Categoría: El Mundo

La ONG Cubalex denunció este miércoles que “la crisis energética, hídrica y sanitaria” provocó un “aumento sin precedentes” de las protestas en Cuba durante el primer semestre de 2026, que llegaron a las 766 en total en 141 municipios de la isla.

Cubalex indicó que esas manifestaciones alcanzaron “picos históricos” en febrero y junio pasados; en este último se llegaron a registrar hasta 31 protestas en un solo día para un total de 253 manifestaciones, “el mayor número en un solo mes” desde que esta ONG comenzó a documentarlas en 2022.

Las protestas “no solo aumentaron en cantidad, sino en radicalización en respuesta a la crisis estructural” que vive el país, señaló la investigadora de Cubalex, Salomé García, durante un debate virtual esta jornada para presentar el Informe Semestral sobre la situación de los Derechos Humanos en Cuba.

Añadió asimismo, que el descontento social en Cuba se expresa a través de la “quema de basura, cacerolazos, consignas, carteles, ocupación de espacios públicos y cierres de calles”.

En este sentido señaló que, los hechos de mayor “radicalización” registrados fueron la quema de la entrada del edificio de la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) en la ciudad de Morón, en Ciego de Ávila (centro) el pasado marzo, y otra acción similar en un museo dedicado a un guerrillero cercano a Ernesto Che Guevara, en el poblado de Contramaestre, en Santiago de Cuba (oriente).

Sin embargo, según Cubalex, el epicentro de las protestas continúa siendo La Habana, con 495 eventos en seis meses, “registrando un desplazamiento progresivo desde las periferias hacia zonas centrales de la ciudad”, mientras que las provincias de Santiago de Cuba (oriente de la isla) con 81 manifestaciones y Matanzas con 25, se consolidaron como el segundo y tercer foco de movilización.

De acuerdo con el informe, el Gobierno cubano “respondió con una intensificación paralela de la represión” a las protestas con acciones como “detenciones masivas en el momento de las manifestaciones, seguidas de citaciones, amenazas, multas y procesos penales prolongados semanas o meses después”.

Los datos de Cubalex señalan que en el semestre se registraron 257 incidentes de detenciones arbitrarias, lo que representa un “70 % más que en el semestre anterior, con al menos 410 víctimas”.

“Las detenciones y los traslados posteriores conforman, en la práctica, un mismo patrón: son las dos categorías que con más frecuencia se registran juntas en un mismo evento de todo el semestre, con 208 coocurrencias”, puntualizó el texto.

La ONG denunció, asimismo, otras actividades represivas contra el “derecho a la libertad de expresión y a la información», que se manifiestan mediante las «detenciones, procesos penales y sanciones por opiniones críticas, cortes selectivos de comunicaciones y hackeos con fines de vigilancia y censura”.

Al respecto, indica el informe, “en el período del 1 de enero al 30 de junio de 2026 se documentaron 1.894 hechos violatorios de derechos humanos en todo el país, un incremento del 48 % respecto al semestre anterior”.

Recalcó, además, que en el ámbito penitenciario persistieron “la violencia y las muertes evitables por negligencia médica en un contexto de impunidad absoluta” y denunció “la alta concentración de vulnerabilidades en personas privadas de libertad, afrodescendientes, defensores de derechos humanos y ex presos políticos”.

Cuba atraviesa una profunda crisis desde hace seis años, con carestía de bienes básicos, apagones constantes, inflación desatada, dolarización parcial y un derrumbe de los servicios básicos. La presión de Estados Unidos, intensificada con el asedio petrolero y las sanciones del último medio año, ha agravado aún más la situación.

Varias organizaciones de la oposición nicaragüense en el exilio propusieron este miércoles una transición democrática en Nicaragua a través de una junta temporal, una constituyente y la celebración de elecciones libres, con el objetivo de poner fin al régimen de los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La propuesta ‘Nicaragua: Transición ordenada desde la dictadura hacia la democracia’, elaborada por un grupo de organizaciones opositoras y puesta a consideración de otras organizaciones, al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional, plantea una transición de 24 meses y una Asamblea Constituyente de 60 miembros.

La hoja de ruta contempla una junta de transición para que Nicaragua recupere la institucionalidad y la democracia, derogar la Constitución Política, la liberación de presos políticos, el retorno seguro de los exiliados y desterrados, y la celebración de elecciones libres dentro de 24 meses.

¿En qué consiste la transición?

En el documento, los opositores proponen una transición ordenada, pacífica y sin violencia, orientada a desmontar las estructuras autoritarias y restablecer la democracia en Nicaragua, garantizando la estabilidad política y social, la continuidad económica, la seguridad jurídica, y el sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil.

La transición contempla el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y las libertades para todos los nicaragüenses incluyendo la liberación de presos políticos, restitución de los derechos políticos, civiles y patrimoniales de las personas afectadas por el Ejecutivo sandinista, entre ellos a los nicaragüenses desnacionalizados.

Ese proceso, según la propuesta, se estructurará alrededor de cuatro componentes principales: una junta o equipo técnico de transición nacional con facultades ejecutivas y legislativas limitadas y temporales; una Asamblea Nacional Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución; reformas legales e institucionales para desmontar las estructuras autoritarias y represivas; y elecciones generales libres, competitivas, transparentes y observadas que permitan la transferencia del poder a autoridades democráticamente electas.

Funciones de la junta

La junta estará integrada por un máximo de siete personas probas, con representantes de la oposición tanto en Nicaragua como en el exilio y de la sociedad civil, incluso nicaragüenses que hayan tenido vínculos o desempeñado funciones dentro del régimen que no estén señalados de violaciones a los derechos humanos.

Entre sus primeras acciones estarán la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de libertades y derechos, la reorganización de las instituciones electorales y judiciales, el desmontaje de las estructuras represivas, y la depuración y reestructuración de los altos mandos del Ejército y la Policía.

La junta impulsará un conjunto de leyes (24 leyes proyectadas) destinadas a derogar las normas represivas y restablecer el Estado de Derecho, entre ellas reformas al Poder Judicial y al sistema electoral, restitución de derechos políticos y de propiedad, desmantelamiento de las estructuras de inteligencia represiva, garantías para el retorno seguro de los exiliados «y la revocación de concesiones territoriales corruptas otorgadas a los socios chinos del régimen».

La junta asumirá temporalmente las funciones de jefe de Estado, jefe de Gobierno y jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, con facultades ejecutivas y legislativas limitadas; derogará la Constitución vigente y establecerá un estatuto de derechos y garantías de los nicaragüenses.

La Asamblea Constituyente, que será electa mediante elección popular a los 180 días de la transición, tendrá como función principal redactar una nueva Constitución basada en los principios de democracia, separación de poderes, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, en un plazo máximo de nueve meses.

Las elecciones deberán realizarse bajo la nueva Constitución, con participación de todos los sectores políticos en igualdad de condiciones y con observación electoral internacional.

La Unión Europea (UE) y los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) defendieron este miércoles la labor del tribunal y de su presidenta, Tomoko Akane, quien ha sido sancionada por Estados Unidos en el último episodio de la campaña de Washington contra la corte de La Haya.

Los representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, así como la Asamblea de los Estados Partes de la CPI -donde están representados 125 países-, se pronunciaron este miércoles en apoyo de Akane y del tribunal, tras el anuncio el martes de las nuevas sanciones de Estados Unidos.

Los Estados integrantes de esta instancia acusaron además a Washington de «erosionar el Estado de derecho» y el «orden internacional basado en reglas».

La Administración que lidera Donald Trump decidió, en concreto, sancionar a la jueza japonesa y a Abdoulaye Seye, abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal, limitando las operaciones en cuentas asociadas a ambos, al considerar que la CPI es un tribunal «corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad» y «se ha extralimitado en su mandato», según dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

«Un riesgo para el orden jurídico internacional»

Las nuevas sanciones «constituyen lamentables intentos de obstaculizar a la corte y a su personal en el ejercicio de las funciones encomendadas para investigar y juzgar casos que involucran los peores crímenes conocidos por la humanidad», señaló la Asamblea de la CPI este miércoles en un comunicado.

La «escalada» de medidas punitivas contra funcionarios y personal de la CPI por parte de EE.UU. «corre el riesgo de socavar las investigaciones en curso y de dificultar los esfuerzos globales orientados a garantizar la rendición de cuentas y a hacer justicia a las víctimas de los crímenes más graves que conciernen a la comunidad internacional en su conjunto», alertaron los países miembros de la CPI.

«Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional», había señalado en la misma línea el tribunal en un breve comunicado el martes.

Bruselas, Berlín y Tokio cierran filas con la CPI

Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, publicaron un mensaje idéntico este miércoles en sus redes sociales en el que mostraron su apoyo al tribunal y defendieron su labor.

«Nos mantenemos firmemente junto a la CPI, a la presidenta Tomoko Akane y a los funcionarios que defienden su misión. La CPI ayuda a brindar justicia a las víctimas de algunos de los crímenes más horribles del mundo. Para llevar a cabo esta labor esencial, sus jueces y funcionarios deben poder actuar de manera independiente y sin presiones externas», dijeron Von der Leyen y Costa.

El Gobierno alemán también expresó su respaldo a Akane, al tiempo que ensalzó la tarea de un tribunal «que ha sacado a la luz los peores crímenes contra la humanidad, como el reclutamiento de niños soldados en guerras civiles, y ha hecho rendir cuentas a los culpables de los delitos más graves», según un portavoz del Ministerio de Exteriores.

Asimismo, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, calificó hoy de «muy desafortunadas» las sanciones que afectan a la jueza nipona y añadió que su Gobierno «continuará respondiendo a esta situación» en coordinación con los países implicados.

La guerra de Trump contra el tribunal internacional

Trump declaró abiertamente la guerra al tribunal al retornar al poder el año pasado, y en febrero firmó una orden ejecutiva que calificaba distintas iniciativas de la CPI como una «amenaza» para la seguridad nacional.

Akane y Seye se suman ahora a la ‘lista negra’ de Washington, donde ya había nueve jueces y fiscales, en represalia por dos investigaciones de la CPI: la de crímenes de guerra en Afganistán, que podría afectar a militares estadounidenses, y la de Palestina, que incluyó la emisión de una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Estados Unidos e Israel no son Estados parte del Estatuto de Roma y rechazan que la CPI tenga jurisdicción sobre sus ciudadanos.

La CPI, creada en 2002 y con sede en La Haya, es un tribunal independiente encargado de investigar y juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y el crimen de agresión, cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.