Autor: Yolanda Magaña

El embajador de El Salvador ante los Emiratos Árabes Unidos, Gerardo Pérez, se reunió el jueves junto a embajadores de Costa Rica y Guatemala con el Jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Ras Al Khaimah, ciudad en los Emiratos Árabes Unidos.

Sin dar más detalles, Pérez informó en X que tuvieron un diálogo constructivo en busca de fortalecer el comercio, la inversión y el turismo.

“En línea con las iniciativas impulsadas por el Presidente Nayib Bukele, reafirmamos nuestro firme compromiso de continuar consolidando la cooperación y las relaciones diplomáticas que unen a El Salvador con los Emiratos Árabes Unidos”, expresó en diplomático.

En julio de 2025, el embajador entregó al gobernante de la ciudad árabe una edición del libre What is money?, a la vez que aseveró que la Oficina Nacional del Bitcoin de El Salvador lidera programas de educación financiera con una “diplomacia moderna basada en la innovación y la libertad económica”.
“A través de esta iniciativa, El Salvador comparte su experiencia con el mundo, fortaleciendo vínculos estratégicos y promoviendo una visión de futuro compartida con los Emiratos Árabes Unidos”, expresó en aquella ocasión.

La relación comercial con Emiratos Árabes Unidos es desigual. Mientras El Salvador ha exportado durante los últimos tres años 1.3, 1.9 y 1.4 millones de dólares, ha importado 16.4, 21.6 y 24.8 millones durante los mismos tres años, 2023, 2024 y 2025 según datos del Banco Central de Reserva.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) anunció el despliegue de más de 200 auditores para que ejecuten un plan de fiscalización del uso de vehículos nacionales del 29 de marzo al 5 de abril, durante la Semana Santa 2026.

Los agentes de la CCR estarán distribuidos en puntos estratégicos del territorio nacional.

El presidente de la institución contralora, Walter Sosa, exhortó a los funcionarios y empleados públicos “que los vehículos nacionales, estrictamente, sean utilizados para misiones oficiales justificadas y que no deben usarse para fines particulares”.

Los agentes se coordinarán con la Dirección General de Tránsito y la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC).

Realizarán una verificación de que el uso de vehículos esté autorizado por un funcionario competente, buscarán comprobar la finalidad de la misión, indagando autorización, fecha, horario y nombre del funcionario o empleado que está utilizando el vehículo, revisarán las placas y los distintivos oficiales de la institución a la que pertenecen y verificarán la vigencia de la tarjeta de circulación y de la licencia de conducir.

La CCR prometió que emitirá recomendaciones para el uso de los bienes públicos.

Los acusados de ser parte de organizaciones terroristas con el fin de cometer delitos de la Ley especial contra el terrorismo, sin que sean miembros de pandillas, serían castigados con penas entre 20 y 60 años de prisión, según dictamen de reforma a dicha normativa.

El proyecto de reforma a la Ley contra actos de terrorismo aumenta los años de prisión para miembros pertenecientes a organizaciones terroristas de 20 a 30 años de prisión; para jefes, dirigentes o cabecillas, de 40 a 60 años de prisión.

Actualmente, dichas penas oscilan entre 15 y 20 años de prisión para miembros, y entre 30 y 40 años de prisión para jefes; es decir, la reforma aumentaría las penas, aunque no llegarían a la cadena perpetua.

Esta ley impone penas para delitos como alteración de sustancias, apología e incitación pública de actos de terrorismo, simulación de delitos, espionaje en actos de terrorismo, delito informático, organizaciones terroristas, actos terroristas, toma de rehenes, delitos contra la seguridad portuaria o de aviación civil, derribamiento de aeronave, interferencia a miembros de tripulación aérea, entre otros.

La reforma también suprime de la definición de «organizaciones terroristas» en la Ley especial contra el terrorismo a las pandillas, es decir, «las agrupaciones» del «artículo 1 de la Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal».

La reforma al Código Penal, que podría ser aprobada este jueves en la Asamblea Legislativa, impondría la pena perpetua cuando la organización terrorista sea entendida como pandilla. «El que pertenezca a una organización terrorista conocida como pandilla será sancionado con pena de prisión perpetua», indica el nuevo artículo 344-A.

Para el delito de agrupaciones ilícitas, que ya no sería aplicado a pandillas sino a otros grupos delictivos, las penas disminuyen.

El delito de agrupaciones ilícitas sería castigado con penas entre 10 y 20 años de prisión; y actualmente, aplicado a pandilleros, tiene penas entre 20 y 30 años, y 40 a 45 años para cabecillas.

La Asamblea Legislativa se dispone a aprobar este jueves una ratificación de la reforma constitucional que levanta la prohibición de la pena perpetua en El Salvador y una reforma penal que la impone como pena única posible en caso de condena para los delitos de homicidios, feminicidios, violación y pertenencia de pandillas, tanto para jóvenes de 12 a 18 años, cómplices y autores, a todos por igual.

La diferencia entre los condenados a pena perpetua estaría en el tiempo de revisión obligatoria de pena perpetua que legislaría el mismo Código Penal: la primera revisiíon a los 25 años de prisión para los menores, 30 años a adultos con un delito, 35 si son varios delitos y 40 si hay agravantes.

Una reforma a la Ley Penal Juvenil, cuyo proyecto original no fue modificado en el dictamen aprobado el martes en la Comisión Política, dicta la pena perpetua como única sentencia condenatoria posible para menores cuyas edades oscilen entre los 12 y 18 años, si cometen delitos de pertenencia de pandillas, homicidio, feminicidio y violación.

La Ley Penal Juvenil actual impone por delitos graves (homicidios, extorsiones, secuestros, delitos sexuales, robo agravado) penas de hasta 10 años de internamiento si es un adolescente de 12 años, de hasta 15 años de internamiento para los mayores de 16 años, y hasta 20 años de internamiento por delitos de drogas o de grupos terroristas, maras o pandillas.

Con la reforma, el menor también deberá ser sometido a «pena perpetua» para los delitos graves incluidos en el Código Penal, obligatoriamente: «En el caso de los delitos cuya pena sea la prisión perpetua, se impondrá esta», indica la propuesta de reforma al artículo 15 de la Ley Penal Juvenil. Los delitos sancionables con pena perpetua serán homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas.

La revisión de la pena perpetua para los menores se realizaría, según la reforma dictaminada, obligatoriamente a partir de los 25 años de prisión que cumpla.

Para los delitos graves de extorsiones, secuestros y robo agravados, se mantendría el internamiento máximo de 15 años para los menores de edad.

Exclusión total de la Ley Penal Juvenil a menores pandilleros

También, con la reforma, el proceso ordinario de menores regulado en la Ley Penal Juvenil no se aplicará a los menores procesados bajo la Ley contra el crimen organizado, es decir los que pertenezcan a organizaciones criminales o terroristas, incluyendo maras o pandillas.

La exclusión establece expresamente la exclusión total del procedimiento de menores a los procesos seguidos contra menores bajo la Ley contra el crimen organizado, normativa que permite juicios masivos contra pandilleros.

Actualmente, la Ley contra el crimen organizado vigente ya permite procesar a los menores en los tribunales de crimen organizado, lo que dejó a los jueces de menores como jueces de garantía. Esta ley ya permite que los procesos que se prolonguen 24 meses con posible prórroga de 12 meses adicionales y que los procesados, incluidos menores, cumplen sus penas en centros penitenciarios de adultos manteniendo una separación por edad.

La organización Acción Ciudadana (AC) aseveró que hay riesgos del reemplazo arbitrario de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y sugiere un cambio de procedimientos de selección de integrantes de estos organismos encargados de contar votos, hacia las elecciones de 2027.

Un informe sobre el «Estado de la integridad electoral en El Salvador» emitido por la oenegé y que comprende el periodo de octubre a diciembre de 2025 critica la falta de sanciones para los ciudadanos que se negaron a integrar las JRV en las elecciones de 2024.

Según la organización, haber permitido en 2024 que la inasistencia de los miembros de las JRV no tenga consecuencias «podría poner en serios problemas a la autoridad para conformar las JRV» en las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

La AC sostiene que, como ha ocurrido en las dos últimas dos elecciones, «no se avizora que los partidos que por ley tienen derecho a presentar propuestas, puedan hacerlo en su totalidad, a excepción de Nuevas Ideas», por lo que prevé que estos espacios podrían ser completados por dicho partido oficial en «sustituciones de última hora».

En el informe, la organización sugiere modificar el sistema de selección de miembros de JRV y pasarlo de uno que combina propuestas de partidos políticos con procedimientos aleatorios, a otro que, por ejemplo, utilice estudiantes universitarios para que sirvan en las JRV a cambio de cumplir su servicio social universitario.

El informe advierte, además, que la amenaza de cancelación de los partidos de oposición Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), por el delito de fraude electoral cometidos por sus miembros, genera «un escenario de incertidumbre sobre la estabilidad y el pluralismo del sistema de partidos de cara al proceso electoral de 2027».

«Esto implica que los partidos competirán bajo amenaza, afectando el normal desarrollo de sus campañas electorales, pues, por un lado, sus financistas puedan negar apoyo financiero ante la incertidumbre de su cancelación y, además, sus candidatos harán campaña bajo la duda de si podrán competir al final», indica el informe.

Según el informe, estas iniciativas de cancelación de partidos podrían afectar la equidad de las condiciones de competencia política y la misma confianza en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Además, el informe señala que persiste una ausencia de control del financiamiento de los partidos políticos para sus campañas ya que el TSE no les ha entregado informes sobre el financiamiento de los partidos políticos, alegando privacidad y falta de mandato legal, lo que considera podría «afectar la equidad de la competencia electoral» y posibilita que «la campaña electoral sera financiada por sectores de poder, sean lícitos o ilícitos».

En el estudio, se advierte que el anterior organismo colegiado dejó creada la Unidad de Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos y que desconocen si este funciona.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de cara a las elecciones generales de 2027.

Con el acuerdo, buscan fortalecer acciones para “respetar los derechos políticos de la ciudadanía”, según publicó el TSE en X, a través de la observación electoral.

La presidenta del TSE, Roxana Soriano, lo calificó de “compromiso histórico con la democracia, con los derechos humanos y con el futuro” de El Salvador.

El acuerdo establece la coordinación entre ambas instituciones durante el proceso electoral, facilitando la colaboración técnica y operativa durante el proceso.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, señaló a organizaciones no gubernamentales de “matar a las víctimas en lugar de protegerse”, retomando la historia de una joven con paraplejía de Barcelona que pidió la eutanasia y a quien se la aplicarán mañana jueves luego de una batalla judicial contra su padre.

Bukele retomó el caso de la eutanasia aprobada por un tribunal en España a favor de la joven y aseveró que «este es el fin (objetivo) último de las organizaciones de derechos humanos”.

“Vean todo el caso, desde el inicio hasta el final que pretenden, cada uno de los pasos es parte de la ‘tutela de derechos humanos’ conseguida con sus ‘luchas y conquistas’. Jamás los escucharemos, no importa cuánto nos ataquen”, sostuvo el mandatario.

Según El Mundo de España, la joven asegura que busca dejar de sufrir, ya que tiene dolores físicos diarios, dormir se le hace muy difícil y no tiene ganas ni de comer, y un tribunal de Barcelona rechazó la petición del padre para frenar la eutanasia.

Luego, el gobernante insistió en que no tienen “nada” que llegar a decirle a El Salvador. “Más bien, nosotros deberíamos estar denunciándolos a ustedes por lo que le hacen a mujeres como Noelia”, indicó.

Señaló que el mundo “necesita urgentemente liberarse de estas organizaciones” y las llamó nuevamente “bufetes de abogados de los delincuentes, que prefieren literalmente matar a las víctimas en lugar de protegerlas”.

Al cuarto año del régimen de excepción, esta medida ha sido criticada con un informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sostuvo que durante esta medida de seguridad El Salvador se han cometido crímenes de lesa humanidad.

El Gobierno rechazó el informe y acusó a los expertos del GIPES de solicitar liberar a los pandilleros presos durante el régimen de excepción, ya que el informe califica de arbitrarias todas las capturas realizadas durante el régimen. Los miembros del GIPES han dicho que únicamente pidieron que se conforme una comisión de salvadoreños con apoyo internacional para revisar cada decisión tomada durante el régimen.

La Comisión Electoral Permanente (CEP) del partido Vamos convocó este miércoles a las elecciones internas de sus candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa, alcaldes y concejos municipales.

La CEP de Vamos, un partido que se define por la defensa de la Constitución, informó que el periodo de inscripción de los aspirantes se realizará desde este miércoles 25 de marzo hasta el 31 de mayo de 2026.

El partidos dispuso de un correo electrónico para que los interesados puedan enviar su currículum: electoralvamosofficial@gmail.com y también un el número de teléfono +(503) 6823-5990 para solicitar más información.

Vamos decidió participar únicamente en las elecciones de diputados y alcaldes. El Salvador realizará elecciones generales el 28 de febrero de 2027. Los partidos políticos tienen hasta el 31 de julio de 2026 para elegir a sus candidatos en elecciones internas con voto «libre, igualitario y secreto» según la Ley de partidos políticos.

Hasta este 25 de marzo, solo Fuerza Solidaria y Vamos han convocado a elecciones internas.

Los partidos políticos que estarían habilitados para participar en las elecciones 2027 son Nuevas Ideas, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Partido de Concertación Nacional (PCN), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Vamos, Gana, Democracia Salvadoreña, Fuerza Solidaria, Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) y Partido Independiente Salvadoreño (Pais).

La elección de presidente y vicepresidente fue adelantada de 2029 a 2027 por decisión de la Asamblea Legislativa, que reformó la Constitución para extender el periodo presidencial de cinco a seis años, en un paquete de reforma que habilitó la reelección presidencial indefinida en El Salvador.

El presidente Nayib Bukele aseveró este miércoles que tiene un nivel del 94 % de aprobación desde el inicio del Gobierno, citando la encuesta de Cid Gallup que publicó minutos que el mandatario tiene el 94 % de aprobación en general y del 95 % en el trabajo realizado en seguridad o combate a la delincuencia.

La encuesta divulgada por Cid-Gallup fue realizada entre el 15 y 21 de marzo de 2026, de una muestra de 1,200 adultos entrevistados por teléfono celular, con un margen de error de 2.8 puntos y un nivel de confianza del 95 %.

El estudio también menciona que el 87 % aprueba el rumbo del país, que el 95 % aprueba el trabajo del gobierno en educación y que el 89 % siente orgullo del presidente. El informe publicado no incluye una evalución al régimen de excepción como tal.

Otra encuesta de Cid-Gallup que fue publicada en diciembre de 2025 encontró que el 96 % de los entrevistados respondió que considera “mucho o algo” positivas las medidas de seguridad del Gobierno contra las pandillas en El Salvador. Según la presentación de ese entonces, se le preguntó a los salvadoreños la opinión sobre las medidas de seguridad desde la aplicación del régimen de excepción que inició el 27 de marzo de 2022.

Por otra parte, en una encuesta realizada en mayo de 2025 por la Uca, los salvadoreños dieron una nota de 7.78 al régimen de excepción a su tercer año. Esta encuesta fue realizada por el Instituto de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca) por el sexto año de gobierno de Nayib Bukele.

Un 60 % afirmó que el régimen de excepción debía prolongarse por más tiempo y el 37.7 % aseguraba que era necesario buscar otras medidas diferentes.

Luego de esta encuesta, la más reciente del Iudop-Uca fue la publicada en enero de 2026 y realizada en diciembre de 2025; aunque no evaluó el régimen de excepción, indicó que el 81.7 % cree que la delincuencia ha disminuido en el último año y que el 77.9 % no conoce a alguna persona detenida de forma injustificada. El 20.3 % dijo que conoce alguna persona detenida de forma injustificada.

En este estudio, el 98.7 % de población declaró que no tuvo que cambiar de lugar de vivienda para protegerse de una amenaza o un hecho de violencia.

En la más reciente encuesta de LPG Datos, el 91.9 % de los salvadoreños aprueban la gestión de Nayib Bukele tras seis años y medio en el poder principalmente porque ha mejorado la seguridad (33 %); esta encuesta señaló que el 70.3 % de los salvadoreños dicen que la seguridad es el mayor logro de Bukele.

94%

El nivel más alto de aprobación desde el inicio de nuestro Gobierno.

Gracias a Dios. https://t.co/i6HczoDQc3

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 25, 2026