Autor: Yolanda Magaña

La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos el dictamen favorable 158 para reformar el presupuesto estatal del año e incorporar $1.3 millones a la Dirección de Integración del Ministerio de Gobernación.

Los fondos provienen de las aportaciones patronales del sector privado y público entregadas al Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF), antes Insaforp. Con la disolución del Insaforp, se reorientaron los fondos y se determinó que una proporción de los mismos se dirigirían a la Dirección de Integración.

La incorporación de $1,133,610.20 fue respaldada por diputados de Nuevas Ideas y sus aliados.

La reforma modifica el apartado de ingresos en el rubro de “contribuciones a la seguridad social”, en cuentas 131 del sector privado y 132 del sector público; y se incrementan las fuentes de ingresos “13101 contribuciones patronales” por $1,130,107.91 y “13201 contribuciones patronales” por $3,502.29.

La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, aseguró que esto ha sido “gracias a las contribuciones a la seguridad social” y también a las estrategias económicas del gobierno.

González sostuvo que la Dirección es “una parte fundamental” desde el Plan Control Territorial, un plan que según González “ya tenía en mente” el presidente Nayib Bukele “desde el día cero”. Citó que el gobierno cuenta 1,064 días sin homicidios según una noticia publicada por el estatal diario El Salvador.

Agregó que han visto cómo la Dirección de Integración ha estado “interconectando” con el resto de instituciones y han otorgado becas. “Ahora está garantizado la universidad para todos los jóvenes en nuestro país”, dijo.

De los fondos recibidos por el INCAF, que tiene a cargo los programas de capacitación técnica y de oficios, el 40 % son destinados a los programas de la Dirección de Integración, que realiza visitas a las comunidades; y el 40 % para cerrar la brecha digital; quedando un 20 % al INCAF.

Actualmente, la Dirección de Integración, adscrita a Gobernación, tiene un presupuesto modificado de $17.9 millones para el año 2025, de los cuales ha devengado $9.4 millones hasta septiembre y ha comprometido $14.4 millones.

El secretario de Valores de la Presidencia de la República, Edgardo Cardoza, acompañado de un grupo de pastores evangélicos participaron este martes, en el Salón Azul, en una jornada en torno al Día Nacional de la Oración junto a diputados de la Asamblea Legislativa.

Al término de la oración, el secretario de Valores del presidente Bukele prometió que durante la gestión gubernamental actual habrá libertad de culto y apoyo a las iglesias.

“Cuenten con que, desde este nueva Asamblea, desde el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele, se les garantizará siempre la libertad de culto, se les brindarán apoyos y se les facilitarán todas las condiciones necesarias para que, tanto ustedes como las iglesias que pastorean, puedan realizar una labor de reino sin ningún impedimento”, expresó el pastor Cardoza.

Se escucharon aplausos en el Salón Azul.

Al inicio de la jornada, el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea, agradeció a los pastores. “Muchos de ustedes se mantuvieron firmes, cuando la violencia parecía una montaña inamovible, pero dios escuchó”, indicó. Agregó que “la paz ha vuelto a caminar por las calles” y calificó la situación de El Salvador como “un verdadero milagro de dios”.

En la oración participaron los pastores: Edgar López Bertrand, pastor general del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel central; Neftalí Alvarenga, pastor de la Iglesia Misión Cristiana Shekiná Internacional y presidente de Unesa; Orlando del Cid, iglesia del Corazón de Dios, Houston, Texas, representante de pastores de la diáspora; y Mauricio Navas Guzmán, pastor de la Iglesia del Camino y coordinador nacional de “Tomando mi nación”.

“Pedimos que nos ayudes a perdonar a quienes odian la verdad y la justicia, que nos ayudes a perdonar a aquellos que nos vituperan por hacer el trabajo encomendado”, exclamó en su oración el pastor López Bertrand. “Agradecemos tus cuidados sobre los huérfanos, las viudas y los privados de libertad”, añadió.

El pastor Alvarenga agradeció por la Secretaría de Valores y oró por “sabiduría a nuestras autoridades, que les lleves a tomar las decisiones correctas” y por la prosperidad financiera del país. También pidió por la paz, armonía y humildad.

El pastor del Cid también pidió por “un corazón para perdonar” a sus hermanos y elogió al presidente Nayib Bukele. Por su parte, el pastor Navas pidió “gracia y sabiduría para los liderazgos del país”, pidió por la salud de los niños, los jóvenes y que “cada salvadoreño sea un instrumento de paz”.

El secretario de Valores de la Presidencia agradeció a los diputados por recibir “a más de 500 pastores” evangélicos en el país durante la jornada.

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, reaccionó a un mensaje en redes que aseveraba que se le había prohibido a los miembros de una iglesia repartir comida a personas indigentes en el Centro Histórico de San Salvador y aseveró que la municipalidad tiene “más de cuatro años ayudando todos los días a las personas en situación de calle”.

“Hace unos días, se viralizó en redes sociales una acción que, al parecer, hizo el CAM, en el que decía que a las personas en situación de calle no se les podía entregar comida en el Centro Histórico, más alejado de la política de la alcaldía de San Salvador, imposible”, afirmó el alcalde en un video.

Durán sostuvo que investigan el caso y están tratando de contactar a las personas que denunciaron el caso para “tomar cartas en el asunto”.

A veces lo negativo se viraliza más que lo positivo, nosotros tenemos más de cuatro años ayudando TODOS los días a las personas en situación de calle, y vamos a continuar haciéndolo en un nuevo Centro Integral muy pronto. ???? pic.twitter.com/g6szQ3oAao

— Mario Durán (@marioduran) November 18, 2025

El pastor Kevin Rodríguez denunció en TikTok que agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) les prohibieron repartir alimentación en el Centro Histórico alegando que “no se ve bien”.

“Hoy nos prohibieron darle comida a la gente que duerme en los portales de la Plaza Libertad solamente porque no se mira muy bien, eso es por indicación de los señores del CAM. Como pastor de una iglesia que siempre hemos hecho esto, toda la vida hemos hecho esto, yo creo que no es lo mismo verse bien que estar bien”, indicó.

El pastor detalló en un posterior mensaje que se movieron a la Plaza Zurita para repartir los alimentos y la ropa, pero que les fue imposible moverse a los adultos mayores. “No hacemos este video con un fin político”, indicó.

El mensaje del alcalde fue compartido el 17 de noviembre a las 6:00 de la tarde. El funcionario aseguró que ya atienden a personas en situación de calle en el albergue Kathya Miranda y a la vez anunció la construcción de un albergue integral con una inversión de más de medio millón de dólares.

@kevinrdriguezz Nos prohibieron darle comida y abrigo a la gente que vive en las calles ????‍???? #centrohistorico ♬ sonido original – Kevin Rdriguez

La Corte de Cuentas de la República (CCR) continúa el proceso de auditoría sobre el uso de los presupuestos de las elecciones generales de 2024 según la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano.

Durante una reunión con la presidenta del TSE, el diputado Reynaldo López Cardoza aseguró que en las elecciones de 2024 hubo “doble convocatoria en mesa” y “mucha gente de mesa no se le pagó”, además de que no se les canceló lo que pagaron los partidos a los vigilantes de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

“Nunca nos dieron el pago para los vigilantes”, indicó.

Mencionó que se hizo un “acuerdo” para que el TSE reintegrara los pagos que el partido político, en este caso el Partido de Concertación Nacional (PCN), realizaría a sus vigilantes en cuatro departamentos, Chalatenango, Ahuachapán, Cuscatlán y La Unión.

Según la versión del diputado, quienes pagaron a los vigilantes del PCN en Chalatenango y Ahuachapán fueron él y el diputado Serafín Orantes.

“Nunca nos quisieron en el TSE reintegrar lo que nosotros gastamos y que era acuerdo del TSE en aquel entonces”, aseveró en la Comisión de Hacienda reunida el lunes para prorrogar un año el plazo de liquidación de los presupuestos de las elecciones de 2024.

El legislador le preguntó a Soriano si ya tienen conocimiento de este acuerdo que asumió el anterior TSE para reintegrar los fondos a los partidos políticos.

La funcionaria le respondió: “Lamentablemente es una porción nada más de esas personas las que han podido demostrar que efectivamente estuvieron presentes, y a esas personas queremos que se les cancele sus honorarios”, en referencia a las personas que asistieron a las urnas en las elecciones y que no han recibido sus pagos. La funcionaria señaló que hubo «deficiencias administrativas que no afectaron los resultados electorales» pero que buscan «que no se vuelvan a cometer».

“Sí queremos honrar todos los pagos pendientes, que el Tribunal pueda pagarle a toda la gente que aún hace falta”, prometió.

Sin embargo, el diputado insistió: “¿Qué opinión tendría de lo que hizo el Tribunal en decirle a los diputados que nosotros pagáramos el día D y que hay un acuerdo de magistrados del TSE?”, le preguntó.

La titular del TSE le respondió que no podía dar más detalles porque aún está «en proceso» la evaluaciones de acciones en una auditoría de la Corte de Cuentas. “Ha habido ciertas situaciones que ahorita, como son etapas que se están viendo, ahorita tenemos una auditoría de la Corte de Cuentas, entonces, hay ciertas circunstancias administrativas que preferiría no tocarlas en este momento porque todavía están en proceso de evaluación de ellos, si son correctos o no, ese tipo de acciones”, dijo. Añadió que al tener un resultado lo comunicarán.

La funcionaria acudió a la Asamblea Legislativa para pedir que se extienda del 31 de diciembre de 2024 a la misma fecha de 2025 la fecha límite legal para liquidar el presupuesto. La primera no se cumplió. La reforma a ambos presupuestos, para el voto nacional y el voto en el extranjero, se podría aprobar este martes.

Según Soriano, el TSE está cuadrando el presupuesto, pagando deudas como $17 millones a la empresa española INDRA que administró el voto electrónico en el extranjero y recuperando $660,000 no cobrados en impuestos a la empresa auditora.

Sin embargo, dijo que aún están en proceso de pagar $92,887.50 a la Dirección General de Correos y $99,105 a las personas que trabajaron en las elecciones del 2024, de los cuales $1,020 corresponden al voto en el extranjero.

El TSE contrató a 144,480 empleados temporales para los comicios del 4 de febrero y 3 de marzo. El año pasado, la exjefa de Talento Humano del TSE aseguró que uno de los problemas de impago fue que aparecieron “listados por un lado, listados por otro” y “al final nadie se responsabiliza de ellos”, además de que señaló que “hicieron a un lado personal con experiencia y las personas nuevas no encontraban qué hacer”.

La subdirectora general de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laura Michelle Arce, aseguró que los $359 millones que serán incorporados al presupuesto estatal 2025, provenientes de deuda y recursos propios, “son necesidades que han surgido durante la ejecución del presupuesto, es decir que no estaban programadas”.

Arce indicó que estas necesidades “surgen debido a la implementación de programas y proyectos que se han ejecutado” y que “en algunos también es fortalecimientos a todos los proyectos que las instituciones ya están ejecutando”.

“Es una iniciativa de refuerzo presupuesto para diversas instituciones por un valor de trescientos cincuenta y nueve millones novecientos treinta mil dólares. Actualmente existen varias instituciones del sector público que tienen diferentes de gastos de funcionamiento que han surgido durante la ejecución del presente ejercicio fiscal, por lo que no disponen de cobertura presupuestaria”, explicó la funcionaria ante los diputados de la Comisión de Hacienda, el lunes.

Para explicar el objetivo de los recursos, la funcionaria mencionó algunos destinos y en general mencionó las funciones generales de cada cartera de Estado.

¿Para qué usarán los $359.93 millones en las 15 instituciones del Estado según Hacienda?

Hacienda no detalló concretamente si se usarán para salarios o compra de bienes o servicios. Así detalló el destino de los fondos la subdirectora de Presupuesto, Laura Michelle Arce:

Educación: $116 millones, para fortalecimiento institucional y reducir brecha en acceso a recursos tecnológicos y plataformas educativas.

Obras Públicas: $57.5 millones para continuar con la ejecución de proyectos de infraestructura pública, para movilidad y logística.

Seguridad: $48.5 millones, para apoyar acciones para garantizar seguridad, desempeño policial eficaz y sistema penitenciario integral, y para fortalecer la ciberseguridad en el sector público.

Salud: $38.73 millones para “profundizar las acciones en los diferentes niveles de atención, ampliando la oferta y la cobertura en salud”, y “continuar priorizando el control y las enfermedades contagiosas y epidémicas, la detección temprana y el tratamiento oportuno de las enfermedades crónicas no transmisibles”.

Defensa: $37.47 millones para el fortalecimiento institucional para colaborar con la PNC en el combate a la delincuencia y el crimen organizado.

Agricultura: $20 millones para continuar el proyecto de fortalecimiento de capacidad logística de abastecimiento de productos a precios justos, y fortalecimiento de la operatividad de 61 puntos en funcionamiento.

Gobernación: $16.1 millones para el fortalecimiento institucional para “seguir articulando la planificación, el ordenamiento y el desarrollo territorial sostenible”, y acciones de prevención de riesgos y respuesta inmediata ante desastres y emergencias.

Fiscalía: $11.4 millones para “fortalecer la capacidad institucional” y “esfuerzos para brindar una pronta respuesta en la persecución del delito”.

Turismo: $4.13 millones para el desarrollo de eventos sobre Surf City y otras actividades de fin de año.

Ministerio de Cultura: $2.8 millones para organización de eventos culturales y remodelación teatral, inventario de libros de la Biblioteca Nacional El Salvador (BINAES).

Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería): recibirá $2.5 millones para «sostenibilidad a la política exterior», mayor eficiencia de los intereses del país y de la diáspora.

Procuraduría General de la República: $1.3 millones para continuar cumpliendo con el mandato constitucional de facilitar los servicios de defensa pública en diferentes áreas.

Ministerio de Trabajo: $1.1 millones para el fortalecimiento institucional para cumplir los derechos laborales, fomentando el diálogo social en el mercado laboral.

Tribunal Supremo Electoral (TSE): $700,000 para fortalecer la institucionalidad del ente electoral que permita seguir administrando “procesos electorales democráticos”.

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH): $700,000 para acompañar a población “cuyos derechos han sido vulnerados”.

El Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE) tendrá la facultad de contratar préstamos, no solo para inversión, sino para satisfacer otras necesidades que no puedan ser financiadas con sus ingresos ordinarios, además de que podrá hipotecar sus inmuebles para cumplir sus fines.

Actualmente, el INABVE puede “contratar empréstitos únicamente para la inversión en programas que no puedan ser financiados con los ingresos ordinarios del Instituto”, según el literal «h» del artículo 14.

Con la reforma dictaminada ayer lunes, esta facultad quedará ampliada así: “Contratar empréstitos para la adquisición de inmuebles e inversión en programas o proyectos de inversión en relación a los beneficios regulados en esta ley y otras necesidades que no puedan ser financiadas con los ingresos ordinarios del Instituto”.

La Comisión de la Niñez e Integración Social de la Asamblea Legislativa aprobó el lunes dos dictámenes de reformas que disuelven el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd) y el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam), y trasladan las funciones de estas dos entidades al INABVE.

Un tercer dictamen reformará la “Ley especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN que participaron en el conflicto armado interno de El Salvador del 1º de enero de 1980 al 16 de enero de 1992”.

La reforma a la Ley de veteranos y excombatientes amplía las facultades de la junta directiva del INABVE, que además podrá disponer de los bienes inmuebles que adquiera pudiendo hipotecarlos, entregarlos en comodato, usufructo o a “cualquier título”, estos inmuebles podrán ser utilizados para oficinas, hospitales, centros de atención al adulto mayor, albergues u hogares.

La junta directiva, según el literal «n» actual, puede «autorizar la tradición de dominio de bienes muebles e inmuebles», es decir, la transferencia de inmuebles. Con la reforma, en este mismo literal se agrega la facultad de hipotecar los inmuebles, es decir, colocarlo como garantía de una deuda.

La reforma le agrega funciones en materia de protección a personas con discapacidad y adultos mayores a esta junta directiva del INABVE, que originalmente atendía únicamente a veteranos y excombatientes.

A la junta directiva del INABVE se le agrega un representante del Ministerio de Desarrollo Local, donde se encuentra aún el Conaipam; y un representante de asociaciones de personas con discapacidad, con sus respectivos suplentes.

La abogada Francesca Rivas de Apostolo, asesora jurídica de la Primera Dama de la República, aseguró ayer que el objetivo de la reforma es «darles más beneficios», en referencia a las personas con discapacidad y adultos mayores, y citó que este año han otorgado más de $7 millones en créditos a veteranos militares y excombatientes del FMLN.

Con la reforma, el Conaipd y el Ministerio de Desarrollo Local deberán indemnizar a sus empleados, cerrar y trasladar los bienes al INABVE, que no podrá continuar con dichos contratos. El Conaipd tuvo un presupuesto de $345,354 para 2025 y 18 empleados, y tenía asignados $346,537 con 18 plazas en el proyecto de presupuesto para 2026, cuyo proyecto deberá ser modificado.

La ministra de Educación, la capitana Karla Trigueros, recibió y se reunió con la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, y una delegación del Cuerpo de Paz, el Grupo Militar y Diplomacia Pública y otras secciones de la oficina diplomática, publicó este lunes la oficina diplomática.

Según la Embajada, el acercamiento se dio para «conversar sobre el trabajo conjunto y la colaboración de ambas naciones en pro de la educación de los niños y jóvenes salvadoreños».

La Embajada destacó que «Estados Unidos comparte la visión de El Salvador de hacer de la educación una prioridad».

A inicios de noviembre, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, aseguró que aunque se conoce que existe una «reconfiguración» de la cooperación de Estados Unidos en general, el gobierno de El Salvador continúa trabajando en temas de cooperación con Estados Unidos.

En marzo pasado, el gobierno de Estados Unidos anunció que muchas de las funciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) debían «alinearse con los intereses nacionales” luego de que que se suspendieran sus programas.

La ministra Karla Trigueros, nombrada el 14 de agosto por el presidente Nayib Bukele, ordenó el 20 de agosto normas de disciplina en las escuelas como saludar y dar las gracias. El 2 de octubre, prohibió el lenguaje inclusivo en todos los centros educativos y dependencias del Ministerio de Educación, como “todos y todas”, amigue, compare o nosotrxs y argumentó que busca evitar “injerencias ideológicas o globalistas que puedan perjudicar el desarrollo integral del estudiantado”.

El viernes, la funcionaria anunció que, en el proyecto de cambio de currícula escolar, proyectan sustituir completamente los programas de estudio y entregarán seis millones de libros de texto actualizados.

En julio de 2024, el Gobierno propuso una reforma a la Ley de desarrollo social de 2014 que eliminaba toda referencia a la inclusión y a la desigualdad de género.

En septiembre de 2024, el presidente Nayib Bukele aprobó un nuevo decreto del Consejo Nacional para el Desarrollo del cual fue eliminada la referencia a la Agenda 2030, que ha recibido algunas críticas por el mandatario.

La Comisión de la Niñez e Integración Social de la Asamblea Legislativa aprobó al final de la tarde del lunes tres dictámenes de reforma para disolver dos entidades que atienden a personas con discapacidad y adultos mayores, indemnizar a su personal y trasladar sus funciones a la entidad que actualmente atiende a excombatientes y veteranos militares.

Las reformas disuelven el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd) y el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam), y traslada sus funciones al Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE).

Se aprobaron tres dictámenes:

1. Ley de disolución, liquidación y traslado de funciones del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd).
2. Ley de disolución, liquidación y traslado de funciones del Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam).
3. Reforma a la “Ley especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN que participaron en el conflicto armado interno de El Salvador del 1º de enero de 1980 al 16 de enero de 1992”.

Gobierno: «Queremos darles más beneficios»

Francesca Rivas de Apostolo, abogada de la niñez y adolescencia y asesora jurídica de la Primera Dama de la República, quien llegó a la Comisión a explicar las iniciativas, aseguró que el objetivo de la reforma es ampliar los beneficios.

“Lo que queremos es darles más beneficios”, dijo. Señaló que este año se han otorgado más de $7 millones en créditos a veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN.

Vamos: «¿quién las va a proteger?»

La diputada Cesia Rivas, de Vamos, preguntó si se realizaron consultas a las organizaciones y a las personas con discapacidad ya que hay un principio de las personas con discapacidad que indica “nada de nosotros sin nosotros”.

“Se está cerrando el Conaipd. Usted decía que no se están vulnerando derechos. Yo difiero un poco”, opinó Rivas, quien sostuvo que se pasará el Conaipd a una institución no creada para las personas con discapacidad.

“Son 489,000 personas, ¿quién las va a proteger?, el Conaipd es el encargado de proteger los derechos de estas personas”, cuestionó. La diputada señaló que es un retroceso a la participación, especialización y “sí se están vulnerando derechos”.

Gobierno: «No se están vulnerando derechos»

La abogada y asesora de la Primera Dama respondió que sí se consultó a la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES) y “trabajado de la mano con el Consejo Directivo del Conaipd”.

“No se están vulnerando derechos. No es que los derechos vaya a ser desprotegido”, afirmó. Señaló que el artículo 2 del decreto dice que las funciones del Conaipd contempladas en la ley “serán transferidas al Instituto”.

Apostolo agregó que la reforma crea una comisión integrada por cuatro especialistas de cada una de las materias y por tanto “no se pierde la especialidad”. “La misma institución será la encargada de velar de los derechos de esas poblaciones”, reiteró.

NI: «No se ha hecho un trabajo real»

Por su parte, la diputada Cesia Rivas agregó que “65,552 personas con discapacidad no estudian por no estar apta, tienen derecho, la Ley Crecer Juntos es para ellos”. “No es por venir a criticar, cada ley, cada reforma, cada disolución afecta”, insistió.

“No se ha hecho un trabajo real y sustantivo que la población (…) puedan decir ‘aplaudo esta ley’, ‘hemos avanzado’, una cosa es ganar en el discurso y otra es ganar en la vida real”, indicó la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, ante los cuestionamientos de la diputada de Vamos. Aseguró que son una administración “rápidas y eficientes” y no necesitan mucho tiempo para discutir una ley.