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Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, pedirá declarar de nuevo ante la jueza una vez analice el sumario, mientras su defensa trabaja para refutar el móvil económico y las «graves imprecisiones» de los informes de la Policía autonómica de Cataluña, que creen basados en conversaciones sin contexto e incluso de hace años.

Su equipo de abogados está analizando las 1,400 páginas que integran el sumario de la causa, que estuvo bajo secreto de sumario hasta instantes antes de su declaración de ayer como investigado ante la magistrada instructora.

Tras la comparecencia, Jonathan Andic quedó en libertad provisional al depositar el millón de euros de fianza que le fijó la jueza, quien le atribuye un delito de homicidio ante los indicios de que «planificó» dar muerte a su padre en una excursión por la montaña de Collbató (Barcelona) en diciembre de 2024.

Según fuentes cercanas al caso, el desconocimiento de los indicios incriminatorios que relata el sumario motivaron que ayer ante la jueza Andic se acogiera a su derecho a contestar únicamente a las preguntas de su abogado.

En la vista, no obstante, afirmó que, una vez conociera el contenido del sumario, pediría volver a declarar para responder a las preguntas de todas las partes. De acuerdo con la ley, el juez debe aceptar si lo estima pertinente.

La defensa considera que parte de las conclusiones de la Policía catalana son interpretaciones «sesgadas», sin contexto y basadas en mensajes que intercambiaron años atrás, incluso en 2018.

Los abogados también tratan de desmontar que Andic planificara el homicidio por un móvil económico, llevado por su «obsesión por el dinero», tras saber que su padre planeaba cambiar su testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación social.

Los portavoces de la familia insistieron ayer en un comunicado en proclamar la inocencia de Jonathan y en que ni hay ni habrá pruebas en su contra.

La jueza, no obstante, subraya que los resultados de la autopsia «descartan prácticamente» que la caída fuese producto de un «resbalón o tropiezo» y considera que el hijo del empresario tuvo una «participación activa y premeditada» en el homicidio.

La magistrada hace hincapié en que acudió en tres ocasiones a la zona en los días previos.

Insiste también en la desaparición, «en extrañas circunstancias», de su móvil antiguo -cuyos datos ya habían sido borrados-, en un «viaje relámpago» a Quito al trascender que se había reabierto la investigación, a finales de marzo de 2025, o en que, según la policía, las huellas detectadas en el suelo en el lugar de la caída se tuvieron que hacer de forma «deliberada», ejerciendo presión.

El expresidente cubano Raúl Castro podría afrontar una condena de pena de muerte o cadena perpetua por la imputación por asesinato que afronta en Estados Unidos, donde el fiscal general interino, Todd Blanche, confió este miércoles en que comparezca «por su propia voluntad o de otra forma».

«Esta es una imputación, hubo una orden emitida para su arresto, así que esperamos que él aparezca aquí por su propia voluntad o por cualquier otra forma y vaya a prisión», declaró Blanche en Miami tras revelarse los cargos contra Castro por la muerte de cuatro aviadores en 1996, cuando él era ministro de las Fuerzas Armadas.

El fiscal evadió responder si Washington planea una operación en Cuba como la que ocurrió en Venezuela el 3 de enero pasado para capturar al entonces gobernante Nicolás Maduro, quien también afronta cargos criminales en Estados Unidos y ahora está preso en Nueva York.

«No voy a comparar casos, en primer lugar. En segundo, como dije hace unos minutos, imputamos a hombres que no están físicamente en Estados Unidos todo el tiempo. Este no es un nuevo proyecto o aventura para nosotros. Y la forma en la que traemos a personas acusadas de un crimen varía», indicó Blanche.

El Departamento de Justicia (DOJ) reveló este miércoles que, en la corte federal del Distrito del Sur de Florida, Castro afronta cargos desde abril por conspiración para matar estadounidenses, destrucción de aeronave y asesinato por presuntamente ordenar el derribo de dos avionetas el 24 de febrero de 1996.

El primer delito le valdría un máximo de cadena perpetua, el segundo cinco años en prisión y por cada uno de los cuatro asesinatos afrontaría «un máximo cargo de muerte o cárcel de por vida», explicó la senadora de Florida, Ashley Moody, al leer los cargos.

La Fiscalía acusa a Castro de ordenar el derribo de las avionetas en las que iban Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos de EE.UU., y Pablo Morales, residente legal, todos de origen cubano, como parte de su trabajo con Hermanos al Rescate, que auxiliaba a balseros que intentaban escapar de la isla.

La acusación formal también incluye a otros militares cubanos presuntamente involucrados: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.

El Gobierno cubano alegó que las aeronaves se encontraban en su espacio aéreo y que los aviadores eran «terroristas», pero la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó que el incidente ocurrió en aguas internacionales.

La acusación contra Castro, de 94 años y hermano menor de Fidel Castro, trasciende en medio de la creciente presión de la Administración del presidente Donald Trump contra el gobierno castrista, en particular tras la captura de Maduro.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este miércoles que la acusación presentada en EE.UU. contra su predecesor, Raúl Castro, es “una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar» el argumentario «para justificar el desatino de una agresión militar».

A su juicio, la «pretendida acusación» tan solo evidencia «la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la revolución cubana, y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo».

«La altura ética y el sentido humanista de su obra derriban cualquier infamia que se pretenda levantar contra el general de ejército Raúl Castro», afirmó Díaz-Canel, quien calificó la decisión en EE.UU. de «ridículo intento de menoscabar su talla de héroe».

Con respecto al controvertido incidente del derribo de dos avionetas, con el resultado de cuatro muertes, hace 30 años, hechos por los que se acusa ahora a Castro de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves, Díaz-Canel expuso la versión oficial en la isla de lo acontecido.

«EE.UU miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate en 1996», una acción del ejército cubano al frente del cual estaba Castro, como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

El Gobierno cubano, afirmó el presidente, actuó entonces «en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales tras sucesivas y peligrosas violaciones» del espacio aéreo de la isla por «connotados terroristas». Esto contradice otras versiones que apuntan a que el derribo tuvo lugar en aguas internacionales.

Díaz-Canel añadió que las autoridades estadounidenses fueron alertadas «en más de una decena de ocasiones» de estos hechos (y de otras acciones previas de los Hermanos al Rescate), pero que se hizo «caso omiso de las advertencias» y se permitieron las violaciones.

«No se actuó de manera imprudente ni se violó el derecho internacional, como sí vienen haciendo fuerzas militares estadounidenses, con sus fríamente calculadas y abiertamente publicitadas ejecuciones extrajudiciales sobre embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico», agregó Díaz-Canel.

El Departamento de Justicia de EE.UU. imputó este miércoles a Castro los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales.

La acusación contra Castro, de 94 años y hermano menor de Fidel Castro, trasciende en medio de la creciente presión de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra el Gobierno cubano, que incluye un bloqueo petrolero desde hace cinco meses y una ampliación de las sanciones económicas contra la isla.