Autor: Yolanda Magaña

Los alcaldes del área metropolitana de San Salvador, conformada por 28 distritos, podrán solicitar al Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (Coamss) la exoneración de tarifas por la prestación de servicios de su oficina de planificación para proyectos municipales o comunitarios.

La nueva regulación “Disposiciones especiales aplicables a determinados proyectos tramitados ante la Oficina de Planificación del Area Metropolitana de San Salvador-Opamss” está vigente desde el viernes 14 de noviembre, luego de su publicación en el Diario Oficial del 6 de noviembre, aunque fue aprobada el 27 de agosto.

Las disposiciones aprobadas por el Coamss establecen que los proyectos no estarán sujetos al pago de tarifas por los servicios de la Opamss, si son ejecutados con fondos propios de las municipalidades del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), o si son promovidos por instituciones sin fines de lucro o con fines comunitarios solicitados por la municipalidad o proyectos gubernamentales o privados que apoyen a poblaciones vulnerables en salud, educación, deporte, cultura, turismo, espacio público, vivienda prioritaria y desarrollo humano.

Los alcaldes podrán solicitar al Coamss la exención de los pagos, en aplicación de las disposiciones.

Luego de recibir la solicitud del alcalde, el Coamss emitirá un acuerdo e instruirá su cumplimiento a la Opamss.

Sin embargo, las disposiciones que eximen el pago de tarifas a estas entidades vencen el 30 de abril de 2027.

El AMSS está conformado por 7 municipios y sus 28 distritos: San Salvador Centro (San Salvador, Ayutuxtepeque, Mejicanos, Cuscatancingo, Ciudad Delgado), San Salvador Oeste (Apopa, Nejapa), San Salvador Este (Ilopango, San Martín, Soyapango, Tonacatepeque), San Salvador Sur (San Marcos, Panchimalco, Rosario de Mora, Santiago Texacuangos, Santo Tomás), La Libertad Este (Antiguo Cuscatán, Huizúcar, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva, Zaragoza), La Libertad Costa (Chiltiupán, Jicalapa, La Libertad, Tamanique y Teotepeque) y La Libertad Sur (Santa Tecla y Comasagua).

El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, nombró al coronel Darío Salvador Hernández Vega en el cargo de director vicepresidente del Consejo Directivo del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA), en sustitución del teniente coronel Wilmar Alberto Gómez Torres.

El nombramiento fue aprobado a través del acuerdo 250 del 25 de octubre de 2025, que fue publicado en el Diario Oficial del 6 de noviembre de 2025.

El coronel Darío Hernández Vega ha ocupado el cargo de director de Comunicaciones y Protocolo, ingresó a la Fuerza Armada el 31 de enero de 1987 y ha sido piloto aviador del Escuadrón de Reconocimiento Aéreo y jefe de Administración y Auxiliar del Departamento A-II del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador (EMGFA), según su currículum publicado en el Portal de Transparencia.

Por otra parte, el teniente coronel Gómez Torres fue comandante de sección en el Centro de Estudiantes del Conservatorio «Manuel de Falla» (CEMFA), BIRI Atlacatl; auxiliar de departamento III Operaciones en el Comando de Fuerzas Especiales (CFE) y Estado Mayor Presidencial (EMP); y jefe del Departamento IV Logística en el EMP. También, ocupó el cargo de jefe de seguridad del CEFAFA.

Una reciente reforma a la Ley del CEFAFA permitirá que el centro farmacéutico fabrique medicamentos y done infraestructura para la atención médica de los miembros de la Fuerza Armada. CEFAFA se financia de las cotizaciones de sus afiliados en situación activa, aportaciones del Estado y de la comercialización de sus productos al público.

Actualmente, el director presidente del CEFAFA es el coronel Roberto García Ochoa, según el Portal de Transparencia Fiscal.

La Fundación Hermitage otorgó el Premio Magnitsky de Derechos Humanos a la abogada Ruth Eleonora López Alfaro, reconocimiento que fue recibido el jueves por su esposo, Louis Benavides, en Londres, Reino Unido, informó hoy la asociación Cristosal.

“Acepto este importante reconocimiento por ella con emociones profundamente encontradas”, indicó en su discurso Benavides, quien reveló que desde julio, “su familia no ha tenido contacto con ella”.
Recordó a Ruth López como una defensora de las víctimas de la injusticia y dijo estar seguro de que “ella previó en qué se convertiría” el país “en manos de personas poco éticas y sin escrúpulos que buscan solo su propio”.

“Vivimos en un estado de excepción que suspende nuestro derecho constitucional al debido proceso, con todas las garantías que ello implica”, señaló.

Hermitage Foundation es una organización benéfica con sede en el Reino Unido que apoya el Museo Hermitage en St. Petersburgo, sus fondos provienen de donaciones privadas y destina los fondos a proyectos de educación, formación, arte, cultura, ciencia, medio ambiente y conservación patrimonial. La fundación cesó sus actividades de recaudación de fondos por la guerra en Ucrania y aclaró que los fiecomisarios condenaron cualquier intento por justificar la invasión rusa en Ucrania.

Los premios Magnitsky se crearon en 2015 para galardonar a activistas que luchan en el mundo por los derechos humanos. Según Benavides, es un “mensaje importante” de que la comunidad internacional “ha puesto ojo” sobre lo que está pasando en El Salvador.

López fue acusada formalmente el 2 de junio del delito de enriquecimiento ilícito, aunque las autoridades informaron en X que la acusarían del delito de peculado. Fue trasladada de la delegación de Tránsito a la granja penitenciaria de Izalco, en Sonsonate, el 4 de julio de 2025.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, informó este viernes que están buscando la sustitución completa de los programas de estudio para responder a nuevas necesidades y de “industrias emergentes”.

“Vamos a actualizar la currícula nuestra para que podamos tener adultos de bien capacitados”, indicó la ministra, quien hoy cumplió tres meses en su cargo. La renovación de la currícula tendrá un presupuesto de $71 millones para el próximo año.

Trigueros llegó este martes a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa a explicar el proyecto de presupuesto del Ministerio de Educación para el año 2026. Reiteró a los diputados que el presupuesto aumentará en un 6.54 % de $1,540 millones en 2025 a $1,641 millones en 2026; y que el presupuesto de la Universidad de El Salvador (UES) aumentará $2 millones.

“Vamos a buscar la sustitución completa de programas de estudio, que ya estaban desfasados. Estamos volviéndonos más competentes en entregar al país población capacitada y tecnificada en bachilleratos técnicos que respondan a las necesidades reales de actualización del país, donde ya sabemos que existen industrias emergentes”. Karla Trigueros, ministra de Educación.

La funcionaria detalló que entregarán “más o menos seis millones de libros de texto actualizados para todos los niños del país” de todas las asignaturas; y avisó que el cambio de la currícula educativa “ha implicado la producción de videos, la producción de materiales lúdicos, libros digitales, licencias”.

Promete el 100 % de escuelas conectadas en 2026

La ministra de Educación, Karla Trigueros, prometió que el próximo año el 100 % de las escuelas estarán conectadas a internet con fibra óptica.

“Ahorita al momento tenemos el 90 % de los centros escolares conectados con fibra óptica, que vamos a llevar al 2026 al 100 %”, dijo.

Explicó a los diputados que buscan que «cada uno de los niños puedan tener acceso a sus tablets».

Indicó que se entrega una tablet a cada niño desde los 4 años hasta primer grado; «es una tablet pequeña». A partir de segundo grado, reciben una tablet más grande, y en cuarto grado, les entregan una computadora.

“La brecha tecnológica la vamos disminuyendo. Estamos trabajando muy fuerte para que la brecha tecnológica sea las compras de las licencias, para que todos tengan el acceso», detalló.

La funcionaria aseveró a los diputados que el trabajo del Ministerio de Ecuación “es un trabajo con muchas exigencias mentales, porque es un trabajo muy fuerte, el Ministerio de Educación es algo que llega todos los días y toca dos millones de familias en este país”.

El Ministerio de Hacienda entregó el martes un proyecto decreto de tres páginas para reformar el preuspuesto general del Estado de 2025, incorporando un total de $359,930,000 de recursos obtenidos de deuda y de impuestos para distribuirlos entre 15 instituciones.

Un total de $150 millones provienen de una colocación de títulos autorizada el 22 de mayo de 2024 por hasta $1,500 millones –el resto de la emisión ya fue incorporado al presupuesto 2024– y $209.93 millones provienen de excedentes de ingresos.

Hacienda atribuyó los $209.93 millones de excedentes a octubre de 2025 a “la eficiencia administrativa en la recaudación tributaria, complementado con la continuidad del Plan Antievasión y el Plan Anticontrabando, la facturación electrónica”, “el repunte en el dinamismo de la economía”.

El proyecto detalla que las instituciones “tienen diferentes necesidades de gastos de funcionamiento”. No detalla más el gasto de cada institución.

La mayor parte de los fondos irían a a Educación, $116 millones; Obras Públicas, $57.5 millones; Seguridad, $48.5 millones; Salud, $38.73 millones; Defensa, $37.4 millones; Agricultura, $20 millones; Gobernación, $16 millones; Fiscalía, $11.4 millones; Turismo, $4.13 millones; y Cultura, $3.8 millones. También dan fondos a Cancillería, procuradurías, Trabajo y Tribunal Supremo Electoral.

“Tales modificaciones tienen lugar, habida cuenta que en la actualidad varias instituciones del sector público tienen diferentes necesidades de gastos de funcionamiento por los montos que se relacionan en el citado proyecto de decreto y que han surgido durante la ejecución del presente ejercicio financiero fiscal de 2025″. Adolfo Muñoz, secretario jurídico de la Presidencia en carta a Hacienda.

El Gobierno argumentó que es «necesario brindarles el apoyo financiero para poder cumplir con los objetivos y metas institucionales”. La Asamblea Legislativa recibió la petición a las 10:22 a.m. del 11 de noviembre y fue conocida públicamente hasta que finalizó la sesión plenaria número 83, es decir, poco después de la 1:48 p.m.

Los títulos en el mercado nacional

El proyecto de decreto detalla que $150 millones del refuerzo presupuestario para las 15 instituciones en el presupuesto de 2025 se originan de títulos valores “colocados en el mercado nacional”.

La emisión de títulos valores, según el decreto 20 publicado en el Diario Oficial del 23 de mayo de 2024 indicaba que estos fondos podían utilizarse en “necesidades generales del presupuesto” o “financiación de operaciones de manejo de pasivos”, “refuerzos y acciones del gobierno en la mejora de las condiciones sociales, medioambientales o económicas de la población”.

Según el proyecto, de la emisión de títulos, $1,200 millones fueron incorporados en el presupuesto 2024 el 26 de septiembre de 2024, decreto publicado la misma fecha; y $149.625 millones fueron incorporados el 16 de octubre de 2025.

El Ministerio de Hacienda ha solicitado que se extienda por un año más la fecha límite para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) liquide los presupuestos de las elecciones generales de 2024, tanto el presupuesto para el voto nacional como el que financió el voto en el extranjero.

El 31 de diciembre de 2024 venció el plazo para que el TSE presente la liquidación del presupuesto pero, según Hacienda, hay actividades del presupuesto electoral que aún no han sido ejecutadas en su totalidad.

“Dado que dichas actividades son indispensables para el cumplimiento de los objetivos que fueron previstos para dicho presupuesto, se hace necesario establecer una reforma”, indica el proyecto de decreto.

La extensión del periodo hasta el 31 de diciembre de 2025. Luego de la liquidación del presupuesto, el remanente debería ser integrado al Fondo General del Estado.

El TSE dispuso de $129,431,881 millones para las elecciones generales de 2024; en julio de 2024, fuentes del TSE informaron que gastó $89,431,881, de los cuales usó $57,418,962.74 para el voto nacional y $32,012,918.23 para el voto electrónico en el extranjero.

El “Presupuesto especial extraordinario para el evento electoral 2024” para la elección de presidente, vicepresidente, diputados de Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano (Parlacen) y concejos municipales tuvo un monto de $70,250,480, de los cuales $24.3 millones se destinaron a remuneraciones y $43.2 millones a bienes y servicios.

Mientras, el “Presupuesto especial extraordinario para el sufragio en el extranjero para el evento electoral 2024” ascendió a $59,066,690, de los cuales $1 millón se asignó a remuneraciones y $58 millones a bienes y servicios.

Ambas leyes de presupuestos indicaban que debían liquidarse “a más tardar el 31 de diciembre de 2024”, lo que según la petición no se ha concretado.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, solicitó hoy reformar la Ley integral del sistema de pensiones y el decreto 140 que regula las pensiones alimenticias de los aguinaldos de los trabajadores obligados con el fin de que las pensiones de Navidad, incluyendo las alimenticias, se paguen entre el 20 de octubre.

La fecha límite para pagar las pensiones de Navidad siempre sería el quinto día hábil de diciembre y la fecha límite para pagar las pensiones alimenticias adicionales de diciembre, el primer día de ese mes.

Las propuestas de reforma pasarán a estudio de la Comisión de Hacienda, que se reúne los lunes para estudiar las solicitudes de reformas.

El decreto aprobado el pasado 29 de octubre pasado solo aplicó para el año 2025.

El decreto 440 de “Disposiciones especiales y transitorias relativas al pago de la pensión de Navidad y del beneficio adicional anual previsto en la Ley integral del sistema de pensiones, así como el pago de pensiones alimenticias establecido en el decreto legislativo número 140 de fecha 6 de noviembre de 1997” fue aprobada el 29 de octubre pero su carácter fue temporal o transitorio.

Este decreto amplió la fecha de pago de ambos tipos de pensión desde la vigencia del decreto mismo sin modificar las fechas límites. El decreto 440 fue publicado en el Diario Oficial del 29 de octubre, iniciando su vigencia ese mismo día.

El Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) hicieron efectivo el pago de las pensiones de Navidad el 31 de octubre.

La Ley integral del sistema de pensiones autoriza el pago de una pensión de navidad equivalente a la mitad de la pensión y establece que era “pagadera en los primeros cinco días hábiles del mes de diciembre”.

Este año, el Gobierno también pagó el 24 de octubre los aguinaldos en el Gobierno, luego de una reforma permanente al Código de Trabajo y a la Ley de compensación económica por servicios prestados en el sector público (que regula las bonificaciones en el Estado) que dejó el pago de los aguinaldos del 20 de octubre al 20 de diciembre.

La Asamblea Legislativa incorporó hoy $150 millones de dos préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para proyectos de calidad de salud y educación a la partida de “obligaciones generales del Estado” del Ministerio de Hacienda, que según el decreto podrá utilizarlos para prioridades, obligaciones o apoyos a la caja fiscal.

Los préstamos, de $75 millones cada uno, se denominan “Programa sectorial de apoyo al fortalecimiento integral de la educación en El Salvador” y “Programa sectorial de apoyo a la gestión integral para una salud de calidad en El Salvador”, ambos aprobados en junio y julio de 2025.

El considerando IV del decreto recuerda que los recursos “podrán utilizarse para atender prioridades estratégica del Gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal”.

«Obligaciones generales del Estado» en el presupuesto del Ministerio de Hacienda es una partida compuesta por 12 “líneas presupuestarias”. Las 12 líneas son: clases pasivas, aportes al régimen de salud del Seguro Social, contribuciones a organismos internacionales, devolución de ingresos de años anteriores, devolución de IVA a exportadores, financiamiento a operaciones de reporto del Banco Central de Reserva, seguro de vida de empleados públicos, devolución de Impuesto sobre la Renta, financiamiento de pensiones de militares (IPSFA) y financiamiento de compensación de gastos al Banco Central de Reserva. Hacienda no ha especificado a qué líneas se orientarán los fondos.

Hacienda argumentó que ambos préstamos de la CAF se otorgaron “en reconocimiento por parte de dicho banco de acciones de política, programas y estrategias que han desarrollado ambos ministerios” de Salud y Educación, sin embargo, Hacienda ha prometido que no usará fondos provenientes de deuda para gasto corriente, es decir, para pago de salarios, compra de bienes y servicios, transferencias, gastos de funcionamiento estatal.
La deuda nueva avalada en la sesión plenaria de este martes sumó $521 millones: $170 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción de los mercados de Santa Tecla y del Puerto La Libertad y los $344 millones en títulos para prioridades del Gobierno, pagar deudas o reforzar la caja fiscal. Los préstamos por $135 millones para más obras adicionales en el Puerto de La Libertad, conocido como Surf City, ya estaban autorizados fueron ratificados este martes.

Con 56 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este martes la donación de un inmueble ubicado en el Barrio de San Jacinto, en el distrito de San Salvador, de una extensión de 335.09 metros cuadrados, en donde se encuentra el parque Rafael J Rivera, a favor del municipio de San Salvador Centro.

El decreto no fue leído en la sesión plenaria y los diputados votaron a favor de omitir la lectura.

El inmueble, en la intersección de Calle Bolívar y Calle Barrundia, fue valorado en $21,700 el 3 de mayo de 2021.

La transferencia fue aprobada el 26 de agosto pasado por el Consejo de Ministros y estará exenta de pagos registrales e IVA.

Según el dictamen, el objetivo es garantizar la conservación del parque y contribuir al esparcimiento e interacción social entre los habitantes de la zona.

La escritura pública de donación estará exenta del pago de derechos registrales y de Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces, así como de la obligación de presentar solvencia municipal.

La alcaldía de San Salvador Centro deberá pagar los gastos de mantenimiento y conservación del inmueble y sus construcciones. La donación será irrevocable según el decreto.

El ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, pidió este martes a la Asamblea Legislativa la disolución del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd) y del Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam).

El gobierno argumentó en sus proyectos que tiene la finalidad de “optimizar la utilización de los recursos del Estado” y “realizar una reconfiguración de ciertas instituciones del Estado creadas con fines sociales”.

Las funciones de ambas instituciones serían transferidas al Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN (INABVE), según ambos proyectos de decreto, recibidos por los diputados en la sesión plenaria de este martes.

El Conaipd y el Conaipam deberán trasladar al INABVE sus recursos, sus registros y los expedientes de sus beneficiarios, tanto personas con discapacidad como personas adultas mayores.

Con el decreto de disolución, tanto el Conaipd como el Conaipam indemnizará a los servidores públicos “conforme a ley” y el INABVE “no tendrá obligación de dar continuidad a las relaciones laborales ni de cualquier otro compromiso de carácter colectivo en esa materia”.

Las obligaciones derivadas del proceso de liquidación serán pagar las indemnizaciones del personal, liquidar los contratos a los proveedores, arrendamientos y cualquier otra obligación pendiente relacionada a su funcionamiento.

El Ministro de Hacienda deberá trasladar al INABVE el Fondo Especial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y estas ingresarán al Fondo General de la Nación.

El Conaipd tiene un presupuesto de $345,354 para 2025 con una planilla de 18 empleados. Para el año 2026, el Gobierno había previsto un presupuesto de $346,537 con las 18 plazas.

Mientras, el Conaipam está dentro del Ministerio de Desarrollo Local y tuvo un presupuesto de $814,220 para su funcionamiento en el año 2023 con cinco pllazas y consultorías.