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La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que está coordinando la respuesta en cuanto a protección y refugios para los damnificados de los terremotos en Venezuela, dijo este martes que la situación humanitaria en las zonas afectadas «se ha deteriorado rápidamente».

Afirmó que se observa «una grave escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y un aumento de los riesgos de protección para la población desplazada».

El organismo indicó que las primeras evaluaciones sobre el terreno -realizadas los pasados días 26 y 27 en los estados de La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo- confirman que hay un aumento de la vulnerabilidad de la población desplazada.

Según las cifras actualizadas, cerca de 16,000 personas han resultado afectadas de tal modo que han debido buscar un lugar alternativo para vivir, aunque no todas lo han conseguido y deben permanecer en las calles.

«La mitad de las personas evaluadas se refugia en viviendas de familiares o vecinos, mientras que un 39 % permanece en calles y espacios públicos y el resto en iglesias, escuelas o instalaciones improvisadas que no cumplen los estándares mínimos de protección, privacidad o higiene», señaló en Ginebra la portavoz de ACNUR, Carlotta Wolf.

Asimismo, el 17 % de los encuestados reportó la presencia de menores no acompañados o separados de sus familias, por lo que el Grupo de Protección de Naciones Unidas -liderado por ACNUR, pero en el que también participan otras agencias de la ONU, como Unicef- ha puesto en marcha una campaña en favor de la identificación, localización y reunificación familiar.

Wolf indicó que en colaboración con Caritas se ha habilitado un centro para la recepción y almacenamiento de donaciones para facilitar la distribución de asistencia.

Un responsable del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Venezuela declaró el lunes a EFE que se está produciendo un «caos logístico» por la cantidad de personas que intentan con buena voluntad aportar ayuda de forma espontánea e invocó a que haya una organización logística para respetar la dignidad de las personas y una adecuada distribución de la ayuda.

Preguntada por EFE sobre las informaciones que circulan en redes sociales sobre falta de transparencia por parte de las autoridades venezolanas en la entrega de la ayuda, Wolf se limitó a responder que en casos como éste las agencias de Naciones Unidas «suelen apoyar la respuesta liderada por el gobierno, lo cual también ocurre en esta situación».

Un sismo de magnitud 4.3 se registró este martes en la provincia de Morona Santiago, situada en la Amazonía de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a la 01:02 hora local (06:02 GMT) a 2.10 grados de latitud sur y a 77.67 grados de longitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 13 kilómetros y a 43.9 kilómetros de la ciudad de Macas.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

El Gobierno de Venezuela suspendió este lunes por 48 horas el traslado que había habilitado de periodistas en autobuses al estado costero de La Guaira, la zona de desastre del doble terremoto ocurrido el miércoles, por «recomendación sanitaria», dijo a EFE una fuente cercana al Ministerio de Comunicación del país caribeño.

La fuente explicó que la suspensión se hace debido a que las próximas 48 horas son vitales para el rescate de las personas que aún quedan con vida y que los rescatistas necesitan el mayor silencio posible.

«No bajamos los autobuses porque es una recomendación», indicó.

El Gobierno comenzó el sábado a implementar un sistema de control para el traslado de periodistas y reporteros audiovisuales en autobuses con 90 puestos diarios para llevarlos hasta las zonas de desastre, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado miércoles que han dejado al menos 1,719 muertos y más de 5,000 heridos.

La fuente dijo a EFE que queda en responsabilidad de la prensa intentar trasladarse hasta el lugar o no, porque puede que no le permitan el acceso, aunque «muchos han podido pasar».

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) indicó en X que «impedir el reporte en terreno no resuelve la emergencia» y que «con el paso de las horas, la situación sanitaria puede agravarse y el país necesita información verificada y oportuna, especialmente las familias de las víctimas».

«Hasta este momento, los corresponsales han bajado a La Guaira por sus propios medios y están haciendo la cobertura», añadió el SNTP.

El doble terremoto del miércoles es el más letal que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un seísmo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

El expresidente Juan Orlando Hernández tiene previsto regresar a finales de julio a Honduras después de que un juez hondureño suspendió provisionalmente la orden de captura y la alerta roja internacional contra él, tras admitir su solicitud de presentación voluntaria en un caso por el presunto desvío de recursos estatales para financiar una campaña política en 2013, informó este lunes una fuente judicial.

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, confirmó a los periodistas que un juez natural «ha admitido la presentación voluntaria» del expresidente tras un recurso de amparo de su defensa, y fijó la audiencia de declaración del imputado para el lunes 3 de agosto.

Duarte indicó que la resolución, que ya ha sido notificada a las fuerzas de seguridad, la Interpol (Policía Internacional) y el Instituto Nacional de Migración, «suspende temporalmente la orden de captura y la alerta roja» emitidas contra Hernández, quien el 1 de diciembre de 2025 fue indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El apoderado legal de Hernández en Honduras, Mario Cárdenas, afirmó a medios locales que el expresidente tiene previsto arribar al país centroamericano el próximo 31 de julio para presentarse ante el tribunal.

Hernández es imputado por presunto fraude y lavado de activos en un caso conocido como Pandora II, que investiga el presunto desvío de recursos estatales para la campaña política de 2013 y que también involucra al expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), exdiputados, empresarios y particulares.

Según las investigaciones del Ministerio Público (Fiscalía), los acusados conformaron entre 2010 y 2013 una red de corrupción que facilitó el desembolso de más de 288 millones de lempiras (unos $10,8 millones) a favor de dos fundaciones.

Tras conocerse la resolución, Hernández anunció en sus redes sociales que regresará a Honduras dentro del plazo fijado por el juez y reiteró que comparecerá voluntariamente ante la justicia.

El exmandatario afirmó que el proceso en su contra «carece de sustento legal», se declaró inocente y aseguró que su intención es reunirse con su familia y rehacer su vida «sin ninguna ambición política electoral».

«Tras 4 años de dura prueba, mi único y más grande anhelo es abrazar a mi familia y reencontrarme con mis amigos. Regreso como un ciudadano más, a rehacer mi vida en paz y sin ninguna ambición política electoral (…) Vengo a sumar, no a dividir», subrayó.

Hernández quedó en libertad el 1 de diciembre de 2025, luego de que Trump le concediera un indulto el 28 de noviembre, cuando cumplía una condena de 45 años de prisión impuesta en junio de 2024 por una corte de Nueva York por narcotráfico y delitos relacionados con armas.

El expresidente fue capturado en Tegucigalpa, la capital hondureña, en febrero de 2022, menos de tres semanas después de dejar el poder, y extraditado a Estados Unidos en abril de ese mismo año.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció un acuerdo con las autoridades de Venezuela para la adquisición de 10,000 bolsas mortuorias para responder a las necesidades tras el doble terremoto de la semana pasada que según el último balance oficial ha costado la vida a más de 1,700 personas.

El coordinado humanitario en Caracas, Gianluca Rampolla, destacó que por el momento no hay una cifra confirmada de desaparecidos, pero la ONU y las autoridades venezolanas han acordado adquirir 10,000 bolsas para cadáveres ante la posibilidad de que el balance de muertos continúe aumentando, ha informado la propia ONU.

La última cifra oficial sitúa en 1,719 los muertos, más de 5,000 los heridos y unas 12,000 personas desplazadas. Unas 2,500 estructuras han resultado afectadas, muchas de ellas completamente hundidas, recordó Rampolla en rueda de prensa.

Aunque las operaciones de búsqueda y rescate suelen concentrarse en las primeras 72 horas, los equipos han decidido prolongarlas porque aún reciben indicios de personas atrapadas y siguen localizando sobrevivientes, relató.

«Seguimos operando en un entorno de alto riesgo», destacó Rampolla antes de recordar que desde los dos terremotos iniciales se han registrado unos 500 temblores posteriores, incluido uno de magnitud 5.2 en la madrugada del lunes, mientras una tormenta tropical amenaza con provocar fuertes lluvias a las zonas afectadas. En este sentido, Caracas ha confirmado más de 600 «eventos sísmicos» y un número mayor de réplicas.

La ONU está preparando tres centros de atención en La Guaira para las familias que han perdido sus hogares. Allí se ofrecerá atención médica, alimentos, agua, saneamiento, protección y apoyo psicosocial.

La responsable de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Venezuela, Vanessa May, explicó que muchas personas han perdido toda sensación de estabilidad. «Pasar de tener una casa, de tener un hogar, a estar en un refugio o en un alojamiento temporal no va a ser fácil», ha apuntado.

Por eso el acompañamiento emocional es tan necesario como la comida, el agua o la atención sanitaria. «Hay personas que necesitan un abrazo», relató. Muchas familias esperan noticias de sus seres queridos y otras ya saben que siguen bajo los escombros.

Cuando terminen las búsquedas, la ONU y sus socios harán evaluaciones rápidas para precisar las necesidades, incluidas las de personas mayores y con discapacidad. La siguiente etapa incluirá la retirada de escombros y la recuperación temprana, con atención a los daños en escuelas y hospitales.

May ha señalado que la reconstrucción exigirá trabajar con las autoridades para determinar dónde podrán vivir las familias desplazadas y realizar estudios de suelo antes de cualquier reubicación. «Esto va a tomar tiempo», ha advertido.