El proyecto de Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales en El Salvador crearía el «Sistema de becas para la formación y especialización del personal de la Red Nacional de Hospitales» en el cual los beneficiados y médicos que hayan realizado su residencia deberán cumplir con un servicio obligatorio durante cinco años en la Red o lugar que esta designe.
El servicio compensatorio obligatorio en la Red Nacional de Hospitales se realizaría bajo régimen laboral de salarios, de manera exclusiva.
«Los beneficiarios y médicos que hayan realizado su residencia en la Red Nacional de Hospitales deberán cumplir con un servicio periodo de servicio compensatorio obligatorio… El servicio obligatorio será brindado bajo el régimen laboral, de salarios, prestaciones y sanciones de la Red Nacional de Hospitales, y deberá realizarse de forma exclusiva para la institución, por lo que el profesional no podrá realizar de manera particular el ejercicio de la profesión durante ese periodo», indica el artículo 39 propuesto en el proyecto en manos de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa.
Dicho artículo propuesto, titulado «Vinculación obligatoria», también establece que el otorgamiento de las becas se realizará con la suscripción de un contrato.
El proyecto de ley reitera que los hospitales deben recibir «estudiantes y médicos graduados para su enseñanza y aprendizaje técnico académico» según la «Ley especial para la regulación de las prácticas clínicas de los estudiantes de internado rotatorio, año social y médicos y odontólogos residentes en proceso de especialización», aprobada el 9 de enero de 2019 y vigente desde el 12 de febrero de 2019.
Esta ley vigente desde 2019 ya regula la integración de los estudiantes de medicina o de los médicos a los hospitales escuelas en sus distintas fases de formación: el internado rotatorio, que son las rotaciones entre pediatría, medicina interna, gineco-obstetricia, cirugía general, salud pública y psiquiatría con el fin de adquirir competencias básicas; el año social, que es un año calendario que inicia al aprobarse el internado rotatorio; y el residentado, que deben realizar para adquirir grado de especialista.
La Red Nacional de Hospitales que se crearía con esta normativa tendría “autonomía” en la “formación, especialización y otorgamiento de becas” para los estudiantes y médicos, según sus necesidades y la coordinación que establezcan con las universidades; y de esa forma, podrían convocar a los médicos para que ingresen a sus prácticas.
El proyecto de Ley de creación de la nueva Red Nacional de Hospitales establece que los profesionales de salud que contraten “dedicarán su profesión exclusivamente en beneficio de la salud de los habitantes de El Salvador”, por lo que “no podrán brindar consulta o realizar intervenciones” en clínicas u hospitales privados.
La excepción serán las emergencias, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o situaciones justificables que deberán ser autorizadas por la junta directiva de la Red.
De acuerdo con el proyecto de ley bajo en manos de la Asamblea Legislativa, la red de hospitales podrá contratar personal extranjero por un plazo de hasta 10 años prorrogables para que, de la misma manera, presten sus servicios «de forma exclusiva», ya sea «en la red nacional de hospitales» o en «el sistema de salud público en que esta lo requiera».
Si los médicos extranjeros provienen de un país «por encima de la escala del sistema de salud de El Salvador”, tienen título acreditado y presentan documentación autenticada en su país, “estarán exentos de realizar el trámite de homologación de estos y obtención de credenciales” en El Salvador, según la propuesta de normativa. Plantea que bastará con la contratación del médico extranjero en la red hospitalaria.
Según el proyecto entregado por el ministro de Salud el pasado viernes a la Asamblea Legislativa, esta nueva Red Nacional de Hospitales tendrá un «registro de profesionales extranjeros» y podrá verificar sus competencias, autorizaciones y registros.
Los médicos extranjeros podrán gozar de residencia en El Salvador por hasta dos años prorrogables otorgada por la Dirección General de Migración.
El proyecto indica que los médicos extranjeros podrán realizar labores de docencia, atender actividades teórico académicas y de investigación de los estudiantes en internado rotatorio, año social, y médicos y odontólogos residentes, en sus prácticas hospitalarias.
Una nueva Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales en El Salvador establecería un régimen especial de adquisiciones y contrataciones de obras y compras de bienes y servicios en los hospitales que integren dicha red, según el proyecto entregado por el Ministerio de Salud a la Asamblea Legislativa y que será recibido el lunes en Comisión de Salud.
La nueva Red Nacional de Hospitales, a cargo de una junta directiva, adjudicaría obras, compra de bienes y servicios, y consultorías para construir o remodelar hospitales de país, según el proyecto de ley entregado por el ministro de Salud, Francisco Alabi Montoya.
El título V «Adquisiciones y contrataciones para la Red Nacional de Hospitales» incluye el capítulo 1 «Disposiciones generales sobre adquisiciones y contrataciones», que establece el régimen especial.
La Dirección Nacional de Compras Públicas (Dinac) podrá llevar a cabo procesos de compras de la red de hospitales.
El proyecto de ley establece el método de contratación directa para la adquisición y contratación de obras, bienes, servicios y consultorías, y todo lo relacionado a los servicios de salud de la red de hospitales, para lo cual será suficiente «una o más cotizaciones».
Será el presidente ejecutivo de la Junta Directiva de la Red Nacional de Hospitales quien adjudicará, rechazará, declarará desierto el proceso, lo suspenderá, dejará sin efecto, revocará o extinguirá el proceso de adquisición.
Pero será la junta directiva de la Red –conformada por cinco personas– la que decidirá sobre la contratación directa si esta supera el millón de dólares.
La junta directiva de la nueva Red Nacional de Hospitales que crearía esta normativa estará conformada por:
1. Un presidente nombrado por el presidente de la República.
2. Un director ejecutivo nombrado por el presidente de la República.
3. El ministro de Salud.
4. Un director designado por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).
5. Un director designado por la Dirección Nacional de Compras (Dinac).
El régimen especial permitiría las compras internacionales mediante «invitación directa a potenciales oferentes» que se consideren que tienen «idoneidad para proveer lo requerido» sin que se requiera un anuncio público sino solo una invitación expresa y directa según una solicitud de ofertas.
El régimen especial permitiría las «compras en línea», que no aplicarían a la ejecución de una obra y las compras para funcionamiento.
El proyecto de ley permite entregar un anticipo de hasta el 50 % del monto total del contrato u orden de compra excepto en las compras internacionales «en las cuales se podrá pactar el pago total por anticipado».
Según la propuesta, la Red podrá establecer un manual de supervisión de contratos y podrá solicitar «otros instrumentos» que aseguren el cumplimiento. También regula garantías de anticipo, de buena obra y de buen servicio o calidad de bienes.
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) solicitó a la Asamblea Legislativas nuevas reformas a la Ley de estabilización de tarifas, cuya prórroga vencía el 31 de agosto de 2025, con el objetivo de extender la aplicación del subsidio para mantener las tarifas del servicio de transporte hasta el 31 de diciembre de 2026.
La propuesta, firmada por el ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez, también incluye la prórroga de la vigencia de la inscripción de las cajas únicas registradas en la Dirección General de Transporte Terrestre hasta el 31 de diciembre de 2026.
El proyecto de decreto será recibida por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, que se reunirá el lunes a las 10:00 de la mañana.
Tanto el subsidio para mantener las tarifas de transporte como la inscripción de cajas únicas habían sido prorrogadas hasta el 31 de agosto de 2025.
La ley transitoria prorrogada establece un cargo de $0.10 por cada galón de diésel, diésel bajo en azufre y gasolinas regular o especial; y la compensación económica de $250 mensuales por microbús y $500 mensuales por autobús, o $0.04 por pasajero movilizado, por un máximo de 21 días en un mes.
También, establece la creación de las cajas únicas a ser autorizadas por la Dirección General de Transporte Terrestre, no más de una caja única por ruta, algo que busca evitar las competencias entre las unidades.
La ley transitoria ya condiciona el cumplimiento según requerimientos técnicos del Viceministerio de Transporte las condiciones de GPS, sistema de recaudo electrónico, revisión técnica vehicular y emisión de gases, solvencia de multas, cumplimiento del plan general operativo y caja única. Estas exigencias están entre las excepciones de la obligatoriedad y su cumplimiento quedó según «la solicitud y requerimientos técnicos, formatos, programaciones o periodicidad establecidos por el Viceministerio de Transporte por medio de la Dirección» según la reforma aprobada en diciembre de 2022.
El ministro de Salud, Francisco Alabi, envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de nueva «Ley de creación de la Red Nacional de Hospitales» que será dirigida por una junta directiva presidida por un funcionario nombrado por el presidente de la República, para regular la contratación de obras, médicos, estudiantes en los centros de salud y hospitales.
El proyecto fue recibido este viernes 15 de agosto por la Asamblea Legislativa a las 11:33 a.m.
La Red Nacional de Hospitales sería una entidad de derecho público descentralizada, con autonomía en su patrimonio, personería jurídica propia como una «nueva red de centros de salud que presten atención y asistencia médica» a la población del país.
Esta red será la encargada de vigilar el funcionamiento de «todos los centros de salud y hospitales pertenecientes a la Red Nacional de Hospitales».
A la red, primero pasará el Hospital Nacional Especializado Rosales y el Hospital de Consulta Externa Especializada y después «gradualmente» los hospitales adscritos al Ministerio de Salud. Pero también podrán pasar a su propiedad los que construya, reconstruya o remodele la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) que sean propiedad de instituciones de salud pública.
El gobierno argumenta que «se ha advertido la necesidad de crear un sistema moderno que posibilite a la población acceder a servicios de salud inmediatos, actuales y renovados» y que es necesaria «una instancia gubernamental que coadyuve con el Ministerio de Salud en la demanda de atención de salud».
El proyecto será estudiado por la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, la cual se reunirá el próximo lunes.
Una nueva entidad junto al Minsal
La junta directiva de la Red Nacional de Hospitales estará conformada por un presidente ejecutivo y un director designados por el presidente de la República, el ministro de Salud, un director designado por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y otro director designado por la Dirección Nacional de Compras Públicas (Dinac).
Esta junta directiva podrá autorizar la contratación de obras y decidir sobre cuáles hospitales y centros de salud se intervendrían para construcción, remodelación, reconstrucción, adecuación y equipamiento.
El proyecto de ley establece un régimen de compras para los hospitales y los centros de salud, le faculta la contratación de personal extranjero por un plazo de hasta 10 años prorrogables y regulará la formación y especialización de estudiantes y médicos graduados.
Establece, por ejemplo, que, para las obras, adquisición de bienes y servicios y consultorías para los servicios de salud, se realizará contratación directa aprobada por el presidente ejecutivo y, si su monto supera $1 millón, por la Red Nacional de Hospitales.
Residentes deberán ser admitidos
Así mismo, los médicos residentes vinculados al Sistema Nacional Integrado de Salud «podrán optar por culminarlo en la Red Nacional de Hospitales» «siempre que sean admitidos» por la Red Nacional de Hospitales.
Si se aprueba la ley, el personal que labore para el Ministerio de Salud en el Hospital Nacional Especializado «Rosales» y el resto de hospitales de la «Red Nacional» seguirá bajo disposición del Ministerio, incluso estudiantes no admitidos, pero la junta directiva de la Red podrá decidir si podrán continuar sus labores en la Red. Esta disposición incluirá a estudiantes en internado rotatorio, año social, y médicos y odontólogos residentes que no sean admitidos, según el proyecto.
El proyecto tiene 107 artículos y será estudiado por la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa. El presidente de la República tendría 180 días para aprobar un reglamento luego de la vigencia.
Con 57 votos, la Asamblea aprobó este viernes una reforma presupuestaria para transferir $15 millones que no se utilizarán en el Ministerio de Hacienda a la Presidencia de la República.
La reforma presupuestaria fue acordada por el Consejo de Ministros el 28 de julio de 2025 “para reforzar asignaciones presupuestarias de la Presidencia de la República”.
El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, argumentó que la Presidencia “en la actualidad presenta necesidades prioritarias y urgentes que atender, con la finalidad de fortalecer el diseño de políticas públicas, planes y programas que contribuyan al desarrollo económico y sostenible del país y que garanticen el bienestar de las familias salvadoreñas”.
Según la notificación del secretario jurídico, Adolfo Muñoz, estos fondos “no se van a utilizar en lo que resta del presente ejercicio fiscal” y “pueden utilizarse para reforzar el presupuesto” de la Presidencia.
El proyecto de reforma no detalla la línea de trabajo y la unidad presupuestaria de la Presidencia de la República a la que serían transferidos los $15 millones. Sus únicos dos artículos indican que ingresarán a “Gastos”, que refuerzan “asignaciones vigentes de la Presidencia de la República” y que serán “tomados de las asignaciones disponibles del presupuesto vigente del Ramo de Hacienda con cargo al Fondo General”.
La Presidencia de la República inició el año 2025 con un presupuesto de $139.7 millones aprobado por la Asamblea Legislativa, que ha aumentado a $140.5 millones hasta junio, de los cuales ha devengado $74.7 millones.
Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este viernes en sesión plenaria una reforma a la Ley contra el Crimen Organizado que permite que los detenidos durante el régimen de excepción sigan detenidos por dos años más durante los cuales deberán ser acusados por la Fiscalía salvadoreña. Arena y Vamos votaron en contra.
Según el dictamen, unos 88,875 detenidos bajo régimen de excepción “deben ser juzgados por 44 jueces del crimen organizado” y 300 auxiliares de la Fiscalía presentarán las pruebas en 600 juicios o procesos judiciales.
La reforma permite que la Fiscalía General de la República solicite una «asignación de causa» contra cada estructura de crimen organizado y que el plazo de instrucción de 24 meses o dos años sea “contado a partir de la fecha de la presentación de la respectiva solicitud sin perjuicio de la fecha de captura de los imputados”, según el artículo 6 del decreto.
El decreto fue aprobado 10 días antes de que se venza el decreto legislativo 803, sobre “Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción”, que permitió que los capturados bajo régimen de detención estuvieran bajo detención dos años a partir del decreto sin ser acusados.
El decreto 803 estableció un plazo de hasta 24 meses o dos años a partir su vigencia, 25 de agosto de 2023, para someter a los imputados a una sola causa por estructura conforme a una solicitud del fiscal, autorizando un “procedimiento transicional” para agrupar a los imputados.
El decreto establece que la Dirección General de Centros Penales deberá eliminar el registro basado en el decreto legislativo 803, según el artículo 6.
Las reformas también permiten audiencias únicas por estructura delictiva que podrán quedar abiertas durante dos años para permitir procesar a más de sus supuestos miembros como parte de dichas estructuras; e Indica que si la Fiscalía no presenta un dictamen de acusación en el plazo, el juez intimará al fiscal y este no contesta dictará sobreseimiento definitivo a favor de los imputados.
No a delitos comunes
El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, negó que estos plazos estén siendo autorizados para las personas detenidas por delitos comunes. “No hay que confundir los delitos comunes”, dijo en el pleno.
“¿Qué pasa si se vence, porque el 25 de agosto se vence, y esta Asamblea no hace las reformas debidas? Bueno, pues tendría la facultad los jueces de poner en libertad a todos los detenidos. ¿Saben la gravedad de lo que se está hablando?”. Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.
«Incapacidad»
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que estas reformas “son un reflejo de la incapacidad de impartir justicia”.
“Han tenido más de dos años para que se pueda tener una investigación seria de todos los casos y poder llevar a juicio a todos los detenidos y, como las instituciones no lo han hecho a tiempo, la Asamblea le tiene que hacer el favor a la Fiscalía y darle más tiempo”. Claudia Ortiz, diputada de Vamos.
Ortiz advirtió que, si una persona ha sido detenida por error, “esas personas van a tener que esperar otros dos años para poder ir a juicio”.
“Dos años más para ir a juicio, cuando el plazo original ha sido seis meses”, dijo. No descartó que el gobierno pida otros dos años más para acusar a estas personas.
“El diputado, además de querer ser mago, también quiere ser juez, porque ha dicho que todos los detenidos son culpables, quiero decirle que ese es el trabajo de jueces y de fiscales, no lo podemos definir con anterioridad. La Asamblea debería exigir que estas instituciones cumplan en el debido tiempo y en plazos razonables, esa gran facultad y esa gran obligación que tienen, que es impartir justicia, dar seguridad jurídica”, indicó la diputada de Vamos.
Antes de la aprobación, el diputado Walter Coto (Nuevas Ideas) aseguró que, si todos los diputados fueran como la diputada “que está en la esquina”, en referencia a Claudia Ortiz, “todos los criminales salen”. Coto criticó que antes había una “puerta giratoria” en la justicia a favor de los pandilleros.
Ortiz le respondió que si todos fueran como ella ya hubieran creado una comisión para investigar quién liberó al Crook, cabecilla de pandilla quien fue localizado en México y capturado en Estados Unidos, luego de que fuera puesto en libertad en El Salvador en donde purgaba una pena de 40 años de prisión. “Tenga valor. Su tan llamada política de seguridad no es sostenible. Prefieren tener al país, cada mes, cada mes, con una solución de corto plazo”, le respondió la diputada.
«Condenan a inocentes»
El diputado Francisco Lira, de Arena, le preguntó al diputado de Nuevas Ideas qué tiene de malo solicitar estudiar los casos de las personas que, pese a tener una carta de libertad, no han sido liberadas y señaló al partido de gobierno de condenar a las personas inocentes capturadas por error durante el régimen de excepción, aclarando que quieren cárcel para los pandilleros y criminales.
“Sí hay personas inocentes, con cartas de libertad y que no tienen un juicio justo. Y los pandilleros, criminales, extorsionistas, que se pudran en la cárcel, que se pudran, pero esas personas inocentes que ustedes las están condenando este día para que pasen en la cárcel sin pruebas, más del 40 % podríamos estar hablando”. Francisco Lira (Arena).
Lira preguntó si, con esta ley, podrán “conocer y verlos en los juzgados a esos funcionarios que están en listas de Estados Unidos, a esos funcionarios que sacaron a los pandilleros de la cárcel”. Anunció que no votará por el decreto “porque están quitando garantías”.
Juan Carlos Fernández Saca, nombrado desde el 1 de julio como director de desarrollo humano del Ministerio de Educación mediante acuerdo ejecutivo, tendrá la función de firmar y autorizar los acuerdos sobre movimiento de personal docente, nombramientos de cualquier tipo, ascensos de categoría y nivel, suspensiones o supresión de plazas.
Las funciones serán delegadas para que sean asumidas a partir del 1 de julio de 2025, pero también fue aprobado otro acuerdo para que el director de desarrollo humano firme o autorice los acuerdos tomados desde 2022 hasta el 30 de junio de 2025 sobre la misma materia.
Las facultades que le fueron delegadas al director de desarrollo humano son firmar y autorizar acuerdos relativos a:
-Movimiento de personal docente.
-Licencias.
-Destacamentos.
-Traslados.
-Permutas.
-Nombramientos de cualquier tipo.
-Cargos de administración superior.
-Ascensos de categoría y nivel.
-Suspensión previa.
-Supresión de plazas.
-Renuncias.
-Despido.
-Inhabilitación.
-Fallecimiento.
-Reincorporación.
-Suspensión sin goce de sueldo.
-Enfermedades incapacitantes.
-Sobresueldos.
-Asignación de horas clase.
-Suspensión sin responsabilidad para los educadores.
-Devolución de saldos y de pensionado.
La delegación de funciones se realizó mediante acuerdo ejecutivo 15-1097 del Ministerio de Educación, emitido el 1 de julio de 2025 y publicado en la edición del Diario Oficial del 8 de agosto, puesto en línea en las últimas horas.
En el acuerdo, Mauricio Pineda, entonces ministro de Educación, argumentó que los ministros pueden delegar facultades a funcionarios según los artículos 10, 15, 20 y 68 del reglamento interno del Órgano Ejecutivo, entre otras disposiciones de la Ley de la Carrera Docente, el reglamento de las normas técnicas de control interno específicas del Ministerio de Educación, la obligatoriedad de las pensiones de la Ley de Integral del Sistema de Pensiones (artículo 13) y el artículo 48 de la Ley de Procedimientos Administrativos sobre la delegación de firma.
Educación tomó esta decisión “como parte del reordenamiento de la estructura de organización” del Ministerio y argumenta que busca hacer de esta cartera de Estado “más funcional, ágil y eficiente”.
Firmaría acuerdos de 2022 a 2025
También, un segundo acuerdo 15-1108/2025 delegó al nuevo director de desarrollo humano la función de firmar y autorizar de manera conjunta o sperarada con el titular los acuerdos emitidos desde el 22 de febrero de 2022 al 30 de junio de 2025 relativos al movimiento de personal docente, sobre licencias, nombramientos, destacamentos, traslados, permutas, nombramientos de cualquier tipo, cargos de administración superior, ascensos de categoría y nivel, suspensión previa, supresión de plazas, renuncias, despido, inhabilitación, fallecimiento, reincorporación, suspensión sin goce de sueldo, enfermedaddes incapacitantes, sobresueldos, asignación de horas clase, suspensión sin responsabilidad para los educadores, devolución de saldos y de pensionado.
El delegado deberá “presentar a la máxima autoridad un informe mensual de todas aquellas gestiones, trámites ejecutados e instrumentos firmados para la debida supervisión de los actos delegados” y tiene el compromiso de cumplir un “estricto apego a las normas y leyes”.
Mediante el acuerdo 15-1125/2025, Educación delegó a partir del 1 de julio de 2025 la facultad de firmar y autorizar los acuerdos sobre ascensos de grado y nivel, licencias, promociones, permutas, traslados, descensos de categoría, suspensión previa, nombramientos, renuncias, fallecimiento, supresión de plazas, devolución de saldos y de pensionado.
Sin aún detallar la tarifa de la nueva «Visa de Integridad», el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos publicó una notificación en el Registro Federal sobre algunas tarifas de inmigración que estableció la Ley de Reconciliación HR-1, conocida como «The One Big Beatiful Bill”, promulgada el 4 de julio de 2025.
En la publicación, del 22 de julio de 2025, el DHS todavía no oficializó la “tarifa de Visa de Integridad (Visa Integrity Fee), exigida por la ley HR-1 para cualquier extranjero a quien se le haya emitido una visa de no inmigrante al momento de dicha emisión.
Informó dicha tarifa “requiere coordinación interinstitucional antes de su implementación” y “se implementará en una próxima publicación”, indica la publicación del DHS en el Registro Federal.
La Embajada de Estados Unidos en El Salvador aún no dio información al respecto y pidió estar atentos a anuncios oficiales.
Un vocero de la Embajada aseguró que efectivamente el 4 de julio el presidente Donald Trump promulgó la ley “The One Big Beautiful Bill” y pidió a la población estar pendientes información oficial.
“Proporcionaremos más información sobre la implementación y el impacto de esta ley para el Departamento de Estado tan pronto como sea posible. Recomendamos a los solicitantes que estén pendientes únicamente de la información oficial publicada por la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador y del Departamento de Estado”, respondió la oficina diplomática.
No menor a $250 y reembolsable
La nueva ley HR-1, sancionada por Trump el 4 de julio, establece una tarifa de $250 para quienes obtengan una visa no inmigrante denominada “Visa Integrity Fee” o la “Visa de Integridad”.
Según la ley, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos impondrá una tarifa a cada extranjero al que se le emita una visa no inmigrante “al momento de la emisión de dicha visa”. Una visa no inmigrante puede ser visa de turista, negocios, estudios o trabajo temporal.
La normativa indica que el monto será el que disponga “mediante reglamento, pero en ningún caso menos de $250”.
Sin embargo, la ley permite al secretario de Seguridad Nacional “reembolsar a un extranjero una tarifa impuesta” después del vencimiento del periodo de validez de la visa si demuestra que no ha solicitado la admisión durante dicho periodo de validez o si cumplió todas las condiciones de dicha visa, incluida no aceptar empleo no autorizado y que el extranjero “salió de Estados Unidos a más tardar 5 días después de la fecha en que se le autorizó a permanecer nuevamente en los Estados Unidos”, o si el extranjero solicitó ajustar el estatus dentro del periodo de validez de la visa de no inmigrante.
Las tarifas que no se reembolsen irían al Fondo General del Tesoro de Estados Unidos.
Las únicas tarifas publicadas por DHS
Según la notificación del 22 de julio de DHS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó sus tarifas de acuerdo con la nueva ley HR-1 a partir del 22 de julio y aclaró que todas las tarifas no sustituyen las actuales, ya que son “adicionales”.
“Cualquier formulario con sello del 21 de agosto de 2025 o posterior que no incluye la tarifa correspondiente será rechazado”, indicó.
Las nuevas tarifas requeridas por la ley HR-1 y que fueron publicadas por DHS son:
Solicitud de asilo: $100. La tarifa aplicó para solicitud de asilo inicial y solicitud pendiente anual: $100. Es el formulario: I-589. Actualmente no tiene un cargo. La tarifa no tiene posibilidad de exención.
TPS, registro inicial (I-821): $500. La tarifa actual según la publicación es $30, por lo que el total sería $530. No ofrece exención de pago.
Jóvenes inmigrantes o SIJs (I-360): $250. Actual: $0. Total $250.
Documentos de Autorización de Empleo (EAD): de $275 a $550. El cobro total oscila entre $275 y $1,425, dependiendo de las tarifas actuales que se suman a la adicional establecida por la nueva ley: (Formulario I-765)
-$550 para solicitante de asilo inicial o aplicante de EAD
-$275 para renovación o extensión del EAD de aplicante de asilo
-$550 EAD para refugiado en libertad condicional por un año
-$550 EAD para cónyuge en libertad de condicional de empresario
-$275 para renovación de EAD de refugiado en libertad condicional por un año
-$275 para renovación de EAD de cónyuge de empresario en libertad condicional
-$550 para EAD TPS inicial válido por un año
-$275 para renovación o extensión de EAD TPS, válido por un año
-$275 para Autorización de empleo tras la emisión de un nuevo período de libertad condicional
El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, solicitó ayer a la Asamblea Legislativa nuevas reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, a pocos días del vencimiento, el próximo 25 de agosto, del decreto 803, que otorgó hasta 24 meses para acusar a miembros del crimen organizado o pandillas en una sola causa o proceso penal.
Tienen por objeto lograr mayor eficiencia y eficacia en la determinación de responsabilidades de quienes sean sometidos a juzgamiento en esta competencia. Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad.
La reforma establecería un plazo de instrucción de hasta dos años a partir de una solicitud de la Fiscalía General de la República de asignación de número de cada causa para cada estructura criminal, independientemente de la fecha de captura de los imputados.
«Finalizado el plazo transicional del decreto legislativo 803, de fecha 26 de julio de 2023 (publicado el 25 de agosto de 2023), el juez a solicitud del fiscal deberá asignar un número de causa en contra de la estructura criminal y en consecuencia de sus miembros para su procesamiento de acuerdo con los agrupamientos solicitados por la Fiscalía en aplicación del referido decreto (803)», reza el artículo 6 de la propuesta de reforma.
«Una vez presentada la solicitud para la asignación de causa, el plazo de instrucción aplicable será el dispuesto en el artículo 17 de esta ley (24 meses) contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud sin perjuicio de la fecha de captura de los imputados», continúa la redacción del artículo 6.
La propuesta indica que la Dirección General de Centros Penales recibirá el oficio del juez de crimen organizado y cumplirá inmediatamente su orden «eliminando el registro efectuado con base en el referido decreto» (803).
La propuesta también establece la celebración de una «Audiencia Única Abierta» luego de la acusación fiscal, que se llevará a cabo en un plazo no mayor a 60 días y que permanecerá abierta «mientras existan miembros de la estructura criminal sin juzgar» hasta un periodo de dos años.
«El juez, previa consulta al fiscal, podrá declarar el cierre de la audiencia, sin perjuicio de reabrir el proceso si se identifican nuevos miembros o actividad de la estructura criminal», indica la reforma al artículo 18.
