Autor: Yolanda Magaña

El gobierno, a través del «Ministerio de Economía», nombró a los representantes de las gremiales de contadores y auditores para el «Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría» por un periodo de tres años que finalizará el 5 de febrero de 2028.

El nombramiento se realizó con base en la reforma de 2021 que permitió al Ministerio de Economía realizar el nombramiento en lugar de que lo hicieran directamente las gremiales de contadores y auditores, las cuales realizan propuestas.

Las propuestas, según el instructivo para conformar el «Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría» por parte de las asociaciones gremiales de la contaduría y auditoría, vencía el 29 de enero de 2025, según el acuerdo del Minec del 10 de enero de 2025 (se emitió el instructivo).

Luego de recibir las propuestas de las asociaciones gremiales de contaduría y auditoría, la ministra de Economía, María Luisa Hayem, nombró como propietarios a Luis Alfredo Siliézar Cardona y Otto Karim Guzmán Barrera; y como suplentes, respectivamente, a Jhony Alexander Argueta Amaya y Walter Ernesto Guerrero.

«Luis Alfredo Siliézar Cardona, propietario,» es licenciado en Contaduría Púbica y se graduó del INCAE Business School, y ha laborado en Deloitte El Salvador y AFF Consultores; actualmente es parte del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría 2021-2024.

«Otto Karim Guzmán Barrera, propietario,» es licenciado en Contaduría Pública, socio de Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V., y ha sido director propietario en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría.

«Jhony Alexander Argueta Amaya», suplente, presidente del Instituto de Auditores Internos de El Salvador (IIA 2023-2025). Fue miembro del Comité de Auditoría de Credicomer.

«Walter Ernesto Guerrero, suplente», máster en finanzas, licenciado en contaduría pública, socio de García Cuéllar y Asociados. Ha laborado en Deloitte.

Siliézar Cardona y Argueta Amaya fueron propuestos por el Instituto de Auditores Internos de El Salvador (IAI El Salvador) para el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría.

Guzmán Barrera fue propuesto por la Asociación de Auditores Independientes de El Salvador (AIDES) y Walter Ernesto Guerrero fue propuesto por la Corporación de Contadores de El Salvador (CCES).

La «reforma de 2021» permitió al Ejecutivo nombrar a los directores provenientes de las gremiales que forman parte del Consejo de Vigilancia, que está conformado por un miembro nombrado por cada uno de los siguientes funcionarios: ministro de Economía, ministro de Hacienda, superintendente del Sistema Financiero, director nombrado por el presidente de la República; y los dos representantes de las gremiales.

A solicitud del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda aprobó el aumento de las tarifas relacionadas a los servicios de acreditación de empresas y comités de seguridad ocupacional en los centros de trabajo.

El gobierno consideró que el Ministerio de Trabajo «requiere contar con mayores recursos» y decidió «recuperar los costos» de gastos generados por los servicios que presta la Dirección General de Previsión Social.

«Se hace necesario actualizar los precios de servicios de los diferentes procesos que se realizan en la citada Dirección General mediante la modificación de algunos e incluso e inclusión de nuevos servicios, los cuales serán sufragados por los particulares que soliciten dichos servicios», indica el acuerdo.

Los servicios afectados prestados por la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo son:

1. Acreditación de empresas asesoras para brindar servicios de seguridad ocupacional: $500. El precio anterior era $300.
2. Registros de equipos generadores de vapor: $200. El precio anterior era $50.
3. Acreditación de comités de seguridad ocupacional: $100. El precio anterior era $10.
4. Resolución de medidas sustantivas: $100. El precio anterior era $5.
5. Constancia de aprobación y acreditación de peritos: $400. El precio anterior era $300.
6. Constancia de capacitación para integrar comités de seguridad y salud, curso virtual de 8 horas: $100. El precio anterior era $15.

Las nuevas tarifas, vigentes desde el 27 de enero, fecha de aprobación del acuerdo, fueron publicadas el 24 de febrero.

El resto de tarifas por servicios de la Dirección no se modifican, que contienen impresiones ($0.05), fotocopias ($0.08), discos ($1.5 o $2) y memorias USB ($10), permisos de trabajadores migrantes extranjeros ($10), constancias de autorización de reexportación de maquinaria y traslado ($500), solvencia o constancia de cumplimiento de normativa laboral ($500), certificación de expedientes ($0.08 por página), aprobación de planos ($150), solicitudes de pago de diferido ($100), certificaciones ($0.08 por página), constancia de aprobación de reglamentos internos de trabajo ($50), constancias de autorización de cambios de horario de trabajo ($50), inscripción de juntas directivas de sindicatos ($25), modificaciones de juntas directivas de sindicatos ($10) y reposición de carné de directivo sindical ($5).

El Consejo de Alcaldes del u00c1rea Metropolitana de San Salvador (Coamss) incorporó a todos los distritos del municipio de San Salvador Sur y a Comasagua en el u00c1rea Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Con ello, Panchimalco, Rosario de Mora, Santiago Texacuangos y Santo Tomu00e1s, además de Comasagua, se sumarán a los 23 distritos que conforma actualmente el AMSS. Serán un total de 28 distritos.

El acuerdo del Consejo de Alcaldes del AMSS autorizó al municipio de San Salvador Sur a aplicar las tarifas por los servicios que presta la Oficina de Planificación del u00c1rea Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) aprobadas por el Coamss, lo que implica que los permisos de construcción de estos distritos deberán ser tramitidas a través de esta oficina.

Algunas tarifas de la OPAMSS son: $87 o $115 de tarifa base por permisos de construcción hasta 75 metros cuadrados de construcción más $1.07 o $1.33 por metro cuadrado del área excedente; $266 por calificación para vallas publicitarias y pasarelas; $797 por permiso de construcción de vallas o pasarelas; $1,992 por permiso de construcción de antenas y torres; $2,656 por recepción de construcción de antenas y torres.

Ven oportunidad inmobiliaria en San Salvador Sur

Para integrar el municipio completo de San Salvador Sur, el Consejo consideró que este municipio «tiene abiertas oportunidades para el desarrollo inmobiliario», ya que es “el primer punto de acceso a la metrópoli”, señalando la conectividad con el aeropuerto internacional. Hasta octubre pasado, de San Salvador Sur únicamente el distrito de San Marcos estaba integrado al AMSS.

El Coamss destacó que San Salvador Sur, además, tiene una riqueza patrimonial como la Cofradía de Las Flores y Las Palmas, en Panchimalco, vistas como oportunidades turísticas, junto a sitios como Los Planes de Renderos, la Puerta del Diablo y la ruta panorámica de Santiago Texacuangos.

Respecto a Comasagua, distrito de La Libertad Sur, el Consejo de Alcaldes consideró que hay condiciones de conectividad a través de la calle a Comasagua con el proyecto «Surf City», es decir, con el municipio de La Libertad Costa, específicamente los distritos de Teotepeque, Chiltiupán y Tamanique.

En esta zona, el Coamss ve «oportunidades de un acceso alternativo a los polos turísticos costeños, posibilitando un recorrido de experiencias entre la montaña y el mar”.

Los 28 distritos del u00c1rea Metropolitana de San Salvador

1. San Salvador, San Salvador Centro.
2. Ayutuxtepeque, San Salvador Centro.
3. Mejicanos, San Salvador Centro.
4. Cuscatancingo, San Salvador Centro.
5. Ciudad Delgado, San Salvador Centro.

6. Apopa, San Salvador Oeste.
7. Nejapa, San Salvador Oeste.

8. Ilopango, San Salvador Este.
9. San Martín, San Salvador Este.
10. Soyapango, San Salvador Este.
11. Tonacatepeque, San Salvador Este.

12. San Marcos, San Salvador Sur.
13. Panchimalco, San Salvador Sur.
14. Rosario de Mora, San Salvador Sur.
15. Santiago Texacuangos, San Salvador Sur.
16. Santo Tomás, San Salvador Sur.

17. Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este.
18. Huizúcar, La Libertad Este.
19. Nuevo Cuscatlán, La Libertad Este.
20. San José Villanueva, La Libertad Este.
21. Zaragoza, La Libertad Este.

22. Chiltiupán, La Libertad Costa.
23. Jicalapa, La Libertad Costa.
24. La Libertad, La Libertad Costa.
25. Tamanique La Libertad Costa.
26. Teotepeque, La Libertad Costa.

27. Santa Tecla, La Libertad Sur.
28. Comasagua, La Libertad Sur.

Amnistía Internacional rechazó la reforma a la Ley contra el crimen organizado que prohíbe expresamente la libertad condicional o libertad anticipada a todo condenado por delitos relacionados a esta normativa.

Según la organización internacional, la eliminación del acceso a beneficios penitenciarios, como la libertad condicional, afecta a «personas condenadas por delitos contenidos en esta legislación, ya sean menores de 18 años o personas adultas», lo cual consideró «socava la posibilidad de resocialización».

Así, consideró que la reforma contradice las Reglas de Mandela, como se conocen las «Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos», que sugiere el acceso a la libertad condicional en la regla 87, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Las reformas aprobadas permiten también trasladar a los menores de 18 años a cárceles comunes, separándolos con pabellones, y que sus penas sean vigiladas por los tribunales que procesan los casos de crimen organizado.

Amnistía también rechazó el resto de reformas –a la Ley Penitenciaria y a la Ley Penal Juvenil– argumentando que condenan a «adolescentes a un sistema penitenciario diseñado para adultos, en el cual ya se han documentado torturas, hacinamiento extremo y la muerte bajo custodia de más de 300 personas».

El 20 de enero pasado, representantes de 29 países recomendaron a El Salvador respetar el debido proceso, los estándares mínimos internacionales en derechos humanos y las normas «Nelson Mandela» de condiciones carcelarias, entre estos estuvieron España, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, México, Países Bajos, Noruega, Rusia, Francia, Estonia, entre otros.

El 11 de febrero pasado, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar las reformas, aseveró que el Gobierno no cree en la rehabilitación de «terroristas independientemente de la edad».

En el comunicado, publicado el martes, la organización exhortó a las autoridades de El Salvador a permitir el acceso de organismos internacionales a los centros penitenciarios y a revertir las reformas.

Amnistía Internacional es un movimiento conformado por más de 10 millones de personas, se financia de donaciones particulares que, según su sitio web, fueron 1.7 millones de personas en 2023 con una donación media mensual de 13.30 euros (13.92 dólares). Actualmente la secretaria general es Agnes Callamard, exrelatora especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

La Asamblea Legislativa analizará una nueva propuesta para agilizar la construcción o la remodelación de centros escolares de El Salvador, similar al dictamen favorable que aprobó la Comisión de Hacienda y que aún no ha sido aprobado por el pleno legislativo, pero con una vigencia de dos años.

La nueva propuesta del Ministerio de Educación permite, como el dictamen, la aplicación retroactiva, modificar contratos por imprevistos y adjudicar proyectos a contratistas conocidos por su capacidad «con solo la comunicación y aceptación de los contratistas», pero pide una vigencia de dos años y permite un anticipo pero hasta del 50 %.

Esta nueva propuesta fue enviada el miércoles por el ministro de Educación, Mauricio Pineda, a la Asamblea Legislativa y será recibida por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, que se reúne el viernes 28 de febrero a las 9:00 de la mañana.

El argumento del gobierno es el mismo: es necesario agilizar las intervenciones en infraestructura educativa, y la adquisición de bienes y servicios relacionadas.

Los diputados ya habían aprobado un dictamen favorable –por la Comisión de Hacienda– que reformaba y prorrogaba por un año más el decreto de disposiciones transitorias para contratar de manera urgente obras de turismo, puentes, mitigación, escenarios deportivos y culturales.

Esta reforma incluida en el dictamen favorable permitía adjudicar obras «por conexión» a contratistas ya conocidos y modificar las resoluciones por: «imprevistos, fuerza mayor o interés público».

El nuevo proyecto propuesto mantiene que el Ministerio de Educación pueda adjudicar proyectos a contratistas «que hayan demostrado capacidad, compromiso, celeridad» y que «bastará con la comunicación y aceptación de los contratistas para la adjudicación». El decreto no aprobado llamaba a este tipo de adjudicaciones «por conexión».

La nueva propuesta de Educación mantiene, también, la posibilidad de modificar las órdenes de compra o contratos «por circunstancias imprevistas, fuerza mayor o por razones de interés público».

La propuesta de Educación tampoco toca la posibilidad de aplicar las disposiciones de manera retroactiva, establecida en el artículo 8: «Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos relacionados a las adquisiciones y contrataciones que se realicen en el marco de la presente ley, con carácter excepcional, cuando se produzcan efectos favorables al interesado».

Puede leer: Ministro de Educación dice que cumplirán metas de «Mi nueva escuela» con $235 millones en presupuesto 2024

Algunas novedades de la nueva propuesta es que limita los anticipos hasta un 50 % del monto adjudicado, a diferencia de anterior, que no lo limita; y que tendría una vigencia de dos años, y no de uno.

El nuevo decreto propuesta se titula «Disposiciones especiales y transitorias para la adquisición, contratación y pago de las obras, bienes y servicios relacionados a proyectos e intervenciones en infraestructura educativa» e incluye: diseño, construcción, adecuación, mantenimiento de espacios, remodelación, ampliación, rehabilitación, intervenciones por emergencia, reparación o restauración de la infraestructura de centros educativos oficiales y sus anexos.

El «ministro de Hacienda, Jerson Posada», pidió a la Asamblea Legislativa que modifique la Ley de Presupuesto de 2025 para incorporar $157.745,589 del préstamo de la «Corporación Andina de Fomento (CAF)» para el programa de desarrollo del sector aeronáutico «El Salvador vuela», que incluye el Aeropuerto del Pacífico.

Del préstamo de $320 millones, se destinarán $157.7 millones para la construcción y equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, así:

-«$143,242,989 para continuar las obras de terracería y hacer la pavimentación de pista de aterrizaje», la construcción de terminal y edificios auxiliares.

-«$11,302,600 para rehabilitación de la pista», reasfaltado, señalización de la pista, calles de rodaje e internas y la construcción de hangares para estacionamiento de aeronaves.

-«$3,200,000 para apoyo técnico y administrativo de la Unidad Ejecutor», auditorías externas y consultorías para fortalecimiento institucional del sector aeronáutico.

Los fondos provienen del saldo disponible de $280,230,000 que hay del crédito del CAF, según el ministro de Hacienda. El crédito fue suscrito el 13 de septiembre de 2024 y aprobado el 3 de octubre de 2024 por la Asamblea Legislativa.

Ya hubo una reforma presupuestaria en 2024 para incorporar $39.77 millones de esos fondos, que también fueron destinados para «proceso de terracería», según la petición enviada en diciembre de 2024, y la construcción de «obras de paso».

La pista, según la presentación presidencial del martes, tendrá 3,000 metros de largo; sin embargo, será construido en tres fases y la primera, que será terminada en el primer semestre de 2027, tendrá 2,400 metros de largo y dos puertas de abordaje.

Las obras que se realizarán con dichos fondos finalizarán en diciembre de 2025 según el presupuesto sugerido por Hacienda.

El u003Cstrongu003Eministro de Salud, Francisco Alabi Montoyau003C/strongu003E, entregu00f3 a la Asamblea Legislativa un proyecto de u0022Ley de protección de la salud en el deporte y lucha contra el dopajeu0022 y pidiu00f3 su aprobaciu00f3n.nnEl proyecto seru00e1 estudiado por la u003Cstrongu003EComisiu00f3n de Niu00f1ez e Integraciu00f3n Social de la Asambleau003C/strongu003E, que se reuniru00e1 el lunes a las 2:00 de la tarde.nnLa ley aplicaru00eda a u0022todos los deportistas, el personal de apoyo a los deportistasu0022 y todas las personas que participen en actividades relacionadas con la previsiu00f3n, el control y la sanciu00f3n del dopaje.nnu0022A fin de garantizar el desarrollo de las competiciones deportivas en condiciones de igualdad y adaptaciu00f3n a las propias capacidades naturales de los deportistas, evitando su adulteraciu00f3n mediante la utilizaciu00f3n de sustancias prohibidas o de mu00e9todos prohibidosu0022, argumentu00f3 Alabi en una carta dirigida a los diputados directivos.nnEl proyecto fue recibido por la Asamblea Legislativa a las 2:17 p.m. del 26 de febrero, du00eda en que se desarrollu00f3 la sesiu00f3n plenaria.nnLa nueva ley derogaru00eda la regulaciu00f3n actual establecida en la u0022Ley general de los deportesu0022.nnActualmente, la Ley de los deportes sanciona al atleta u0022segu00fan disposiciones internacionalesu0022 que viole normas antidopaje y ordena alu003Cstrongu003E Instituto Nacional de los Deportes (Indes) u003C/strongu003E a ejecutar programas preventivos sobre el uso de mu00e9todos o sustancias prohibidas en el deporte.nnLa normativa actual tambiu00e9n establece una u0022Comisiu00f3n Nacional Antidopajeu0022 integrada por el INDES, el Comitu00e9 Olu00edmpico de El Salvador (COES), ministerios de Salud, Educaciu00f3n, Justicia, Consejo Superior de Salud Pu00fablica y Direcciu00f3n Nacional de Medicamentos.nnPara crear una nueva ley, el gobierno argumenta en el proyecto que El Salvador ratificu00f3 la Convenciu00f3n Internacional contra el Dopaje en el Deporte, en Pariu00e9s, el 19 de octubre de 2005, y que es necesario armonizar la ley nacional con los estu00e1ndares internacionales de la Agencia Mundial Antidopaje y que u0022se establezcan las responsabilidades de los deportistas y su personal de apoyo en materia antidopajeu0022.nnu003Cstrongu003E¿En quu00e9 consistiru00e1 la ley contra el dopaje en los deportes en El Salvador?u003C/strongu003EnnSi el proyecto es aprobado tal como fue presentado por el Ministerio de Salud, estas seru00edan las novedades de la nueva normativa.nnu003Cstrongu003E1. Crearu00e1 la Organizaciu00f3n Nacional Antidopaje de El Salvador (ONAD-ESA)u003C/strongu003E encargada de prevenir, controlar y sancionar el dopaje a nivel nacional segu00fan el Cu00f3digo Mundial Antidopaje, las normas de la ONAD-ESA y la ley.nn2. u003Cstrongu003ELa ONAD-ESA estaru00e1 compuesta por:u003C/strongu003E un Comitu00e9 Supervisor (dos representantes del Indes, uno de la Superintendencia de Regulaciu00f3n Sanitaria, uno de la Comisiu00f3n Nacional Antidrogas y uno del Comitu00e9 Olu00edmpico de El Salvador), un gerente general designado por el Comitu00e9 Supervisor, un Panel Independiente de Audiencia de Primera Instancia (tres miembros nombrados por el gerente general) y una comisiu00f3n de atletas.nn3. u003Cstrongu003EAl Panel de primera instancia le competeru00e1:u003C/strongu003E realizar audiencias y emitir sanciones.nn4. u003Cstrongu003EEl INDES tendru00e1 en su presupuesto:u003C/strongu003E una asignaciu00f3n presupuestaria para la ONAD-ESA, pero esta u0022podru00e1 implementar mecanismosu0022 para obtener recursos.nn5. u003Cstrongu003ELa ley establece que u0022cada deportista es personalmente responsableu0022 de: asegurarse de que ninguna sustancia prohibida aparezca en su organismou0022 y que u0022no seru00e1 necesario demostrar intenciu00f3n, culpabilidad, negligencia o uso conscienteu0022 para determinar la infracciu00f3n.nn6. u003Cstrongu003ELa nueva normativa establece un listado de violaciones a las normas antidopaje que seru00edan sancionadas:u003E la presencia de la sustancia prohibida; si el deportista renuncia al anu00e1lisis de la muestra y esta no se analice; el uso o intento de uso; rechazar la obligaciu00f3n de someterse a la recogida de muestras; localizaciu00f3n fallida del deportista; posesiu00f3n de sustancia prohibida por el deportista o persona de apoyo, tru00e1fico, entre otras.nn7. u003Cstrongu003ELas sustancias y mu00e9todos prohibidos son los establecidos en el listado de la Agencia Mundial Antidopajeu003C/strongu003E y las sanciones las establecidas en el Cu00f3digo Mundial Antidopaje.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de «proestadounidense» cuando en una entrevista con Fox News le preguntaron si plantea abordar su política para sacar o disminuir la influencia de China Popular en la región.

«Tienes al presidente de Panamá, tenemos un problema con la situación del canal pero él es un presidente proestadounidense. El presidente de Costa Rica es un presidente proestadounidense. El presidente Bukele en El Salvador, un presidente proestadounidense. Tuvimos una buena reunión con el presidente de Guatemala. El presidente de la República Dominicana, un presidente proestadounidense», fueron las palabras del funcionario de Estados Unidos.

Rubio explicó de esa forma que Costa Rica y Panamá «no necesitan ayuda» para abordar su política integral para disminuir la influencia de China en la región.

«Quieren asociarse con la formación, como quieren que ayudemos a entrenar a sus fuerzas policiales. Son muy proamericanos», comentó.

En la misma entrevista, el funcionario estadounidense también reiteró su crítica al gobierno de Joe Biden por casi ignorar y «castigar» a aliados proamericanos de la región y recriminó que dicha administración haya calificado de «dictador» a Bukele.

«Casi los ignoramos y en algunos casos incluso los castigamos. Teníamos administraciones como la administración Biden que criticó a Bukele y lo llamó dictador y todo tipo de cosas así cuando él realmente es proamericano».
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

En septiembre de 2021, la Embajada de Estados Unidos consideró que la democracia de El Salvador estaba en «declive» luego de que la Sala de lo Constitucional, destituida y sustituida el 1 de mayo de 2021, habilitara la reelección presidencial continua, el 3 de septiembre. El 20 de septiembre, el Departamento de Estado de EE.UU. incluyó en la Lista Engel a los cinco magistrados de la Sala; un día después, la embajadora estadounidense Jean Manes dijo que El Salvador estaba cumpliendo el «libro de jugadas» de Nicaragua y Venezuela, mientras Bukele, se autocalificaba en Twitter como «Dictador de El Salvador» y «El dictador más cool del mundo mundial».

Los gobiernos de China y El Salvador mantienen un acuerdo de cooperación anunciado desde diciembre 2019 cuando el presidente Nayib Bukele se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, en Beijing. Este incluía la construcción del Estadio Nacional de El Salvador y de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES).

En su reciente visita a El Salvador, Rubio planteó a Bukele «estrategias para contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino» en la región según la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, aunque el presidente salvadoreño no informó sobre estas pláticas.

En la entrevista con Fox News, Rubio aseguró que no pueden tener «un mundo donde China sea tan poderosa». «Eso va a cambiar bajo el presidente Trump», dijo.

Ayer, la Embajada de China Popular en El Salvador posteó un artículo de opinión titulado «No debe repetirse la trágica historia de la explotación de América Latina y el Caribe en beneficio de EE.UU.» que se refiere a la visita de Rubio a la región centroamericana. En el artículo, firmado por Lu Daxin, se afirma que «los países de la región no se mostraron entusiasmados con el interés de EE.UU. sino que se sintieron profundamente humillados».

Rubio reiteró que la posición de Estados Unidos de no cambiar forzadamente el estatuto de Taiwán «no va a cambiar». «Tiene que ser una relación equilibrada, no puede ser uno en el que se vuelvan dominantes porque entonces vamos a tener conflicto y no queremos eso», dijo el secretario de Estado sobre la relación de Estados Unidos con China Popular.

La diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, informó que, con la eliminación de la deuda política al ratificar una reforma constitucional en la misma legislatura 2024-2027 de la cual forma parte, el Estado se ahorrará $39.7 millones de financiamiento público para la campaña de los partidos políticos de las elecciones 2024.

“Solamente entre las elecciones de febrero y marzo de 2024 el Estado salvadoreño se está ahorrando $39.7 millones en concepto de deuda política, casi $40 millones que no se le van a dar a los partidos políticos”, detalló el miércoles en el pleno, antes de la reforma constitucional.

Según el Portal de Transparencia Fiscal, el Ministerio de Hacienda programó $38.4 millones para complemento de deuda política 2024, de lo cual ha devengado $14.2 millones. En 2023, Hacienda programó $500,000 en concepto de anticipo de deuda política, pero no registró ninguna ejecución.

El diputado Francisco Lira, de Arena, señaló a Nuevas Ideas de haber recibido $27 millones de la deuda política para la campaña electoral 2024.

“Redes corruptas”

La diputada también señaló “redes de corrupción” relacionadas al financiamiento privado que recibieron los partidos políticos y dijo que los partidos usaban la recepción de fondos estatales como una «fachada para camuflajear» la recepción de dinero de privados.

Sin referirse a partidos políticos específicos, la diputada Rivas dijo que se han “tenido desde partidos fachada o sellos de goma como se les conoce”, y estos “han estado esperando el momento para cobrar ese dinero, donde han estado ligados al financiamiento, compra de favores y redes corruptas”.

“La forma en cómo también los privados financiaron en su momento a los partidos políticos y cómo luego les cobraban esos favores, no es algo nuevo, es un secreto a voces donde simplemente utilizaban de alguna manera la fachada de recibir fondos estatales con esta entre comillas deuda política, para camuflajear la manera en cómo también recibían dinero de privados, recibían dinero de personas que tenían algún interés en la cosa pública, para luego cobrar estos mismos favores”, aseguró la legisladora de Nuevas Ideas.

La diputada de Nuevas Ideas dijo que ninguno de los partidos en el pasado tuvo “el valor” para eliminar la deuda política.

“Todos los que siempre se han opuesto a estos mismos temas dicen que están a favor pero a la hora de dar su voto, no lo hacen y quedan a simples palabras”, dijo, en referencia al partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

“Aquí no se trata de decir ‘es que Nuevas Ideas’… Aquí se trata de beneficios para la ciudadanía”, dijo sobre la deuda política.

Señaló que “los vínculos entre el dinero y la política afectan la democracia, la imparcialidad y la gobernabilidad” y que “la mayoría de países de la región han enfrentado serios problemas de corrupción ligados al financiamiento de los partidos políticos por esas redes corruptas”.

El diputado Reinaldo Carballo, diputado y secretario general del Partido Demócrata Cristiano (PDC), dijo que nunca recibió “un dólar” de la deuda política y que financió sus “campañas con recursos propios”. Señaló que algunas personas que ni conoce “andan reclamando esta deuda política”.