Categoría: Economía

Al menos cuatro de cada 10 micro y pequeñas empresas (mype) en El Salvador consideran que los precios aumentaron en el primer trimestre de 2026, reveló un informe del Observatorio MYPE de la Fundación de Apoyo Integral (Fusai).

El Observatorio publica cada trimestre su Informe de Dinámica Empresarial, que elabora desde junio de 2020 como una radiografía de las perspectivas y principales desafíos de las mypes salvadoreñas.

De acuerdo con el último informe, el 44 % de las empresas consideró que aumentaron los precios en el primer trimestre de 2026, un nivel que se acerca a los resultados del tercer trimestre de 2022, cuando fue de 46.4 %, en ese momento por una interrupción en la economía mundial tras la invasión rusa en Ucrania, que desestabilizó el precio de las materias primas y las cadenas logísticas.

Además, aumentó desde el 34.2 % reportado en el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

En el primer trimestre, un 38.2 % de las mypes consideró que los precios se han mantenido iguales, porcentaje inferior en relación con la tasa de 53.5 % del cuarto trimestre de 2025. Por el contrario, un 17.8 % aseguró que los precios han disminuido.

Si bien el informe no profundiza en el aumento de precios, los empresarios han confirmado que el costo de traer mercancías importadas y la operación se ha encarecido debido a la guerra en Medio Oriente, iniciada por los ataques en conjunto entre EE. UU. e Israel en Irán.

La Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) detalló que los fletes en las rutas desde los mercados asiáticos pasaron de costar entre $1,300 y $2,000, a costos arriba de $6,000. Además, las empresas han tenido que ajustar los costos operativos por el encarecimiento del combustible.

¿Cómo están las ventas?

De acuerdo con el informe, el primer trimestre de 2026 fue favorable para el 38.9 % de los negocios, pues afirmó que las ventas aumentaron, contra un 26.2 % que dijo que disminuyeron y un 34.9 % que consideró que siguen igual.

El Observatorio elabora una lista de los inhibidores de las micro y pequeñas empresas, la cual está dominada por un 40 % que afirmó que en el primer trimestre de 2026 hubo una disminución en la demanda.

De ese grupo, según el reporte, el 56 % cree que han cambiado las preferencias de los clientes y es el “detonante principal de la baja demanda”, así como un 25 % que dijo que es la “situación económica general”.

Un 34 % dijo que enfrenta desafíos por el aumento de la competencia y un 25 % afirmó que tiene dificultades financieras, mientras que un 17 % dijo que enfrenta escasez de mercancías.

Al menos ocho de cada 10 micro y pequeños empresarios (mype) no cerrarían su negocio para aceptar un empleo formal, a pesar de los desafíos que enfrenta el sector por la caída de la demanda y el aumento de la competencia, según un informe del Observatorio MYPE de la Fundación de Apoyo Integral (Fusai).

El reporte, correspondiente a la dinámica del sector durante el primer trimestre de 2026, revela que el 78.9 % de los micro y pequeños empresarios prefieren mantener su negocio antes que convertirse en empleados.

Durante el primer trimestre, el 40 % de las micro y pequeñas empresas identificó como principal obstáculo la disminución de la demanda. El informe explica que más de la mitad de los encuestados (56 %) percibe cambios en las preferencias de los consumidores, mientras que un 25 % atribuye esta situación al contexto económico general.

Asimismo, un 34 % señaló que el aumento de la competencia fue una de las principales limitantes para sus negocios. En este apartado, el estudio identificó que el 66 % atribuyó esta situación a la apertura de nuevos negocios en la zona que ofrecen productos o servicios similares.

“Probablemente, la falta de diferenciación está provocando una competencia de proximidad”, indica el reporte.

La baja demanda no frena la inversión

Un 25 % de los empresarios consultados afirmó enfrentar dificultades financieras. De ese grupo, un 42 % señaló que estas se deben a la disminución de sus ingresos.

Entre los problemas reportados también figura la escasez de mercancías, mencionada por un 17 % de las micro y pequeñas empresas. Según el informe, esta situación está relacionada principalmente con el incremento en los precios de productos e insumos clave para la operación de los negocios.

“Muestra un problema relevante que es el incremento de precios de productos o insumos clave, señalado como la principal causa de los problemas de abastecimiento”, agrega el reporte.

A pesar de este panorama, el estudio encontró que el 37.2 % de las mypes salvadoreñas aumentó sus inversiones durante el primer trimestre, el porcentaje más alto registrado desde que este indicador comenzó a medirse en junio de 2020.

Además, un 37.9 % afirmó que mantuvo sus niveles de inversión, mientras que un 24.9 % indicó que estos disminuyeron.

El Salvador está creando un mercado alternativo de financiamiento a través de la tokenización, una herramienta que comienza a abrir nuevas vías para proyectos inmobiliarios, industriales y lotificaciones.

Aunque el mercado digital salvadoreño aún se encuentra en fase de maduración, la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) ha aprobado 54 emisiones que buscan levantar deuda y capital para financiar proyectos inmobiliarios, como residenciales de alto valor, torres de apartamentos, naves industriales y lotificaciones.

Además, existen emisiones dinámicas respaldadas por activos financieros cotizados, como acciones, ETF y bonos.

“Hay empresas con proyectos increíbles”, sostuvo Juan Carlos Reyes, presidente de la CNAD, en entrevista con Diario El Mundo.

Mientras que el Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) mantienen la vigilancia del sistema financiero tradicional, la creación de la CNAD en 2023, a través de la Ley de Emisión de Activos Digitales, vino a regular el ecosistema de activos digitales en El Salvador.

El funcionario señaló que el origen de este marco legal está ligado a la adopción del bitcoin en septiembre de 2021, ya que obligó a los supervisores a “aprender qué es esto”, una experiencia que, a su juicio, colocó al país en el radar de inversionistas internacionales.

“Nos dimos cuenta de que cripto es una etapa del desarrollo tecnológico, pero donde de verdad va esta industria es hacia la emisión de activos digitales, que es la tokenización”, afirmó.

Para Reyes, la tecnología blockchain tiene elementos que permiten “crear confianza” en el sistema financiero, ya que ofrece trazabilidad sobre el origen de las operaciones e inmutabilidad, es decir, que las transacciones no pueden modificarse una vez ejecutadas.

Según explicó, la tokenización funciona como un vehículo digital que representa activos reales, desde proyectos inmobiliarios hasta instrumentos financieros, lo que facilita que más personas puedan invertir con montos menores.

“Antes, levantar capital requería abogados, custodios, contadores y estructuras complejas que elevaban los costos. Ahora, la tecnología reduce esos gastos y permite que haya productos desde $10 o $100”, explicó.

El presidente de la CNAD considera que esta transformación permitirá democratizar el acceso a inversiones que antes estaban reservadas para inversionistas con grandes capitales.

“Todas las torres que se están desarrollando usualmente generan rendimientos atractivos para los inversionistas. Antes era un mercado muy cerrado y hoy la tokenización comienza a abrirlo”, agregó.

 

Más de 120 empresas autorizadas

Desde que comenzó operaciones en 2023, la CNAD ha aprobado alrededor de 125 compañías de un universo cercano a 450 solicitudes.

La mayoría son empresas vinculadas a intercambios de activos digitales, tokenización y plataformas financieras provenientes de Latinoamérica, Europa y Asia.

Reyes aseguró que El Salvador recibe entre cinco y 10 solicitudes semanales de compañías interesadas en establecer operaciones en el país debido a la claridad regulatoria.

“Somos víctimas de nuestro propio éxito”, afirmó el funcionario, al señalar que la tasa de rechazo llegó a superar el 80 % en algunos momentos debido a los estrictos requisitos legales, tecnológicos, regulatorios y financieros que exige la comisión.

El funcionario explicó que, a diferencia de otros países donde solo existe un registro de empresas, en El Salvador se otorgan licencias bajo un proceso de evaluación más riguroso.

La CNAD sostiene que el siguiente paso del mercado será lograr productos más accesibles y fáciles de utilizar para la población salvadoreña, en un contexto donde aún predominan hábitos tradicionales en el manejo del dinero.

“El mercado se va a regular solo. Cuando existan productos simples, transparentes y fáciles de usar, la población comenzará a adoptarlos”, sostuvo Reyes.

Las exportaciones de condensadores eléctricos repuntaron un 36.6 % en el primer cuatrimestre de 2026, mientras que las ventas de hilos, cables y demás conductores eléctricos aumentaron un 19.2 %, según el Banco Central de Reserva (BCR).

La institución registra que las exportaciones de hilos, cables y conductores aislados para electricidad sumaron $75.67 millones entre enero y abril de 2026. Este rubro se ubicó como el sexto producto de mayor exportación, con una participación de 3.4 % de los $2,247.8 millones despachados por las empresas salvadoreñas durante los primeros cuatro meses del año.

Además, las exportaciones de estos productos crecieron en $12.19 millones frente a los $63.48 millones registrados en el mismo período de 2025.

Por su parte, las exportaciones de condensadores eléctricos fijos alcanzaron $72.07 millones entre enero y abril, lo que representó un incremento de $19.30 millones en comparación con igual período del año pasado.

Con este resultado, los condensadores eléctricos se posicionaron como el séptimo producto de exportación de El Salvador, con una participación de 3.2 % del total exportado.

Tanto los conductores eléctricos como los hilos y cables son componentes utilizados para transportar corriente eléctrica entre distintos equipos. Estos insumos tienen una alta demanda en diversas industrias manufactureras, donde se emplean en la producción de bienes que van desde teléfonos móviles hasta equipos aeronáuticos.

El 66.4 % de los salvadoreños de entre 50 y 64 años que trabajan lo hacen en condiciones de informalidad, una realidad que refleja cómo la precariedad laboral persiste incluso en etapas cercanas a la jubilación.

Manuel Delgado, coordinador del Programa de Estudios sobre Políticas Públicas de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo), señaló durante un foro virtual, realizado el 26 de mayo, que la informalidad estructural que caracteriza a la economía salvadoreña se acentúa en la vejez.

Con base en datos del Censo de Población 2024 y la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), Delgado detalló que en 2025 había 640,341 salvadoreños de entre 50 y 64 años ocupados, es decir, que se mantenían activos en el mercado laboral.

De ellos, 425,266 trabajaban en la informalidad, equivalente al 66.41 %. “No cotizan para su jubilación ni tienen acceso a salud ocupacional”, señaló.

Al analizar a la población de 65 años o más, el investigador indicó que 213,109 personas se encontraban ocupadas. De ese total, 177,151 trabajaban en condiciones de informalidad, lo que representa un 83.12 %.

“Si bien se mantienen activos laboralmente, están caracterizados por una alta informalidad. Eso quiere decir que dependen de ingresos precarios y de redes familiares para su sostenimiento”, afirmó.

¿Qué es la vejez?

Para Delgado, la vejez es una construcción social y no existe un consenso biológico sobre el momento exacto en que inicia. Además, es una etapa heterogénea, ya que se experimenta de manera distinta según factores como el sexo, el nivel educativo y los ingresos.

Tampoco debería verse como una crisis, añadió, pues el aumento de la esperanza de vida representa un logro de la civilización y de los avances científicos.

En El Salvador, la población adulta mayor será cada vez más longeva. En la década de 1950, las personas de entre 65 y 74 años representaban el 73 % de la población adulta mayor. Actualmente, ese porcentaje se ha reducido a 60.3 %, mientras que el grupo de 85 años o más pasó de 2.3 % a 9.6 %.

Las proyecciones indican que para 2050 las personas de entre 65 y 74 años representarán el 51.8 % de la población adulta mayor, mientras que quienes tengan 85 años o más alcanzarán el 14.3 %.

“No solo habrá una mayor proporción de personas adultas mayores, sino que además serán cada vez más longevas. A medida que envejece la población, también crecerá la demanda de cuidados”, indicó Delgado.

El analista agregó que la población de 60 años o más superará en 2034 al grupo de entre cero y 14 años. Si se toma como referencia a las personas de 65 años o más, ese cruce demográfico ocurrirá en 2045.