Categoría: El Mundo

La fiscal general saliente de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por EE.UU. y la Unión Europea por socavar la democracia, defendió este viernes su gestión de ocho años como una de «decisiones firmes y transformación institucional», y denunció que «narrativas desinformadoras» intentaron «desacreditar y demeritar» su trabajo.

«Podemos decir con la frente en alto: deber cumplido (…) esta ha sido una gestión histórica con resultados reales (…) enfrentamos obstáculos, nos intentaron callar, nos intentaron desacreditar», dijo Porras al presentar el informe de gestión del período 2025-2026, en la que ha sido su última presentación pública como fiscal general.

Consuelo Porras, una jurista de 72 años, asumió el puesto en mayo de 2018 elegida por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) y repitió por decisión de Alejandro Giammattei (2020-2024), y será sustituida a partir de este domingo por el abogado y juez Gabriel Estuardo García Luna, de 49 años.

En su discurso, Porras aseguró que bajo su mando el Ministerio Público alcanzó un porcentaje de resolución de casos superior al 90 % respecto a las denuncias recibidas, logrando una reducción drástica de la mora fiscal histórica que arrastraba la institución, aunque de acuerdo con diversas fuentes, la tasa real de éxito no supera el 8 %.

Asimismo, destacó supuestos indicadores de aceptación pública y fortalecimiento interno, argumentando que los niveles de confianza ciudadana aumentaron gracias a la modernización de la entidad y a la cobertura penal en los 340 municipios del país, unas afirmaciones vertidas en una ceremonia restringida exclusivamente al personal institucional y a medios de comunicación previamente seleccionados.

Esta versión de eficiencia contrasta drásticamente con el severo bloqueo internacional que deja Porras como legado, pues acumula sanciones internacionales por corrupción activa y persecución penal para socavar la democracia y criminalizar a opositores.

El rechazo de la comunidad internacional se recrudeció de forma definitiva tras las elecciones generales de 2023. En ese periodo, la Fiscalía dirigida por Porras emprendió una agresiva e inédita ofensiva judicial que buscaba anular el escrutinio oficial y criminalizar al partido del actual presidente de la República, Bernardo Arévalo de León.

Diversas organizaciones de derechos humanos, colectivos indígenas, activistas y operadores de justicia denunciaron de forma sistemática que, bajo el mandato de Porras, la persecución penal fue utilizada sistemáticamente como una herramienta de represión política.

Este fenómeno derivó en la criminalización de liderazgos comunitarios, defensores de derechos humanos y periodistas críticos, además de provocar el exilio forzado de más de una treintena de jueces, magistrados y fiscales anticorrupción que investigaban redes de impunidad y decidieron abandonar el país al no contar con garantías jurídicas.

El relevo que asumirá García Luna el próximo domingo mantiene en alerta a la sociedad civil y a los socios internacionales de Guatemala, que exigen el cese de la persecución política como paso previo para restablecer el Estado de derecho.

Autoridades estadounidenses detuvieron en el estado de Arizona al exsecretario de Seguridad de Sinaloa Gerardo Mérida, señalado por Washington como una pieza importante en la trama para proteger al Cartel de Sinaloa en el caso que implica al el gobernador de Sinaloa (noroeste), Rubén Rocha Moya, quien se apartó temporalmente de su cargo oficial.

Según el expediente penal hecho público este viernes, Mérida fue detenido el pasado 11 de mayo y fue trasladado a Nueva York, donde la fiscalía del Distrito Sur lo acusa de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento.

En conjunto, estos cargos conllevan una posible pena de cadena perpetua para Mérida, quien ya compareció ante el juzgado el miércoles.

Mérida, un general retirado del Ejército mexicano, es uno de los principales imputados en la causa abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en relación a la llamada trama Rocha Moya.

Según la acusación, políticos y mandos de seguridad ligados al gobernador habrían recibido sobornos millonarios y apoyo electoral a cambio de proteger al cártel, permitiendo a sus miembros actuar con impunidad.

Al poco de hacerse pública la acusación, Rocha Moya pidió licencia temporal como gobernador y un juez federal bloqueó por el momento su arresto y extradición a EE.UU. la semana pasada.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha insistido en repetidas ocasiones que la acusación estadounidense no cuenta con pruebas contundentes.

El caso abrió un nuevo frente de fricciones entre México y Washington, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró en los últimos días que el país vecino está gobernado por los carteles y que si las autoridades locales no toman medidas, EE.UU. lo hará.

Junto con Roya Moya y Mérida, están acusadas varias figuras que aún ocupan cargos oficiales, como Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de la capital de Sinaloa, Culiacán, quien se apartó temporalmente del cargo.

Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) declararon un nuevo brote de ébola en la provincia de Ituri (este) que deja ya al menos 65 muertos y 246 casos sospechosos, informó este viernes la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

«Se han notificado aproximadamente 246 casos sospechosos y 65 fallecimientos, principalmente en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara. Se han registrado cuatro fallecimientos entre los casos confirmados por laboratorio», publicaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la UA en un comunicado.

El brote fue confirmado tras detectar el virus del Ébola -una cepa diferente al Zaire- en 13 de las 20 muestras analizadas en el laboratorio del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) de la RDC y después de consultar con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública de este país.

Los CDC también mostraron su preocupación por el riesgo de una mayor transmisión debido al contexto de zonas urbanas, al «intenso movimiento» de la población, la movilidad relacionada con la minería en Mongwalu, la inseguridad en las zonas afectadas, las deficiencias en el registro de contactos, los desafíos en la prevención y el control de infecciones, y la proximidad de las zonas afectadas a Uganda y Sudán del Sur.

Por todo ello, convocó para este viernes una reunión urgente de coordinación de alto nivel con las autoridades sanitarias de congoleñas, ugandesas y sudanesas, junto con otros actores como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de la Onu para la Infancia (UNICEF) o la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Además, invitó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, de la Unión Europea, de China y de Canadá, junto con diversos laboratorios farmacéuticos, instituciones internacionales y diferentes ONG.

La reunión se centrará en la respuesta inmediata, la coordinación transfronteriza, la vigilancia, el apoyo de laboratorio, la prevención y el control de infecciones, la comunicación de riesgos, los entierros seguros y dignos, y la movilización de recursos.

Por último, instó a las comunidades afectadas y en riesgo a seguir las directrices de las autoridades sanitarias, notificar los síntomas con rapidez, evitar el contacto directo con casos sospechosos y apoyar a los equipos de respuesta.

El país sufrió otro brote de ébola entre el 4 de septiembre y el 1 de diciembre de 2025, y causó 45 muertos y 64 casos en la provincia de Kasai (centro), y se trata del decimoséptimo brote de esta enfermedad declarado en el país desde que se descubrió por primera vez en 1976.

Según la OMS, el ébola presenta una tasa de mortalidad de entre el 60 % y el 80 %, afecta a humanos y otros primates y se transmite por contacto directo con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados.

Esta fiebre causa hemorragias graves y sus primeros síntomas son fiebre repentina y alta, debilidad intensa y dolor muscular, de cabeza y de garganta, además de vómitos.

La OMS moviliza a sus expertos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este viernes que ha movilizando a sus expertos a la provincia de Ituri, en la región noreste de la República Democrática del Congo (RDC), para ayudar a las autoridades a contener lo que constituye el décimo séptimo brote de ébola en este país desde 1976.

El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que había sido informado que trece casos han dado positivo en pruebas de laboratorio en la capital, Kinshasa, a 1,400 kilómetros de Ituri y hasta donde las muestras han tenido que ser llevadas.

«La República Democrática del Congo cuenta con una sólida trayectoria en la respuesta y el control del ébola. También he asegurado al ministro (de Sanidad) nuestro pleno apoyo», declaró Tedros, cuya organización al mismo tiempo hace el seguimiento del brote de hantavirus en un crucero.

Tedros anunció que en los próximos días más expertos de la OMS -especializados en comunicación de riesgos y participación comunitaria, prevención y control de infecciones, atención clínica y logística- se unirán al equipo de la OMS que ya se encuentra en Ituri.

Asimismo, la organización sanitaria ha enviado suministros médicos y equipos de protección para la prevención y el control de infecciones, y ha destinado medio millón de dólares de su fondo para emergencias para apoyar de forma inmediata la respuesta.

«El brote nos recuerda la amenaza persistente que suponen los brotes de enfermedades para la salud humana y la importancia de la cooperación y la solidaridad para fortalecer continuamente la seguridad sanitaria mundial», declaró Tedros en una conferencia de prensa en Ginebra.

La OMS ha recordado que la región donde este brote se ha declarado es muy inestable, la población sufre una crisis humanitaria y el movimiento de personas es constante por razones de comercio o de actividades como la extracción de minerales.

El territorio de Ituri se encuentra fragmentado y es escenario de un conflicto armado entre el ejército y grupos armados rebeldes apoyados por fuerzas extranjeras.

Un terremoto de magnitud 6.3 sacudió este miércoles el noreste de Japón, informó la Agencia Meteorológica japonesa, que descartó una alerta de tsunami tras el movimiento telúrico registrado frente a la prefectura de Miyagi.

El sismo ocurrió a las 8:20 de la noche, hora local, con epicentro en el mar y a una profundidad aproximada de 50 kilómetros frente a las costas de Miyagi, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país asiático.

El temblor alcanzó una intensidad máxima de 5 inferior en la escala sísmica japonesa de siete niveles, utilizada para medir la fuerza del movimiento sobre la superficie y el posible impacto destructivo en las ciudades y comunidades cercanas.

Las autoridades confirmaron que el movimiento también se percibió en Tokio, la capital japonesa, donde algunos edificios registraron leves oscilaciones durante varios segundos.

Tras el terremoto, los servicios del tren bala con destino a Aomori, en el norte del país, fueron suspendidos temporalmente como medida preventiva, una acción habitual dentro de los protocolos de seguridad ferroviaria de Japón.

Hasta el momento, las autoridades japonesas no reportan personas fallecidas, lesionados ni daños materiales relacionados con el sismo, mientras continúan las inspecciones en infraestructura y carreteras de la región afectada.

Se trata del terremoto más fuerte registrado en el norte de Japón desde el pasado 20 de abril, cuando un sismo de magnitud 7.7 activó alertas de tsunami en varias zonas costeras, aunque tampoco dejó víctimas.

Japón está ubicado sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, por lo que sus edificaciones e infraestructura están diseñadas para resistir fuertes movimientos telúricos.

 

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que planteó a su homólogo chino, Xi Jinping, el caso del magnate hongkonés de los medios Jimmy Lai, aunque admitió que se trata de un asunto «difícil» para Pekín.

«Es un asunto difícil. Lo planteé. Es difícil para él», declaró Trump a los periodistas bordo del Air Force One tras abandonar China, al ser preguntado por el editor hongkonés, condenado a 20 años de prisión bajo la polémica Ley de Seguridad Nacional por su papel en las multitudinarias protestas antigubernamentales en la excolonia británica en 2019.

Según Trump, el mandatario chino le aseguró que «va a considerar lo mejor» respecto a este caso, sin más detalles.

Antes de viajar a China, el presidente estadounidense había avanzado que trataría durante la visita la posible liberación de Lai, que tiene 78 años y cuya salud se ha agravado desde que fue encerrado en un centro de máxima seguridad en agosto de 2020.

El de Lai, crítico con el Gobierno chino y fundador de Apple Daily, es el caso más emblemático que ha llegado a los tribunales de la excolonia desde que está vigente la Ley de Seguridad Nacional.

El Tribunal Superior de Hong Kong le condenó en febrero a 20 años de prisión -aunque enfrentaba una pena máxima de cadena perpetua- por los delitos de conspiración para coludir con potencias foráneas y conspiración para difundir publicaciones sediciosas.

Los fiscales sostuvieron que Lai articuló desde la redacción y la estructura corporativa de Apple Daily una campaña sostenida para promover sanciones internacionales contra Hong Kong y el Gobierno central chino, cargos que el acusado y su equipo legal siempre rechazaron.

El abogado de Lai, Robert Pang declaró en enero pasado que el magnate sufre hipertensión, diabetes, cataratas, problemas de visión por oclusión venosa y otras dolencias, en tanto la Fiscalía hongkonesa ha defendido la calidad de la atención sanitaria en prisión.

La causa de Jimmy Lai ha suscitado críticas de organizaciones de prensa y derechos humanos y ha provocado la reacción de varios líderes internacionales, entre ellos Trump, quien expresó su «tristeza» cuando se conoció el veredicto de culpabilidad del editor.

Amnistía Internacional (AI) y otras entidades han denunciado que, desde que Pekín impuso su Ley de Seguridad Nacional, la libertad de prensa ha colapsado en Hong Kong, amenazando con socavar el sistema de libertades del que goza la excolonia británica bajo el principio ‘Un país, dos sistemas’ acordado tras su devolución a China en 1997 y que debía garantizar que la isla pudiera mantener un alto grado de autonomía durante al menos 50 años.