Autor: Yolanda Magaña

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió este miércoles, ante la Asamblea Legislativa, introducir una propuesta de reforma al Código de Trabajo para que la jornada de trabajo de cuatro días semanales sea voluntaria y que se reduzca una hora la duración máxima de la jornada diurna y también de la nocturna.

El tiempo máximo de la semana laboral, según la propuesta, se reduciría a 39 horas la jornada diurna, y 38 horas la jornada nocturna. Actualmente, la semana laboral diurna no puede exceder de 44 horas, y la nocturna no puede tener más de 39 horas.

“Semanalmente no trabajar más de 39 horas en la jornada diurna y más de 38 horas en la jornada nocturna, esto quiere decir, disminuir las 44 horas semanales que está establecido en el Código y en la Constitución”, enfatizó la diputada en el pleno.

La introducción de la propuesta a la agenda de la sesión plenaria, para que fuera estudiada en comisión, solo tuvo tres votos, dos de Arena y uno de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos. Es decir, no ingresó a estudio de ninguna comisión.

En declaraciones a la prensa, el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, evitó pronunciarse sobre la propuesta de jornada laboral estudiada por el Consejo Superior del Trabajo.

La propuesta que introduce el carácter voluntario de la llamada propuesta “4-3”, 4 días de trabajo y 3 de descanso semanal, consiste en introducir un inciso segundo al artículo 163 del Código, así: “Podrá acordarse, de forma voluntaria y por mutuo acuerdo escrito entre el patrono y el trabajador, la distribución de la jornada laboral semanal en cuatro días de trabajo, permitiendo jornadas diarias extendidas con el objeto de gozar de tres días consecutivos de descanso semanal, siempre y cuando no se vulneren los derechos de salud ocupacional ni se excedan los máximos semanales fijados en este Código”.

La Asamblea Legislativa reformó este miércoles el presupuesto general del Estado 2026 que incorpora $137,000 de una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar 137 adicionales a estudiantes de tercer ciclo de Ahuachapán, La Libertad y la Unión.

El dictamen 253 de la Comisión de Hacienda fue aprobado con 58 votos, incluyendo los dos de diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y 56 de Nuevas Ideas y sus aliados. El partido Vamos no votó.

Para el año 2026, había fondos disponibles del BCIE para 100 becas que incluyen alimentación, transporte, conectividad y materiales educativos; con la reforma, aprobada casi a final del año, sumarían 237 becas durante este año.

Las becas deben ser dirigidas a estudiantes de los complejos educativos Sor Clara Quiroz y Walter A. Soundy, de La Libertad; Dr. Arturo Romero, General Fabio Morán, de Ahuachapán; y José Pantoja Hijo, de La Unión.

La donación global del BCIE asciende a $625,000 para cinco años; pero los fondos fueron adelantadas porque el plazo se redujo de nueve a cinco años. Los fondos se destinan a becas para estudiantes de tercer ciclo.

El diputado Serafín Orantes, del Partido de Concertación Nacional (PCN), aseguró que con esta reforma «se viene con hechos a colaborar» en los centros escolares Dr. Arturo Romero, del cantón El Chacuyo, en el distrito de Ahuachapán; y el centro escolar general Fabio Morán del cantón Las Chinamas, a iniciativa, dijo, del presidente Nayib Bukele. Agregó que no creía que ningún diputado se opondría al dictamen.

El Ministerio de Economía nombró como directora suplente en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría a Morena Areli Salinas de Mena, quien se ha desempeñado como directora general de Impuestos Internos y directora del Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

Salinas de Mena también ha sido directora de Auditoría Interna del Ministerio de Educación y Ciencia (Mineducyt).

La nueva directora suplente del Consejo de Vigilancia fungiría por un período de tres años que finalizará el 5 de febrero de 2028. Fue propuesta por el Instituto de Auditores Internos de El Salvador (IAI) para reemplazar a Jhony Alexander Argueta Amaya, quien renunció al cargo. La propuesta fue presentada el 21 de mayo de 2026 por el IAI.

En febrero pasado, el Ministerio de Economía nombró como miembros propietarios del Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública a Luis Alfredo Siliézar Ramírez, conocido por Luis Alfredo Siliézar Cardona, y Otto Karim Guzmán Barrera; y como suplentes a Jhony Argueta Amaya y Walter Ernesto Guerrero.

El Consejo de Vigilancia está conformado por un miembro nombrado por cada uno de los siguientes funcionarios: ministro de Economía, ministro de Hacienda, superintendente del Sistema Financiero, director nombrado por el presidente de la República; y los dos representantes de las gremiales.

El acuerdo fue tomado el 24 de junio pero publicado hasta el 20 de agosto en el Diario Oficial.

Una reforma de 2021 permite al Ministerio de Economía realizar el nombramiento en lugar de que lo hicieran directamente las gremiales de contadores y auditores, las cuales realizan propuestas.

Siliézar Cardona ha laborado en Deloitte El Salvador y AFF Consultores; Otto Karim Guzmán Barrera es socio de Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.; Argueta Amaya» fue presidente del Instituto de Auditores Internos de El Salvador (IIA 2023-2025) y miembro del Comité de Auditoría de Credicomer; y Guerrero fue socio de García Cuéllar y Asociados, y también laboró en Deloitte.

La Alianza Nacional por el TPS con sede en Washington informó en su programa del martes que una delegación de jóvenes ciudadanos estadounidenses, hijos de salvadoreños amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), se pronunciarán en una conferencia de prensa en Washington ante el eventual vencimiento del programa el 9 de septiembre.

Será una delegación conformada de 15 a 20 jóvenes con edades entre 17 y 21 años que a partir de este miércoles participarán en diferentes actividades que buscan una solución ante el próximo vencimiento, entre estas una conferencia el jueves en la zona del Capitolio, en Washington, Estados Unidos.

De acuerdo con José Palma, representante de la Alianza, se realizará una conferencia de prensa con el congresista Jim McGovern y después una mesa redonda con congresistas y personal de congresistas. «Tenemos que luchar por buscar algo administrativo para que nadie con TPS sea detenido o deportado», expresó.

Palma ve tres escenarios posibles para los salvadoreños con TPS: uno, que el secretario de Seguridad Nacional (DHS) anuncie que el TPS se termina y que se dan 60 días para salir de El Salvador; el segundo escenario sería que el DHS no haya tomado una decisión y que por ley se extienda automáticamente 6 meses por no haber una decisión; y el tercer escenario sería que otorgara una extensión al programa.

«Nosotros somos ciudadanos y no queremos que nuestro país nos haga esto de quitarnos a nuestros papás tepesianos, nuestra historia es importante en esta lucha», dijo, por su parte, Ángela Palma, quien es hija del representante de la Alianza Nacional por el TPS y es organizadora del comité de Massachussets del movimiento. Angela, involucrada en el activismo por el TPS desde los 12 años, exhortó a jóvenes hijos de tepesianos a involucrarse con la Alianza Nacional por el TPS.

El TPS designado para El Salvador vence el miércoles 9 de septiembre; el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, dijo en julio pasado que la determinación sobre si extenderá o terminará el TPS para El Salvador será anunciada en un aviso en el Registro Federal.

La Procuraduría General de la República (PGR) reportó un total de 31,527 personas usuarias beneficiadas de la Unidad de Defensa Pública Penal para garantizar el “derecho a la defensa y el acceso a la justicia” según la memoria de labores de la institución correspondiente al periodo 2025-2026.

De acuerdo con el informe, la Procuraduría Especializada de Defensa Pública Penal da «asistencia legal a personas de escasos recursos económicos», representándolas judicialmente en la defensa de su libertad individual, y la “garantía del derecho a la defensa bajo estándares técnicos y representación legal oportuna”.

“La atención se desarrolla bajo criterios técnicos que aseguran la defensa efectiva y el acceso oportuno a la justicia penal”, indica el informe, que detalla que fueron 204,296 servicios brindados a estas personas, sin realizar un mayor desglose de los datos.

Estas personas que habrían tenido asignado un defensor público se sumarían a un grupo de jóvenes adolescentes que también están dentro del reporte de asistencia legal de la Procuraduría Especializada de Niñez y Adolescencia. Esta unidad indica que otorga «defensa técnica a adolescentes vinculados a responsabilidad penal».

Sin embargo, en la rendición de cuentas, informó una cifra global de 11,864 personas usuarias beneficiadas de la unidad que recibieron 43,307 servicios, pero incluye también otro tipo de asistencias jurídicas, como autorizaciones de salida, establecimientos subsidiarios de nacimiento de adolescentes y cuidado personal en sede judicial de niñas, niños y adolescentes. En este caso, la PGR tampoco hace un desglose para detallar la defensa técnica a los adolescentes procesados.

La Unidad de Defensa Pública Penal de la PGR representó a 27,178 personas adultas en 2025 y a 33,979 en 2024, según el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Cada defensor representó un promedio de aproximadamente 76 personas según este observatorio, que calculó que la PGR tenía 165 defensores luego de recortes de personal.

Un estudio citado en marzo de 2025 por la procuradora general adjunta indicó que los defensores públicos penales destinan el 60 % de su tiempo a audiencias, el 20 % de su tiempo en atender a familiares de las personas imputadas y el otro 20 % en la preparación técnica de sus casos.

De acuerdo con Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, una organización que acompaña a familiares de detenidos que considera inocentes, el acompañamiento de los defensores públicos a los familiares es limitado.

“Nosotros tenemos representantes, abogados, en los casos, no todos, los poquísimos casos. Tenemos casos muy importantes. Lo que la gente nos manifiesta es que no los reciben, en los juicios no les dan mayor información, les dicen que esperen y así”, indicó.

En abril de 2025, el procurador general, René Gustavo Escobar, cuando aspiró a la reelección, aseguró que dan “la garantía de los derechos de la defensa técnica a todas las personas privadas de la libertad, incluyendo quienes han estado en contexto de régimen de excepción». En esa ocasión, detalló que gestionaron medidas sustitutivas de la prisión para más de 6,000 personas pero aclaró que ello no implicaba que fueran inocentes.

El régimen de excepción contabiliza según cifras oficiales 92,959 personas capturadas hasta agosto pasado, de los cuales 2,359 han si arrestados en lo que va del año 2026.

Al menos cinco de los 12 candidatos a miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) han realizado propuestas de uso de Inteligencia Artificial en el desempeño de sus funciones si son electos o como contenido de las capacitaciones para que sean aplicadas por jueces y magistrados del sistema judicial salvadoreño.

El martes, Maritza Venancia Zapata Cañas, quien ha sido jueza de vigilancia y ejecución de la pena de San Miguel, propuso fortalecer las nuevas tecnologías e incluir la Inteligencia Artificial en las capacitaciones como herramientas para los funcionarios judiciales pero que sean utilizadas «con una verdadera capacitación» y «verdadero control», ya que consideró que esta no debe «sustituir la responsabilidad de un juez».

«Considero que también son necesarias las herramientas de Inteligencia Artificial, pero con una verdadera capacitación pero con un verdadero control, que esto sirva como una herramienta para que nuestros funcionarios para que las puedan utilizar, pero nunca que venga a sustituir la responsabilidad de un juez». Maritza Zapata, quien ha sido jueza de vigilancia de San Miguel.

Para otro de los candidatos, Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez, quien labora en una Cámara de Familia y ha sido juez suplente, el uso de la Inteligencia Artificial «es muy importante» y «dinamizaría el trámite de los procesos» judiciales; sin embargo, consideró que la decisión debe ser del juez. Señaló que la tecnología es «permitida para todo acto bueno, para facilitar, para apoyar, pero no para utilizar ese algoritmo a través de un sesgo para determinadas personas».

Se sabe que se puede utilizar la IA para cualquier trámite administrativo pero siempre hay que considerar que el análisis y el fundamento de derecho, y la decisión final, tiene que ser tomada por el juez, por el ser humano, en base al principio de responsabilidad. Al haber un error no se va a responsabilizar a un programa o a la computadora, se tiene que responsabilizar al juez. Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez, labora en Cámara de Familia.

Karla Cecilia Roque de Rodríguez, quien labora en la Cámara mixta de menores, tránsito y vigilancia penitenciaria, propuso una «transformación digital utilizada de forma responsable».

«Ellos están prácticamente a un par de años, utilizando esas herramientas tecnológicas, como la IA, utilizadas de forma responsable, no es que la IA va a hacer una resolución, sino que la IA lo que va a hacer es apoyar a la persona humana, la crítica humana es bien importante en una resolución porque el juez tiene la obligación de resolver y fundamental, solo es de apoyo, jurisprudencia, doctrina». Karla Cecilia Roque de Rodríguez, quien labora en Cámara mixta de menores, tránsito y vigilancia penitenciaria.

La candidata Alba Geraldina Paredes de Bonifacio, quien labora en la Corte de Cuentas de la República (CCR), también sugirió la creación de un Departamento de Investigación y el uso de la Inteligencia Artificial. Ella también señaló que «es importante saber utilizar» la Inteligencia Artificial. «Todo es bueno si se sabe utilizar», dijo.

También, el lunes, el jefe de la Unidad de Notificaciones de la CCR, Eduardo Antonio Pérez Hernández, aseguró que la transformación digital es muy importante y que todas las instituciones que conforman el Sistema Anticorrupción (SINAC) están utilizando la Inteligencia Artificial (IA) pero advirtió que «no hay que perder de vista» que la IA «solo es un instrumento de apoyo» y que «no puede ser utilizado» para la toma de decisiones.

En marzo de 2026, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estableció criterios para el uso de Inteligencia Artificial generativa en instituciones del Estado y tribunales de justicia, en el proceso de inconstitucionalidad 57-2025, al advertir el uso de inteligencia artificial por demandantes de inconstitucionalidad contra un artículo de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones (LEIT).

La Sala señaló que la IA puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia y reducir la corrupción, sin embargo, advirtió que la automatización no debe provocar problemas como la “discriminación algorítmica debido a sesgos en los sistemas” y también indicó que “toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano”. “Por eso, el uso de la IA en labores judiciales debe estar bajo estrictos controles éticos y legales, con supervisión humana obligatoria”, señaló la CSJ, en un comunicado.

El consejal Santos Guerra Grijalba, miembro propietario del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), aseguró que, cuando él llegó a la institución evaluadora de jueces y magistrados las evaluaciones al sector judicial estaban atrasadas y advirtieron que «todos los jueces tenían excelentes calificaciones».

“Denotamos, no sé si irregularidades es la palabra más idónea, pero denotamos que todos los jueces tenían excelentes calificaciones, no había uno que sacara mala nota, cosa que encendió focos de alerta. Nos dimos cuenta que estábamos participando en un círculo vicioso porque el tema era que los evaluadores iban por materia pero, de tanto año de estar yendo a las sedes judiciales, se hacían amigos de los jueces”, reveló el actual funcionario que aspira a ser reelegido como consejal propietario del CNJ.

Según Guerra Grijalba, el CNJ optó por restringir la información sobre la calendarización de las evaluaciones para evitar que los tribunales se informaran sobre las mismas, ya que, por ejemplo, “una de las intenciones de evaluar es ver si el juez cumple con el horario”.

El miembro del CNJ agregó que detectó que “las evaluaciones no consideran la carga laboral de los tribunales” y sugirió “ver qué indicadores podemos introducirle a esa evaluación que sí considera la carga versus la capacidad operativa que tienen” los tribunales.

De acuerdo con el más reciente informe de evaluación publicado por el CNJ, de febrero de 2026, un total de 21 funcionarios obtuvieron un resultado no satisfactorio de un total de 726 funcionarios judiciales evaluados, es decir, el 2.9 % obtuvo un resultado no satisfactorio.

El informe indica que los evaluadores hicieron 657 visitas y evaluaron a 726 funcionarios judiciales: 67 magistrados de cámara de segunda instancia, 322 jueces de primera instancia y 337 jueces de paz.

De estos resultaron con resultados “no satisfactorios” 16 jueces de primera instancia, 4 jueces de paz y 1 magistrado de cámara de segunda instancia.

El resultado no satisfactorio es un puntaje menor a 60 puntos; el satisfactorio indica un puntaje entre 60 y 100 puntos.

Ante el resultado de las evaluaciones, fueron interpuestos 154 recursos de reconsideración bajo argumentos de errores de cálculo, incorrecta aplicación del manual de evaluación, errónea aplicación en razón de su nombramiento y justificaciones; y 22 recursos de apelación.

El CNJ explicó que esta evaluación se realizó con la visita a 577 de 590 sedes judiciales, es decir, exceptuando a los 11 tribunales y 2 cámaras contra el crimen organizado.

De acuerdo con el más reciente informe de evaluación publicado por el CNJ, de febrero de 2026, un total de 21 funcionarios obtuvieron un resultado no satisfactorio de un total de 726 funcionarios judiciales evaluados, es decir, el 2.9 % obtuvo un resultado no satisfactorio.

El informe indica que los evaluadores hicieron 657 visitas y evaluaron a 726 funcionarios judiciales: 67 magistrados de cámara de segunda instancia, 322 jueces de primera instancia y 337 jueces de paz.

De estos resultaron con resultados “no satisfactorios” 16 jueces de primera instancia, 4 jueces de paz y 1 magistrado de cámara de segunda instancia.

El resultado no satisfactorio es un puntaje menor a 60 puntos; el satisfactorio indica un puntaje entre 60 y 100 puntos.

Ante el resultado de las evaluaciones, fueron interpuestos 154 recursos de reconsideración bajo argumentos de errores de cálculo, incorrecta aplicación del manual de evaluación, errónea aplicación en razón de su nombramiento y justificaciones; y 22 recursos de apelación.

El CNJ explicó que esta evaluación se realizó con la visita a 577 de 590 sedes judiciales, es decir, exceptuando a los 11 tribunales y 2 cámaras contra el crimen organizado.

En evaluaciones anteriores publicadas por el CNJ el porcentaje de funcionarios judiciales con un resultado de evaluación “no satisfactorio” han oscilado desde 0 % en los años 2021 y 2022, hasta 4.9 %.

En la evaluación de 2020, de un total de 788 funcionarios judiciales evaluados, un total de 681 obtuvieron un rendimiento excelente, 80 satisfactorio con mérito, 23 satisfactorio y 4 no satisfactorio, un 0.36 %.

Funcionarios judiciales con evaluación no satisfactoria según evaluaciones presenciales en sede del CNJ

• 2016: 20 (2.6 %)
• 2017: 36 (4.9 %)
• 2018: 3 (0.36 %)
• 2020: 4 (0.36 %)
• 2021: 0 (0 %)
• 2022: 0 (0 %) (ninguno obtuvo menos de 60 puntos, solo 3 de 60 a 69 puntos).
• 2023: 16 (2 %)
• 2024: 27 (3.75 %)
• 2025: 21 (2.9 %)

Fuente: CNJ.