Categoría: El Mundo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el mandatario de EE.UU., Donald Trump, se reunirán este martes por primera vez en persona más de ocho meses después de la operación militar en la que fue capturado el ahora depuesto gobernante Nicolás Maduro, actualmente detenido en una prisión cerca de donde será la histórica cita.

Rodríguez, quien hace menos de un año, en octubre de 2025, alertaba de una «amenaza guerrerista» de Estados Unidos en contra de Venezuela para «robar» sus enormes recursos, llegó a Nueva York en la madrugada de este lunes para participar en la Asamblea General de la ONU, según ella misma informó en su cuenta de X.

El encuentro entre Rodríguez y Trump será el primero entre un gobernante venezolano y uno estadounidense en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

También será la primera visita de un jefe de Estado venezolano a Nueva York desde la última participación de Maduro en una Asamblea General de la ONU, en 2018.

El líder chavista permanece en una prisión a solo unos kilómetros de la sede del organismo internacional, después de que fuera capturado por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas.

Tras la incursión militar, Rodríguez, entonces vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Maduro, asumió como mandataria encargada y ha impulsado una serie de cambios legales e institucionales para incentivar la inversión extranjera, en medio de una estrecha colaboración con EE.UU., que dice estar implementando un plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición) diseñado para Venezuela.

Ambos países acordaron, en marzo pasado, restablecer formalmente sus lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, un anuncio que representó un paso contundente en el marco de cooperación establecido entre Washington y Caracas.

La mandataria, a quien la Casa Blanca advirtió en su momento que podía correr la misma suerte que Maduro, argumenta que ha decidido escoger el camino de la diplomacia y el diálogo para dirimir las diferencias.

Incluso, ha llamado este año «socio y amigo» a Trump, el artífice de las sanciones más duras contra Venezuela, especialmente las petroleras, que han sido flexibilizadas.

El trabajo entre ambos Gobiernos llegó a su culmen el pasado 28 de agosto, cuando Trump y Rodríguez anunciaron un «histórico» acuerdo para la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela, las mayores del mundo, a través de una compañía en la que el Pentágono tiene una participación accionaria de un 35 %.

Detalles del encuentro

La Casa Blanca anunció el viernes que Trump y Rodríguez se reunirán el martes en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

La cita con Rodríguez será el último punto de la agenda del gobernante estadounidense durante su visita a Nueva York para la Semana de Alto Nivel de la ONU, donde el martes pronunciará un discurso ante la Asamblea General y mantendrá reuniones con los primeros ministros del Reino Unido y Japón, así como con varios líderes del golfo Pérsico.

Según informó la Casa Blanca en una rueda de prensa telefónica, Trump participará además en una recepción con líderes internacionales antes de reunirse con Rodríguez y regresar a Washington.

El encuentro entre ambos mandatarios tendrá lugar en medio del rechazo de seguidores del chavismo y de sectores opositores a la creciente presencia de EE.UU. en Venezuela -en particular al acuerdo petrolero- y mientras la mayor coalición opositora y diversos grupos de la sociedad civil exigen un organismo electoral independiente que convoque pronto unos comicios presidenciales en la nación suramericana.

El juez que investiga al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero le ha dado un plazo de tres días para que pueda aportar «toda la documentación que se encuentre en su poder» respecto a las joyas halladas en su oficina.

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama también ha encargado un informe pericial sobre estas joyas, que será realizado por gemólogos y tasadores de la Joyería Yanes, que podrán contar con apoyo técnico del Instituto Gemológico Español.

En el marco de la investigación sobre la concesión de un préstamo público de 53 millones de euros para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, en el que Rodríguez Zapatero está imputado, se hallaron en mayo pasado numerosas piezas de joyería en la caja fuerte del despacho del expresidente del Ejecutivo español (2004-2011) y antiguo líder del Partido Socialista (PSOE).

El hallazgo de las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros (según la tasación encargada por el juez Calama), supuso la apertura de una pieza separada en los tribunales, en la que Zapatero está investigado por un presunto delito fiscal y otro de contrabando.

Zapatero concedió en julio una entrevista a la televisión pública española (TVE) en la que atribuyó la posesión de esas joyas a un «regalo de cortesía personal» que recibió hace muchos años de un país que no reveló y aseguró que dará todas las respuestas oportunas y «extremos posibles» al magistrado porque es su compromiso y deber.

Sus hijas, citadas a declarar

En una providencia hecha pública el pasado jueves, el juez Calama también cita a declarar como investigadas el próximo 30 de noviembre a las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa.

Calama acordó en junio investigar a las hijas de Zapatero (y a la secretaria de éste, Gertrudis Alcázar), aunque no especificó en su resolución ningún delito para ellas.

El magistrado sí fundamentó la imputación de ambas en los indicios que ya puso sobre la mesa cuando imputó a Zapatero y que giran en torno al papel, presuntamente «instrumental», que habría jugado la empresa de las hijas del político, What the Fav, en la presunta trama relacionada con el rescate de Plus Ultra.

Y es que las hijas de Zapatero realizaron para la empresa de Julio Martínez Martínez, supuesto «lugarteniente» del expresidente del Gobierno, trabajos de maquetación de informes, unas tareas de «escasa entidad técnica» que llevan a los investigadores a sospechar que su empresa se usaba para «la articulación formal de una contraprestación económica».

Así constaba en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre el rol de la empresa de las hijas del expresidente, que, según el juez instructor, es presuntamente una sociedad finalista que recibía fondos de clientes y sociedades instrumentales y los redistribuía a Zapatero.

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado auto para enviar a juicio con un jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como presunta autora de sendos delitos de tráfico de influencias y malversación.

El magistrado, que ha investigado el caso, ha enviado a juicio a Gómez antes de jubilarse esta semana en un auto en el que rechaza adoptar ninguna medida cautelar contra ella.

El juez, no obstante, ha ordenado investigar «la capacidad económica» de Begoña Gómez y que remita las cinco últimas declaraciones fiscales ante eventuales responsabilidades económicas que se le pudieran imponer.

También acuerda «la obligación» de permanecer «en todo momento» a disposición del juzgado y de la Audiencia Provincial de Madrid, órgano al que ahora se remitirá la causa para que señale fecha de juicio, y al que deberán comunicar cualquier cambio de «domicilio o paradero».

Con el auto de hoy Peinado pone fin a una investigación que arrancó hace casi dos años y medio a raíz de una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, basada en informaciones de prensa.

El juez Peinado había decidido que Gómez fuera juzgada con jurado por cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida y corrupción en los negocios, cometidos presuntamente en relación con su actividad profesional cuando codirigía una cátedra pública de la Universidad Complutense de Madrid.

Pero finalmente, tras un recurso de la defensa, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó que continuara el procedimiento de juicio con jurado por los dos primeros y sobreseyó los otros dos.

En su auto de este lunes, el juez alude al «cambio radical» que, según dice, se produjo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, en junio de 2018, con «decisiones públicas favorables» a la cátedra que codirigió su esposa, que «pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional».

Relata que Gómez «proyectaba simultáneamente su posición institucional, su actividad académica y sus relaciones con directivos y empresas con intereses o vínculos con el sector público» en el marco de la financiación de la cátedra.

Al proceso se sumaron distintas acusaciones populares, coordinadas por la organización ultraderechista Hazte Oír, que piden trece años de cárcel para Gómez, en un sumario en el que también está acusada su asesora, Cristina Álvarez, por un delito de malversación.

Por su parte, fuentes del Gobierno expresaron su condena a la decisión del juez de abrir juicio oral contra Begoña Gómez, ya que creen que es una instrucción «arbitraria e injusta» que solo responde a una persecución judicial por ser la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Insisten en la inocencia de Gómez y aseguran que mantienen plena confianza en que el jurado impartirá justicia.

La investigación judicial contra de Begoña Gómez ha sido usada con frecuencia por la oposición política al socialista Pedro Sánchez para criticarlo, vinculándolo con la corrupción.