Categoría: El Mundo

  • El nuevo presidente interino peruano es acusado en un juicio por corrupción

    El nuevo presidente interino peruano es acusado en un juicio por corrupción

    El presidente interino de Perú, José María Balcázar, deberá comparecer el próximo 16 de junio ante la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en un juicio donde es acusado de presuntamente haberse apropiado de fondos del Colegio de Abogados de esa región, institución que llegó a dirigir como decano. La audiencia fue programada desde el año pasado y coincide con el periodo en el que aún estará al frente del Gobierno de transición.

    Según confirmó el tribunal, Balcázar fue notificado del inicio del juicio el 5 de septiembre, por lo que conocía su situación procesal cuando se postuló para reemplazar al entonces presidente interino José Jerí, destituido por sospechas de tráfico de influencias. Al tratarse de hechos previos a su elección como congresista en 2021 y a su designación como jefe de Estado, la inmunidad del cargo no lo exime de enfrentar el proceso judicial.

    El mandatario es señalado por los delitos de apropiación de fondos, cambio de titularidad de cuentas en entidades financieras y defraudación de persona jurídica. Horas antes de su nombramiento, el Colegio de Abogados de Lambayeque emitió un comunicado en el que exhortó al Parlamento a rechazar su candidatura y pidió al Ministerio Público y al Poder Judicial iniciar el juzgamiento correspondiente, vetando su prescripción. La institución profesional lo expulsó previamente por este caso.

    Balcázar también fue juez provisional de la Corte Suprema de Justicia, cargo del que fue apartado tras anular una sentencia firme. Como abogado, defendió procesos vinculados a acusaciones de abusos sexuales a menores, según medios locales. En declaraciones recientes, el presidente interino desestimó las acusaciones en su contra y las calificó de “leyendas negras”, al asegurar que los señalamientos estaban archivados, aunque ahora se confirmó la continuidad del proceso judicial.

    El juicio añade presión política al Gobierno transitorio en Perú, en un contexto de cuestionamientos a la ética pública y a la estabilidad institucional del país andino.

     

  • EE.UU. planea suspender los permisos de trabajo para solicitantes de asilo durante «años»

    EE.UU. planea suspender los permisos de trabajo para solicitantes de asilo durante «años»

    El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) propuso este viernes una norma que suspendería temporalmente la adjudicación de permisos de trabajo a solicitantes de asilo, una pausa que podría extenderse por años.

    El proyecto de regulación, presentado hoy a comentarios públicos, pondría en pausa la aceptación de solicitudes de permisos de trabajo cuando el tiempo promedio de procesamiento en la agencia supere los 180 días.

    USCIS prevé que de aprobarse el plan las nuevas solicitudes de permisos de trabajo para solicitantes de asilo «se pausarán por un período prolongado, posiblemente muchos años».

    La agencia argumentó que el plan pretende reducir el «incentivo» para que los extranjeros presenten solicitudes de asilo fraudulentas para obtener permisos de trabajo.

    Un portavoz del USCIS dijo en un comunicado que las solicitudes de asilo se convirtieron en una «vía fácil» para que los inmigrantes puedan trabajar en EE.UU. legalmente, lo que ha saturado el sistema.

    «Los extranjeros no tienen derecho a trabajar mientras procesamos sus solicitudes de asilo», indicó sobre el plan publicado en el Registro Federal.

    USCIS argumenta que las solicitudes de permiso de empleo basadas en una solicitud de asilo pendiente han alcanzado un «máximo histórico», sobrecargando los recursos de la agencia, sin permitirle evaluar las peticiones.

    La propuesta también amplía a 365 días el tiempo que los solicitantes de asilo deben esperar antes de ser elegibles para solicitar un permiso de trabajo.

    De no aprobarse el plan, USCIS asegura que podría tomar entre 14 y 173 años para alcanzar un tiempo de procesamiento de 180 días para tramitar las solicitudes de asilo.

  • Trump dice que considera un ataque limitado para presionar a Irán

    Trump dice que considera un ataque limitado para presionar a Irán

    El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este viernes que estudia ordenar una acción militar limitada contra Irán como mecanismo de presión para negociar restricciones al programa nuclear de Teherán. La posibilidad fue planteada al responder preguntas de la prensa en la Casa Blanca, tras días de especulación sobre una intervención inminente.

    Trump recordó que el jueves, durante la primera reunión de la Junta de Paz en Washington, fijó un plazo de diez días para decidir si actúa militarmente. Según medios estadounidenses, el ejército ya está preparado para ejecutar un ataque de alcance reducido en territorio iraní si recibe la autorización presidencial definitiva.

    En paralelo, el despliegue militar estadounidense en la región se ha intensificado. El portaaviones U.S.S. Gerald R. Ford, que participó en operaciones recientes en el Caribe, avanzaba esta semana hacia el estrecho de Gibraltar para unirse al U.S.S. Abraham Lincoln, estacionado en aguas de Oriente Medio. A esta presencia se suman decenas de aviones cisterna, más de 50 cazas adicionales y dos grupos de ataque completos con destructores, cruceros y submarinos.

    Mientras aumenta la presión militar, continúan las gestiones diplomáticas lideradas por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del mandatario. Ambos mantienen conversaciones con representantes iraníes para lograr un acuerdo que limite el programa nuclear.

    Israel, por su parte, también estaría preparándose para una eventual operación conjunta con Estados Unidos, de acuerdo con versiones citadas por fuentes de Defensa israelí.

  • La crisis de transporte en Cuba obliga a las personas a caminar kilómetros

    La crisis de transporte en Cuba obliga a las personas a caminar kilómetros

    a Habana enfrenta una crisis de transporte al límite que obliga a miles de cubanos a recorrer largas distancias a pie ante la reducción de buses y el severo racionamiento de combustible.

    Maykel, un vendedor de viandas de 35 años, camina 20 kilómetros diarios para ir y volver del trabajo, ya que pagar el transporte implicaría destinar alrededor del 16 % de su salario mensual.

    El deterioro del servicio se agudizó tras el cerco petrolero impuesto por Estados Unidos en enero, cuando Washington amenazó con aranceles a países que suministren crudo a la isla.

    Como respuesta, el Gobierno cubano activó un plan de contingencia que incluye la disminución del transporte público y restricciones estrictas en la venta de gasolina y diésel, lo que disparó los precios en el mercado negro.

    En las paradas de autobús de La Habana se observan aglomeraciones o bancos vacíos, reflejo del colapso del sistema.

    Miguel Leyva, de 71 años, aguardó cuatro horas bajo el sol para intentar llegar a la terminal ferroviaria.

    “El transporte está pésimo. Las guaguas (autobuses) no las ponen. Ponen una y después a las 10 horas no ponen más. No hay dinero ni para pagar ni para comer”, lamentó.

    El jubilado recibe una pensión de 2,000 pesos cubanos, equivalente a unos $4 en el mercado informal.

    La escasez también afecta a taxistas y conductores privados.
    Armando, de 65 años, aseguró: “No tengo gasolina. Estoy prácticamente parado. Y lo peor está por venir”.

    Las estaciones que venden en moneda nacional dejaron de despachar combustible, mientras que las que operan en dólares asignan turnos mediante aplicaciones móviles que pueden tardar meses y limitan la compra a 20 litros (5.2 galones) por usuario. En el mercado negro, el litro alcanza precios que equivalen hasta a la mitad de un salario promedio de 6,000 pesos.

    Ante la incertidumbre, algunos optan por alternativas como la bicicleta o el transporte eléctrico, aunque los apagones diarios dificultan la carga de baterías.

    Mercedes, de 80 años, aguardó dos horas y media en una parada sin éxito y resumió el sentir de muchos: “En Cuba ya estamos acostumbrados”. La crisis del transporte se suma así a un escenario económico ya golpeado por seis años de severas dificultades.

     

  • España impulsa levantar sanciones a Delcy Rodríguez tras amnistía en Venezuela

    España impulsa levantar sanciones a Delcy Rodríguez tras amnistía en Venezuela

    El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, anunció que propondrá en el seno de la Unión Europea levantar las sanciones impuestas a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, luego de que el país aprobara por unanimidad una amnistía para presos políticos este viernes. Esta iniciativa busca reconocer los pasos dados por Venezuela en un nuevo contexto político.

    Albares explicó en Barcelona, antes de presentar la Estrategia Española para Asia y Pacífico 2026-29 ante embajadores asiáticos, que la UE debe enviar “un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa”. Señaló que “las sanciones nunca son un fin, son un medio para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la UE tiene que darlos también”.

    El ministro detalló que formalizará la petición de excluir a Rodríguez de la lista de sancionados, probablemente el próximo lunes durante el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de la UE. En ese encuentro, los ministros de Exteriores de los Veintisiete abordarán un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, la situación en Oriente Próximo y otros temas. Fuentes europeas indicaron que en una reunión preparatoria de embajadores España solicitó incluir un punto sobre Venezuela en la agenda.

    Con este punto aprobado, Albares podrá explicar a sus homólogos la situación venezolana y argumentar por qué debería revertirse la sanción contra la presidenta encargada, aunque la inclusión en la agenda no garantiza automáticamente un debate o votación entre los Estados miembro.

    El ministro calificó como “buena noticia” que la Asamblea venezolana haya aprobado la amnistía por unanimidad, incluyendo los votos de la oposición, y expresó su deseo de que sea “lo más amplia posible” para que “los presos políticos puedan salir a la calle”. Instó a Delcy Rodríguez a continuar avanzando y “a que se creen las condiciones para que aquellas personas que en estos momentos están fuera de Venezuela, 200,000 de ellos viviendo aquí en España, aquellos que quieran puedan regresar a Venezuela”.

    Además, Albares recordó que la UE no sancionó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, porque “cuando establece sanciones individuales siempre deja fuera a presidentes y ministros de Asuntos Exteriores, precisamente para mantener el cauce de diálogo abierto”. Subrayó que ya había anticipado que si el nuevo gobierno venezolano avanzaba en la dirección correcta solicitaría la retirada de Rodríguez del listado de sancionados, destacando que Maduro nunca estuvo en él, como tampoco lo está el presidente ruso, Vladimir Putin.

     

  • Jueza anula detenciones migratorias sin fianza en EE.UU.

    Jueza anula detenciones migratorias sin fianza en EE.UU.

    Una jueza federal de Estados Unidos dejó sin efecto un fallo de un tribunal de inmigración que otorgaba amplias facultades a la Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mantener detenidos a migrantes sin concederles audiencias para fijar fianza. La decisión también incluyó señalamientos por el uso de la fuerza de agentes federales y el trato brindado a extranjeros bajo custodia.

    La magistrada Sunshine Sykes sostuvo en su resolución que el Gobierno no acató una sentencia emitida en diciembre pasado, en la que se declaró ilegal negar la posibilidad de libertad bajo fianza a personas detenidas. Recordó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había descrito reiteradamente a estos migrantes como «lo peor de lo peor».

    No obstante, la jueza afirmó que «‘lo peor de lo peor’ es una descripción inexacta de la mayoría de los afectados por las operaciones del DHS y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)». Añadió que «Quizás, al utilizar este lenguaje extremo, el DHS busca justificar la magnitud y el alcance de sus operaciones contra extranjeros no delincuentes. Quizás esa frase simplemente refleja la severidad y la conducta malintencionada del Gobierno».

    Durante años, las audiencias de fianza se negaban principalmente a migrantes considerados recién llegados. Sin embargo, la Administración Trump modificó ese criterio histórico al extender la negativa también a personas arrestadas por el ICE tras haber vivido durante años en territorio estadounidense, obligándolas a presentar recursos de habeas corpus para intentar recuperar su libertad.

    Ante este panorama, la jueza advirtió que esta práctica requiere «una mayor reparación» y estableció que los migrantes tienen derecho a una audiencia que determine no solo la posibilidad de fianza, sino también si pueden continuar su proceso fuera del centro de detención al que hayan sido trasladados.

    El fallo también incluyó críticas adicionales al Ejecutivo y enmarcó las amenazas contra ciudadanos extranjeros dentro de un clima de «terror» que, según la magistrada, ha generado una «profunda preocupación» en la población estadounidense por los actos ilegales y descontrolados del poder ejecutivo. Asimismo, señaló que «el poder ejecutivo ha extendido su violencia a sus propios ciudadanos, asesinando a dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota», en referencia a Renée Good y Alex Pretti, fallecidos por disparos de agentes federales en enero. A su juicio, «Las amenazas que plantea el poder ejecutivo no pueden considerarse de forma aislada», al vincular la actuación de los agentes con los procesos contra migrantes detenidos.

  • Ucrania, cuatro años de guerra enquistada en Europa que Trump aún no ha podido acabar

    Ucrania, cuatro años de guerra enquistada en Europa que Trump aún no ha podido acabar

    La guerra en Ucrania cumple su cuarto aniversario este 24 de febrero convertida en un conflicto enquistado en el corazón de Europa sin que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que puso el conflicto en lo más alto de su agenda internacional, haya hecho desistir al presidente ruso, Vladimir Putin, de sus aspiraciones anexionistas.

    Trump, que presumió durante la campaña electoral que le llevó a la Casa Blanca en 2025 de que acabaría con el conflicto en 24 horas, ya ha asumido, sin embargo, la complejidad del conflicto: «No es una situación fácil, debo decirles. Qué desastre».

    Durante la Junta de Paz, cuya sesión inaugural tuvo lugar en Washington este jueves, Trump reconoció la dificultad de lograr la paz en Ucrania, pese a sus buenas relaciones con Putin. «Pensé que esto sería fácil», reconoció el estadounidense, que casi no hizo mención a este conflicto inconcluso y que amenaza la estabilidad de Europa.

    El papel de Estados Unidos a lo largo de los cuatro años de guerra ha ido cambiando desde el apoyo inicial de la administración Biden (entre febrero de 2022 y diciembre de 2024, destinó cerca de 200.000 millones de dólares en ayuda militar, económica y humanitaria) hasta los virajes de Trump en su relación con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

    La llegada del magnate a la Casa Blanca abrió un ciclo de tensión política con Ucrania que culminó con la reunión en el Despacho Oval de febrero de 2025 en la que, ante los ojos de medio mundo, acusó a los ucranianos de haber provocado la guerra.

    Aunque después la relación se encauzó y Trump apuntó a Putin por no querer terminar la guerra, la presión sobre Zelenski para poner fin al conflicto no termina.

    «Más vale que Ucrania se siente a la mesa rápido», ha sido uno de los últimos mensajes que Trump ha lanzado a Zelenski, en una muestra más de la prisa que tiene por acabar con el conflicto.

    De hecho, Zelenski ha declarado este mes de febrero que Estados Unidos desea que la guerra con Rusia termine en junio.

    El último intento de unas negociaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, que tuvo lugar esta semana en Ginebra, concluyó sin avances.

    La posibilidad de un acuerdo de paz no es vista, sin embargo, como inminente por los expertos.

    «No hay ningún incentivo para que Putin ponga fin a los combates. Ucrania no aceptará un acuerdo que exija la concesión de la región de Donetsk. Y las propuestas actuales no ofrecen a Ucrania ninguna seguridad a largo plazo», desgrana a EFE David Marples, profesor de Historia de la Universidad de Alberta.

    Marples considera que aunque «Estados Unidos ha proporcionado la mayor ayuda militar de todas las potencias occidentales, la segunda administración de Trump ha acabado con cualquier esperanza de un resultado exitoso de la guerra al suspender el suministro de misiles y aviones».

    Más optimista sobre el papel de Trump y el posible fin del conflicto se muestra el profesor Vladislav Inozemtsev. «Creo que Estados Unidos ha impuesto las sanciones más perjudiciales hasta la fecha a las exportaciones petroleras rusas, que perjudican considerablemente su economía», indica.

    «Creo que el círculo cercano de Putin está analizando detenidamente la opción de aceptar el plan de Trump. Por supuesto, pedirán más concesiones, pero al final el conflicto podría resolverse, aunque dudo que esto pacifique a Rusia durante décadas», señala Inozemtsev.

    En su opinión, «la cuestión de Ucrania marcará las relaciones internacionales durante muchos años y el verdadero cambio solo llegará con la muerte de Putin».

    «La guerra de desgaste continuará. El actual equipo de emisarios de Trump no son diplomáticos experimentados» y «si Ucrania sobrevive, será gracias al apoyo de la UE, el Reino Unido y Canadá, no de Estados Unidos», concluye Marples.

  • Trump ordena revelar archivos sobre ovnis y extraterrestres

    Trump ordena revelar archivos sobre ovnis y extraterrestres

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que instruirá a varias agencias del Gobierno a identificar y liberar archivos relacionados con objetos voladores no identificados (Ovnis), fenómenos aéreos no identificados (UAP) y posibles formas de vida extraterrestre. El mandatario explicó que la medida busca transparentar información que durante décadas ha generado especulación pública.

    En un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, Trump señaló que se recopilarán y divulgarán documentos sobre asuntos “altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”. La acción involucrará al Departamento de Guerra y a otras agencias federales, con el objetivo de hacer públicos expedientes que permanecen clasificados.

    El anuncio surge después de declaraciones del expresidente Barack Obama en un pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, donde respondió preguntas rápidas sobre la existencia de vida extraterrestre.

    Ante la consulta de si los extraterrestres son reales, Obama afirmó: “Son reales, pero yo no los he visto”, y agregó que no existen instalaciones secretas subterráneas, salvo que hubiera una conspiración de gran escala que incluso ocultara información al presidente de Estados Unidos.

    Trump reaccionó a esos comentarios y aseguró ante reporteros a bordo del Air Force One que Obama “dio información clasificada” y cometió “un grave error”. No obstante, el propio mandatario reconoció que desconoce si los extraterrestres son reales, pero defendió la necesidad de divulgar la información oficial disponible sobre Ovnis y UAP.

    Posteriormente, Obama precisó en Instagram que durante su presidencia no vio “pruebas” de contacto con extraterrestres, aunque sostuvo que, dada la vastedad del universo, es probable que exista vida más allá de la Tierra.

    El interés por estos temas no es nuevo: en 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaron la existencia del Área 51, base militar creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para pruebas del avión espía U-2. La nueva instrucción presidencial reaviva el debate sobre transparencia gubernamental y fenómenos aéreos no identificados en Estados Unidos.

     

  • Delcy Rodríguez exige acelerar aplicación de amnistía en Venezuela

    Delcy Rodríguez exige acelerar aplicación de amnistía en Venezuela

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó este jueves al Parlamento, al programa que promueve el diálogo político y a la comisión para la reforma del sistema de justicia que den “máxima celeridad” a la aplicación de la histórica ley de amnistía aprobada para presos políticos en el país suramericano.

    Rodríguez expresó sentirse “muy complacida” tras recibir en el palacio presidencial de Miraflores a la comisión que dará seguimiento al cumplimiento del proceso de amnistía. En el acto estuvieron presentes el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. La mandataria firmó la legislación para su publicación en la Gaceta Oficial y su inmediata entrada en vigencia.

    Asimismo, pidió que se evalúen casos que no estén contemplados en la nueva normativa, con el objetivo de “curar heridas, reencauzar la convivencia democrática” y fortalecer la justicia. “Yo pido a toda Venezuela que nos aboquemos a esa tarea tan fundamental como una de las grandes virtudes de nuestra república, que debe ser la justicia”, afirmó.

    Tras el acto, el presidente del Parlamento señaló ante medios de comunicación que la ley puede sentar bases para mirar hacia el futuro y abrir un nuevo camino de paz en Venezuela. Ratificó que la comisión de seguimiento, integrada por 23 diputados, recibirá tanto los casos incluidos en la ley como los de cualquier persona que considere que su proceso debe ser revisado.

    Este día, el Parlamento venezolano aprobó por unanimidad la amnistía para presos políticos vinculados a episodios de crisis ocurridos entre 2002 y 2025, excluyendo a quienes promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra el país.

    La medida se enmarca en el “nuevo momento político” anunciado por Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero. La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en Venezuela, luego de más de 400 excarcelaciones iniciadas el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.

     

  • Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos

    Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos

    La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este jueves, por unanimidad, una ley de amnistía dirigida a presos políticos condenados por hechos vinculados a episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025. La normativa excluye expresamente a quienes hayan promovido o participado en acciones armadas o de fuerza contra la población, la soberanía o la integridad territorial del país suramericano.

    La legislación deja fuera de la amnistía los delitos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas y los contemplados en la ley contra la corrupción. Asimismo, excluye a personas procesadas o condenadas por “promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de Venezuela, con apoyo de “Estados, corporaciones o personas extranjeras”.

    Los diputados acordaron conceder el beneficio por hechos o “faltas cometidas” en distintos momentos de tensión política, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de 2002 e inicios de 2003, así como las protestas antigubernamentales registradas en 2013, 2017 y 2024. Para supervisar la aplicación de la ley, se designó una comisión especial integrada por 23 diputados, entre oficialistas y opositores, que desarrollará mecanismos para asegurar su cumplimiento y podrá contar con asesoría de expertos.

    En el artículo 7, que generó diferencias y llevó a posponer el debate la semana pasada, se establece que los beneficiarios deberán presentarse ante los tribunales para solicitar la amnistía. Aquellos que se encuentren fuera del país podrán realizar el trámite a través de un representante legal. Por su parte, el artículo 11 dispone que el tribunal competente verificará en cada caso el cumplimiento de las condiciones y podrá decretar la nulidad de los procesos en curso o revisar sentencias firmes mediante una “sentencia de reemplazo”, en un plazo que “no excederá de 15 días continuos”.

    La ley también aclara que las personas favorecidas que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas conforme a la legislación ordinaria.

    La iniciativa se enmarca en el “nuevo momento político” anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero. La ONG Foro Penal reporta 644 presos políticos en el país, luego de más de 400 excarcelaciones iniciadas el 8 de enero por el Gobierno encargado.