El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, «quiere» que se celebren elecciones, pero opinó que el país todavía «no está preparado» para unos comicios, aunque espera que se celebren «pronto».
Trump dio estas declaraciones tras el acuerdo con el Gobierno de Rodríguez que da a Estados Unidos control sobre una parte del petróleo venezolano, el cual ha sido criticado por quienes consideran que Washington ya no está interesado en la democratización del país. «No creo que estén preparados todavía.
Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el Gobierno. Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Es muy respetada y nosotros queremos eso (elecciones) y ellos también lo quieren. Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados», dijo a la prensa en la Casa Blanca.
El republicano agregó que, si bien considera que el país todavía no está preparado, cree que puede haber elecciones próximamente.
«Todavía no están preparados. Pero pronto. Esperamos poder hacerlo pronto», declaró. Después de que Estados Unidos capturara y depusiera a Nicolás Maduro en enero pasado, la Administración de Trump estrechó relaciones con el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez, quien fuera vicepresidenta del Ejecutivo chavista, y restableció las relaciones diplomáticas con Caracas. Trump anunció la semana pasada un acuerdo, que calificó de «histórico», por el que Estados Unidos tendrá el control de la explotación de 17 yacimientos petrolíferos de Venezuela que albergan cerca de una quinta parte de las reservas de crudo del país.
El acuerdo ha sido criticado por sectores que consideran que el pacto demuestra que Washington no está interesado en la democratización de Venezuela, sino únicamente en obtener acceso a su petróleo. La Administración de Trump sostiene oficialmente que sigue buscando que se celebren elecciones en el país, pero que primero se debe revitalizar su economía mediante este acuerdo petrolero
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó este miércoles que la ruta para “recuperar la patria” pasa por volver a ganar elecciones, aunque aseguró que su prioridad no es regresar personalmente a la Presidencia, en medio de lo que denuncia como una operación política para vincularlo con el narcotráfico y cerrarle el camino de retorno a Ecuador.
“La prioridad no es que yo regrese al poder, la prioridad es recuperar la patria”, dijo Correa en una entrevista con EFE en Ciudad de México, al afirmar que el primer paso para lograr este cometido es “ganar las elecciones”.
El exmandatario, que gobernó entre 2007 y 2017, sostuvo que existe una estrategia para presionar a delincuentes o personas vinculadas a su movimiento a fin de que lo acusen de recibir recursos del narcotráfico.
Según Correa, ese mecanismo forma parte de una ofensiva de la derecha latinoamericana y “está coordinado desde el norte”, una acusación que extendió a las persecuciones judiciales que, a su juicio, han sufrido dirigentes como el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y los expresidentes de Bolivia, Evo Morales (2006-2019); de Argentina, Cristina Fernández (2007-2015), y Colombia, Gustavo Petro (2022-2026).
Correa, de 63 años, vinculó esa estrategia con el reciente encarcelamiento de José Serrano, su exministro del Interior, a quien calificó como un antiguo colaborador que después lo “traicionó”, pero rechazó la acusación que lo relaciona con el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y la calificó de “ridícula” y «cantinflesca».
También, interpretó como una amenaza política el mensaje del presidente, Daniel Noboa, tras la llegada de Serrano a Ecuador, en el que escribió dirigido a Correa: “Ya mismo te toca a ti”.
El expresidente afirmó que tiene asilo político en Bélgica y sostuvo que cinco países le concedieron protección, además de asegurar que Interpol ha rechazado numerosas solicitudes de alerta roja relacionadas con su caso, con lo que, aseguró, ha demostrado que existe una persecución política en su contra.
Sobre su condena en el caso Sobornos, Correa volvió a denunciar persecución judicial y aseguró que fue sentenciado sin pruebas.
También, criticón a Lenín Moreno (2017-2021), quien llegó a la Presidencia ecuatoriana respaldado por su movimiento y después rompió con él.
Correa lo acusó de traicionar el programa con el que fue elegido, perseguir a antiguos compañeros y promover acusaciones de corrupción contra su Gobierno.
Tras la reciente condena de Moreno, Correa sostuvo que se demostró que su antiguo vicepresidente era corrupto y sugirió que Estados Unidos pudo conocer esa situación y utilizarla para favorecer su ruptura política.
Pese al panorama, Correa insistió en que su proyecto no renunciará a recuperar el poder político y afirmó que Ecuador atraviesa una “dictadura” que, según él, obstaculiza la participación electoral de su movimiento en próximas elecciones locales de Ecuador, donde su partido, la Revolución Ciudadana (RC) ha sido suspendido a solicitud de la Fiscalía por una investigación por presunta financiación irregular de sus últimas campañas electorales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este miércoles cambiar el nombre del estrecho de Ormuz para bautizarlo como «estrecho de Trump», al asegurar que Washington tiene actualmente el control de este estratégico paso marítimo.
«Ahora que está bajo control de Estados Unidos, ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por el de estrecho de Trump?», señaló el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en redes sociales.
Trump sostuvo que un eventual cambio de nombre provocaría que tanto el estrecho de Ormuz como «el propio Estados Unidos» estuvieran «más candentes que nunca», en momentos de fuertes tensiones en la región.
La propuesta sigue la línea de anteriores iniciativas de Trump para modificar nombres geográficos, una política que también impulsó respecto al lago Ontario durante las disputas comerciales de Washington con Canadá.
Las declaraciones del mandatario se producen después de los últimos bombardeos de Estados Unidos contra Irán, que elevaron nuevamente la tensión entre Washington y Teherán.
La Guardia Revolucionaria iraní respondió a las operaciones estadounidenses con ataques contra intereses de Estados Unidos en la región, aumentando los temores sobre una escalada de las hostilidades.
El intercambio de ataques ocurre en un escenario de creciente incertidumbre sobre la evolución del enfrentamiento y la posibilidad de que las acciones militares deriven en un conflicto de mayores dimensiones en Oriente Próximo.
El estrecho de Ormuz se encuentra así nuevamente en el centro de las tensiones regionales, mientras Trump reivindica el control estadounidense del paso y plantea ahora que lleve su propio nombre.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, cuestionó la reforma impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y anticipó acciones de Washington coincidiendo con una próxima reunión ministerial de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA).
«La Asamblea Nacional de los Murillo-Ortega destripó lo que quedaba de la democracia de Nicaragua en la segunda reescritura constitucional en dos años», denunció Rubio en un mensaje publicado en redes sociales tras conocerse la aprobación de los cambios.
El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que Washington «implementará medidas» durante la próxima reunión ministerial de la OEA «para asegurar que nuestro hemisferio deje de hacer negocios como de costumbre con esta dictadura».
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó de manera unánime y en primera legislatura la reforma constitucional que impide participar en procesos electorales a ciudadanos considerados «traidores a la patria» o «golpistas» por el Gobierno nicaragüense.
Los cambios también amplían de seis a siete años el mandato presidencial, además de modificar las condiciones para acceder a cargos de elección popular. La reforma todavía necesita una segunda aprobación legislativa durante 2027 para entrar oficialmente en vigencia.
El anuncio estadounidense eleva la presión internacional sobre la dictadura de Ortega y Murillo, mientras la OEA se prepara para abordar la situación política nicaragüense. Según las declaraciones de Rubio, las próximas acciones buscarán involucrar al resto de países del continente en la respuesta hacia Managua.
Washington no detalló en la información divulgada cuáles serán las medidas específicas ni contra quiénes estarán dirigidas. Su implementación, de acuerdo con Rubio, coincidirá con la próxima reunión de cancilleres de la OEA y responderá directamente a las recientes modificaciones constitucionales aprobadas en Nicaragua.
Un salvadoreño de 24 años fue encontrado muerto este miércoles en el apartamento donde residía en Vigevano, provincia de Pavía, Italia, después de haber sido víctima de un ataque homófobo el pasado 21 de agosto. Las autoridades italianas investigan las circunstancias del fallecimiento, informó la agencia italiana de noticias ANSA.
El cuerpo fue descubierto por un joven que reside en el mismo edificio y que alertó a las autoridades. Agentes de la Policía Estatal y de la Policía Científica acudieron al inmueble para realizar las primeras diligencias y recopilar evidencias que permitan reconstruir lo sucedido.
El salvadoreño -cuya identidad no ha sido revelada- había sufrido una agresión el 21 de agosto en Vigevano, cuando dos personas lo atacaron. Según la reconstrucción disponible del incidente, los agresores profirieron insultos homófobos contra el joven antes de empujarlo al canal Naviglio.
La agresión generó preocupación por la violencia y discriminación relacionadas con la orientación sexual. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no establecieron que ese ataque tenga relación directa con la posterior muerte del salvadoreño.
Los investigadores realizan las diligencias necesarias para determinar la causa del fallecimiento. La información disponible tampoco precisa las condiciones en las que fue localizado el cuerpo ni establece si presentaba señales de violencia.
La Policía recopila evidencias dentro del apartamento y las investigaciones podrían incluir entrevistas con personas cercanas al joven o que tengan información sobre sus últimos movimientos antes de ser encontrado sin vida.
Los análisis forenses y las diligencias que determine la autoridad judicial serán fundamentales para establecer las circunstancias de la muerte. Los investigadores mantienen abiertas las distintas líneas mientras esperan los resultados de los exámenes correspondientes.
Las autoridades deberán esclarecer si el fallecimiento respondió a causas naturales, un acto voluntario o un episodio violento, así como determinar si existe alguna conexión con la agresión sufrida el 21 de agosto.
Una semana después de que una inundación arrasara parte del centro de Nepal, Libes Raj Shakya recuerda que la advertencia llegó a gritos de un empleado de una escuela que recorría el mercado avisando de que el agua se acercaba.
«Tuvimos solo tres minutos para escapar«, relata Shakya a EFE al reconstruir la mañana del 26 de agosto, cuando una enorme masa de agua, barro y escombros descendió por el sistema de los ríos Bhote Koshi y Trishuli y arrasó a su paso viviendas, carreteras y puentes.
Shakya estaba todavía en casa cuando, según su relato, Sazal Shrestha, contable de una escuela de la zona y a quien describe «como un hermano», recibió una llamada desde Dhunche, en el distrito de Rasuwa, advirtiéndole de que una gran crecida avanzaba río abajo.
Primero alertó a la escuela y después salió a correr por el mercado.
«Corría por todo el mercado gritando con todas sus fuerzas para que todos corrieran y se salvaran», recuerda Shakya.
Catorce minutos en la escuela, tres en el mercado
El relato coincide en varios puntos con la reconstrucción de la evacuación de la Tribhuvan Trishuli Secondary School, en Bidur, donde el contable irrumpió gritando que se acercaba la inundación después de recibir una llamada de un familiar desde Rasuwa.
El director del centro, Rajendra Dawadi, contó que más de 900 alumnos y 16 trabajadores se encontraban entonces en la escuela y que tuvieron unos 14 minutos para evacuarlos antes de que la inundación alcanzara el lugar. El colegio ya no existe y el terreno donde se levantaba forma ahora parte del cauce del río.
Para Shakya, que se encontraba en otro punto de la zona afectada, el margen fue mucho menor.
«Cuando estábamos cerrando las tiendas e intentando salir, el agua ya venía detrás de nosotros. Seguimos corriendo para salvar nuestras vidas mientras la inundación nos perseguía», recuerda. Su familia consiguió escapar, pero la inundación se llevó todo.
«Milagrosamente, todos los miembros de nuestra familia sobrevivieron. Tenemos suerte simplemente de estar vivos», afirma.
Los destrozos provocados por la riada que asoló el norte de Nepal.
Casi 680,000 mensajes de alerta
Su relato introduce, sin embargo, una diferencia entre el funcionamiento del sistema oficial de alerta y la forma en la que al menos algunos vecinos aseguran haber sabido que tenían que huir.
El informe técnico de la División de Pronóstico de Inundaciones establece que hacia las 9:00 las autoridades supieron que una gran inundación había entrado en el Bhote Koshi desde el Tíbet, después de que las estaciones automáticas situadas aguas arriba dejaran de transmitir sin haber alcanzado previamente sus niveles de peligro.
A las 9:15 comenzaron a difundirse advertencias a las comunidades situadas río abajo y, desde las 9:16, las telefónicas nepalíes Nepal Telecom y Ncell enviaron un total de 679,295 mensajes de alerta a residentes de zonas vulnerables de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Chitwan.
Shakya asegura que en su vecindario no habían recibido ninguno de esos avisos antes de escuchar los gritos del contable.
«Todas las noticias decían que la gente había sido informada 30 minutos antes y que el jefe comunal había ido de puerta en puerta avisando a todo el mundo», afirma. «Pero en nuestro barrio nadie había recibido ninguna advertencia oficial. Nosotros lo supimos únicamente por Sazal dai», dice usando la expresión «dai» para referirse a «el hermano mayor».
Salvó a su padre, volvió por su madre
La misma advertencia que permitió escapar a Shakya tuvo un desenlace distinto para la familia del hombre que había dado la alarma.
Según Shakya, después de avisar a la escuela y recorrer el mercado, Shrestha regresó a su casa, donde su padre no podía caminar, lo subió a una motocicleta y consiguió llevarlo hasta una zona elevada. Después volvió por su madre. Para entonces, la riada se la había llevado.
El director de la escuela ha confirmado que el contable consiguió poner a salvo a su padre y regresó después para buscar a su madre, pero encontró que la vivienda había sido arrasada y ella permanecía desaparecida.
«Salvó a madres, estudiantes y residentes», dice Shakya sobre su amigo. «Pero no pudo salvar a su propia madre», lamenta.
La velocidad con la que se desencadenó la catástrofe dejó además parcialmente ciego al propio sistema diseñado para anticiparla. Las estaciones hidrológicas de la parte alta del río dejaron de transmitir al ser alcanzadas por la crecida cuando sus últimas mediciones todavía estaban por debajo de los niveles establecidos para activar las alertas.
Una semana después, Nepal contabiliza más de mil muertos y unos cinco mil desaparecidos, según el primer informe de situación de la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres.
Shakya puede enumerar lo que perdió en aquellos minutos, lo que conserva es quienes echaron a correr cuando llegó el agua.
«Todos sobrevivimos», dice y repite, «tenemos suerte de estar vivos».
La campaña de ataques de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y frente a las costas latinoamericanas del Pacífico cumplió este miércoles un año, con al menos 227 muertos y sin perspectivas de que Washington ponga fin al operativo militar.
La primera acción ocurrió el 2 de septiembre de 2025, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, informó desde el Despacho Oval de la Casa Blanca que el Pentágono había «neutralizado» una «embarcación que transportaba droga, una gran cantidad de droga» en aguas del Caribe. Posteriormente, el mandatario divulgó un video desclasificado de 29 segundos que mostraba una lancha destruida mediante un «ataque cinético».
Trump aseguró entonces que los ocupantes eran «narcoterroristas» vinculados al Tren de Aragua, organización criminal originaria de Venezuela, y reportó la muerte de 11 personas. Posteriormente se conoció que dos lanchas fueron atacadas durante esa acción y que una segunda descarga alcanzó a dos supervivientes que permanecían en el agua y que finalmente murieron.
La Administración Trump sostuvo que el segundo ataque estuvo dentro de la legalidad y que era necesario para destruir completamente el cargamento de droga. Sin embargo, expertos jurídicos y miembros del Congreso estadounidense señalaron que la acción pudo constituir un crimen de guerra. La controversia no frenó la campaña, posteriormente denominada Lanza del Sur.
Después del primer operativo, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) comenzó a informar regularmente sobre nuevos ataques, principalmente a través de redes sociales y con datos incompletos. Los recuentos elaborados por diversos medios y otras entidades señalan que al menos 68 embarcaciones fueron destruidas y no menos de 227 personas murieron, mientras que únicamente se documentó el rescate de tres supervivientes.
Lanza del Sur también formó parte de la estrategia de presión militar de Washington contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue capturado por el Pentágono el 3 de enero durante una infiltración en Fuerte Tiuna, en Caracas. La Casa Blanca, sin embargo, no ha anunciado planes para terminar la operación antidrogas.
La creación de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), integrada por Estados Unidos y otros 18 países de Latinoamérica y el Caribe, apunta a una mayor cooperación regional en seguridad. «La victoria consiste en que todo el territorio de nuestros socios esté bajo el control de esos Gobiernos afines. En otras palabras; cuando Colombia sea capaz de controlar su propio territorio, y no los cárteles, cuando Ecuador pueda controlar su territorio, y no los cárteles, o cuando Venezuela controle su territorio, y no los cárteles», explicó un funcionario estadounidense con motivo del aniversario del operativo.
Según esa fuente, la campaña provocó «reducciones récord» en las actividades marítimas ilícitas detectadas por el Comando Sur, con una disminución del 65 % en el Caribe occidental, 60 % en el Caribe oriental y casi 50 % frente a las costas del Pacífico. «Los estamos obligando a cambiar de ruta. Los estamos obligando a gastar más dinero. Los estamos obligando a asumir mayores riesgos», aseguró el funcionario sobre la presión contra los cárteles y organizaciones criminales, una veintena de las cuales fueron declaradas organizaciones terroristas extranjeras por Washington desde el regreso de Trump al poder en enero de 2025.
Una jueza de Honduras dictó auto de formal procesamiento contra el exjefe de las Fuerzas Armadas Roosevelt Hernández por presuntos ataques a la libertad de prensa, a raíz de una denuncia presentada por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) por una publicación que llamó “sicarios” a varios comunicadores.
Hernández, quien sostiene que enfrenta censura, continuará el proceso con medidas distintas a la prisión preventiva. La Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia presentó a finales de julio el requerimiento fiscal contra el exjefe militar.
El proceso se remonta a mayo de 2025, cuando el CPH denunció ante instancias nacionales e internacionales a las Fuerzas Armadas por una publicación divulgada en uno de sus medios oficiales que calificó de «sicarios» a varios periodistas. El gremio consideró que el señalamiento ponía en riesgo la integridad de los comunicadores y atentaba contra la libertad de prensa.
La publicación apareció en el periódico FF.AA. Digital bajo el titular ‘Sicarios de la verdad’ y fue acompañada por fotografías de al menos tres periodistas y el logotipo del CPH. Francisco Pascua, abogado de cuatro periodistas que participan en el proceso, entre ellos el presidente del gremio, Juan Carlos Sierra, aseguró que presentó «suficiente acervo probatorio para acreditar la afectación al bien jurídico de la libertad de expresión y la comisión del delito y la posible participación del imputado».
La defensa de los periodistas informó que la jueza resolvió dictar auto de formal procesamiento contra Hernández, aunque aplicó medidas diferentes a la prisión preventiva. El exjefe militar, por su parte, declaró ante periodistas que le han limitado su libertad de expresión y recordó que durante las elecciones primarias e internas del 9 de marzo de 2025 hubo una «conspiración» en su contra y fue acusado de atentar contra la democracia.
Los cuestionamientos contra Hernández durante esos comicios surgieron por una crisis relacionada con el traslado del material electoral. Autobuses contratados circularon por ciudades como Tegucigalpa e incluso permanecieron estacionados en algunos lugares con maletas electorales en su interior, situación que retrasó las votaciones en varios centros. La legislación hondureña asigna a las Fuerzas Armadas el transporte, distribución y vigilancia del material electoral.
La investigación de la Fiscalía incluyó denuncias formales, diligencias previas al juicio, un peritaje especializado del material audiovisual y digital y testimonios incorporados al expediente. El Ministerio Público busca establecer si las publicaciones vulneraron la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, derechos reconocidos por la Constitución de Honduras y tratados internacionales suscritos por el país.
Hernández también recibió cuestionamientos durante su gestión como jefe militar por su afinidad con el entonces gobernante partido Libertad y Refundación (Libre), de izquierda. El coordinador general de esa formación política y expresidente hondureño Manuel Zelaya salió públicamente en defensa del exjefe de las Fuerzas Armadas.
Un informe de la Policía Nacional de España atribuye a las fuerzas de seguridad de Marruecos la planificación y ejecución de la entrada masiva de miles de migrantes a Ceuta ocurrida el 30 y 31 de julio, al considerar que el movimiento habría tenido una finalidad distinta a la estrictamente migratoria.
El documento, elaborado por la unidad de inteligencia de la Comisaría de Extranjería del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), fue remitido el lunes a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón. Las diligencias buscan determinar si existen indicios de un eventual delito contra la integridad territorial de España.
Según la información divulgada por el medio El Español, el CENIF sostiene que la llegada masiva respondió a un proceso planificado para colapsar el sistema de control fronterizo y reducir la capacidad de respuesta española. El informe señala que la operación habría sido guiada por agentes marroquíes uniformados y de paisano, mientras la finalidad migratoria habría funcionado como cobertura.
La Policía descarta, según el contenido divulgado, que los acontecimientos fueran únicamente consecuencia de una convocatoria en redes sociales, de la actuación de redes dedicadas al tráfico de migrantes o de un movimiento espontáneo. Entre los elementos señalados figura que el 90 % de quienes ingresaron irregularmente no permanecieron en Ceuta y regresaron pocas horas después.
El CENIF había emitido el 29 de julio una primera alerta sobre el riesgo de entradas en Ceuta y Melilla previstas para el día siguiente, principalmente por vía marítima. La nota enviada a los puestos fronterizos calificaba de «riesgo extremo» la posibilidad de accesos ilegales a nado y mediante saltos de la valla «de forma coordinada».
La existencia de esa advertencia coincide con declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien aseguró ante el Congreso que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó del riesgo un día antes. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había sostenido posteriormente que no existieron informes que anticiparan una entrada masiva.
Grande-Marlaska solicitó este miércoles explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, para conocer desde cuándo disponía del documento relacionado con la llegada irregular de miles de personas desde territorio marroquí. El informe policial está acompañado de numerosas imágenes de los momentos previos y de la entrada a las playas de Ceuta.
La investigación queda ahora en manos de la Audiencia Nacional, que deberá valorar el contenido remitido por la Policía y determinar si existen elementos para continuar las diligencias por un posible delito contra la integridad territorial. Las conclusiones conocidas corresponden al informe del CENIF y atribuyen a las fuerzas marroquíes un papel en la planificación de la crisis fronteriza.
Al menos 1,127 personas murieron y otras 4,850 permanecen desaparecidas este miércoles en Nepal, cuando se cumple una semana de las devastadoras inundaciones que arrasaron poblaciones enteras en el norte y centro del país, según el último informe de la Policía nepalí.
Los equipos de búsqueda y rescate recuperaron otros 77 cuerpos durante las últimas horas, mientras que la cifra de desaparecidos aumentó en casi 1,000 personas respecto al día anterior. La restauración de las telecomunicaciones en varias de las zonas afectadas permitió a las autoridades acceder a nueva información sobre la magnitud de la tragedia.
Entre las víctimas mortales se encuentran al menos 77 niños, mientras que los equipos de emergencia recuperaron más de 400 restos humanos parciales, de acuerdo con el reporte oficial actualizado hasta las 8:00 de la mañana, hora local.
La emergencia también afecta a ciudadanos de otros países. Al menos 583 extranjeros continúan desaparecidos después de las inundaciones, mientras que las autoridades nepalíes reportan hasta el momento el rescate de 6,541 personas, entre ellas 580 extranjeros.
Ante la magnitud de los daños, el Gobierno de Nepal envió el lunes una solicitud urgente a la junta directiva del Fondo para la Respuesta a Pérdidas y Daños (FRLD), un mecanismo internacional de financiación climática, para obtener asistencia económica destinada a enfrentar las consecuencias de las mortales inundaciones.
La crecida, considerada por observadores locales como la mayor de la que se tiene memoria, elevó el nivel del agua entre 15 y 18 metros sobre el nivel habitual del río y destruyó asentamientos ubicados a lo largo de unos 72 kilómetros del río Trishuli.
Las inundaciones también destruyeron el puesto fronterizo de Rasuwagadhi-Kerung, situado en la frontera entre Nepal y China y considerado una ruta estratégica para el comercio bilateral entre ambos países. Decenas de asentamientos ubicados en la zona también resultaron afectados.
Las autoridades mantienen las operaciones de búsqueda y rescate mientras intentan dimensionar el impacto de la catástrofe en las comunidades incomunicadas. La recuperación de las telecomunicaciones podría permitir conocer nuevos reportes sobre víctimas y desaparecidos en las zonas golpeadas por las inundaciones.
