Categoría: El Mundo

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, le pidió este sábado al Consejo Nacional Electoral (CNE), tras una reunión del Consejo de Ministros, que inicie «de inmediato» un conteo «de todos los votos» de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, aún cuando el ente electoral ya declaró a los ganadores de los comicios.

«Hemos dado instrucciones para que del Congreso Nacional (Parlamento) se mande una nota al Consejo con la copia de La Gaceta para que lo inicien de inmediato, caso contrario será el Congreso Nacional el que hará el escrutinio tal como establece la Constitución de la República, en el artículo 205, numeral 7», dijo a la prensa el presidente de la junta directiva del poder Legislativo, Luis Redondo.

«Nosotros estamos pidiendo desde el Congreso Nacional de la República, en un hecho histórico, que se cuenten todos los votos de las 19.167 juntas receptoras de votos y que gane quien gane, no importa quién es el que resulte ganador, sea respetado después de que se complete el escrutinio total de las juntas receptoras de votos. Que se respete el voto de todo el pueblo hondureño», enfatizó Redondo, quien participó en la reunión del Consejo de Ministros.

El viernes, un minoritario grupo de diputados propietarios y suplentes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), en una sesión extraordinaria del Parlamento, aprobó una iniciativa de Redondo orientada a que se cuenten todos los votos.

La iniciativa fue sancionada por la presidenta hondureña y fue publicada en el diario oficial La Gaceta, en un hecho que juristas, la oposición y analistas consideran improcedente porque el CNE ya dio una declaración oficial de los ganadores de los comicios, en los que el candidato presidencial ganador fue Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional.

A la sesión del Legislativo no se le permitió el ingreso a más de 70 diputados de la oposición, según sus propias denuncias.

Asfura, según lo establece la ley, deberá asumir el próximo 27 de enero, cuando concluirá el mandato de Xiomara Castro, quien el pasado 18 de diciembre dijo que aceptaría los resultados del CNE.

Todo el material electoral está resguardado por centenares de militares y policías.

Castro convocó a la sesión del Consejo de Ministros luego de que en un mensaje dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tres días antes de las elecciones anunció su respaldo a Asfura, le pidió sostener «un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral», a 17 días de concluir su mandato y tras acusar al estadounidense de interferir en los comicios.

«Señor Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump: Le invito respetuosamente a que sostengamos un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral en Honduras», indicó Castro en un extenso mensaje en la red social X.

En particular, anotó, «sobre sus pronunciamientos públicos en la red social X a favor del ciudadano Nasry Asfura, los cuales influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático y afectaron a nuestra candidata».

«Al mismo tiempo, me dirijo al pueblo hondureño para explicar las razones por las cuales sancioné el Decreto Legislativo No. 58-2025, aprobado por 69 diputados del Congreso Nacional, mediante el cual se reafirma la soberanía de Honduras y se ordena al Consejo Nacional Electoral el conteo de los votos y actas de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre», indicó la mandataria.

Las autoridades de Guatemala extraditaron a Estados Unidos al guatemalteco Hamilton Josué Paz Fuentes, alias La Osa, requerido por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, confirmaron este sábado fuentes oficiales.

Paz Fuentes se convirtió en el primer extraditado de 2026 por delitos de narcotráfico tras agotarse las instancias jurídicas en el país centroamericano, según informó el Ministerio de Gobernación.

El operativo de entrega se realizó en las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), donde el sujeto fue puesto bajo custodia de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés).

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, La Osa es señalado de colaborar en el traslado de grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia territorio estadounidense y de blanquear capitales ilícitos para el cartel de

Sinaloa, organización que Washington designa como grupo terrorista extranjero.

La detención del presunto narcotraficante se produjo el 12 de septiembre de 2025 en el departamento de San Marcos, fronterizo con México, gracias a unidades financiadas por la oficina de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL).

Según los registros de la Policía Nacional Civil (PNC), Paz Fuentes lideraba una estructura criminal que utilizaba la vía marítima para mover droga a través de Nicaragua y El Salvador.

La justicia estadounidense, específicamente una corte de Florida, reclama al guatemalteco por el delito de conspiración para el traslado de cinco o más kilogramos de cocaína.

Cifras oficiales de la cartera del Interior detallan que, durante 2025, las fuerzas antinarcóticos capturaron a 19 personas pedidas en extradición por EE.UU. por delitos de narcotráfico.

Asimismo, desde el inicio de la administración del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, en enero de 2024, suman 38 los traficantes de droga detenidos bajo esta condición.

Debido a su posición geográfica, Guatemala funciona como un puente estratégico para los carteles internacionales que movilizan estupefacientes hacia el principal mercado de consumo. En los últimos dos años, las autoridades locales han incautado más de 28 toneladas de cocaína en el territorio nacional.

La ONG Human Rights Watch (HRW) declaró que la muerte a tiros de la estadounidense Renee Nicole Good a manos de un agente federal en la ciudad de Minneapolis el pasado 7 de enero es simplemente un «asesinato injustificado» y un ejemplo del «sistema abusivo» que practican los empleados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en sus redadas contra los migrantes sin papeles en todo el país.

En su condena del incidente, HRW vuelve a incidir en los numerosos vídeos del incidente recogidos en los móviles de los testigos e incluso por el teléfono del propio agente que mató a tiros a la mujer: Good, analiza la ONG, en ningún momento intenta arrollar a los agentes con su vehículo, como denunció en un momento la Administración estadounidense.

«El análisis de los vídeos demuestra que, cuando efectuó los disparos, el agente no podía temer razonablemente que pudiera morir o padecer lesiones físicas graves».
Human Rights Watch.

HRW denunció además que, según declaraciones de testigos, los agentes del ICE impidieron que un individuo que se identificó como médico pudiera prestar ayuda inmediata a Good. Dos testigos declararon a los medios que los vehículos del ICE estacionados en la calle obstaculizaron el paso de la ambulancia, lo que obligó a los sanitarios a llegar a pie al lugar donde agonizaba Good.

«Durante el último año, el ICE y otros agentes federales han abusado de las comunidades inmigrantes en todo Estados Unidos con impunidad», ha denunciado la directora de Crisis y Conflictos de HRW, Ida Sawyer.

«Este horrible incidente es la última señal de que sus tácticas abusivas ponen en riesgo la vida de personas que no están sujetas a las autoridades migratorias», añadió.

HRW declara que este «asesinato injustificado» se enmarca en un patrón más amplio de incidentes relacionados con el uso de armas de fuego en circunstancias cuestionables durante operativos de control migratorio, según Human Rights Watch, y detenciones a vehículos sospechosos.

La política del Departamento de Justicia, recuerda la ONG, prohíbe explícitamente a los agentes del orden disparar armas de fuego «solo para inutilizar vehículos en movimiento». Incluso cuando un «vehículo es conducido de una manera que amenaza con causar la muerte o lesiones físicas graves», un agente no puede disparar un arma de fuego si puede evitar razonablemente el daño, incluso «apartándose del camino del vehículo».

«La muerte de Good es un ejemplo horroroso de los peligros que representan las fuerzas del orden, que han sido facultadas para actuar con imprudencia, y envía un mensaje amenazante y potencialmente intimidante tanto a inmigrantes, manifestantes como a transeúntes», ha condenado Sawyer. «Las autoridades deben investigar el asesinato de forma pública y exhaustiva y garantizar que se haga justicia», remacha.

Simpatizantes chavistas se movilizaron este sábado en distintas zonas de Caracas y en varias regiones de Venezuela para exigir a Estados Unidos la liberación y el regreso del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, capturados hace una semana por fuerzas del país norteamericano en medio de una serie de ataques.

Cientos de chavistas marcharon en sectores cercanos al Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela -donde hubo ataques-, en el sur de la capital, donde autoridades locales hicieron un llamado a seguir en la calle y a respaldar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, juramentada el pasado lunes por el Parlamento tras una orden del Tribunal Supremo.

En la actividad se encontraba la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, la almirante Carmen Meléndez, quien pidió actuar «estratégicamente» con el fin de «preservar la vida» de Maduro y de Flores para que regresen a la «patria en el menor tiempo posible».

«Seguiremos movilizados, como lo hemos hecho estos siete días, en ese trabajo diario de unión nacional, rechazando ese ataque desigual, violento, de esa masacre de más de cien muertos y más de 150 heridos. Aquí nadie se rinde, aquí nadie se arrodilla a ningún imperio».
Carmen Meléndez, alcaldesa del municipio Libertador de Caracas.

Meléndez insistió en el llamado a «preservar, desde aquí, la vida» de la pareja presidencial, para lo que, aseguró, la mandataria encargada «habla de la diplomacia de paz» y del diálogo.

El viernes, Venezuela anunció el inicio de un «proceso exploratorio de carácter diplomático» con EE.UU., orientado al «restablecimiento de las misiones diplomáticas», y confirmó la llegada de una delegación de funcionarios del Departamento de

Estado estadounidense al país, al tiempo que informó de que Caracas enviará una delegación a Washington.

Por su parte, el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, explicó que esta movilización tuvo como objetivo enviar un mensaje a la Administración de Donald Trump de que el «único que puede gobernar» Venezuela «es el pueblo organizado de (Hugo) Chávez, de (Simón) Bolívar y de Maduro».

También tuvo como propósito, dijo, exigir que liberen «inmediatamente» y «envíen a Caracas a la pareja presidencial».

«Somos un solo equipo, el equipo del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama», expresó.

Fernández, además, indicó que los ataques de hace una semana «quedarán para la memoria y para la historia como la agresión más grave que ha recibido» el país.

Según el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), también hubo movilizaciones en regiones como Monagas y la insular Nueva Esparta, así como en Sucre, cuya gobernadora, la oficialista Jhoanna Carrillo, aseveró que «no permitirán que ningún extranjero gobierne la nación», según una nota de la formación.

Hoy también se cumple un año de la investidura de Maduro para un tercer mandato consecutivo, tras su cuestionada reelección en los comicios de julio de 2024, proclamada por un organismo electoral controlado por funcionarios afines al chavismo.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, le pidió este sábado a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sostener «un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral» del pasado 30 de noviembre en el país centroamericano, a 17 días de concluir su mandato de cuatro años y tras acusar al estadounidense de interferir en los comicios.

«Señor Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump: Le invito respetuosamente a que sostengamos un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral en Honduras», indicó Castro en un extenso mensaje en la red social X.

En particular, anotó, «sobre sus pronunciamientos públicos en la red social X a favor del ciudadano Nasry Asfura, los cuales influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático y afectaron a nuestra candidata».

«Al mismo tiempo, me dirijo al pueblo hondureño para explicar las razones por las cuales sancioné el Decreto Legislativo No. 58-2025, aprobado por 69 diputados del Congreso Nacional, mediante el cual se reafirma la soberanía de Honduras y se ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) el conteo de los votos y actas de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre».
Xiomara Castro, presidenta de Honduras.

Entre sus razones por las que sancionó el decreto legislativo, Castro señaló que el «CNE se ha negado injustificadamente a realizar el escrutinio de 4.774 actas, que representan el voto de 1.558.689 ciudadanas y ciudadanos en los tres niveles electorales».

«Esta omisión usurpa la soberanía popular, al desconocer sin causa legal el voto de más de un millón de hondureños que acudieron a las urnas. Constituye una grave violación a la Constitución de la República, que estoy obligada a cumplir y defender hasta el último día de mi mandato», añade.

Indicó además que el CNE no resolvió 292 impugnaciones presentadas en tiempo y forma a nivel nacional, relacionadas con inconsistencias, adulteración de actas, votos irregulares, urnas infladas, más de 500,000 votos no tienen respaldo biométrico y alteraciones del sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), fraude y compra de votos, dejando en absoluta indefensión a los candidatos de los tres niveles electorales.

«Peor aún, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en abierta violación de la ley, sin integrar su pleno y actuando únicamente con dos magistrados, negó el derecho fundamental al conteo de los votos emitidos y a 435 urnas, correspondientes al alcalde de la capital, Jorge Aldana, y a varios candidatos más», afirma Castro en su mensaje.

Dijo además que no será «cómplice del cinismo institucional de órganos electorales creados para garantizar el derecho a elegir y ser electo, que, después de la dolorosa historia de fraudes que ha vivido Honduras, especialmente en 2017, han vuelto a abdicar frente a la injerencia extranjera, en un entorno de amenazas a Estados soberanos».

«Lo que ocurre, no es una crisis de leyes, es una crisis de ética, de moral y de valentía democrática y republicana. Es el abandono del deber de construir patria sobre el principio más sagrado: la independencia nacional y el voto del pueblo», agregó.

Castro reaccionó pocas horas después de que el Gobierno estadounidense advirtió este sábado de «severas consecuencias» para Honduras ante «intentos para revertir la elección» presidencial, que ganó Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del conservador Partido Nacional y que cuenta con el apoyo público de Trump.

«Finalmente, ante las falsas informaciones que circulan y el reciente mensaje del Departamento de Estado, considero indispensable invitar formalmente al presidente Donald J. Trump a una audiencia o llamada directa, para abordar con responsabilidad, respeto mutuo y transparencia la situación electoral de Honduras», concluyó Castro.

Miles de personas marcharon este sábado por las calles de las principales ciudades de Estados Unidos en contra de la política migratoria de la Administración de Donald Trump, después de la muerte de una mujer estadounidense tras recibir varios disparos a manos un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Mineápolis.

«El ICE mata. Son fascistas. Son asesinos. Han invadido nuestra ciudad», gritaron en la concentración de Mineápolis, en la que una multitud se concentró en un parque cercano al lugar donde el agente, identificado como Jonathan Ross, disparó a Renee Good, de 37 años, en medio de una redada.

En su cuarto día consecutivo de protestas por el suceso, los vecinos de la ciudad salieron a protestar cargando imágenes de la víctima, pancartas contra Trump y carteles exigiendo el cese de las operaciones de los agentes federales en la ciudad.

«Estamos aquí para protestar por el abuso contra los derechos humanos que está haciendo este Gobierno, por el trato inhumano que le dan a las personas y por el asesinato de Renee Good».
Kelly Joyce, una vecina de Mineápolis de 65 años.

La convocatoria, organizada horas después de conocerse el suceso, se vio aún más reforzada después de que este jueves, tan solo un día después del suceso ocurrido en Mineápolis, dos venezolanos resultaran heridos tras recibir varios disparos por parte de otro agente federal en Portland, en el estado de Oregón.

«Queremos justicia y queremos respeto. Que esta administración deje de lado su retórica contra los inmigrantes. No somos delincuentes. El color de nuestra piel o que hablemos español no significa que seamos delincuentes», afirmó Daniel, de 45 años, residente en la ciudad y de origen mexicano.

En la primera fila de la concentración, Ayanna y Maggie, de 16 y 17 años, alumnas de un instituto a unos metros del lugar del incidente, denunciaron «la injusticia» de la muerte de Good y pidieron «justicia para sus vecinos» inmigrantes.

«La presencia del ICE en la ciudad está haciendo las calles menos seguras. Queremos que se vayan y que se haga justicia», declaró la primera.

Más de mil convocatorias

Además de la concentración en Mineápolis, hay más de mil protestas convocadas a lo largo del país bajo el lema «ICE out for Good», que se puede traducir como «Fuera ICE para siempre», en honor a la víctima.

En Nueva York, la manifestación agrupó la condena por los ataques de los agentes federales con el rechazo a la política expansionista de Trump y las muertes en el marco de la campaña contra el narcotráfico en el Caribe.

«‘¡No a las guerras! ¡No a los reyes! ¡No al ICE!», recogió la convocatoria.

En Washington, un grupo de personas se concentró frente a la Casa Blanca para pedir el fin de los ataques contra los inmigrantes y condenar la violencia producida en los últimos días por agentes federales.

«Esto es solidaridad, porque las personas decentes creemos en los seres humanos. Creemos en la diversidad y en nuestros vecinos inmigrantes y por eso la gente se está levantando», apuntó Joyce en Mineápolis, respecto a la respuesta del resto del país.

Protestas pacíficas

Las concentraciones en las principales ciudades se desarrollaron con orden y sin incidentes reseñables.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, instó este sábado a las protestas pacíficas y a «no morder el anzuelo» de Trump, afirmando que este desea que «los agitadores se apoderen de la multitud de manera que lesionen a otros o dañen propiedades».

Frey, que aseguró que «la mayoría de la gente lo ha hecho bien» en las protestas, revindicó que Mineápolis es una «ciudad segura» y no responderá a Trump con más «caos».

Las tensiones entre el Gobierno Trump y las autoridades de la ciudad y del estado no han hecho más que crecer después de que el FBI haya vetado el acceso a las pruebas a los agencias del estado de Minnesota, según denuncian el alcalde de la ciudad y el gobernador, Tim Walz.

El Departamento de Seguridad Nacional advirtió este sábado en X contra las agresiones a los agentes en los eventos: «Un recordatorio, si ponen un dedo encima de un oficial o agente federal, afrontarán todo el peso de la ley».

El Gobierno de Estados Unidos alertó este sábado que hay milicias armadas en Venezuela que buscan a estadounidenses o pruebas de «apoyo a EE.UU.» y reiteró el llamado a sus ciudadanos para que no viajen o salgan «inmediatamente» del país caribeño al reanudarse los vuelos internacionales.

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado actualizó su recomendación para Venezuela, que sigue teniendo el nivel más alto de riesgo para los estadounidenses, para dar a conocer los reportes sobre las milicias y pedir «precaución» a los ciudadanos que están en el país suramericano.

«Antes de salir, los ciudadanos estadounidenses deberían tomar precauciones y conocer su entorno. Hay reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, cortando carreteras y registrando vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos».
Aviso del Gobierno de EE.UU. para sus ciudadanos en Venezuela.

La «situación de seguridad en Venezuela sigue siendo fluida», señala el texto publicado en la web de la Embajada de EE.UU. en ese país, una semana después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y del establecimiento de un Ejecutivo encargado liderado por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Las autoridades estadounidenses instan a los estadounidenses que sigan en Venezuela a tomar medidas de precaución «en los viajes por carretera» y a revisar la información actualizada de las aerolíneas que vuelven a operar en el país, y recuerda que sigue habiendo cortes de electricidad y servicio intermitente.

El Gobierno de EE.UU. mantiene la recomendación de no viajar a Venezuela para sus ciudadanos y les advierte de que afrontan «riesgos graves» como detención ilegal, tortura en custodia, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de leyes locales, crimen, disturbios civiles y malas infraestructuras sanitarias.

El Departamento de Estado de EE.UU. retiró en marzo de 2019 a todo su personal diplomático de la embajada estadounidense en Caracas y tanto sus operaciones como sus servicios consulares, incluidos de emergencia, siguen suspendidos, recuerda el texto, aunque su sitio web permanece activo.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron este sábado una segunda ronda de bombardeos en Siria contra objetivos del Estado Islámico (ISIS) como represalia por la muerte de tres estadounidenses en diciembre, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Los ataques a «gran escala», con el apoyo de «fuerzas aliadas», ocurrieron a las 12:30 horas del este de Estados Unidos (17:30 GMT) contra «múltiples objetivos» de la agrupación, precisó el Centcom en un comunicado, que no detalló víctimas ni regiones atacadas.

«Los ataques hoy apuntaron a ISIS a lo largo de Siria como parte de nuestro persistente compromiso para erradicar el terrorismo islámico contra nuestros combatientes, prevenir futuros ataques, y proteger a las fuerzas estadounidenses y asociadas en la región».
Centcom.

El Centcom explicó que la agresión ocurrió como parte de la ‘Operation Hawkeye Strike’ (‘Operación Ojo de Halcón’), que ordenó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 19 de diciembre, cuando hubo un primer ataque con decenas de objetivos contra infraestructuras y depósitos de armas del grupo terrorista en Siria.

La operación fue una represalia por la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses una semana antes, el 13 de diciembre, en la localidad de Palmira, en un ataque yihadista.

«Nuestro mensaje sigue fuerte: si hieres a nuestros combatientes, te encontraremos y mataremos en cualquier parte del mundo, no importa qué tan fuerte intentes evadir la justicia», advirtió el Centcom.

Desde la segunda llegada de Trump a la Casa Blanca, hace un año, Estados Unidos ha realizado acciones militares en seis países (Yemen, Somalia, Irán, Nigeria, Siria y Venezuela), la mayoría de ellas bombardeos selectivos con aviones o drones contra objetivos que Washington considera estratégicos.

Combatir el terrorismo yihadista y el narcotráfico han sido los principales argumentos de la Administración Trump para esos ataques.

«Estados Unidos y fuerzas de coalición permanecen decididas en perseguir a los terroristas que dañan a Estados Unidos», mencionó el Centcom, aunque no identificó a los países que apoyaron a las tropas estadounidenses.

El presidente estadounidense, Donald Trump, decretó este sábado una «emergencia nacional» para proteger en cuentas del Tesoro de Estados Unidos los ingresos por las ventas del petróleo de Venezuela, lo que evitaría que acreedores de la deuda externa venezolana reclamen los fondos.

La Casa Blanca afirmó en un comunicado que «el presidente Trump está previniendo la incautación de ingresos por el petróleo venezolano que podrían socavar los esfuerzos críticos de EE.UU. para garantizar la estabilidad política y económica de Venezuela».

La orden «bloquea cualquier embargo, juicio, decreto, derecho de retención, ejecución, o cualquier otro proceso judicial contra» fondos que estén en cuentas del Gobierno de Estados Unidos derivados de las ventas de petróleo venezolano, y «prohíbe transferencias o tratos» de estos recursos.

El decreto se publica tras la reunión de este viernes entre ejecutivos petroleros y Trump, quien ofreció a las principales empresas de hidrocarburos del mundo «protección y seguridad del gobierno» a largo plazo para concretar su meta de que inviertan 100,000 millones de dólares en Venezuela.

La medida también reafirma el anuncio del secretario de Energía, Chris Wright, quien el miércoles avisó que Estados Unidos controlará de forma «indefinida» las ventas de crudo venezolano y depositará en cuentas del Gobierno estadounidense el dinero derivado de esas transacciones para «beneficiar al pueblo de Venezuela».

«La orden afirma que los fondos son propiedad soberana de Venezuela mantenidos bajo custodia de EE.UU. para propósitos gubernamentales y diplomáticos, que no están sujetos a reclamos privados», indicó la Casa Blanca.

Washington argumentó en la medida que «permitir el embargo de esos fondos directamente pondría en riesgo los objetivos de EE.UU., que incluyen frenar el influjo de inmigrantes ilegales y de narcóticos ilícitos», que identifica como las principales justificaciones de su intervención en Venezuela.

Tras la expropiación petrolera que realizó el fallecido gobernante venezolano Hugo Chávez, ha habido cerca de 60 arbitrajes desde el 2000 contra Venezuela por un valor estimado total de $30,000 millones, casi el 15 % de su deuda internacional, según datos del Center on Global Energy Policy (CGEP), de la Universidad de Columbia.

Ejecutivos petroleros expresaron este viernes a Trump su escepticismo de invertir en Venezuela al citar la incertidumbre regulatoria y las expropiaciones realizadas por el chavismo.

Medios nicaragüenses informaron que este sábado el dictador Daniel Ortega ordenó la liberación de «decenas de presos políticos» con «motivo de la conmemoración de nuestro 19 aniversario», reportó La Prensa.

«El Pueblo Presidente anuncia a Nicaragua Bendita y Siempre Libre, que con motivo de la Conmemoración de nuestro 19 Aniversario, han retornado a sus Hogares y Familias decenas de Personas que permanecían en resguardo de las Autoridades Pertinentes», informó el Gobierno nicaragüense en un comunicado.

Según el reporte, la régimen Ortega-Murillo emitió una misiva donde señaló que los reos de conciencia retornaron a sus hogares, tras estar en resguardo de las autoridades.

El Gobierno nicaragüense no aportó detalles de los liberados, pero EFE pudo confirmar con sus familiares la liberación de al menos siete opositores: Jessica Palacios, Mauricio Alonso, Mario Rodríguez Serrano, Pedro López, María José Rojas, Óscar Velásquez y el pastor evangélico, Rudy Palacios.

El medio local Divergentes confirmó la liberación de al menos 30 presos políticos, mientras que otros medios manejan un número de excarcelados menor.

Ayer, a través de la embajada de Estados Unidos en Nicaragua abogó por la liberación de los presos políticos en ese país.
«Venezuela dio un paso importante hacia la paz al liberar a un gran número de presos políticos. En Nicaragua, más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos. ¡La paz solo es posible con libertad!», informó la embajada en un mensaje en X.

Antes del mensaje de la embajada estadounidense, el movimiento político opositor nicaragüense Unión Democrática Renovadora (Unamos) también recordaba que «en Nicaragua hay más de 60 personas presas por razones políticas», demandando cuanto antes «su libertad».

Este sábado la dictadura cumple 19 años de haber llegado al poder, presidido por Daniel Ortega y copresidido por su esposa, Rosario Murillo.