El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este miércoles que propondrá una reforma constitucional para abordar la seguridad con un marco más amplio para combatir el crimen, durante una alocución en cadena nacional televisada.
«Vamos a enviar al Congreso una reforma constitucional que consagre, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado, y que nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen», dijo el mandatario desde el Palacio de La Moneda (sede de Gobierno).
El jefe de Estado habló al país para celebrar la aprobación en el Parlamento de su polémica megarreforma tributaria y económica, que sorteó uno de sus últimos obstáculos legislativos y quedó a pocos pasos de convertirse en ley.
«Por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación. Será un mandato que ningún Gobierno, de ningún color, podrá desconocer», añadió.
El líder ultraconservador informó que instruyó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para que junto al Congreso saquen adelante una serie de medidas que llamó Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) en el menor tiempo posible.
«Si para generar las condiciones que nos permitan reactivar la economía nos tomamos cuatro meses, espero que antes de navidad aprobemos todas las herramientas que nos permitirán recuperar nuestra libertad de manos de los delincuentes», señaló.
Kast hizo énfasis en el crimen organizado, que según afirmó, tiene más de 10 organizaciones transnacionales operando en el país, y enumeró una serie de órdenes y acciones para robustecer la lucha contra estas bandas.
«Pertenecer a una organización criminal va a ser, por sí solo, un delito con penas agravadas», dijo.
Chile, a diferencia de vecinos como Bolivia o Perú, no es un productor de droga, sino un país de destino y una plataforma de distribución a Asia, Europa y Estados Unidos gracias a sus numerosos puertos.
Durante los últimos años el crimen organizado se ha asentado en el país suramericano a través de diversos negocios ilegales, transformándose en una de las principales preocupaciones del Ejecutivo.
Asimismo, detalló otras situaciones que incluirán en las propuestas de marcos legales y que pretenden que sean consideradas delito.
«Una barricada, un vehículo cruzado en una calle o un obstáculo intentando bloquear la calle ilegalmente podrá ser un delito. Y quien reclute a un niño para que dispare, transporte droga o vigile una esquina, va a enfrentar todo el peso de la ley, agravado y sin atenuantes», explicó.
El mandatario se refirió al plan operativo del Ministerio de Seguridad Pública que abarca tres ejes: prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento institucional, y aseguró que «los resultados, aunque preliminares, ya empiezan a materializarse».
«Nuestras siete áreas de gestión no persiguen delitos aislados: persiguen organizaciones completas, en su liderazgo, en su territorio y en su dinero», agregó sobre la forma en que abordan el crimen organizado.
Kast prometió que desarrollarán un régimen penitenciario especial para los narcotraficantes, la ampliación del plazo de flagrancia de doce a 24 horas y que los bienes del crimen organizado serán decomisados y destruidos por una nueva agencia del Estado «sin excusas ni demoras».
Entre las modificaciones anunciadas incluyó normativas para la migración ilegal, la cual ha asociado en otras oportunidades con delitos cometidos en el país austral.
«Vamos a ampliar la retención migratoria ilegal y la capacidad de expulsión efectiva de quien no tiene derecho a estar en Chile», cerró.
