Autor: Yolanda Magaña

Diputados de Nuevas Ideas aseveraron ayer que la pena perpetua no aplicaría a niños, sino a adolescentes y jóvenes, luego de que dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia señalaran que la Ley Penal Juvenil se aplica a menores desde los 12 hasta los 18 años de edad.

La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, preguntó a magistrados de la Corte Suprema de Justicia a partir de qué edad aplicaría la pena de prisión perpetua propuesta en las reformas.

El presidente de la Sala de lo Penal, magistrado Alejandro Quinteros, señaló que la Ley Penal Juvenil se aplica a menores desde los 12 hasta los 18 años, pero advirtió que la CSJ realizará una propuesta al respecto.

“Este tipo de delitos de extrema gravedad sería aplicable; por ahí hemos hecho alguna consideración que queremos hacérsela llegar por escrito, algunas observaciones para que ustedes puedan estimarlas con relación a ese punto en particular, pero la Ley Penal Juvenil está prevista desde los 12 hasta los 18 años de edad”, respondió Quinteros.

La legisladora de Nuevas Ideas aseguró que le interesaba aclarar que “en ningún punto será una aplicación de cadena perpetua para niños, ni niñas, sino que estamos hablando de adolescentes en conflicto con la ley, jóvenes en conflicto con la ley, como se puede encontrar en la doctrina, y que la Ley Penal Juvenil lo define claramente, que son aquellos mayores de 12 años y menores de 18”.

El magistrado José Fernando Marroquín Galo respondió que, como Corte, tienen una sugerencia de “especificación en coherencia con lo que” la legisladora expresó “sobre el alcance de la pena aplicable a adolescentes y jóvenes, y no a niños”.

Por su parte, el diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, reiteró la aseveración de que la pena perpetua se aplicaría únicamente a adolescentes y jóvenes. “Estamos hablando de adolescentes prácticamente de 12 y menores de 18 años”, dijo.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa continuará este martes el análisis de la ratificación de la reforma constitucional para levantar la prohibición de la cadena perpetua en El Salvador y poder aplicarla a pandilleros, violadores y homicidas. Posteriormente deberá analizar una reforma penal que busca legislar su aplicación, creando la posibilidad de que los condenados a cadena perpetua puedan optar por una libertad controlada. La revisión de su pena sería obligatoria a partir de los 25 años de prisión para los menores y a partir de los 30 años de prisión para los adultos.

La diputada Marcela Villatoro, del partido opositor Arena, insistió ayer, en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, en aprobar una ley de castración química para los condenados por el delito de violación además de imponerles la pena perpetua, argumentando que estos tendrían la posibilidad de obtener la libertad controlada según la propuesta de reforma al Código Penal presentada por el Gobierno.

“Imagínense, es un violador, le ponen su cadena perpetua y, de repente, él decide ‘reconformarse’ siguiendo todos los procedimientos, hace las cosas bien, sale, aunque sea un psicólogo que lo analice, lo dejan libre y vuelve a cometer un delito igual. Y eso pasa, ustedes como juzgadores lo han visto. Él ya no va a ser un problema para la sociedad, afuera, porque ya va a (tener) su proceso de castración química”, expresó, ante dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ayer defendieron la propuesta de la cadena perpetua presentada por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Los magistrados no opinaron sobre la factibilidad de imponer la castración química como una medida adicional a los condenados a pena perpetua por el delito de violación. Sin embargo, ante una pregunta del diputado Reinaldo Carballo, del PDC, partido aliado del Gobierno, uno de los magistrados respondió que optaría por la pena perpetua si tuviera que escoger entre esta sanción y la castración química.

El diputado Carballo preguntó al magistrado Alejandro Quinteros, presidente de la Sala de lo Penal, que, si él fuera juez qué sentencia le daría a un violador, castrarlo o cadena perpetua.

“A partir de lo que hemos analizado, la propuesta de reforma constitucional, sin duda la pena perpetua, por las circunstancias a las que hace referencia la ley fundamental, la Constitución, el fin utilitario, la posibilidad de resocialización”, respondió Quinteros.

El magistrado mencionó que él personalmente ha visto casos “gravísimos de violaciones, incluso de mutilaciones”. “Me acuerdo de un atleta de la zona paracentral, donde participaron menores de edad también, casos dantescos que da incluso escozor mencionárselos al pueblo salvadoreño y eso es lo que justifica la propuesta de reforma constitucional, la posibilidad de ratificación”, defendió la propuesta.

Al consultarla al respecto, Villatoro explicó que su propuesta es «adicional» a la pena perpetua.

En la Comisión, la legisladora de Arena subrayó que su partido respalda la propuesta de la pena perpetua y, aunque la propuesta del Gobierno establece una revisión obligatoria de dicha cadena perpetua en todos los casos, incluso pandilleros, aseguró que quieren que “se queden en la cárcel para siempre”.

“Muchas veces se dice que nosotros queremos que los pandilleros salgan libres, por lo menos de este grupo parlamentario, del cual represento, no es el caso nuestro, sino que al contrario, que todo el que le ha hecho daño a la población salvadoreña pague y se quede en la cárcel para siempre, que es la idea”, afirmó en la Comisión.

La Asamblea Legislativa está por ratificar una reforma constitucional que levanta la prohibición de la cadena perpetua en El Salvador para violadores, homicidas y terroristas; y también podría aprobar un paquete de reformas a cuatro leyes, uno de los cuales plantea que la pena perpetua deberá revisarse obligatoriamente al cumplirse 25 años de pena para los menores y 30 años o más para los adultos.

Antes de dictaminar, los diputados han recibido opiniones, a favor de la reforma, de los ministros de Seguridad y Defensa, fiscal general y ayer de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Arena ha solicitado citar al director del Instituto de Medicina Legal para consultarle sobre las pruebas que deben incluir para los casos de violación sexual.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó ayer un plazo de al menos 30 días para que inicie la vigencia de la cadena perpetua en El Salvador con el fin de que puedan evaluar una posible conversión de juzgados para aplicarla.

La propuesta de reforma al Código Penal presentada por el Ministerio de Seguridad y Justicia a la Asamblea Legislativa plantea en su artículo 92-C que “el juez competente” realizará el procedimiento de revisión de la pena perpetua y que este “deberá motivar la existencia de un pronóstico individualizado favorable de reinserción social del condenado”.

Una vez cumplido el plazo para la revisión obligatoria, “a requerimiento del juez y en el plazo de un mes”, el Consejo Criminológico Regional emitirá un informe sobre la peligrosidad y la probabilidad de reinserción del condenado, el juez realizará una audiencia y resolverá a favor o en contra de la libertad controlada.

El magistrado Alejandro Quinteros, presidente de la Sala de lo Penal, manifestó que en la reforma convergen el “juzgamiento de menores de edad que hayan cometido delitos de extrema gravedad”, conocidos por la jurisdicción especializada para una vida libre de violencia para las mujeres, “feminicidio y agravado, y además delitos de violación, simple, agravada, violación en menor o incapaz y agravada”; “estamos en una competencia diversa. Ante eso, consideramos que es importante garantizar la especialización”, observó.

Explicó que “uno de los grandes cuestionamientos en los delitos sexuales es el tiempo de demora de un proceso, puede reincidir en la revictimización”. “Si el proceso dura mucho tiempo, es revictimizante”, “por tanto los procesos deben acelerarse”, advirtió.

Agregó que, si se valorara “un juez competente”, tendrían que “valorar la posibilidad de convertir sedes, a través de la figura de la conversión, para optimizar la capacidad disponible”.

“En nombre de la Corte, si este órgano de Estado, la posibilidad de una vacatio legis por lo menos de 30 días” para asumirlo con la capacidad instalada, eso pasa por una evaluación a través de la Comisión de Jueces, solicitó, para “acceder a servicios de justicia que sean más ágiles”.

El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, dijo que estaba “bastante coherente” la solicitud para la “organización interna y administrativa”, “es una buena medida que debe analizarse”.

La reforma constitucional que aprobaría El Salvador levantaría la prohibición de la pena perpetua y la propuesta de reforma al Código Penal establece una revisión obligatoria de la pena perpetua a partir de 25 años para menores, a partir de 30 años a adultos condenados por un delito, a partir de 35 años por varios delitos y desde los 40 años si tiene agravante.

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respaldaron ayer la reforma constitucional y penal y que no violaría tratados internacionales como la Convención de Derechos del Niño, porque se plantea como una pena perpetua “revisable” y no cerrada.

El secretario general del partido opositor salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), Manuel Flores, cuestionó este lunes la necesidad de reformar la Constitución de El Salvador para habilitar la cadena perpetua en casos de homicidio, violación y organizaciones terroristas.

Flores señaló que «estos criminales ya tenían pena de por vida» y recordó que últimamente se han registrado condenas de varios cientos de años, principalmente contra pandilleros en el marco de un tipo de audiencia especial abierta, que permite juzgar a estructuras completas en un mismo proceso.

«¿Había necesidad de hacer esa reforma?», cuestionó el izquierdista y sostuvo que esta iniciativa del Gobierno de Nayib Bukele «no surgió de una necesidad en el país», sino que se dio «a raíz del escándalo del pedófilo ese que casi lo convierten en artista de cine en el Centro Histórico».

Esto en referencia a la polémica que se generó en redes sociales a partir de las publicaciones en cuentas gubernamentales de un video de un presidiario, quien habría sido condenado por violar a menores de edad y que forma parte de un programa de rehabilitación del Ejecutivo por medio de actividades artísticas.

Tras la difusión del video, personas que dijeron ser familiares de las víctimas publicaron también videos en los que criticaron su inclusión en el programa Cero Ocio sin haber cumplido ni la mitad de su condena.

La Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó la semana pasada una reforma constitucional que permite las penas perpetuas de prisión para «homicidas, violadores y terroristas» propuesta por el Gobierno del presidente Bukele, y que posteriormente debe ser ratificada.

«Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas», dice la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución aprobada en sesión plenaria por 59 diputados de NI, sus aliados e incluyendo dos de la oposición, de los 60 que forman este órgano.

La propuesta de Bukele para permitir las penas perpetuas llegó a unos días de que El Salvador cumpla cuatro años bajo un régimen de excepción que se aprobó en marzo de 2022 para combatir a las pandillas, acusadas de cometer la mayoría de homicidios en el país centroamericano que por años fue considerado como uno de los más violentos del mundo.

También la reforma fue propuesta días después que un grupo de expertos divulgara un informe en el que se concluye que en el contexto de la implementación del régimen de excepción en el país se habrían cometido violaciones a derechos humanos que «podrían constituir crímenes de lesa humanidad».

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respaldaron este lunes, en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, la reforma constitucional y penal que levantaría en El Salvador la prohibición de la prisión perpetua asegurando que «no» violaría tratados internacionales como la Convención de Derechos del Niño, porque se plantea como una pena perpetua «revisable» y no cerrada.

Los magistrados se refirieron a que la reforma al Código Penal impone una revisión obligatoria de la pena perpetua, la cual sería aprobada para personas condenadas por ser pandilleros o por comisión de delitos de homicidio, feminicidio, simple o agravados, o violación.

Alejandro Quinteros, magistrado presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, advirtió que según la propuesta la pena perpetua estaría “condicionada a mecanismos de revisión periódica” por lo cual “el Estado no renuncia a la resocialización”, siempre “que haya muestras objetivas y verificables” de la ausencia de riesgo para la sociedad.

“La revisabilidad transformaría de alguna manera la naturaleza de pena perpetua cerrada a una pena perpetua condicionada”, resumió.

Si bien la reforma constitucional que aprobaría El Salvador levantaría la prohibición de la pena perpetua, la propuesta de reforma al Código Penal del Ministerio de Seguridad y Justicia establece una revisión obligatoria de la pena perpetua a partir de 25 años de prisión para menores, a partir de 30 años de prisión para adultos condenados por un delito, a partir de 35 años de prisión a condenados de varios delitos y desde los 40 años de prisión si hay agravante.

“La revisión eventual en esos plazos que el paquete de reformas establece va a depender de algunos factores, fundamentalmente la conducta penitenciaria, la participación en procesos de reinserción, algunos indicadores de reinserción social, que son los que permitirían eventualmente la posibilidad de acceder a una libertad controlada, que es lo que la reforma plantea en la ley secundaria”, explicó Quinteros al hablar de la propuesta del Gobierno.

Por su parte, el magistrado José Fernando Marroquín Galo aseguró que, al regular la posibilidad de cadena perpetua, se respetaría la Convención de los Derechos del Niño, ya que en su artículo 37 indica que ningún niño debe ser sometido a una pena capital ni a la prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación. “Lo que estaría prohibido es sin posibilidad de excarcelación pero, si hay posibilidad de excarcelación, no sería incompatible”, afirmó el funcionario.

Sala se pronunció en 2018

Los representantes de la CSJ también opinaron que la reforma de la cadena perpetua propuesta por el Gobierno respeta la jurisprudencia constitucional de El Salvador.

El magistrado Quinteros citó una sentencia del 7 de marzo de 2018 (69-2017) sobre la inconstitucionalidad del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional y relató que la Sala dijo que, “si se considera que la pena perpetua revisable, siempre está condicionada la comisión de delitos de especial gravedad, resulta plausible afirmar que esta gravedad es la que justifica su naturaleza”. La Sala, citó, dijo que “con el fin de abrir un margen de resocialización con las exigencias constitucionales, se permite que pueda revisarse si el condenado cumple con ciertas condiciones actitudinales para reducir la pena”. Detalló que la Sala se pronunció al señalar que lo que establece el Estatuto de Roma es constitucional aún sin la reforma.

Así, el magistrado, en representación de la CSJ, aseveró a los diputados que “la pena perpetua revisable no inhibe la consecución de la finalidad resocializadora de la pena”, “no infringe la prohibición de penas perpetuas y “tampoco impide que el condenado sea parte de programas de reeducación”.

“En materia penitenciaria es la actitud del penado la que va a determinar su posibilidad de reinserción social, a pesar de que se trate de una perpetua. Tanto de la perspectiva de compromisos internacionales, como de la coherencia con el resto del contenido de la Constitución, no hay ninguna incompatibilidad porque la jurisprudencia ha reconocido este tipo de pena”, señaló.

Abogada sugiere sea excepcional

La abogada Roxana Cardona, quien se pronunció en redes sociales sobre la propuesta de reforma, indicó que “según la reforma será revisable a los 25 años”, por lo que “un menor de 18, cuando cumpla 42 años, un menor de 16 hasta que cumpla 34 años, no olvidando que las cárceles del país están catalgoadas como de alto riesgo y violatorias”.

“La detención de un niño debe ser siempre una medida de último recurso y por el tiempo más breve posible”, indicó. La abogada sugiere que se haga de manera “excepcional”. “Si bien es cierto no establece no aplicar la cadena perpetua, pero sí da un rango y un parámetro para no aplicarla”, indicó.

Ante preguntas de la diputada Suecy Callejas, el magistrado Quinteros señaló que tienen una propuesta al respecto y que la Ley Penal Juvenil se aplica a menores desde los 12 hasta los 18 años.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen 197 de la reforma presupuestaria para incorporar a la Ley general de presupuesto del Estado 2026 los fondos para la construcción de una cúpula envolvente de la terminal beta de pasajeros del Aeropuerto Internacional del Pacífico de El Salvador.

“La cúpula envolvente del edificio tendrá un aproximado de 21 metros de altura con una cobertura de superficie de alrededor de 4,550 metros cuadrados con dos aperturas acristaladas en sus lados funcionales para dar acceso a iluminación natural”, explicó hoy la subdirectora de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda, Laura Arce de Aguilar, en la Comisión.

El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseguró que “se ha venido construyendo el Aeropuerto del Pacífico a una velocidad emocionante”.

“Si ustedes van, físicamente ya tiene avances muy importantes, se puede ver toda la obra de terracería cómo ha avanzado fuertemente”, advirtió el diputado del departamento de La Unión.

El financiamiento avalado, que proviene de endeudamiento en su mayoría, incluye el diseño, la ingeniería de detalle, la fabricación, el suministro, la supervisión y el montaje de las estructuras que conforman la cúpula.

Hacienda argumenta que la incorporación de los fondos se realiza «en este momento» porque recién se aprobó el contrato de préstamo en 2025. “Se hace en este momento porque el financiamiento se contrató en el último trimestre del año pasado”, explicó la subdirectora.

La construcción del Aeropuerto está presupuestada para el año 2026; el gobierno ha prometido entregar la primera etapa en el primer semestre de 2027. El Plan de Inversión Pública del Gobierno incluye la programación de $197 millones para la construcción y el equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, en La Unión, cuya primera piedra fue colocada en enero de 2025.

En el cuarto trimestre de 2025, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) contrató con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) un préstamo por $17.2 millones para el suministro e instalación de la cúpula envolvente de la terminal beta de pasajeros del Aeropuerto Internacional del Pacífico de El Salvador; el resto de fondos, $2.3 millones, provienen de titularización realizada por CEPA, por $2.3 millones de CEPA. El total asciende a $19,499,961.

Dentro del presupuesto de CEPA se incorporarán $17,188,106 en endeudamiento público con el ICO y $2,311,815 en saldo de años anteriores; se asignará a “inversión e infraestructura” del Aeropuerto del Pacífico.

Además, el proyecto del Aeropuerto del Pacífico incluye la construcción de una terminal de pasajeros, edificios auxiliares, pista de vuelo, calle de rodaje y plataforma de viraje en las pistas y áreas de estacionamiento.

La Comisión de Hacienda también dictaminó una reforma presupuestaria para incorporar $251,160 de un préstamo con la Corporación Andina de Fomento, del “Programa para la transformación del clima de negocios de El Salvador”.

El partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tiene programado para el domingo 29 de marzo una Convención Nacional extraordinaria en la cual reformarían el artículo 89 de los estatutos, que exige a secretarios generales, adjuntos o directivos locales pedir permiso o renunciar si se postulan a un cargo de elección popular.

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, conocido como el Chino Flores, sin dar más detalles de los motivos de la convención, aseveró este lunes que la agenda es pública y tocarán temas “muy propios internos”.

“Ya está convocada donde vamos a tocar temas muy propios internos, la Comisión Especial Electoral (CEE) va a hacer el llamado para las elecciones internas. Ahí está la agenda, es pública, reformas a estatutos, un informe y las declaratorias. Además, prepararnos para las internas”, informó a un grupo de periodistas.

El artículo 89 de los Estatutos del FMLN prohíbe al secretario general del FMLN postularse para una candidatura de elección popular, así como integrar directivas o secretarías; si lo desean hacer, debe presentar una solicitud de permiso o renuncia al cargo interno que ostentan.

Durante la conferencia de prensa, el dirigente de izquierda exigió que se devuelvan los ahorros a los afectados del caso de Credicash, investigada por defraudación a la economía pública mediante captación ilegal de fondos y lavado de activos.

“Estamos con ustedes, un pueblo que ha sido olvidado, ignorado, sin proyectos, sin empleo, sin opciones, exijo que se le devuelva el dinero a la gente, la gente no tiene culpa”, dijo.

Flores también se pronunció por la aprobación de la reforma constitucional que avala la aplicación de la cadena perpetua en El Salvador. Él presume que la reforma fue impulsada por el Gobierno salvadoreño para esconder una campaña de rehabilitación de reos criticada por la publicación de un video de un condenado a agresión sexual que participaba en el programa de pintura artística parte del programa de RehabilitArte del Plan Cero Ocio. “Si me hubieran dicho que hubiera estado pintando en el Centro Histórico, no lo hubiera creído”, exclamaba el condenado Osvaldo García en el video.

“Ya tenían pena de por vida estos delincuentes, estos criminales, esto surgió a raíz del escándalo del pedófilo, de ese que casi lo convierten en el artista de cine, pintando al aire libre con una cantidad de equipos caros y bonitos diciendo ‘esta es la libertad de mi país’ denunciado valientemente por la mamá de los niños abusados, ¿por qué no continuaron con esa campaña?, a saber a quién se le ocurrió semejante idea. Hasta le hicieron un video, ahora solo falta que digan culpa del FMLN”, criticó el dirigente.

La Cancillería salvadoreña anunció que en diferentes fechas de abril se vence el periodo para aplicar a becas para estudiar en el extranjero técnicos, carreras universitarias, estudios cortos, maestrías o doctorados.

Para estudiar en Singapur, el último día para enviar la solicitud es el 3 de abril; para Estados Unidos, el 6 de abril; para Indonesia, el 17 de abril; y para España, el último día es el 25 de abril.

La información puede solicitarse al correo infobecas@rree.gob.sv.

El Programa de Cooperación de Singapur hay posibilidades de estudio en “Innovaciones en Gobernanza” que se llevará a cabo del 8 al 12 de junio de 2026; la fecha de cierre de la nominación será el 3 de abril de 2026.

Sin embargo, en el sitio del Programa de Cooperación de Singapur también hay cursos sobre “Sistemas de transporte integrado urbano”, “Taller sobre gobierno digital”, entre otros.

El Centro de Estudios Universitarios (CEDEU), ubicado en Madrid, España, tiene disponibles 270 becas con estudios on line o presencial, en administración y dirección de empresas, derecho, marketing, protocolo, negocios digitales, prevención de riesgos laborales, contabilidad e innovación tecnológica, empresas y gestión del ocio, psicología y cambio de comportamiento, gestión de recursos humanos. El cierre de la postulación, según el sitio web, será el 25 de abril pero el proceso inició el 15 de febrero de 2026.

Para estudios en Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) también respalda becas con requisitos como diploma universitario, cartas de recomendación, contar con un promedio de notas superior al mínimo requerido por la universidad, y buen estado de salud físico y mental. Las becas de la OEA, según su sitio web, tiene un tope monetario de $10,000 por año con cobertura de colegiatura, seguro de salud, subsistencia mensual, pasaje aéreo y materiales de estudio.

Durante el año 2025, las cámaras de primera instancia de la Corte de Cuentas de la República reportaron un total de $471,848.20 cancelados en concepto de responsabilidades patrimoniales y administrativas señaladas por la institución contralora cuando audita el buen uso de los fondos públicos en el Estado.

Del total cancelado, $298,790.12 fueron multas impuestas por la responsabilidad administrativa que según las sentencias de las cámaras de primera instancia tuvieron funcionarios o terceros; y, una menor cantidad, $173,058.08, fueron cancelados por servidores públicos en concepto de responsabilidad patrimonial o daño patrimonial, también determinado por las cámaras a través de condenas.

Dichos montos fueron reportados por la institución en su informe de labores correspondiente al año 2025 entregado la semana pasada por el presidente de la Corte de Cuentas, Walter Sosa, a la Asamblea Legislativa.

Durante el mismo año, las unidades de auditoría encontraron 2,285 hallazgos de posibles irregularidades en el manejo de fondos por $40.2 millones y, también en el mismo periodo, las cámaras de primera instancia emitieron condenas por otros casos por un monto total de $26.2 millones.

En el mismo año, las condenas en primera instancia dictaminaron responsabilidad patrimonial por $20.7 millones y responsabilidad administrativa por $5.5 millones, según el informe oficial. La mayoría de los montos son atribuidos a servidores de las municipalidades, un total de $20.1 millones.