Categoría: El Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este domingo contra la cadena Fox News al criticar que no está dando la cobertura necesaria a sus mítines y acusar al canal de conceder demasiado espacio a voces de la oposición demócrata.

Trump señaló en un mensaje publicado en la plataforma Truth Social al programa ‘Fox & Friends’, que se emite todas las mañanas, por omitir el acto electoral que protagonizó anoche en el estado de Ohio, así como otros que encabezó durante la semana en Alabama, Texas y Oklahoma.

«Nuestra gente quiere ver nuestros mítines e informes sobre nuestros mítines en Fox News, o rápidamente dejará de verlo (¡como estoy haciendo yo en este momento!). Fox pasa más tiempo hablando con comunistas, socialistas y ‘Dumócratas’ -juego de palabras en inglés entre ‘democrat’ y ‘dumb’ (estupido)-, a menudo sin réplica, y MAGA no está, por decirlo suavemente, contento», afirmó el mandatario.

Además, aseguró que, si continúan minimizando la cobertura, los índices de audiencia del canal conservador caerán, recordando que la emisora ya sufrió pérdidas de espectadores en el pasado al distanciarse de su movimiento político en momentos electorales clave.

Trump también lamentó la presencia de analistas y colaboradores de perfil progresista en la pantalla y vinculó la postura de la cadena a decisiones internas de la directiva de Fox News.

Pese a las protestas del presidente, Fox News ofreció anoche la señal en directo del mitin de Trump en Ohio, que se enmarca en una campaña de actos electorales que busca movilizar a sus bases a un mes de las elecciones de medio mandato.

El Partido Republicano podría perder el control de la Cámara de Representantes y del Senado en los comicios del 3 de noviembre, lo que limitaría profundamente la capacidad de gobernar de Trump durante los dos últimos años de su segundo mandato.

El director general de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues, anunció este domingo que la corporación está investigando una posible interferencia externa de Estados Unidos, tras recibir la denuncia presentada esta semana por la Abogacía General de Brasil.

La denuncia fue remitida a la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal «para dar inicio a las averiguaciones», dijo el jefe policial.

«Es una investigación en marcha, un procedimiento previo. No se ha publicado la resolución del sumario, pero ya tenemos una investigación en curso», dijo Rodrigues.

Rodrigues brindó declaraciones a medios durante una visita a la sede de la Policía Federal de Carreteras, en Brasilia, desde donde las fuerzas de seguridad supervisan la operación coordinada durante la jornada electoral.

La investigación se produce a partir de un pedido de la Abogacía del Estado realizado este jueves a la Policía Federal y a la Fiscalía General, a raíz de una investigación periodística del periódico británico The Guardian.

En la publicación, que tuvo gran repercusión en la prensa brasileña, figura que el Departamento de Estado de Estados Unidos desvió un millón de dólares del Fondo de Derechos Humanos y Democracia para el programa «Combate al Lawfare y a la Censura en Brasil».

Dichos fondos estadounidenses habrían sido destinados a financiar redes y organizaciones en territorio brasileño con el fin de interferir en el debate político y «desestabilizar y atentar contra la institucionalidad del Poder Judicial brasileño», según el oficio del órgano del Gobierno brasileño, que cita la investigación periodística.

Asimismo, Rodrigues también se refirió este domingo a la seguridad de las sedes diplomáticas tras la suspensión temporal este viernes de los servicios consulares en las embajadas de Estados Unidos y Australia por motivos de seguridad.

«No comprobamos ningún elemento concreto que nos indicara un riesgo efectivo contra ninguna embajada. Los elementos recabados ayer no apuntan a nada concreto ni a la existencia de ningún plan que hayamos identificado», sostuvo.

Este viernes, la Policía Federal brasileña ejecutó, de forma preventiva, dos órdenes de registro e incautación en São Paulo y en los alrededores del Distrito Federal y afirmó que iban a analizar los equipos de comunicación e informáticos aprehendidos para determinar los pasos a seguir.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, será el máximo responsable de la nueva «Fuerza de Superinteligencia», el organismo dependiente de la Casa Blanca dedicado a la gestión federal sobre el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial en Estados Unidos.

Clayton compartirá responsabilidades con el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson, según anunció el mandatario en sus redes sociales, empleando el nuevo término que ha acuñado para describir todo lo relacionado con la inteligencia artificial.

«La Superfuerza de Inteligencia», añadió Trump, «tiene la tarea de coordinar el esfuerzo del gobierno federal para garantizar que Estados Unidos siga aportando al mundo de la ‘superinteligencia’, que muchos dicen que es más grande que la Revolución Industrial e Internet, y protegerá los intereses y mejorará las vidas de todos los estadounidenses.

«La Fuerza de Superinteligencia», apuntó finalmente, «coordinará la colaboración del gobierno federal con consumidores, grupos de interés público, organizaciones religiosas, proveedores de infraestructura crítica y empresas de Superinteligencia».

Un juez dispuso este sábado la detención preventiva por 180 días al exfiscal general de Bolivia Roger Mariaca, quien fue destituido por una investigación en la que el Gobierno de Rodrigo Paz lo acusa de supuestamente liderar una «organización criminal» que protegía al «narcoterrorismo» en el país.

En una audiencia cautelar que duró más de 15 horas, el juez Juan Carlos Montalban ordenó que Mariaca sea recluido preventivamente en la cárcel de Cantumarca, en la región andina de Potosí (suroeste), explicó a los medios uno de los fiscales del caso, Edwin Sarmiento.

Otros imputados en esta misma causa son el fiscal departamental de la región oriental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien fue enviado también por 180 días a la cárcel de El Abra, en Cochabamba (centro) y el fiscal superior Martín Irusta, que será recluido en la prisión de Patacamaya, en el altiplano de La Paz, precisó Sarmiento.

Además, un mayor de Policía que también es investigado fue enviado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano.

Los cuatro fueron detenidos el miércoles desde entonces permanecen en las oficinas de la fuerza antidrogas en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, acusados por los supuestos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.

Las detenciones ocurrieron dos días después de que el Gobierno de EE.UU. incluyera a Mariaca, Zeballos e Irusta en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándolos de ser «corruptos» y de «socavar Gobiernos elegidos democráticamente».

El viernes, el Parlamento aprobó una reforma que incorporó a la Ley de Organización del Ministerio Público un mecanismo para la «suspensión definitiva» del fiscal general cuando «se encuentre imputado formalmente y/o sujeto a una medida cautelar personal por delitos sancionables» con cárcel.

La norma fue promulgada de inmediato por el presidente del país, Rodrigo Paz, tras lo cual, el Legislativo volvió a sesionar para, primero, destituir a Mariaca.

Posteriormente, esta madrugada el Parlamento eligió como fiscal general interino al abogado José Armando Urioste, quien tomará juramento el lunes y permanecerá en funciones hasta que los legisladores designen a un nuevo titular mediante el proceso de selección establecido en la Constitución.

El Gobierno sostiene que Mariaca tenía «antecedentes» de protección a la organización del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset antes de asumir como fiscal general en octubre de 2024.

En julio de 2023, cuando Mariaca era fiscal departamental de Santa Cruz, Marset logró huir de un operativo para su captura en esa región boliviana y estuvo prófugo hasta marzo pasado, cuando se le detuvo en otra operación sin participación de la Fiscalía y fue enviado a EE.UU., donde está en prisión.

El nombre de Marset volvió a sonar en medio de la detención de Mariaca por un video en el que el uruguayo supuestamente dice que el ahora exfiscal general es su «amigo», aunque la autenticidad de esas imágenes no ha sido comprobada.

El excongresista republicano por Miami David Rivera ha sido condenado este viernes a 10 años de prisión por una campaña de lobby secreta en favor del Gobierno venezolano, como agente de Caracas, durante el primer mandato del presidente Donald Trump a cambio de 50 millones de dólares.

«Fue una cuestión de avaricia y traición (…). Creo que ha aprendido la lección. Ha cometido algunos errores, pero coincido con mis colegas en que debemos imponer sentencias que demuestren respeto por la ley», ha argumentado la jueza federal Melissa Damian durante la lectura de la sentencia, según recogen medios estadounidenses.

Asimismo ha hecho referencia a la comunidad cubanoestadounidense de Florida. «Esta sala está llena de cubanoamericanos que saben lo que significa intentar escapar de un régimen comunista. ¿Cómo cree que se sentirían si usted hubiera recibido ese dinero del régimen cubano?», le preguntó a Rivera, poco antes de sentenciarlo.

Rivera fue declarado culpable en mayo de los delitos de no registrarse como agente extranjero ante el Departamento de Justicia y conspiración para cometer lavado de dinero como parte de su trabajo para el gobierno del expresidente Nicolás Maduro.

Antes de conocer la condena, el propio Rivera pidió clemencia visiblemente emocionado en una intervención en la que habló sobre su trayectoria política, su trabajo con líderes de la oposición venezolana y su diagnóstico de cáncer. «Solo le suplico misericordia para que no me deje morir en prisión (…). Mis hijos no merecen quedarse sin padre», ha apelado.

En concreto explicó que las pruebas genéticas relacionadas con su cáncer estiman estadísticamente una expectativa de entre siete y 10 años de vida para personas con ese tipo de enfermedad. «Su señoría, no estoy aquí para decir que merezco algo. Pero sí diré que no merezco morir en prisión», expresó.

El excongresista rechazó las acusaciones. «Estas acusaciones son completamente ajenas a todo lo que he vivido», dijo antes de recordar cómo trabajó con el empresario cubano Jorge Mas Canosa y participó en causas relacionadas con los derechos humanos y la promoción de la libertad en Cuba, incluso a través de TV Martí. También colaboró en asuntos relacionados con Venezuela con el senador Marco Rubio, ahora asesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado durante 2017.

Rivera ha mencionado también conversaciones con dirigentes de la oposición venezolana, entre ellos Julio Borges, lo que demostraría que trabajaba en favor de la oposición y no del Gobierno venezolano. Según Rivera, Borges llegó a llamarlo «un gran patriota» en abril de 2017, mientras ambos discutían maneras de promover públicamente la causa de la oposición venezolana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reivindicó este viernes la gestión económica y de seguridad de su administración durante un mitin multitudinario celebrado en Alabama, en el marco de la campaña previa a las elecciones de mitad de mandato (‘midterms’) del próximo 3 de noviembre.

Trump realizó una parada de campaña en Alabama dentro de su gira por los estados clave en disputa, donde busca amarrar los apoyos necesarios para mantener la mayoría republicana en la Cámara de Representantes mediante una estrategia electoral con un marcado perfil personalista.

En el plano de la seguridad ciudadana, el líder republicano aseguró que en dos años su administración ha logrado «la mayor caída de la historia en delitos violentos» y ha situado la tasa de homicidios en su nivel más bajo en más de 125 años.

«En Birmingham los asesinatos se han reducido un 44% y aquí en Mobile los robos, hurtos, atracos y agresiones con agravantes han alcanzado mínimos históricos», aseveró ante sus simpatizantes.

Asimismo, Trump defendió sus estrictas políticas migratorias y el veto a la entrada de refugiados procedentes de países, según sus palabras, que son «peligrosos».

«Hemos detenido todas las admisiones de refugiados de Somalia y de otros lugares peligrosos. No pueden entrar; ¡no queremos a Somalia aquí! Tienen una tasa de desempleo del 98%, pero son muy buenos estafándonos», declaró ironizando durante su intervención ante los aplausos de los congregados.

Asimismo, el exmandatario enumeró una serie de inversiones empresariales proyectadas para el estado de Alabama, destacando los 4.000 millones de dólares (unos 3.500 millones de euros) de Mercedes-Benz para expandir su planta en Tuscaloosa, los 6.000 millones de Eli Lilly (5.300 millones de euros) para una nueva fábrica en Huntsville, así como las de US Steel y Arcelor Mittal en una región con un importante tejido industrial tradicional.

Por último, en el ámbito de la política energética, Trump presumió de haber mantenido contactos con los líderes del G7 para acordar la liberación de reservas de combustible en Europa.

«Me complace informar de que hemos llegado a un acuerdo para que Europa libere de forma inmediata cantidades masivas de diésel de sus reservas altamente abastecidas», concluyó.

El inquilino de la Casa Blanca anunció el miércoles que realizará una gira de 32 días por todo el país para hacer campaña de cara a las midterms, en las cuales el Partido Demócrata parece partir como favorito.

Las encuestas sitúan a los demócratas por delante en algunos de los estados más importantes para hacerse con el control de la Cámara de Representantes –una situación que podría repetirse también en el Senado–. Este giro responde, en gran medida, al descontento de la población por el alto precio de la gasolina y la guerra en Irán.

Las próximas elecciones servirán para decidir si los republicanos mantienen el control del Congreso estadounidense o si, en cambio, el Partido Demócrata se hace con el poder de cara a los dos últimos años de mandato de Trump, lo que podría cambiar el curso incluso de las investigaciones abiertas contra su Administración.

Si bien actualmente no existen pesquisas pendientes, los demócratas barajan la posibilidad de poner sobre la mesa investigaciones y comisiones al respecto, dependiendo del resultado de los comicios. Las últimas encuestas sobre intención de voto sitúan al Partido Demócrata por delante con casi 9 puntos de ventaja y el 48,7% de los apoyos frente al Partido Republicano, que obtendría el 40% de los respaldos.

El gobierno de Nicaragua decidió denunciar el “Tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y otras instancias políticas”, suscrito en Guatemala el 2 de octubre de 1987, según una comunicación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense dirigida a la junta directiva del organismo regional.

En la nota, con fecha 3 de octubre de 2026, la Cancillería nicaragüense señala que la decisión fue adoptada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo “en ejercicio pleno de su soberanía” y que la denuncia tendrá “efecto inmediato”.

La comunicación, de dos páginas, indica que la decisión fue transmitida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, en su calidad de depositario del Tratado Constitutivo.

La decisión ocurre en un contexto de cambios y cuestionamientos a distintas instituciones del sistema de integración centroamericana.

En marzo de 2025, Nicaragua denunció el convenio constitutivo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ); posteriormente, Honduras y El Salvador formalizaron su retiro del tribunal regional.

El Parlamento Centroamericano ha sido objeto de cuestionamientos en la región. El Salvador inició en 2025 un proceso para separarse del Parlacen luego de que la Asamblea Legislativa aprobara una reforma constitucional que elimina las referencias al organismo de los artículos 80 y 133 de la Constitución.

Diputados de Nuevas Ideas argumentaron que el Parlacen no estaba generando beneficios para el país. El organismo está integrado por representantes de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador, aunque sus decisiones no son vinculantes.

Hasta agosto de 2025 el Parlacen había aprobado 25 acuerdos durante el primer semestre de ese año principalmente recomendaciones y pronunciamientos, además de dos resoluciones y una declaración.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, también había planteado que el Parlacen, tal como funciona actualmente, no posee las características de un verdadero parlamento debido a que sus decisiones no tienen carácter obligatorio y que el Gobierno busca impulsar una reforma de la institucionalidad de la integración centroamericana.

El avión Gulfstream que desapareció frente a las costas de Nantucket perdió más de 12.000 pies de altura (3.650 metros) en tan solo tres minutos antes de perder el contacto con las autoridades.

La aeronave era utilizada como ambulancia aérea y en el momento de la desaparición viajaban en ella dos médicos, dos pilotos y dos ciudadanos de Bermudas, informó este sábado la compañía canadiense propietaria del avión, Latitude Air Ambulance, a la agencia The Canadian Press.

El aparato cubría la ruta entre Bermudas y Boston, donde tenía previsto aterrizar a la 1:25 de esta madrugada. Sin embargo, se precipitó de 23.500 pies (7.160 metros) a 11.000 pies (3.300 metros) a escasos veinte minutos del aterrizaje, según datos de la plataforma FlightAware.

La Guardia Costera de Estados Unidos puso en marcha este sábado un operativo de búsqueda con medios aéreos y marítimos frente a la costa de Nantucket, en el estado de Massachusetts.

Medios locales recogieron una conversación en la que un controlador de tráfico aéreo preguntó al piloto de la aeronave si estaba declarando una emergencia, sin llegar a recibir una respuesta clara.

El primer ministro de Bermudas, David Burt, expresó que sus pensamientos y oraciones están con los seis ocupantes y sus familias durante este «momento profundamente preocupante», al tiempo que confirmó que el Gobierno bermudeño se mantiene en contacto estrecho con las autoridades de rescate estadounidenses.

El senador Flávio Bolsonaro volvió a acortar distancia en la intención de voto respecto al presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, en la víspera a la primera vuelta de los comicios, según una encuesta divulgada este sábado.

A horas de la apertura de las escuelas en todo el país, el líder progresista obtiene un 45 % de los votos válidos, mientras que el senador ultraderechista consigue el 42 %, lo que constituye un empate técnico, de acuerdo con el Instituto Datafolha, que excluye los votos blancos, nulos y el cálculo de indecisos.

El estudio divulgado hoy entrevistó a 2.002 electores en todo el país entre los días 1 y 3 de octubre, y cuenta con un margen de error de dos puntos porcentuales.

En el sondeo anterior de esta misma encuestadora publicado este jueves, Lula tenía 45 %, igual porcentaje que ahora, mientras que el primogénito de Jair Bolsonaro, un 40 %, dos puntos menos que en el de este sábado.

Les siguen de lejos el exgobernador conservador Ronaldo Caiado, con el 4 %, el activista antisistema Renan Santos, con un 3 %, y el psiquiatra y autor de libros de autoayuda Augusto Cury, también con el 3 %.

En la segunda vuelta, que se celebrará el 25 de octubre en caso de que ningún candidato obtenga una mayoría de apoyos este domingo, Lula y Bolsonaro también resultan empatados, con un 47 % de las intenciones de voto contra el 46 %, respectivamente.

En la medición de hace dos días, el progresista obtuvo 48 % contra 45 % del ultraderechista.

En el sondeo de la firma Quaest, también divulgado este sábado, ambos candidatos aparecen con empate técnico pero a menor distancia, con 46 % de los votos válidos para Lula y 45 % para Bolsonaro.

En una eventual segunda vuelta, el senador aparece por delante del actual presidente, 44 % a 42 %, respectivamente.

El sondeo de Quaest entrevistó a 3.702 votantes entre los días 2 y 3 de octubre, con un margen de error de dos puntos porcentuales.

La recta final de la campaña ha estado marcada por una batalla de noticias falsas y acusaciones cruzadas, siendo el principal acontecimiento de los últimos días la cancelación del debate final de la primera vuelta presidencial tras una serie de decisiones judiciales que alteraban a última hora las reglas del evento.

Las resoluciones judiciales, que prohibían realizarle preguntas y mostrar en pantalla el atril vacío de Lula ante su ausencia, desencadenaron duras críticas por parte de Bolsonaro, quien acusó al mandatario de utilizar a sus «amigos» del Poder Judicial para favorecer su candidatura.

Lula había anunciado su ausencia en el debate alegando que el formato favorecía un «ataque coordinado» en su contra, y decidió contraprogramar con una entrevista a un pódcast.

Por otra parte, Bolsonaro acusó de «censura» a la Justicia y canceló su participación poco antes del inicio del evento, que posteriormente fue cancelado.

Ambos candidatos pusieron fin a sus campañas este sábado, con eventos simultáneos en diferentes regiones de São Paulo, el mayor colegio electoral de Brasil, con 34 millones de votantes sobre un total de 158 millones de electores habilitados para votar en todo el país.