Categoría: El Mundo

El estado de Florida llevará a cabo este jueves la ejecución de Curtis Windom, condenado por un triple asesinato cometido en 1992. Con esta acción, el total de ejecuciones en 2025 alcanzará once, estableciendo un nuevo récord estatal y sumando alrededor de treinta en todo Estados Unidos en los últimos ocho meses.

El Departamento de Correcciones de Florida tiene programada la ejecución de Windom, de 59 años, para las 18:00 horas locales (22:00 GMT) en la Prisión Estatal de Florida, situada en Raiford, al norte del estado.

Desde la reinstauración de la pena de muerte por la Corte Suprema estadounidense en 1976, Florida había registrado un máximo de ocho ejecuciones en un solo año, cifra alcanzada en 2014.

Además, esta semana, el presidente Donald Trump mencionó que su administración impulsará la pena de muerte para los homicidios cometidos en la capital de Estados Unidos como parte de la intervención federal en la seguridad de Washington. Esta move se presenta como una «medida preventiva muy fuerte» ante lo que él califica de «crimen desenfrenado» en la ciudad, a pesar de que el Distrito de Columbia abolió la pena capital en 1981, manteniendo sin embargo esta capacidad en la jurisdicción federal.

El Southern Poverty Law Center (SPLC) calificó de «directiva aberrante» esta propuesta, apuntando que la pena de muerte ha sido aplicada desproporcionadamente contra comunidades negras, latinas y desfavorecidas, sin lograr una reducción en los índices delictivos. Según esta organización defensora de derechos civiles, la medida no busca verdaderamente «mejorar la seguridad de las comunidades», y en cambio, representa «una distracción de las fallidas acciones del gobierno que incrementan la inseguridad y acercan al autoritarismo».

La ejecución de Windom, condenado por un triple asesinato en 1992 en la zona de Orlando, involucró el uso de un revólver. Durante el juicio, se presentó evidencia de que mató a Johnnie Lee, a quien le debía 2.000 dólares, disparándole desde su vehículo, y luego asesinó a Valerie Davis, su pareja, ante una amiga. Después disparó al azar y hirió a otro hombre antes de matar a la madre de Davis, Mary Lubin.

Curtisia Windom, hija del condenado, ha liderado una campaña para detener la ejecución de su padre, expresando en el Orlando Sentinel que «todos hemos quedado traumatizados» y cuestionando por qué otros opinan sobre su muerte sin conocer su dolor. En Florida, las ejecuciones son realizadas mediante inyección letal, utilizando un protocolo que incluye un sedante, un paralizante y un fármaco que provoca la muerte, técnica que ha generado controversias por los posibles sufrimientos físicos y la ética de su aplicación.

El pasado 19 de agosto, Kayle Bates, de 67 años, fue ejecutado por el asesinato de una mujer secuestrada, mientras que la ejecución de David Joseph Pittman, de 63 años, está programada para el 17 de septiembre, marcando así un nuevo récord anual en la aplicación de la pena capital en el estado.

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos denunciaron este jueves la desaparición forzada de civiles palestinos hambrientos en inmediaciones de los puntos militarizados de distribución de alimentos controlados por Israel, adonde habían acudido en busca de ayuda alimentaria.

«Varias personas, entre ellas un niño, que visitaron los centros de distribución en Rafah han sido víctimas de desapariciones forzadas», dijeron, tras precisar que se trata de los puntos gestionados por la empresa militar denominada Fundación Humanitaria de Gaza en colaboración con las Fuerzas de Defensa de Israel.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel también están operando en los lugares de distribución de ayuda y sus alrededores y, al parecer, están directamente implicadas en la desaparición forzada de personas que buscan ayuda», indicaron.

Unos 800 gazatíes han sido asesinados por bombardeos aéreos o disparos en su camino, en los alrededores o cuando ya se encontraban en los abarrotados centros de distribución, según informaciones documentadas de Naciones Unidas.

«Tememos que el aumento de las denuncias de desapariciones forzadas en los puntos de distribución de ayuda disuada a las personas de acceder a la asistencia alimentaria esencial, dijeron los expertos, que reclamaron el desmantelamiento de este sistema -financiado por Estados Unidos- y que se restablezca el que gestionaba las Naciones Unida con fines verdaderamente humanitarios.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel se niegan a proporcionar información sobre la suerte y el paradero de las personas a las que han privado de su libertad, en aparente violación de la prohibición absoluta e inderogable de las desapariciones forzadas», precisaron los expertos.

La denuncia ha sido suscrita por los miembros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, la relatora sobre los derechos humanos en los territorios palestinos, Francesca Albanese; y el relator sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri.

El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció este jueves el «terror» y la «barbarie» de los ataques rusos de la pasada noche contra Ucrania, «de una gran crueldad» que han causado al menos 14 muertos entre la población civil en Kiev, entre los cuales tres niños.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron manifestó su «apoyo total al pueblo ucraniano» y también «compasión profunda por todas las familias enlutadas».

El presidente francés desacreditó las supuestas intenciones de Moscú para llegar a un acuerdo de paz, a la vista de la dimensión de la ofensiva rusa: «629 misiles y drones en una noche contra Ucrania, ahí está la voluntad de paz de Rusia. Terror y barbarie».

Hizo notar que las bombas rusas iban dirigidas contra «zonas residenciales e infraestructuras civiles» y que resultaron afectadas las sedes en Kiev de la delegación de la Unión Europea (UE) y del British Council.

«Francia ,afirmó, condena con la mayor firmeza estos ataques sin sentido de una gran crueldad».

La mayoría de los taiwaneses defiende que la democracia es el mejor sistema de gobierno y que el Parlamento controlado por la oposición actúe como contrapeso del Ejecutivo, informó este jueves la agencia de noticias CNA.

El sondeo, divulgado hoy por la Fundación para la Democracia de Taiwán (TFD), también muestra, sin embargo, que las recientes campañas de destitución de legisladores han profundizado la división partidaria en la isla.

El estudio, elaborado por el Centro de Estudios Electorales de la Universidad Nacional Chengchi, refleja que un 50,5 % de los encuestados respalda el uso del mecanismo de revocación para destituir a representantes o cargos públicos considerados incompetentes, mientras que un 38,4 % lo percibe como un “instrumento de venganza política”.

En paralelo, más del 60 % de los ciudadanos consultados considera que los equilibrios democráticos funcionan mejor cuando el presidente y la principal fuerza del Legislativo pertenecen a partidos distintos, frente al 24,5 % que rechaza esa fórmula.

“Los taiwaneses creen que el Ejecutivo debe estar supervisado por el Parlamento”, indicó Hsiao Yi-ching, director del centro de estudios, quien subrayó que el fracaso de las recientes votaciones de destitución contra parlamentarios del opositor Kuomintang (KMT) “no fue sorprendente” a la luz de estas preferencias sociales.

El politólogo Franck Liu, de la Universidad Nacional Sun Yat-sen, apuntó que los datos evidencian el deseo de que el Legislativo actúe como contrapeso, aunque también muestran que la pugna entre el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) y la oposición “ha profundizado las fisuras sociales”.

Ambos académicos coincidieron en que la salida a este escenario pasa por una mayor negociación política entre oficialismo y oposición, y remarcaron la necesidad de reforzar la transparencia y la comunicación pública de las políticas, especialmente ante el electorado más joven.

Por su parte, la presidenta de la TFD, Liao Da-chi, destacó que el sondeo muestra un apoyo “abrumador” a la democracia: casi un 80 % de los 1.218 entrevistados en la encuesta, realizada entre el 24 y el 29 de junio, coincidieron en que, pese a sus problemas, este sistema sigue siendo el más adecuado.

La TFD es una organización sin ánimo de lucro financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán para promover la democracia en la región y suele estar encabezada por expresidentes del Legislativo.

“Ese respaldo transversal a la democracia es particularmente valioso en un contexto internacional de retroceso democrático”, sostuvo Liao.

Cientos de desplazados a causa de la violencia impuesta por las bandas armadas en la capital de Haití intentan regresar este miércoles a sus hogares, después de que el líder pandillero Jimmy Cherisier, alias Barbecue, anunciara que podían retornar a sus casas tras pedir a sus «soldados» que se retiren de algunas áreas.

El líder de la coalición de bandas armadas Viv Ansanm (Vivir Juntos), que tiene bajo su control desde hace más de un año ciertos barrios de Puerto Príncipe, afirmó en un video que dado que son sus «soldados los que están allí, impidiendo que la gente regrese», les pedirá «que se retiren, para que la gente pueda volver a sus casas».

«Estoy dando los últimos retoques con Viv Ansanm para que, antes del viernes, antes de que termine el mes de agosto, Viv Ansanm se retire de Delmas 30, Solino, Christ Roi y Nazon, para que todo el mundo pueda volver a sus casas en estas zona», afirmó el pandillero.

De inmediato, centenares de personas emprendieron el regreso a sus casas, muchas de ellas destrozadas tras ser incendiadas o saqueadas por las propias bandas armadas.

Uno de los vecinos que regresó, Claude, que vivía en un campamento de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF), contó a EFE que se quedó atónito al ver los daños causados por los pandilleros a su vivienda.

«No puedo volver. Verán, se lo han llevado todo. No nos queda nada. Es el Estado el que debe ayudarnos, dependemos de él», dijo.

Claude mostró a EFE su vivienda, sin puertas ni ventanas y con el tejado al descubierto bajo un cielo despejado, mientras los pocos muebles visibles como una mesa o la nevera habían quedado inservibles.

Muchos de los desplazados que regresan a sus hogares se encuentran con la misma situación, con casas vandalizadas y llenas de basura.

Esos desechos y escombros invaden también las calles, a modo muchas veces de trinchera. Los daños parecen haber sido causados por un terremoto.

Pese a la situación, muchos de los desplazados han optado por quedarse en el barrio y no regresar a los campamentos, donde carecen de todos los servicios básicos, como agua, salud, alimentación o electricidad.

Más de un millón de desplazados

Más de un millón de haitianos, entre ellos una gran cantidad de niños, son desplazados internos en el país caribeño.

Al menos uno de cada tres haitianos de la región metropolitana de Puerto Príncipe, controlada en un 90% por bandas armadas, se ha visto obligado a refugiarse en campamentos insalubres, a abandonar la capital para irse a otras ciudades más seguras o, incluso, migrar a países de la región como Brasil o México.

Además, los niveles de violencia siguen disparados: solo entre abril y junio, al menos 1.520 personas murieron y 609 resultaron heridas, principalmente en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, seguida de Artibonite y el Centro.

El domingo pasado, en las calles de Puerto Príncipe, miles de desplazados de diversos barrios del centro de la ciudad, entre ellos Solino y Nazon, se manifestaron para expresar su intención de volver a sus barrios de origen. Al día siguiente, varios cientos de desplazados fueron vistos en la autopista de Delmas de regreso a sus hogares.

Para algunos, las bandas armadas están dando este paso porque necesitan escudos humanos ante el anuncio de la intensificación de las operaciones anunciadas por la Policía Nacional de Haití (PNH) en los próximos días.

La Policía haitiana, con el apoyo de la Misión Multinacional de apoyo a la Seguridad (MSS) de casi 1.000 agentes liderados por Kenia, hacen frente a las poderosas bandas armadas que han tomado casi todo el territorio de Puerto Príncipe, donde siembran el terror con asesinatos, violaciones y obligan al desplazamiento de miles de personas.

Si bien las bandas siguen desangrando a este país, cientos de sus miembros han sido asesinados durante enfrentamientos con la PNH y las fuerzas multinacionales de apoyo a la seguridad, o por los drones kamikazes lanzados desde hace varios meses.