Categoría: El Mundo

Casi medio centenar de personas han muerto y 2,000 tuvieron que ser evacuadas después de que un fuerte terremoto de magnitud 7.7 sacudiera este sábado la costa de la isla indonesia de Flores, al este del archipiélago, mientras las autoridades continúan las labores de búsqueda y rescate.

El sismo tuvo lugar cerca de las 6:00 de la mañana hora local (4:00 p.m. de El Salvador del viernes) con el epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, con cerca de 90,000 habitantes, y a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El último balance sitúa las víctimas mortales en los distritos de Manggarai (24), Manggarai Oriental (17), Sikka (3), Ngada (1), Ende (1) y Manggarai Occidental (1). Se desconoce de momento el número de heridos y si hay desaparecidos.

Según la BNPB, más de un centenar de viviendas de la isla han sufrido daños y se han registrado aludes en algunos puntos de Flores. También resultó afectado el aeropuerto de la turística Komodo, si bien sigue operativo, dijo el ministro de Transportes, Dudy Purwagandhi.

Un portavoz de la Agencia de Gestión de Desastres Local (BPBD, por sus siglas en indonesio), Oche Seko, indicó a EFE que los hospitales de la zona, entre ellos en la ciudad de Ende, han tenido que evacuar pacientes a las zonas exteriores y que «no tienen tiendas suficientes» en las que alojarlos.

Alrededor de 2,000 residentes quedaron evacuados de las zonas costeras tras el fuerte temblor, que activó la alerta temprana de tsunami, suspendida poco después.

Varias viviendas sufrieron inundaciones en algunas zonas de la isla después de que el terremoto provocara olas de un máximo de cerca de un metro de altura en el distrito de Ende.

«Nos cayeron trozos de techo en la cabeza»

«Empezó a temblar todo, las paredes se resquebrajaron y nos cayeron trozos de techo en la cabeza», relató a EFE el español Santiago Tinoco desde el oeste de Flores.

«Tuvimos mucho miedo a que se nos viniera el edificio encima», cuenta Tinoco, quien reside en la localidad de Labuan Bajo, puerta de entrada del Parque Nacional de Komodo, donde trabaja.

Buzo de profesión, el sevillano explicó que él y su pareja viven en un edificio «relativamente alto para el pueblo», de tres plantas, y que, mientras bajaban por las escaleras, se caían «piedras, rocas, trozos del techo: la escalera se estaba rompiendo y sentíamos que se iba a desmoronar», añadió Tinoco, cuya casa «ha quedado destrozada o parcialmente destrozada».

A más de 200 kilómetros de Labuan Bajo, desde la localidad de Maumere, también en Flores, Eka Putera Nggalu describió a EFE el momento del temblor. «Salimos corriendo y nos quedamos en el patio viendo cómo la casa se balanceaba», indicó.

También desde Maumere, cercana al epicentro, el sacerdote Emilianus Dedyson contó a EFE cómo la gente «salió de sus casas con sus pertenencias en busca de refugio para protegerse».

El religioso recordó, además, el «trauma» que todavía persiste entre los vecinos, entre ellos él, que vivieron el terremoto y posterior tsunami de Flores de 1992, un seísmo de igual magnitud, 7,7, pero diferentes características que generó un inusual tsunami, con un saldo de unos 2.500 fallecidos.

A diferencia del de este sábado, el terremoto de 1992 desencadenó un deslizamiento submarino masivo, explicó a EFE Daryono (quien se identifica con solo un nombre, como es habitual en Indonesia), miembro de la Asociación indonesia de Expertos en Desastres.

Eso y el tipo de movimiento sísmico generaron «un tsunami gigante con olas que alcanzaron alturas de hasta 26 metros que arrasaron tierra adentro en menos de 5 minutos», dijo a EFE.

El sismo de este sábado, sin embargo, no desencadenó deslizamientos submarinos significativos, por lo que «no causó inundaciones destructivas en la costa», según el experto.

Jornada sísmica

Horas después, otro terremoto de magnitud 6,9 sacudió este sábado la isla de Sumatra, al norte de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El temblor se produjo a una profundidad de 183 kilómetros, según los datos del USGS, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas ni daños materiales. Tampoco se ha activado la alerta de tsunami por parte de las autoridades.

Indonesia se encuentra en el llamado ‘Anillo de Fuego del Pacífico’, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.

El archipiélago en vías de desarrollo, formado por más de 17.000 islas, algunas de difícil acceso, registra con frecuencia terremotos de gran magnitud.

Seis días después del terremoto de magnitud 7.4, La Encharca, una remota comunidad ubicada a orillas del río Suruco, en el municipio chocoano de Medio San Juan, muestra otra cara de la emergencia en Colombia: la de quienes viven lejos de los centros urbanos y afrontan las consecuencias del sismo sin servicios básicos y bajo la presión de grupos armados ilegales.

«Quedamos en una situación muy difícil», dice a EFE John Freddy Ibarbo Mosquera, líder comunitario de la zona, mientras observa las viviendas agrietadas y espera que las autoridades vuelvan la mirada hacia una población que, casi una semana después de la tragedia, continúa sin recibir atención institucional.

El río es la única vía para llegar hasta este caserío, que permanece sin electricidad, agua potable ni conectividad y está rodeado por la exuberante selva chocoana, en una región donde históricamente han hecho presencia el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una realidad que ha condicionado la vida de sus habitantes y que ahora también dificulta la respuesta a la emergencia.

Las huellas del terremoto son visibles en las viviendas con paredes abiertas por profundas grietas, pisos fracturados y estructuras debilitadas por el potente temblor, daños que obligaron a muchas familias a abandonar sus casas mientras esperan una ayuda que todavía no llega.

La ayuda que llegó por el río

A orillas del río, hombres, mujeres y niños descargan mercados, agua y medicamentos transportados en una pequeña embarcación.

No se trata de un operativo oficial, sino de una iniciativa impulsada por voluntarios y particulares que decidieron navegar hasta esta zona remota para llevar las primeras ayudas a una comunidad que continúa esperando la presencia del Estado.

José Rutilio Rivas, un líder social que acompaña a las comunidades rurales del Medio San Juan, asegura a EFE que la tragedia ha sido prácticamente invisible porque la atención se ha concentrado en las ciudades y en las cabeceras municipales.

«Las comunidades rurales casi nunca se visitan y son las que más impacto tienen en este tipo de situaciones», afirma Rivas, quien insiste en que la reconstrucción exigirá mucho más que ayudas alimentarias pues numerosas viviendas requieren cemento, hierro y otros materiales para volver a ser habitables.

La ausencia del Estado no es una consecuencia del terremoto, sino una realidad con la que estas comunidades han convivido durante décadas y que la emergencia dejó nuevamente al descubierto, ya que la falta de servicios básicos forma parte de una cotidianidad marcada por el aislamiento en un municipio en el que más del 60 % de la población vive en zonas rurales.

Las heridas invisibles del terremoto

El terremoto también dejó secuelas menos visibles, como el miedo a nuevas réplicas que mantiene en alerta a muchas familias que todavía no logran dormir con tranquilidad y ha golpeado especialmente a los niños, considerados por los líderes comunitarios como la población más vulnerable frente a la emergencia.

Hasta La Encharca también llegaron médicos voluntarios que decidieron desplazarse desde Quibdó al comprobar que buena parte de la asistencia se concentraba en esa ciudad, capital departamental del Chocó, una decisión que permitió llevar medicamentos e insumos básicos a una población que también necesita atención psicológica.

Mauricio Aguilar, uno de los médicos que acompañó la jornada, explica que «las necesidades más urgentes incluyen agua potable, medicamentos para controlar la fiebre y la diarrea», así como tratamientos para enfermedades crónicas, entre ellos los destinados a pacientes con hipertensión y diabetes que perdieron sus medicamentos durante la emergencia.

En La Encharca, la tragedia no se mide por el número de edificios colapsados ni por la magnitud de los operativos de rescate, sino por las grietas que atraviesan las casas, las noches sin electricidad y el reclamo de una comunidad que teme que su tragedia quede fuera del mapa por el simple hecho de estar lejos de los centros poblados.

Irán rechazó este sábado las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una eventual declaración del estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos y aseguró que Ormuz no se puede conquistar «con un tuit ni con portaaviones».

«Trump ha dicho que, tras la derrota de Irán, pronto declarará el estrecho de Ormuz territorio estadounidense. El estrecho de Ormuz no se puede conquistar con un tuit ni con portaaviones, ni mediante la emisión de una orden ni con un discurso electoral», afirmó en X el viceministro iraní de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi.

El diplomático aseveró que Irán «no se amedrenta ante las amenazas ni se deja intimidar por demostraciones de fuerza» y sostuvo que el estrecho «ha sido, es y seguirá siendo iraní».

«Este estrecho solo se cerrará y se abrirá bajo las órdenes de Irán y, mientras no acepten la realidad de su derrota y dejen de hacer afirmaciones delirantes, Irán continuará imponiendo el bloqueo», advirtió Gharibabadi.

Las declaraciones del viceministro iraní responden a la afirmación de Trump de que podría declarar próximamente el estrecho de Ormuz territorio estadounidense «tras derrotar a Irán».

El estrecho de Ormuz, situado entre Irán y Omán, es una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo y gas y se ha convertido en uno de los principales focos de tensión entre Washington y Teherán en medio de la escalada militar en la región.

Irán y Omán mantienen conversaciones sobre la gestión compartida del estrecho de Ormuz y el establecimiento de una nueva ruta de navegación, que, según el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, «podrían concluir pronto».

Araqchí dijo el viernes por la noche que las discusiones con Omán al respecto están «completamente separadas» de las negociaciones con Washington, que se mantienen estancadas desde la última escalada entre las partes en julio.

El jefe de la diplomacia iraní indicó que «no se ha tomado ninguna decisión todavía para reanudar las negociaciones con Estados Unidos», aunque precisó que los países mediadores, Catar y Pakistán, «están intercambiando mensajes y mantienen contacto» con ambas partes.

Presos políticos venezolanos que estaban recluidos en la cárcel de El Rodeo I, cerca de Caracas, fueron excarcelados este viernes sin libertad plena, según dijeron a EFE varios de ellos tras su salida del centro penitenciario.

Según tres boletas de excarcelación, deben presentarse cada 30 días ante el tribunal.

Uno de ellos es Jorge Jiménez, de 20 años, quien vive en una localidad del estado Cojedes (oeste) a más de 200 kilómetros de distancia en vehículo de Caracas, donde no tiene familia y debe presentarse una vez al mes a partir del próximo lunes.

Pese a todo, agradece estar finalmente fuera de la cárcel, más de un año después de su detención, en agosto de 2025.

«Gracias a Dios ya estamos libres, yo no me lo creo todavía», dijo a EFE Jiménez, quien pidió la libertad de las personas que siguen encarceladas por motivos políticos.

Christian Quintero también agradeció estar fuera del centro penitenciario, donde estuvo preso tras su detención, en septiembre del año pasado.

Estuvo cuatro meses «sin tener visitas familiares» y sin que sus parientes «supieran nada» de él, aseguró.

«Ese centro de concentración en el que estábamos es muy fuerte, de verdad, gracias a Dios estamos acá afuera, gracias a todas las personas que nos apoyaron, a nuestros familiares», expresó el joven, quien también tiene que cumplir un régimen de presentación cada 30 días.

Jiménez y Quintero fueron vinculados por las autoridades con presuntos planes terroristas en una plaza en Caracas.

También fue excarcelado el abogado José Moreno, representante legal de una empresa minera norteamericana que estuvo detenido durante tres años y cuatro meses.

«Todavía yo no tengo ni idea de por qué soy considerado traidor a la patria, conspirador y asociado con unas personas que las vine a conocer aquí, (…) y me quitaron mis bienes y lo que me queda ahora es esta camiseta de preso», señaló.

No entiende por qué lo «siguen procesando», al señalar que tiene que presentarse cada 30 días ante el tribunal, pese a que «no hay una sola evidencia» en su contra.

Moreno agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, y a «todo el grupo que está» con la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado por su respaldo a los presos políticos.

Además, espera que haya en su país «un cambio inmediato y unas elecciones este año».

La ONG Foro Penal, que contabilizaba hasta el pasado lunes 391 presos políticos, había confirmado a las 20:00 hora local (00:00 GMT) de este viernes 64 excarcelaciones.

Más temprano, el Gobierno anunció 131 excarcelaciones, un hecho que se da dos días después de que culminara el primer ciclo del diálogo promovido por Estados Unidos entre el chavismo y la oposición.

La organización Casa Centroamérica, creada por personas exiliadas y migrantes de la región, presentó este viernes en la capital guatemalteca el informe ‘La verdad del exilio (2014-2025)’, un documento que sistematiza el impacto social del desarraigo forzado y exige al Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León el diseño de una política pública de reparación.

El estudio, coordinado por el médico y psicólogo español Carlos Martín Beristain, documenta cómo la criminalización y la coacción judicial obligaron al destierro a decenas de operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos en la última década.

«A este gobierno le quedan 16 meses y por eso venimos a pedir lo mínimo: una política pública de Estado para un exilio digno y un retorno seguro, con institucionalidad, con presupuesto y con equipo», afirmó durante el acto la activista indígena y comunicadora Andrea Ixchíu, quien retornó temporalmente al país tras casi cinco años exiliada.

El informe detalla que el 93 % de las persecuciones registradas se concentraron en los últimos ocho años, una arremetida judicial articulada durante el mandato de la fiscal general Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y de atentar contra el Estado de derecho.

Según Martín Beristain, el exilio operó en este periodo como un «mecanismo de protección frente a la arbitrariedad» y no como una huida de la justicia.

La exfiscal general Claudia Paz y Paz, quien también acudió a la presentación, subrayó que para garantizar retornos definitivos es imprescindible «que con la nueva fiscalía se cierren los casos espurios» y se traslade a los jueces que integraron el engranaje de criminalización.

Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo de León reconoció que el Estado mantiene una «deuda histórica» con las personas forzadas al destierro y anunció la creación de un mecanismo interinstitucional para facilitar el retorno seguro de los guatemaltecos en el exilio.

Esta instancia coordinará acciones entre la Presidencia, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Guatemalteco de Migración y la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Asimismo, Arévalo de León indicó que buscará un acercamiento con el sector justicia para revisar el uso de los procesos penales y garantizar que las personas exiliadas tengan acceso a información sobre su situación jurídica.

El jefe de Estado añadió que el Ejecutivo fortalecerá además los mecanismos de protección y atención dirigidos a periodistas, defensores de derechos humanos, autoridades de los pueblos indígenas y operadores de justicia.

Al menos 60 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, permanecen encarcelados, incluidos 23 que se encuentran en condición de desaparición forzada, denunció este viernes la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ).

Al 31 de julio de 2026, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, que pertenece a la AMJ, documenta 51 hombres y nueve mujeres privados de libertad por razones políticas en Nicaragua, indicó esa ONG en una declaración.

De ese total, 15 son personas adultas mayores y 23 permanecen en condición de desaparición forzada, advirtió la AMJ, que aglutina al Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al Monitoreo Azul y Blanco, y a la Unidad de Defensa Jurídica, que denuncian, documentan y dan acompañamiento jurídico a las víctimas de la represión en Nicaragua.

Estos organismos han documentado 1.506 detenciones por motivaciones políticas en los últimos ocho años.

La cifra actualizada al 31 de julio representa un incremento de 14 personas frente al corte de mayo pasado, aunque no todas responden a detenciones recientes, explicó la ONG.

Seis de esas 14 personas pertenecen al grupo familiar del fallecido exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera, de 73 años, que murió bajo custodia estatal, y los otros 8 son reportes de detenciones recibidas a destiempo, de acuerdo con la AMJ.

En el caso de los familiares de Rivera fueron capturados el 31 de mayo en Managua mientras intentaban reclamar el cuerpo del líder indígena para sepultarlo.

Esas cifras de personas presas políticas están avaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El anterior informe registró la salida del exdiputado indígena miskito, fallecido bajo custodia estatal el 30 de mayo pasado, y volvió a incluir al antiguo comandante de la revolución sandinista Bayardo Arce, de 77 años, que había sido excluido en el documento anterior.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.