Categoría: El Mundo

  • Rusia anuncia un nuevo canje de prisioneros con Ucrania, 270 de cada bando

    Rusia anuncia un nuevo canje de prisioneros con Ucrania, 270 de cada bando

    El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este viernes un nuevo canje de prisioneros de guerra con Ucrania de 270 militares de cada bando, el mayor de los últimos meses.

    «Del territorio controlado por el régimen de Kiev regresaron 270 militares rusos. A cambio, fueron entregados 270 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania», informó el mando castrense ruso citado por la agencia TASS.

    Según Defensa, los militares canjeados se encuentran ahora en Bielorrusia, donde fueron recibidos por la defensora del pueblo rusa, Yana Lantrátova.

    Tras recibir «la ayuda psicológica y médica necesaria» los militares serán trasladados a Rusia para su posterior tratamiento y rehabilitación en centros médicos del Ministerio de Defensa ruso.

    El anterior intercambio tuvo lugar el pasado 19 de agosto, cuando Moscú y Kiev intercambiaron 103 uniformados de cada bando, que siguió al canje del 26 de junio, de 160 prisioneros de cada bando.

    En paralelo, este jueves hubo un intercambio de cadáveres entre ambos bandos en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, en el que Rusia entregó los cuerpos de 252 militares ucranianos fallecidos en el combate y recibió de la parte de Kiev 25 cuerpos de las tropas rusas, según la agencia bielorrusa Belta.

     

  • Netanyahu anuncia una operación militar a gran escala en Cisjordania ocupada

    Netanyahu anuncia una operación militar a gran escala en Cisjordania ocupada

    El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este viernes el comienzo de una operación militar a gran escala en Cisjordania ocupada, que incluirá la evacuación forzosa de residentes de barrios palestinos, registros casa por casa y la demolición de infraestructuras, tras el ataque a tiros cerca de Hebrón que dejó cinco heridos israelíes.

    «Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) entrarán en los barrios de donde surgieron los terroristas, evacuarán a los residentes, registrarán casa por casa y desmantelarán la infraestructura terrorista», afirmó Netanyahu en un videomensaje, en el que aseguró que el Ejército está preparando para una operación «a una escala no vista desde la Guerra de los Seis Días», en 1967.

    También anunció el cierre de Hebrón y de la localidad vecina de Yalyilia, y afirmó que su Gobierno estudia aplicar la misma estrategia en otras ciudades.

    El primer ministro prometió además reforzar la infraestructura de los asentamientos israelíes en Cisjordania – ilegales según el derecho internacional-, y aseguró que su Gobierno está estableciendo y regularizando más de cien nuevas comunidades en este territorio.

    El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, que visitó Hebrón junto a Netanyahu, anunció a su vez en un comunicado que el barrio del que procedían los atacantes será evacuado y que se destruirá la infraestructura que Israel considera terrorista, «siguiendo el modelo aplicado en el campo de refugiados de Yenín».

    El ataque que desencadenó la nueva respuesta militar tuvo lugar este viernes en el cruce de Judea, cerca de Hebrón. Según una fuente militar israelí consultada por EFE, los atacantes llegaron armados con un fusil M16 y una pistola y abrieron fuego contra varios israelíes. Soldados israelíes abatieron a dos de ellos, mientras el Ejército continuaba buscando a posibles implicados.

    Los servicios de emergencias atendieron a cinco heridos, dos en estado crítico, uno con heridas moderadas y otros dos leves, trasladados a hospitales de Jerusalén.

    Katz aseguró que los atacantes pertenecían a una célula de Hamás procedente de Hebrón y que pretendían perpetrar una masacre de gran envergadura contra civiles, aunque el grupo islamista palestino -que celebró el ataque e hizo un llamamiento a nuevos tiroteos contra israelíes- no se lo atribuyó.

    El anuncio de la operación coincide con la recta final de la campaña para las elecciones nacionales israelíes programadas el próximo martes, y se produce en medio de acusaciones de la oposición sobre el uso político de la seguridad.

    El jueves, el dirigente opositor Gadi Eisenkot acusó al ministro de Defensa de desviar responsabilidades políticas al advertir de posibles ataques iraníes durante la jornada electoral. Otros líderes de la oposición israelí, como Yair Lapid y Yair Golán, también cuestionaron las declaraciones del Gobierno y alertaron de posibles operaciones militares con fines electorales.

     

     

  • Alarma en Costa Rica hallazgo de armas impresas en 3D durante operativo antidrogas

    Alarma en Costa Rica hallazgo de armas impresas en 3D durante operativo antidrogas

    Las autoridades de Costa Rica alertaron el jueves sobre una nueva amenaza para la seguridad del país, luego de descubrir por primera vez cuatro armas de fuego con componentes fabricados mediante impresión 3D durante un operativo contra el narcotráfico, en el que también fueron decomisados 357 kilos de cocaína y detenidos dos ciudadanos costarricenses.

    El hallazgo ocurrió el miércoles durante un allanamiento realizado por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) en una lujosa vivienda ubicada en Uvita de Osa, en la provincia de Puntarenas, sobre la costa del Pacífico. Los dos detenidos se encontraban custodiando la propiedad donde fueron localizadas las armas y el cargamento de droga.

    El viceministro de Seguridad, Nelson Barquero, advirtió que el uso de esta tecnología representa un nuevo desafío para las autoridades, debido a las dificultades que plantea para identificar la procedencia del armamento.

    “Estas armas vienen a evadir toda la trazabilidad regional e internacional, todos los controles los evade. Esto quiere decir que las bandas criminales se están modernizando”, declaró el funcionario.

    El Ministerio de Seguridad explicó que las piezas elaboradas mediante impresión 3D pueden combinarse con componentes de armas convencionales, lo que permite fabricar dispositivos con una capacidad de fuego y letalidad similares. Esta modalidad también dificulta los controles aduaneros y los mecanismos tradicionales para rastrear el origen de las armas utilizadas por organizaciones criminales.

    Narcotráfico y homicidios preocupan a Costa Rica

    El descubrimiento ocurre en medio de un aumento de la violencia vinculada con el narcotráfico en Costa Rica, país que durante los últimos años registró alrededor de 900 homicidios anuales. Según las autoridades, aproximadamente el 70 % de estos crímenes están relacionados con el tráfico de drogas y la mayoría se comete utilizando armas de fuego.

    Las fuerzas de seguridad costarricenses desarticularon diversas organizaciones dedicadas al narcotráfico, entre ellas el denominado ‘Cártel del Caribe’, identificado como la primera estructura de este tipo en el país y vinculado con organizaciones criminales de México y Colombia.

    Las autoridades judiciales reconocen que la ubicación geográfica de Costa Rica favorece su utilización como punto de tránsito, almacenamiento y reexportación de cocaína procedente de Suramérica hacia Norteamérica y Europa.

    Las estadísticas del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) indican que, hasta agosto de 2026, las autoridades habían decomisado 40.6 toneladas de cocaína, lo que representa un incremento del 49.5 % frente al mismo período del año anterior. Durante 2025, los decomisos alcanzaron las 46.5 toneladas, la segunda cantidad más alta registrada en el país, únicamente superada por las 47.1 toneladas incautadas en 2020.

    Ante el avance de las organizaciones criminales, Costa Rica fortaleció en los últimos años su cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico. En marzo pasado, el país se incorporó a la iniciativa regional ‘Escudo de las Américas’, promovida por el presidente estadounidense Donald Trump, que busca combatir a los carteles de la droga en el continente.

     

  • Deuda pública y déficit desafían al próximo presidente brasileño

    Deuda pública y déficit desafían al próximo presidente brasileño

    El próximo presidente de Brasil, que será elegido este domingo en una segunda vuelta entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el opositor Flávio Bolsonaro, deberá enfrentar una situación económica marcada por el crecimiento de la deuda pública, un elevado déficit fiscal y la necesidad de impulsar reformas que permitan mejorar las finanzas del país.

    Uno de los principales desafíos será contener el endeudamiento estatal, que alcanza el 82.9 % del producto interno bruto (PIB), mientras que el déficit fiscal se sitúa en el 9.48 %. Ambos indicadores mantienen una tendencia ascendente y representan una amenaza para las cuentas públicas. Aunque los candidatos prometen disciplina fiscal a partir de 2027, sus propuestas presentan diferencias importantes y ninguno detalló completamente cómo ejecutará sus planes.

    Lula apuesta por incrementar la inversión pública para estimular el crecimiento económico y elevar la recaudación tributaria, con el propósito de sostener los programas sociales. Bolsonaro, por su parte, plantea reducir el gasto estatal en unos $40,000 millones, equivalentes al 3 % del presupuesto de 2026, mediante un ajuste que, según promete, no afectará los beneficios sociales. Su propuesta también incluye eliminar al menos diez ministerios y reducir el tamaño de la administración pública.

    Otro problema para el próximo Gobierno serán las elevadas tasas de interés, que actualmente se encuentran en el 13.75 %. Este nivel encarece el financiamiento, limita la inversión y aumenta las dificultades de las familias para pagar sus deudas. Aunque el Banco Central redujo ligeramente los tipos de interés, la inflación interanual del 4.58 % y los altos precios de los combustibles han impedido una flexibilización monetaria más rápida.

    Reforma tributaria y relaciones comerciales con Estados Unidos

    Brasil también deberá implementar en 2027 un nuevo impuesto indirecto destinado a simplificar el sistema tributario y fortalecer la recaudación.

    Según estimaciones preliminares del Gobierno de Lula, el impuesto al valor agregado (IVA) podría alcanzar el 28 %, aunque todavía no existe una tasa oficial. Bolsonaro propone revisar la reforma tributaria aprobada el año pasado, establecer un IVA menor y eliminar centenares de tasas y regulaciones que, según sostiene, «asfixian» a los emprendedores.

    La relación comercial con Estados Unidos será otro asunto prioritario. Brasil mantiene negociaciones con Washington para revertir los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, que afectan el intercambio con su segundo socio comercial.

    Bolsonaro considera que su cercanía política con el mandatario estadounidense facilitaría un acuerdo, mientras Lula cuestiona esa posición y advierte que su adversario sería «entreguista».

    A este escenario se suma la aplicación, en diciembre, de una reforma laboral aprobada por el Congreso que reducirá la jornada semanal de 44 a 40 horas, una medida que genera preocupación empresarial por sus posibles efectos sobre el empleo y los precios.

    Minería, petróleo y empresas estatales

    La explotación de minerales críticos y el desarrollo petrolero también figuran entre las prioridades económicas. Brasil posee la segunda mayor reserva mundial de minerales críticos, aunque su industria todavía se encuentra en una etapa inicial. Ambos aspirantes buscan fortalecer la producción nacional, pero Bolsonaro propone acelerar las inversiones mediante acuerdos con compañías extranjeras, mientras Lula defiende un mayor control brasileño sobre estos recursos.

    En el sector petrolero, el opositor plantea permitir la fracturación hidráulica para extraer hidrocarburos no convencionales, mientras el mandatario busca que Petrobras vuelva a contar con una red de gasolineras para intervenir en los precios.

    El futuro de las empresas estatales será otra decisión relevante para el próximo Gobierno, especialmente ante las dificultades financieras de algunas instituciones, como Correos, que se encuentra al borde de la quiebra. Lula propone conservar estas compañías bajo propiedad pública y recuperar su estabilidad económica, mientras Bolsonaro plantea privatizar o cerrar aquellas que considere no esenciales. Sin embargo, el opositor asegura que la petrolera Petrobras y el banco Caixa permanecerán en manos del Estado.

     

  • Estados Unidos prohíbe la entrada a 61 colombianos y bolivianos por corrupción y narcotráfico

    Estados Unidos prohíbe la entrada a 61 colombianos y bolivianos por corrupción y narcotráfico

    El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves restricciones de ingreso al país contra 61 ciudadanos de Colombia y Bolivia, entre ellos exfuncionarios, legisladores, jueces y fiscales, como parte de las medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump contra la corrupción y el narcotráfico en América Latina.

    El Departamento de Estado informó que las restricciones de visados afectan a 21 personas de Colombia, a quienes vincula con actividades que perjudican el funcionamiento de las instituciones democráticas.

    La institución estadounidense señaló que los sancionados «mediante actividades de corrupción o de narcotráfico, socavan los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política».

    Entre los colombianos incluidos en la medida se encuentran el expresidente de la empresa petrolera Ecopetrol, Ricardo Roa; el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; el senador Wadith Alberto Manzur y la diputada Karen Manrique, quien permanece detenida en Colombia por su vinculación con el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

    Las restricciones también alcanzan a los exsenadores colombianos Julio Chagui y Liliana Esther Bita, así como al exdiputado José Ignacio Mesa Betancurt. Estas personas forman parte del grupo de 21 ciudadanos a quienes las autoridades estadounidenses decidieron limitar el acceso a su territorio.

    Estados Unidos también restringe visados a 40 bolivianos

    El Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio, extendió las restricciones migratorias a otras 40 personas de Bolivia, entre ellas antiguos integrantes del Ministerio Público y funcionarios del sistema judicial, como parte de la misma campaña contra la corrupción y el tráfico de drogas.

    En la lista de ciudadanos bolivianos aparecen los exfiscales Juan Lanchipa, Félix Balderas y Armando Rojas, además del magistrado Julio César Porras, quien está al frente de la Unidad de Sustancias Controladas en Santa Cruz, según la información divulgada sobre las nuevas restricciones.

    La medida también comprende al presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada; al juez Julio Alba y al director del Servicio General de Identificación Personal, Óscar Ortiz. A ellos se suman los diputados Rafael López y Rolando Pacheco, quienes también figuran entre las personas afectadas por la decisión estadounidense.

    Entre los funcionarios de seguridad y migración incluidos se encuentran el comandante de la Policía de Tarija, Freddy Pereira; la exdirectora general de Migración, Katherine Calderón, y el exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la Fuerza Especial para Combatir el Narcotráfico (FELCN) en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Fernando Velasco.

    Las restricciones forman parte de las acciones de Washington contra personas a las que relaciona con corrupción y narcotráfico en la región.

     

  • Jueza cita a Trump a declarar el 11 de diciembre en el caso de difamación contra la BBC

    Jueza cita a Trump a declarar el 11 de diciembre en el caso de difamación contra la BBC

    Una jueza federal de Miami citó este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a prestar declaración para su demanda por difamación contra la cadena británica BBC, antes del próximo 11 de diciembre, después de que cancelara una cita previa este mes, según Político.

    Trump presentó en diciembre de 2025 la demanda, en la que acusa a la BBC de difamación por la edición «maliciosa» de un documental emitido días antes de las elecciones del 5 de noviembre de 2024, así como de vulnerar una ley de Florida sobre prácticas comerciales engañosas, y reclama $10,000 millones.

    El presidente acusa a la BBC de manipular en ese documental su discurso del 6 de enero de 2021 para sugerir que él iba a caminar con sus seguidores hacia el Capitolio y «luchar como demonios» durante el asalto a la sede del legislativo estadounidense.

    La jueza Enjoliqué Lett realizó este jueves una audiencia, en la que fijó la nueva fecha límite para que Trump declare el 11 de diciembre después de que los abogados del presidente cancelaran la anterior, prevista para el 16 de octubre.

    Los abogados de Trump argumentaron que ese día estaba ocupado con «asuntos de importancia nacional», pero los de la BBC denunciaron que el presidente estuvo haciendo campaña para las elecciones legislativas de noviembre en Georgia y después en un evento de recaudación de fondos en su mansión de Florida.

    La declaración a la que está citado Trump es un interrogatorio que forma parte del proceso de recopilación de pruebas en el caso, cuyo juicio está programado para el 15 de febrero de 2027.

    La jueza Lett además expresó estar «insatisfecha» con la entrega de documentos por parte de la defensa de Trump, cuestionó que esta haya hecho «una búsqueda exhaustiva» y amenazó con desestimar el caso si no cumple sus órdenes para cumplir con su obligación y suministrar las pruebas que requiere.

    Tanto la jueza como las partes reconocieron que la toma de declaración puede aplazarse de nuevo si otro juez, Jeffrey Kuntz, decide ampliar el calendario del caso, que actualmente fija el 18 de diciembre como fecha límite para finalizar el proceso de recopilación de pruebas.

  • Detienen en Ecuador a excandidata presidencial Luisa González por delitos de financiamiento electoral

    Detienen en Ecuador a excandidata presidencial Luisa González por delitos de financiamiento electoral

    La excandidata presidencial de Ecuador, Luisa González, fue detenida este jueves en el marco de una investigación de la Fiscalía por presuntas irregularidades en el financiamiento político y los gastos electorales de su campaña de 2023, cuando disputó la Presidencia frente al actual mandatario, Daniel Noboa.

    González, de 48 años, fue arrestada durante la madrugada en la localidad de Canuto, provincia costera de Manabí, dentro de una investigación denominada ‘Laberinto’, que indaga «presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023».

    La detención ocurre mientras la Fiscalía ecuatoriana también investiga a González y al movimiento Revolución Ciudadana (RC) en el expediente ‘Caja Chica’, abierto a principios de este año por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de dinero. Las autoridades sospechan que «ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023».

    La dirigente, quien perdió las elecciones presidenciales de 2023 y 2025 frente a Noboa, sostiene que el mandatario estaría detrás de las investigaciones judiciales contra el correísmo.

    González fue presidenta de Revolución Ciudadana desde noviembre de 2023 hasta enero de 2026 y es considerada una de las figuras políticas más cercanas al expresidente Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.

    Una trayectoria vinculada al correísmo

    Nacida en Quito en 1977, González creció en Canuto, una comunidad rural de Manabí, donde sus padres residían. Es abogada, madre soltera de dos hijos y comenzó su trayectoria dentro del movimiento político de Correa cuando este llegó a la Presidencia en 2007. En 2010 asumió como coordinadora de Agenda Estratégica del mandatario, uno de sus primeros cargos dentro del Gobierno.

    Posteriormente ocupó diferentes responsabilidades públicas, entre ellas viceministra de Gestión Turística en 2014, secretaria general del Despacho Presidencial en 2015 y secretaria nacional de la Administración Pública en 2017. También ejerció funciones diplomáticas como vicecónsul en Madrid en 2011 y cónsul en Alicante en 2017, además de desempeñarse como secretaria general de la Intendencia de Compañías de Quito.

    Tras finalizar el Gobierno de Correa, González ingresó a la Asamblea Nacional en 2021, desde donde mantuvo una fuerte oposición al entonces presidente Guillermo Lasso, cuyo mandato terminó anticipadamente en 2023 después de aplicar el mecanismo constitucional conocido como «muerte cruzada».

    Esta decisión permitió disolver el Parlamento y convocar elecciones extraordinarias para completar el período presidencial 2021-2025. En esos comicios, Revolución Ciudadana eligió a González como candidata presidencial por encima del exvicepresidente Jorge Glas, quien acumula tres condenas por corrupción y fue capturado en 2024 durante el asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito, cuando acababa de recibir asilo político.

    González continuó su oposición a Noboa después de perder las elecciones de 2023 y volvió a enfrentarlo en las presidenciales de 2025, cuando el mandatario consiguió la reelección para un período completo de cuatro años. Tanto la excandidata como Correa denunciaron un supuesto fraude electoral, aunque no presentaron pruebas fehacientes.

    El resultado otorgó a Noboa una ventaja superior a la prevista en las encuestas. La dirigente también participó en la oposición a iniciativas del Gobierno sometidas a referéndum y este año intentó, sin éxito, inscribir su candidatura a la prefectura de Manabí mediante otro partido, debido a la suspensión de Revolución Ciudadana solicitada por la Fiscalía.

     

  • Exportavoz de Trump reacciona al despido de su sucesora: «No era un trabajo para ella»

    Exportavoz de Trump reacciona al despido de su sucesora: «No era un trabajo para ella»

    Karoline Leavitt, primera secretaria de Prensa de la Casa Blanca en el segundo mandato de Donald Trump, reaccionó este jueves al despido de su sucesora, Katie Zacharia, tras su fugaz paso por el cargo, al afirmar que «no era un trabajo para ella».

    «Le deseamos lo mejor a Katie. Obviamente, ese trabajo no era para ella, pero le deseamos lo mejor a ella y a su familia», declaró Leavitt a la cadena Fox News.

    Leavitt ejerció como portavoz de la Casa Blanca desde el regreso de Trump al poder, en enero de 2025, hasta su salida en agosto pasado, después de dar a luz.

    Zacharia la sucedió, pero apenas duró cinco días en el cargo, el mandato más breve de un secretario de Prensa en la historia de la Casa Blanca.
    Trump la despidió el 16 de octubre, tres días después de su primera y última rueda de prensa, una comparecencia de apenas 14 minutos en la que se mostró nerviosa, titubeó y recurrió con frecuencia a sus anotaciones.

    La inexperiencia de Zacharia dio mucho que hablar en Washington, donde a menudo se la comparó con Leavitt, que destacaba por su agilidad y su capacidad para defender con firmeza la gestión de Trump ante las preguntas de la prensa.

    Zacharia, que procedía del área de comunicación de la empresa matriz de Truth Social, la red social fundada por Trump, tampoco logró despejar las dudas de los periodistas sobre dónde había obtenido su título de abogada.

    Periodistas de The Wall Street Journal estaban entrevistando a Zacharia en su despacho cuando el vicepresidente, JD Vance, la hizo salir para comunicarle su despido, tras lo cual ya no regresó a la oficina.

    Leavitt, que prevé incorporarse como colaboradora de Fox News, explicó que está ayudando a Trump a «seleccionar a alguien que pueda servirle bien a él y al país» como portavoz.

    «Ser secretario de Prensa de la Casa Blanca es un trabajo difícil. Lo sé porque lo hice, obviamente, durante casi dos años, y mucha gente dice que es uno de los trabajos más difíciles en política», enfatizó.

  • Argentina declara organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa, las FARC-EP y al ELN

    Argentina declara organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa, las FARC-EP y al ELN

    El Gobierno argentino del presidente Javier Milei declaró este jueves organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa, de México, y a las colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN).

    La resolución conjunta de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, publicada este jueves en el Boletín Oficial, también incluye a otras dos organizaciones: la mexicana La Nueva Familia Michoacana y la ecuatoriana Los Tiguerones.

    El Gobierno también dispuso la incorporación de las cinco organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con el objetivo de fortalecer la prevención y la detección temprana, así como facilitar el intercambio de información entre las autoridades argentinas y las de otros Estados.

    Según la norma, basada en informes reservados de ambos ministerios, la naturaleza transnacional de estas organizaciones, su capacidad operativa, su expansión regional y la diversificación de sus actividades ilícitas generan riesgos para «la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la Nación».

    La Oficina del Presidente publicó este miércoles un comunicado firmado por Milei en el que adelantó la medida.

    En la comunicación oficial definió al Cártel de Sinaloa como una «organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas» y afirmó que varios países, entre ellos Estados Unidos, ya lo habían designado como organización terrorista.

    Sobre La Nueva Familia Michoacana, el comunicado señaló que se especializa en «el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal», mientras que describió a Los Tiguerones como un grupo dedicado al «narcotráfico y sicariato», y como una de las organizaciones «más violentas de la región».

    Respecto de las FARC-EP y el ELN, la Presidencia las definió como «organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda».

    La medida fue coordinada por la Cancillería, los ministerios de Seguridad Nacional y de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que en agosto ya había incorporado al registro a Los Chone Killers, otra organización criminal ecuatoriana.

  • La campaña electoral en Brasil relega al medioambiente mientras la Amazonía arde en llamas

    La campaña electoral en Brasil relega al medioambiente mientras la Amazonía arde en llamas

    El medioambiente ha permanecido relegado en la campaña presidencial de Brasil, pese a que la nación atraviesa una nueva ola de incendios en la Amazonía e inundaciones en el sur del país, efectos de la crisis climática que se han agravado por el fenómeno de El Niño, que este año llega con una fuerza inusitada.

    Ni el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a un cuarto mandato no consecutivo a sus 80 años, ni Flávio Bolsonaro, que busca que la ultraderecha vuelva al poder, han promovido el tema en sus mítines de cara a la segunda vuelta presidencial de este domingo.

    Para Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, red ecologista que agrupa a más de 170 organizaciones del país, resulta «increíble» que después de los estragos climáticos que se vivieron en 2024 los candidatos no hayan mostrado preocupación por el tema y que la campaña solo haya dejado lugar a «escándalos de todo tipo».

    Hace dos años, la Amazonía sufrió la peor sequía de su historia y el sur del país sufrió inundaciones que dejaron más de 180 muertos y millones de damnificados.

    Esos estragos comienzan a verse de nuevo este año en esas regiones del país, aunque en proporciones mucho menores, pero a la espera de lo que pueda ocasionar El Niño, que llegará con su máxima potencia a Brasil entre noviembre y diciembre.

    Solo en el bioma, el número de focos en llamas a comienzos de esta semana ya estaba por 11.000. De seguir la tendencia hasta fin de mes se superarán los de 2024, cuando se registraron 16.170 puntos ardiendo en la selva.

    El peso ambiental de los programas

     

    El programa de Lula menciona 38 veces el cambio climático y lo presenta como una emergencia que debe orientar las políticas públicas, mientras que el del hijo del expresidente Jair Bolsonaro alude una sola vez a los fenómenos climáticos extremos.

    El líder progresista defiende en su plan la meta de acabar con la deforestación para 2030 y propone medidas de adaptación a los desastres, recuperación de cuencas hidrográficas, protección de los bosques y financiación de políticas ambientales.

    El tema ha sido una de las prioridades de su Administración. En su primer año de Gobierno, la deforestación en la Amazonía se redujo a la mitad tras el fuerte aumento registrado durante el mandato de Jair Bolsonaro (2019-2022) y ahora, en la recta final de su gestión, ha logrado que la tala en el bioma alcance su nivel más bajo en casi cuatro décadas.

    Lula, sin embargo, también ha defendido con ahínco la exploración petrolera en la cuenca de la desembocadura del Amazonas, una decisión cuestionada por los ambientalistas que alertan sobre los riesgos para la biodiversidad.

    Flávio Bolsonaro, por su parte, propone eliminar la deforestación ilegal para 2029 y promover actividades económicas basadas en la biodiversidad amazónica, como la biotecnología y la producción de medicamentos, cosméticos y nuevos materiales.

    Su programa también plantea revisar la coordinación entre los organismos ambientales, entidades que fueron fortalecidas durante la actual Administración luego de quedar sin financiación y con personal reducido en el mandato de Bolsonaro padre, un defensor de la explotación de la Amazonía y de las tierras indígenas.

    La Amazonía en riesgo

    Para el experto en clima Carlos Nobre, el resultado electoral tendrá consecuencias para el futuro de la Amazonía, que, sostuvo, está al borde del «punto de no retorno».

    El reputado científico insiste en la necesidad de frenar la deforestación, la degradación forestal y los incendios antes de 2040 y restaurar simultáneamente las áreas degradadas, para evitar que la selva pierda su capacidad de regenerarse.

    Nobre teme que una victoria de Flávio Bolsonaro permita recuperar políticas similares a las de la presidencia de su padre. Y aunque una reelección de Lula daría continuidad a las medidas actuales, tendría dificultades para avanzar por la conformación conservadora que ahora tiene el Congreso y el peso de los intereses agropecuarios en el Parlamento.

    El especialista advierte que la protección de la Amazonía no depende únicamente de Brasil: sus efectos sobre el clima y los ciclos del agua trascienden las fronteras.

    Por ello, considera necesario que la población y los nueve países que hacen parte del bioma comprendan el riesgo que afronta la selva y ejerzan presión para evitar que alcance un punto de no retorno.