La Unión Europea, Portugal y Moldavia fueron este miércoles los primeros en firmar el Convenio sobre Protección del Medio Ambiente a través del Derecho Penal, que sienta las bases para una respuesta penal coherente de los Estados ante los delitos ambientales, incluso cuando tienen una dimensión transnacional.
Así lo informó hoy el Consejo de Europa en un comunicado en el que destacó que se trata de «una iniciativa histórica para la protección del medioambiente mundial», por lo que su secretario general, Alain Berset, instó encarecidamente a todos los demás Estados miembros a rubricar y ratificar el convenio.
«Debemos redoblar nuestros esfuerzos colectivos para proteger el medioambiente y combatir los delitos ambientales que amenazan nuestro futuro», subrayó Berset.
El convenio forma parte de la acción global del Consejo de Europa en materia de medioambiente y pretende ser una respuesta colectiva a la «triple crisis planetaria» del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.
Este nuevo tratado aborda los aspectos penales de los delitos ambientales y proporciona un marco jurídico sólido para combatir los delitos ambientales graves que, hasta ahora, a menudo han quedado impunes o han sido insuficientemente procesados.
Elaborado por los Estados miembros del Consejo de Europa, con la contribución de la Santa Sede, la Unión Europea, las Naciones Unidas, Interpol y la sociedad civil, este nuevo tratado incide en que «la destrucción del medioambiente no solo es un fracaso político, sino que también puede constituir un delito penal que requiere instrumentos jurídicos sólidos y cooperación internacional».
La firma del tratado por parte de la Unión Europea confirma su apoyo a los objetivos de la convención, destacó el Consejo de Europa.
La convención define una amplia gama de delitos ambientales y permite a los Estados enjuiciar a quienes causen intencionalmente desastres ambientales que constituyan ecocidio.
Las disposiciones relativas a la responsabilidad corporativa, las sanciones y la delincuencia organizada reflejan, por su parte, la naturaleza cambiante de los delitos ambientales y sus vínculos con las redes criminales transnacionales.
La convención incluye igualmente un mecanismo de seguimiento para garantizar su aplicación efectiva y la rendición de cuentas.La prioridad inmediata es conseguir diez ratificaciones, de las cuales al menos ocho deben provenir de Estados miembros del Consejo de Europa, el mínimo necesario para que el tratado entre en vigor.
Solo después se podrán desplegar las herramientas jurídicas necesarias para establecer la responsabilidad penal de quienes cometan delitos ambientales.
La lucha contra los delitos ambientales no conoce fronteras, y el convenio también se abrirá a la adhesión de Estados no miembros del Consejo de Europa a su debido tiempo.
«Instamos a los gobiernos a actuar con rapidez para que estas salvaguardias vitales puedan implementarse lo antes posible», enfatizó el secretario general del Consejo de Europa.
