El Gobierno de Bolivia comenzó este sábado el despliegue de efectivos militares y policiales en distintos puntos del país, luego de que el presidente Rodrigo Paz decretara el estado de excepción para restablecer la circulación en las carreteras bloqueadas por organizaciones sociales y sectores opositores.
Las operaciones se concentran principalmente en los accesos a Cochabamba, considerada uno de los principales bastiones de las protestas, así como en La Paz y otras regiones afectadas por las medidas de presión que se mantienen desde hace más de siete semanas.
En la ciudad de La Paz, unidades policiales fueron movilizadas desde instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y otros centros operativos, donde también se preparó maquinaria pesada destinada a retirar obstáculos instalados en las vías.
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De acuerdo con datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta las primeras horas de este sábado permanecían activos alrededor de 40 bloqueos en diferentes puntos del país. La mayor concentración se encuentra en el departamento de La Paz, con 18 puntos de cierre, seguido por Cochabamba con 15. Oruro registra cuatro bloqueos y Santa Cruz dos más.
La decisión de Paz se produjo después de alcanzar un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), organización que anunció el levantamiento de sus medidas de presión tras firmar compromisos con el Ejecutivo relacionados con demandas laborales y sociales.
Sin embargo, otros sectores continúan movilizados. La Federación de Campesinos Túpac Katari y agrupaciones vinculadas al expresidente Evo Morales rechazaron el acuerdo alcanzado con la COB y mantienen los bloqueos, insistiendo en la renuncia del mandatario.
Las protestas comenzaron hace 51 días con una huelga general indefinida impulsada por organizaciones sindicales y campesinas. Con el paso de las semanas, las movilizaciones derivaron en una crisis nacional marcada por el desabastecimiento de productos, problemas en el transporte y pérdidas económicas millonarias.
El Gobierno sostiene que la aplicación del estado de excepción busca garantizar la libre circulación, proteger el abastecimiento de alimentos y combustibles y restablecer la normalidad en las regiones más afectadas por los cortes de carretera.
Mientras tanto, los sectores movilizados aseguran que mantendrán sus acciones hasta obtener respuestas a sus demandas políticas y económicas, lo que anticipa una nueva fase de tensión en el conflicto que atraviesa Bolivia.
