial” y como una “operación letal” que también muestra “el poderío militar” de los Estados Unidos.
“Nadie tiene arsenales como los nuestros. Hemos neutralizado el 97 % de las drogas que viajan por mar. Esas drogas mayormente habían salido de Venezuela”, expresó Trump.
Trump dio a entender que el motivo de la captura de Maduro fueron los cargos relacionados al narcotráfico en donde identifica al gobernante venezolano como el líder del cartel de Los Soles.
Sin embargo, también mencionó otros motivos y anunció que Estados Unidos manejará Venezuela hacia una transición.
Primero, calificó a Maduro de “dictador ilegítimo” y dijo que lo ocurrido a Maduro “debe servir de advertencia” a todo aquel que trate de “amenazar la seguridad nacional” de los EE.UU. y “si no actúan con justicia hasta con su propia gente”.
Y, segundo, mencionó el petróleo. “Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera”, afirmó Trump. Venezuela tiene casi siete veces lo que tiene Estados Unidos de reservas de petróleo según la OPEP.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró que este “mensaje” es “para el mundo” y pidió “no jugar” con el presidente Trump. Detalló que Maduro tuvo muchas oportunidades. Rubio también ha asegurado que no permitirán que el Hemisferio Occidental sea una base de operaciones para adversarios y rivales de Estados Unidos.
El presidente estadounidense se mostró a favor de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirija el gobierno de Venezuela y no María Corina Machado. “Creo que será muy difícil para ella ser el líder, no tiene el apoyo o respeto dentro del país”, dijo sobre Machado. Aseguró que Rodríguez “está cooperando”.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró que el 90 % de homicidios que ocurren en El Salvador son de “violencia doméstica o peleas entre amigos relacionadas con el alcohol” y que por ello “ya no existen zonas inseguras en ningún lugar del país”.
“Estamos en camino de convertirnos en el país más seguro del mundo”, indicó, ya que consideró que El Salvador pasó de ser la capital mundial del asesinato al país más seguro del hemisferio occidental.
Bukele dedicó un post en X para explicar que la disminución de homicidios inició antes del régimen de excepción y se pronunció a partir de 2022 cuando se aprobó.
El análisis de Bukele fue una respuesta a un comentario de Geoff Shullenberger, quien sostuvo que la mayor parte de la disminución de homicidios se logró antes de que Bukele asumiera la presidencia en 2019 y casi la totalidad antes de que se declarara el estado de excepción. Puede consultar los datos y la tendencia año con año de homicidios de 1999 a 2025 más abajo.
El mandatario detalló que hubo picos extremos entre 2015 y 2016 pero que, cuando el 20 de junio de 2019 lanzó el Plan Control Territorial, “a partir de julio se hace una disminución marcada y sostenida», que continuó disminuyendo y que, a partir del régimen de excepción ,“se redujo a niveles comparables a los de un país seguro”.
It’s striking how armchair experts rush to conclusions after looking at only a tiny slice of the data. A bit more context would significantly improve their “analysis.”
El gobernante destacó que en 2023 El Salvador se volvió más seguro que Estados Unidos, en 2024, que Canadá; y en 2025, se redujo un 30 % adicional.
Según el presidente, los delitos como la extorsión “casi han desaparecido” y que “los pocos casos que quedan se limitan en gran medida a estafas o posesión de información o imágenes íntimas”.
En El Salvador, según las cifras oficiales, los homicidios en El Salvador han disminuido en diferentes porcentajes anuales: en 2015 aumentaron un 70 %; en 2016 bajaron en 20 %, en 2017 bajaron en 25 %; en 2018, disminuyeron 15 % y en 2019, la disminución fue de 28 %.
Posteriormente en 2020 los homicidios cayeron en un 49 %, en 2021, un 0.9 %, en 2022, un 49 %. En 2023, se registró la mayor disminución, del 68 %; en 2024, la caída fue 41 % y en 2025, la disminución fue de 28 %. Aquí pueden verse los datos desde que existe el registro de homicidios en El Salvador, en 1999, que antes estaba a cargo del Instituto de Medicina Legal.
El alcalde municipal de Santa Ana Oeste, Jorge Castro, posteó este lunes en X que están “listos con todos permisos” para producción y comercialización del agua envasada marca “SAO” que estará a cargo de la comuna.
El funcionario compartió la viñeta del nuevo producto en la cual se detalla que es un producto centroamericano de la “Empresa Municipal de Agua SAO”, ubicada en la calle a San Juan Chiquito, Chalchuapa, Santa Ana Oeste.
“Agua que nutre, agua extraída de fuente natural, tratada y desinfectada por filtros, luz ultravioleta y ozonizada”, detalla la viñeta.
En la viñeta aún no se provee el número de registro sanitario. Contiene la tabla de la información nutricional del producto. También, incluye el número 7202-7195 de atención al cliente y el correo empresao101124@alcaldiasao.gob.sv.
La decisión aún no ha sido publicada a través de algún acta de concejo, ya que estas no son han sido divulgadas en el Portal de Transparencia del municipio.
La “Empresa Municipal de agua embotellada” fue creada mediante estatutos publicados en el Diario Oficial del 25 de noviembre de 2025, vigente desde ese día, con una junta directiva conformada por empleados de la alcaldía de Santa Ana Oeste, así:
La Junta Directiva nombrada por el concejo es:
• Rodolfo Rodríguez Martínez (presidente).
• José Arturo Batarse Orante (vicepresidente).
• Elías Cabrera Velásquez (secretario).
• Néstor Edilberto Castro Salas (Tesorero).
• Carlos José Méndez Henríquez (primer vocal).
• Mirna Alcira Peña de Linares (segunda vocal).
El precio del agua fue definido desde finales de 2024 en la «Ordenanza para la creación de la empresa municipal de agua embotellada» publicada en el Diario Oficial del 10 de diciembre de 2024: $1.75 por garrafón de cinco litros y $0.35, la botella de 500 mililitros.
Una de las novedades planteadas por el estudio actuarial de pensiones, publicado en diciembre de 2025, es la sugerencia de “buscar” “fuentes de financiamiento adicionales para cumplir con los compromisos futuros del régimen de pensiones”, además de reformar nuevamente los sistemas previsionales.
Uno de los especialistas en el tema consultados por El Mundo plantea que el Estado debe buscar formas alternativas para financiar la deuda del antiguo sistema de pensiones, el Sistema Público de Pensiones (SSP), el cual a pesar de tener más de 80,000 jubilados y pensionados, no tiene ingresos porque prácticamente no tiene cotizantes.
El estudio actuarial 2025 explica así cómo se están financiando las pensiones de los jubilados del sistema antiguo: “Desde 2023, las pensiones del Sistema Público de Pensiones (SSP) se han financiado a través de la emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COPs) que las AFPs están obligadas a adquirir”.
Esto quiere decir que el SPP tiene aproximadamente 88,000 jubilados y pensionados, a quienes el Estado debe pagarles pensiones, a través de Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que está facultado para emitir deuda para hacerlo. Esta deuda es adquirida por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) con los fondos de los trabajadores cotizantes de las AFP.
Según el estudio actuarial, hasta diciembre de 2024, de un total de $15,836.8 millones de ahorros de todos los cotizantes de las AFP están invertidos, un 73.02 % ($11,563 millones) están invertidos o prestados en el Estado. Estos fondos son utilizados por el Estado para pagar pensiones del SSP, algo que advierte el estudio actuarial.
En el sistema público, que existía antes de 1998, las pensiones dependían solo de los años trabajados y el salario promedio; el sistema privado, instaurado a partir de 1998, dejó las pensiones dependiendo de los ahorros que tiene cada trabajador en su Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP).
Otro de los financiamientos de los que habla el estudio actuarial es la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), ya que detalla las fuentes de financiamiento de la misma.
La CGS es la cuenta colectiva de donde los afiliados a las AFP tienen derecho a una pensión mínima vitalicia. Esta inicialmente recibió fondos del Estado pero el aporte estatal fue derogado en la reforma de 2022, por lo que solo recibe las contribuciones patronales.
Uno de los cambios que sugiere un especialista consultado por El Mundo es “redistribuir las cargas que hoy tiene la CGS”.
El estudio actuarial proyecta que la CGS se agotará en 2029; “ya en 2029 el Estado debería hacerse cargo del pago de las obligaciones que se cubren con dicho fondo”, sugiere.
La CGS se financia solo del 6 % del salario de trabajador y el aporte estatal fue derogado en la reforma de 2022.
Un recorrido de los datos oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador muestra que las deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos, México y otros países no han aumentado a niveles alcanzados durante los años 2014 a 2016.
Hace una década, El Salvador recibió más de 50,000 deportados cada año, en 2014, 2015 y 2016, tanto vía aérea como terrestre. Aunque la cifra incluye todos los países, en su mayoría fueron deportados por Estados Unidos.
Sin embargo, en los últimos tres años, la cifra oscilaría entre 13,000 y 15,000. En 2023, El Salvador recibió 13,358 deportados, en 2024 recibió 14,986 y en 2025 está por recibir una cifra similar, dado que de enero a septiembre lleva 10,162.
El Salvador ha recibido un total de 334,557 deportados desde enero de 2013 hasta septiembre de 2025 según las cifras oficiales de Migración salvadoreña. La DGME publica sus datos en su sitio web cada trimestre y cada año, en formato PDF.
La gran caída de las deportaciones ocurrió desde 2017 según las cifras publicadas.
Si en 2016 hubo 52,938 deportados, en 2017 cayeron a 15,809, en un 70 %, y solo aumentaron en 2019, a 37,348, en 131 %. Luego, volvieron a caer en 71 %, a 10,716.
Desde 2013 a 2025, fueron 136,298 deportados vía terrestre y fueron 209,454 vía aérea. Las deportaciones vía terrestre cayeron desde 2020 de 16,938 en 2019 a 1,750 a 2020.
Dos economistas consultados por Diario El Mundo consideran que las propuestas que se derivan del estudio actuarial de pensiones 2025 podrían ser cambios a los parámetros de edad o tasa de cotización, al financiamiento de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), a la comisión de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) o incluso podrían considerarse nuevas alternativas para financiar la deuda del antiguo sistema de pensiones.
Según uno de los especialistas, el estudio confirma lo que se sabía desde antes de la reforma de 2022: no es sostenible la CGS –la cuenta colectiva que garantiza pensiones vitalicias mínimas a los afiliados a los dos sistemas– y que el sistema de pensiones privado es insostenible a largo plazo.
“Como resultado lógico, se deriva la necesidad de hacer nuevas reformas, las que pasan por modificar parámetros: edad de retiro, distribución de la tasa de cotización, entre otros, además de redistribuir las cargas que hoy sostiene la CGS”, sostuvo el economista.
Actualmente, la CGS se financia del 6 % del ingreso base de cotización del trabajador que es aportado por el empleador y la cotización especial sobre el monto de la pensión mensual de los afiliados pensionados por vejez, según la Ley integral de pensiones.
La CGS dejó de recibir fondos del Estado desde la reforma de 2022, ya que derogó la obligación del Estado de aportar hasta un 2.5 % de los ingresos corrientes del presupuesto estatal.
“Fuentes de financiamiento” y medidas fiscales
El economista cree que “el Estado debe buscar formas alternativas para financiar la deuda del antiguo sistema de pensiones” y definitivamente no tomar del fondo de pensiones para otros fines, como ha sucedido desde 2023”.
El estudio actuarial concluye que hay un déficit previsional total del 59 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país de 2024 a 2070. En el mismo periodo, el déficit de la CGS alcanza el 32.6 % del PIB; el del sistema privado de pensiones llega al 45.4 % del PIB y el del sistema público, el 13.6 % del PIB. Este déficit es el dinero que, en porcentaje de la producción del país, hace falta para pagar las pensiones de los salvadoreños que trabajaron en los próximos 46 años.
El especialista ve necesaria una “reforma profunda” al sistema pero también advierte que son necesarias “medidas fiscales para darle autonomía y competitividad” al sistema de pensiones.
El mismo estudio actuarial sugiere buscar “fuentes de financiamiento”: “Estas estimaciones sugieren que será necesario buscar modificaciones en el sistema y/o fuentes de financiamiento adicionales para cumplir con los compromisos futuros del régimen de pensiones”.
«Del mismo cuero salen las correas»
Para Rommel Rodríguez, economista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), la reforma podría decantarse al tema de la comisión de las AFP y las reformas paramétricas e incluso al endeudamiento y al gasto. Respondió que no cree que la reforma aumente la tasa de cotización destinada a la CGS, aunque el incremento de los recursos para la CGS favorezca a personas que acumulan menos ahorros en sus cuentas individuales (CIAP) y a personas con invalidez o discapacidad.
“En la práctica, del mismo cuero salen las correas. Los ciudadanos cotizan, los ciudadanos pagan impuestos. Ahora bien, son más los que pagan impuestos”, observó.
El economista de la Funde explicó que, cuando se priva a los trabajadores de sus ingresos presentes de salarios, se les “obliga a ahorrar para tener ingresos futuros” con una CGS que les da derecho “a tener un ingreso permanente”. Pero, advirtió que, si el Estado recurre a deuda para pagar obligaciones previsionales, “tarde o temprano va a repercutir en la necesidad de impuestos futuros”. “Ese es el dilema en el largo plazo, ahí tenemos esa problemática”, planteó.
El nuevo déficit del 59 % que calcula el estudio actuarial de diciembre de 2025 equivaldría a $20,865.3 millones, de aquí a 2070, es decir, en 46 años; a diferencia del estudio actuarial de 2020, que concluía un déficit de $17,824.20 millones para el pago de pensiones de los próximos cien años y un saldo en rojo de la CGS de -$154.97 millones a partir 2028.
Los activos de las cuentas individuales de los trabajadores salvadoreños que cotizan en las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) aumentarían desde el 45.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 hasta el 78.7 % del PIB en el año 2070, según las proyecciones del estudio actuarial de pensiones 2025 publicado en diciembre por el Ministerio de Hacienda.
Los cálculos del personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), según el informe, proyectan un aumento de los activos de las cuentas individuales de los trabajadores cotizantes en El Salvador aumentarían desde 44.5 % del PIB en 2024 a 50.7 % del PIB en 2030.
En los años subsiguientes, la proporción de las cuentas individuales respecto al PIB oscilarían entre 60.4 % en 2040, 68.2 % en 2050, 71.9 % en 2026 hasta llegar al 78.7 % del PIB en 2070.
Los activos de las cuentas individuales, en su mayoría, están invertidos en instrumentos de deuda del Estado, que actualmente son emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
El estudio mencionó que estos activos estarán compuestos en su mayoría por Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), lo cual «podría constituir una carga financiera futura para el Estado».
Los activos de las cuentas individuales aumentarán del 44.5 % del PIB al 78.7 % de 2024 a 2070.
Sin embargo, el estudio también advirtió un «fuerte deterioro» del patrimonio de los fondos de pensiones entre los años 2020 y 2024, del 50 % al 45.2 % del PIB.
Así, si bien los activos del sistema de pensiones habían tenido un «notable aumento» del 35.8 % en 2014 al 51.8 % del PIB en 2020, estos se redujeron activos a un 48.7 % del PIB en 2024 debido a «cierto estancamiento en la evolución de las contribuciones y en los retornos financieros».
El «Estudio actuarial del sistema de pensiones de El Salvador» emitido por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) será la base de una reforma de pensiones que deberá ser aprobada e implementada en 2026 según los compromisos que el Gobierno salvadoreño adoptó con el FMI mediante un Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para ayudar a El Salvador a buscar estabilidad económica.
El estudio, que excluye pago de intereses y capital de la deuda previsional, revela un déficit del 59 % del PIB para los sistemas público, que carece de cotizaciones, y privado, alimentado por los trabajadores que cotizan a las AFP y advierte también que los activos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) se agotará en 2029.
Al cierre de 2024, los ahorros de los trabajadores cotizantes de las AFP sumaron $15,995.7 millones: $8,216.8 millones en AFP Confía y $7,779 millones en AFP Crecer. Los rendimientos promedios de los fondos fueron 6.37 % en la AFP Confía y 6.34 % en la AFP Crecer.
El estudio muestra una baja de los activos y del patrimonio de los ahorros para pensiones de 2020 a 2024.
Los ciudadanos de 39 países considerados de alto riesgo tienen restricciones de viaje vigentes desde el 1 de enero de 2026 debido a una orden ejecutiva de la Casa Blanca que busca impedir el ingreso de extranjeros a Estados Unidos por considerar que se “carece de información suficiente para evaluar los riestos que plantean”.
Las restricciones son aplicables a nacionales que están fuera de los Estados Unidos sin una visa válida a partir del 1 de enero de 2026. Tanto las restricciones completas y parciales se aplican a inmigrantes y no inmigrantes.
Estados Unidos señala que muchos de los países restringidos “sufren de corrupción generalizada, documentos civiles y antecedentes penales fraudulentos o poco confiables”, así como sistemas de registro de nacimientos inexistentes, y algunas naciones se niegan a compartir ejemplos de pasaportes o datos de aplicación de la ley. También señalan que la “presencia terrorista, actividad criminal y extremista en varios países enumerados”.
El presidente estadounidense, Donald Trump, emitió dos proclamaciones, una el 4 de junio y otra el 16 de diciembre, para restringir la entrada a extranjeros de ciertos países.
Esta lista no incluye a El Salvador ni a países centroamericanos. Pero sí incluye a Cuba, Venezuela y Haití.
Las proclamaciones tienen excepciones como residentes permanentes legales, atletas, entrenadores, que viajen para la Copa del Mundo, Juegos Olímpicos o eventos deportivos, asilados, refugiados o por intereses nacionales de Estados Unidos.
Un memorándum del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), del 1 de enero de 2026, ordena a todo su personal suspender todas las solicitudes pendientes para los extranjeros de dichos países.
El 1 de enero de 2026, el personal de la USCIS recibió órdenes de suspender solicitudes a nacionales de países de riesgo.
Restricción total a estos países
Originalmente, la Proclamación 10949, emitida el 4 de junio de 2025, restringe completamente la entrada a nacionales de 12 países considerados de “alto riesgo”: Haití, Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, según la hoja informativa de la Casa Blanca del 16 de diciembre pasado, sobre la Proclamación 10998.
Haití fue incluido, según la proclamación del 4 de junio de 2024, porque Estados Unidos consideró que tenía una tasa de superación de la visa B-1/B-2 del 31.38 % y que “cientos de miles de extranjeros haitianos inundaron los Estados Unidos durante la Administración Biden”, lo que señaló que “perjudica a las comunidades estadounidenses al crear riesgos agudos de aumento de las tasas de estadías excesivas, el establecimiento de redes criminales y otras amenazas a la seguridad nacional”.
Además, consideró que Haití “carece de una autoridad central con suficiente disponibilidad y difusión de la información policial necesaria para garantizar que sus nacionales no socaven la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
La nueva proclamación 10998, del 16 de diciembre de 2025 y vigente desde el 1 de enero de 2026, agregó en este listado de restricciones completas a: Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria; personas que tienen documentos emitidos por la Autoridad Palestina; y a Laos y Sierra Leona, que tenían restricciones parciales.
Estados Unidos incluyó entre las restriciones completas a personas con documentos emitidos por la Autoridad Palestina, porque argumentó que “varios grupos terroristas designados por Estados Unidos operan activamente en Cisjordania o la Franja de Gaza y han asesinado a ciudadanos estadounidenses”, además de considerar un “control débil” en estas áreas.
Trump emitió una proclamación el 16 de diciembre, aumentando la lista a 39 países con restricciones de viaje.
Restricciones parciales
Para incluir en la suspensión parcial –que afecta a inmigrantes y no inmigrantes en visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J)– a Antigua y Barbuda, y Dominica, EE.UU. señala que “históricamente ha tenido la Ciudadanía por Inversión (CBI) sin residencia, un programa legal que permite a extranjeros obtener un pasaporte a cambio de inversiones.
La nueva proclamación 10998 continuó las restricciones parciales a nacionales de Cuba, Venezuela, Burundi y Togo vigentes desde junio de 2025 con la proclamación 10949.
Estados Unidos fundamentó la inclusión de Venezuela en que “carece de una autoridad central competente o cooperativa para la emisión de pasaportes o documentos civiles y no tiene medidas de detección y verificación apropiadas”, además de que “Venezuela se ha negado a aceptar a sus ciudadanos removibles” y tenía una tasa de estadía de exceso de visa B-1/B-2 del 9.83 %.
La inclusión de Cuba en las restricciones parciales, según la proclamación del 4 de junio, se fundamentó en que “Cuba es un Estado patrocinador del terrorismo” y que el gobierno de Cuba “no coopera ni comparte suficiente información policial con los Estados Unidos” y “se ha negado a aceptar sus nacionales removibles”, además de tasas de exceso de estadía de visas.
Tanto para Venezuela y Cuba, la medida suspende la entrada a los Estados Unidos a inmigrantes y no inmigrantes en visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J, y señala que los funcionarios consulares reducirán la validez de otras visas de no inmigrantes “en la medida permitida por la ley”.
En este listado de restricciones parciales, agregó restricciones parciales y limitaciones de entrada a 15 países adicionales: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabwe.
Excepciones
Según la Casa Blanca, la Proclamación incluye excepciones para cualquier residente permanente legal de los Estados Unidos, con dos nacionalidades si viaja con un pasaporte expedido por un país no designado, “cualquier extranjero que viaje con un visado de no inmigrante válido en las siguientes clasificaciones: A-1, A-2, C-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, OTAN-1, OTAN‐2, OTAN-3, OTAN-4, OTAN-5 o OTAN-6”.
También, se excluye de las medidas a: “cualquier atleta o miembro de un equipo atlético, incluidos los entrenadores, las personas que desempeñan un papel de apoyo necesario y los familiares inmediatos, que viajen para la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos u otro evento deportivo importante según lo determine el Secretario de Estado”.
Exceptúa también a “visados de inmigrante familiar inmediato (IR-1/CR-1, IR-2/CR-2, IR-5) con pruebas claras y convincentes de la identidad y la relación familiar (por ejemplo, ADN)”, adopciones, visas especiales de inmigrante afgano, para empleados del gobierno de los Estados Unidos o para minorías étnicas y religiosas que se enfrentan a la persecución en Irán.
También excluyen a personas que se considere que su viaje promueve el interés nacional crítico para Estados Unidos, como testigos.
