Categoría: El Mundo

Al menos 35 presuntos miembros de bandas armadas de la coalición Vivre Ensemble (VIvir Juntos) murieron y otros 40 resultaron heridos el miércoles en enfrentamientos con la Policía Nacional de Haití (PNH) y las Fuerzas Armadas en Pacot, un suburbio de Puerto Príncipe, informó este jueves una ONG.

Según el director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), Pierre Esperance, en los choques contra los pandilleros también participaron miembros de las brigadas de autodefensa.

De igual forma, en su página de Facebook, la Policía comunicó el fallecimiento de seis personas, dos de ellas militares, también en Pacot.

Además, indicó la PNH, «varios delincuentes fueron detenidos», sin precisar la cifra de miembros de los grupos armados arrestados.

Explicó que, tras los repetidos ataques de miembros de bandas en Pacot, el miércoles se llevó a cabo una operativo en la zona y agregó que «la Policía, a través de unidades especializadas, sigue en el lugar para contrarrestar a estas bandas criminales».

Por otro lado, el Consejo Presidencial de Transición (CPT) expresó «su profunda consternación» por un ataque perpetrado ayer contra miembros de la Brigada de Canape-Vert, un suburbio de Puerto Príncipe, por individuos fuertemente armados que «lamentablemente ha costado la vida a varios brigadistas y ha dejado varios heridos».

«Ante esta tragedia», el CPT reitera «su compromiso de combatir la inseguridad en todas sus formas y de hacer todo lo posible para restablecer de forma duradera la paz y la estabilidad en todo el territorio».

También el Gobierno, en un comunicado, expresó su «profunda emoción» por «los brigadistas y policías caídos» ayer en Canape-Vert y Pacot, «mientras cumplían con su deber, protegiendo a la población con riesgo de sus vidas».

«La seguridad del pueblo es una misión sagrada. Se llevará a cabo hasta el final», prometió el Gobierno, que reafirmó que la lucha contra la inseguridad sigue siendo su prioridad absoluta y se declaró firmemente comprometido con el restablecimiento del orden y el triunfo de la paz.

Subrayó que «ninguna banda, ninguna violencia podrá quebrantar la determinación de la República. La respuesta será implacable» y destaca que «estos valientes policías murieron cumpliendo su juramento: proteger y servir. Su valentía inspira respeto y nos recuerda que los servidores del Estado caen de pie».

En 2024 la violencia causó en Haití al menos 5,626 muertos (un millar más que el año anterior), 2,213 heridos y 1,494 secuestrados, según datos verificados por la ONU, en un país con más de un millón de desplazados tras tener que abandonar sus hogares a causa de la inseguridad.

Una juez federal ha bloqueado temporalmente este jueves un mandato del Gobierno del presidente Donald Trump que exige mostrar un pasaporte o documento similar que acredite la ciudadanía estadounidense cuando los electores se registran para votar mediante el formulario federal.

La juez de Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly se puso del lado de una coalición de organizaciones que impugnaron la orden ejecutiva argumentando que es «inconstitucional y arrebata el poder a los estados» otorgado por la ley y el Congreso para regular las elecciones.

Trump dio el mes pasado instrucciones para que la Comisión de Asistencia Electoral exija en su formulario de registro de votantes una prueba documental de que se tiene la ciudadanía estadounidense, lo que, según los demandantes, privará a «millones» de ciudadanos, especialmente a aquellos de bajos recursos y minorías, de participar en las elecciones federales.

«Nuestra Constitución confía al Congreso y a los estados —no al presidente— la autoridad para regular las elecciones federales», escribió Kollar-Kotelly en su dictamen de 120 páginas.

La jueza también se refirió a una ley que el Congreso está debatiendo actualmente sobre este mismo tema, y advirtió que ningún estatuto da poder al Ejecutivo de EE.UU. eludir el proceso deliberativo del Legislativo mediante una orden ejecutiva.

Trump ha echado mano de la antigua retórica republicana sobre el fraude electoral para emitir una serie de medidas que transformarían drásticamente la manera como se llevan a cabo las elecciones en el país, advirtió la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a las organizaciones demandantes.

El mandatario ha dicho en numerosas ocasiones que hubo fraude electoral en los comicios presidenciales de 2020, en los que perdió contra el expresidente Joe Biden, y, en concreto, ha asegurado que los ciudadanos votaron de manera ilegal, aunque no hay pruebas de ello.

Sophia Lin Lakin, directora del Proyecto de Derechos del Voto en ACLU, dijo este miércoles en un comunicado que la orden ejecutiva de Trump forma parte de un ataque más amplio contra las elecciones democráticas al promover teorías conspirativas infundadas.

“El tribunal bloqueó hoy una estrategia clave de este ataque. Y seguiremos luchando para garantizar que todos los votantes elegibles puedan hacer oír su voz sin interferencias ni intimidación”, puntualizó la abogada.

Además de la prueba de ciudadanía, la orden exige a los estados dejar de contar las boletas electorales enviados por correo o en ausencia recibidas después del día de elecciones, lo que afecta a estados como California, que cuenta votos recibidos por correo hasta siete días después de la elección.

También requiere modificaciones significativas en los sistemas de votación y las normas de seguridad de los equipos de votación. Si los estados no cumplen, el Ejecutivo ha amenazado con cortar la financiación.

Una jueza federal en Maryland ordenó pausar temporalmente el requisito impuesto al Gobierno estadonidense para dar actualizaciones sobre el caso de Kilmar Ábrego García, un migrante enviado «por error» a una cárcel en El Salvador, tras un acuerdo entre el Departamento de Justicia de EE.UU. y su representación legal.

En una orden emitida en la noche del miércoles, la jueza Paula Xinis instruyó pausar la fase probatoria del caso hasta el 30 de abril, en respuesta a una petición del Gobierno estadounidense que fue presentaba bajo sello.

Xinis, que ha criticado duramente a la Administración de Donald Trump por su falta de transparencia en el caso de Ábrego, ha presionado a los abogados del Gobierno a que entreguen documentos que prueben que están haciendo las gestiones necesarias para devolver al migrante, nacido en El Salvador y afincado en Maryland hace más de 10 años.

Este nuevo acuerdo llega después de que el Gobierno Trump asegurara en declaración jurada que están involucrados en «discusiones diplomáticas apropiadas» con El Salvador sobre Ábrego, pero que se negara a entregar públicamente información específica sobre estos acercamientos.

Ábrego, arrestado en un retén de tráfico en Maryland, fue trasladado hace más de un mes a El Salvador. El Gobierno Trump lo acusa de formar parte de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), a pesar de que no tiene antecedentes penales y sin entregar pruebas que lo vinculen definitivamente con esta organización delictiva transnacional.

Ábrego García fue enviado inicialmente a la prisión de máxima seguridad salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), sobre la que recaen denuncias de abusos a los derechos humanos, y posteriormente fue trasladado a otra cárcel del país centroamericano, según confirmaron funcionarios estadounidenses.

El traslado de Ábrego al CECOT ha desatado una batalla jurídica en Estados Unidos, después de que la Casa Blanca admitiera en un primer momento que lo había deportado por «un error administrativo».

El Gobierno Trump ha iniciado, en cambio, una campaña de descrédito en contra de Ábrego García, al que ha calificado de «terrorista» y al publicar decenas de documentos judiciales de las distintas interacciones que el migrante ha tenido con las autoridades, a pesar de que no ha sido acusado o condenado de algún crimen.

Una serie de legisladores demócratas han viajado a El Salvador para pedir la liberación del migrante y el senador Chris Van Hollen logró que el Gobierno de Nayib Bukele le permitiera conversar con él.

Ábrego es uno de los más de 200 extranjero -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de EE.UU. y enviados al CECOT sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, lo que grupos de derechos humanos han calificado como «desaparición forzada».

Por su parte, el Gobierno Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las organizaciones delincuenciales transnacionales Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.

Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los migrantes expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.

A pesar de que el Supremo de EE.UU. emitiera la semana pasada un fallo que respalda la orden de un tribunal de menor instancia en Maryland que instruye al Gobierno a «facilitar» el retorno del salvadoreño, tanto EE.UU. como El Salvador han negado tener la potestad para hacerlo.

El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el CECOT y como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario salvadoreño.

Las Trump Stores, tiendas oficiales donde se venden productos patrocinados por Donald Trump, ya comercializan gorros, camisetas y vasos con el lema «Trump 2028», promocionando así un tercer mandato presidencial que está prohibido por la Constitución.

Todos los productos son rojos y con letras blancas: la gorra se vende a 50 dólares; la camiseta de algodón, a 36, y el set de dos vasos «cooler» -que mantienen las bebidas frías- cuesta 18 dólares. Están igualmente disponibles a través de la web oficial.

Por si hubiera alguna duda, la camiseta lleva un subtítulo: «Reescribe las reglas», en alusión a la norma que impide a un presidente sobrepasar dos mandatos.

Donald Trump ha hecho varias alusiones a un tercer mandato, la última de ellas en una entrevista con NBC News a fines de marzo. Requerido por el periodista para que dejara claro si lo decía en serio, respondió: «No estoy bromeando», pero de inmediato añadió que «es demasiado pronto para pensar en eso».

«Hay métodos para poder hacerlo», continuó entonces, y citó entre ellos buscar la elección de su vicepresidente, J.D.Vance, quien luego podría renunciar en su favor.

En cualquier caso, un tercer mandato requeriría una enmienda constitucional de dos pasos: una votación de dos tercios del Congreso o de dos tercios de los estados, ratificada luego por tres cuartos de los estados, algo que los analistas ven extremadamente complicado.

El Congreso de Honduras investigaru00e1 a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y del sector privado que han recibido fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en medio de cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de los recursos, informó este jueves el poder Legislativo.

El presidente del congreso hondureu00f1o, Luis Redondo, informó la noche del miércoles sobre la conformación de una “comisiu00f3n especial multipartidaria” que se encargaru00e1 de examinar el destino del financiamiento otorgado por la USAID a entidades hondureñas.

«Ante el reciente cierre de dicha agencia (USAID) por parte del Gobierno de los Estados Unidos, que la han calificado como una institución corrupta utilizada para promover agendas ideológicas e intereses ajenos, es indispensable que el pueblo hondureu00f1o conozca con total transparencia» a du00f3nde fueron a parar esos recursos, declaró Redondo.

El congresista seu00f1alu00f3 que, si bien parte de los fondos de USAID se destinaron a obras tangibles y verificables, hay otros aportes cuya ejecución no es tan clara, por lo que es fundamental esclarecer su uso y sus fines.

Subrayu00f3 la importancia de determinar quu00e9 organizaciones recibieron financiamiento, en quu00e9 se utilizaron los recursos, si estos fueron debidamente reportados a las autoridades hondureu00f1as, y si alguno de los fondos se empleu00f3 para “afectar la estabilidad institucional, polu00edtica, econu00f3mica o cultural del pau00eds”.

Redondo explicu00f3 que la comisiu00f3n tendru00e1 como mandato investigar tanto a instituciones pu00fablicas como privadas beneficiadas por la cooperación de USAID, evaluar los objetivos declarados y verificar si estos se cumplieron conforme a lo establecido.

El lu00edder legislativo tambiu00e9n afirmu00f3 que los integrantes de dicha comisiu00f3n seru00e1n designados en los pru00f3ximos du00edau00a0, al tiempo que reiteru00f3 las acusaciones del expresidente estadounidense Donald Trump —quien, segu00fan Redondo, ordenu00f3 el cierre de la agencia— por supuestos actos de corrupción, desvu00edo de fondos y fines polu00edticos, incluyendo la presunta desestabilizaciu00f3n de gobiernos.

Redondo denunciu00f3 que muchas instituciones hondureu00f1as que recibieron ayuda de la USAID han estado trabajando en «desestabilizar los poderes del Estado» y afirmu00f3 que si se comprueba que los recursos fueron utilizados para financiar «agendas contrarias al interu00e9s nacional», se procederu00e1 a «deducir responsabilidades legales y presentar las acciones judiciales correspondientes».

Aseguru00f3, sin precisar detalles, que hay organizaciones que habru00edan recibido hasta dos millones de du00f3lares anuales sin presentar avances tangibles en sus proyectos.

«Se destinaron fondos a entidades que no han demostrado en quu00e9 se utilizaron, si venu00edan para el beneficio del pueblo hondureu00f1o. En aras de la transparencia, es necesario que se presente un informe, asu00ed como los proyectos que se han hecho» para determinar si cumplieron con los objetivos de desarrollo para los diferentes sectores del pau00eds, concluyu00f3 Redondo.

En 2023 la ayuda de la USAID a Honduras fue de unos $144 millones, cifra que en 2024 al parecer se redujo a menos de $100 millones.

Las autoridades de Panamá informaron este jueves del decomiso de 1,152 paquetes de presunta droga encontrada en un contenedor procedente de El Salvador y con destino a Bélgica.

La información oficial no precisa el tipo de sustancia ilícita ni el peso total del alijo, pero los paquetes de droga pesan alrededor de un kilo cada uno y la droga más decomisada en Panamá es la cocaína.

«La Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, en diligencia de allanamiento y registro a un contenedor en un puerto, ubicó 1152 paquetes de presunta droga proveniente de El Salvador, con trasbordo en Panamá y destino final Bélgica», informó a través de sus redes sociales el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

El mensaje de organismo judicial incluyó fotos tanto de los bultos que contenían los paquetes y de los propios fardos muchos de ellos con las siglas «H&M».

Panamá es utilizado como puente de la droga que se produce en Suramérica y que tiene como destino principal Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo, y también Europa.

El país centroamericano cerró el 2024 con la incautación de más de 80 toneladas de sustancias ilícitas, según cifras oficiales. En 2023, los decomisos totalizaron 119,2 toneladas, la gran mayoría cocaína, de acuerdo con datos del Ministerio de Seguridad Pública.

#Decomiso | La Fiscalia de Drogas de Colón y Guna Yala, en diligencia de allanamiento y registro a un contenedor en un puerto, ubicó 1152 paquetes de presunta droga proveniente de El Salvador, con trasbordo en Panamá y destino final Bélgica. pic.twitter.com/Z9OVFWttoI

— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) April 24, 2025

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) solicitó este jueves a cortes en Estados Unidos el cierre de los casos de asilo de varios ciudadanos venezolanos que fueron expulsados y trasladados a El Salvador, donde ahora permanecen detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), aseguró el medio de noticias estadounidense Univisión.

Según reveló el medio estadounidense Univisión Noticias,

ICE insistió en cerrar al menos seis casos debido a la ausencia de los inmigrantes en el país nortemericano.

De acuerdo al abogado Martín Rosenow, quien representa a un joven venezolano identificado como Franco Caraballo Tapia, quien pidió asilo en Estados Unidos, aseguró que las citas con el servicio se mantuvieron inclusive luego de ser enviados a El Salvador.

«Se mantuvo (la cita) en el sistema inclusive hasta después de que lo habían enviado al Cecot», expresó Rosenow para Univisión Noticias.

La audiencia, inicialmente programada, fue cancelada un día antes. Posteriormente, el juez la ha reprogramado en tres ocasiones: del 19 de marzo al 2 de julio, luego al 2 de abril, y finalmente al 6 de mayo de 2025, expresó el abogado.

El Centro de Defensores Legales de los Migrantes (ImmDef) informó a Univision Noticias que los abogados tienen plazo hasta el 15 de mayo para presentar los fundamentos legales que impedirían la desestimación del caso de asilo de este ciudadano venezolano. La audiencia en la que se evaluarán tanto la solicitud como los argumentos de la defensa está prevista para finales de mayo.

Según el medio estadounidense, este solicitó información al Departamento de Seguridad Nacional y a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas sobre cuántos venezolanos han sido enviados a El Salvador pese a tener casos de asilo abiertos en tribunales migratorios estadounidenses, así como el estado actual de dichos procesos. Sin embargo, no recibió respuesta.

Durante la mañana de este jueves, una jueza federal identificada como Stephanie Gallagher ordenó al Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, facilitar el retorno de un joven venezolano de 20 años, identificado como “Cristian”, quien fue deportado a El Salvador en una expulsión que contravino un acuerdo judicial previo.

Esto tras citar el caso de Kilmar Ábrego García un salvadoreño con status legal en Estados Unidos, pero que fue deportado a El Salvador por presunta pertenencia a la MS-13, acusación por la que tampoco ha sido procesado o condenado; en el caso de Kilmar, la Corte Suprema del país norteamericano ha fallado que debe ser retornado, pero ni el gobierno de Donald Trump ni el de Nayib Bukele, en El Salvador, están dispuestos a acatar este fallo.

El médico del hospital Gemelli de Roma Sergio Alfieri, coordinador del equipo que atendió al papa Francisco, contó este jueves los últimos instantes de vida del pontífice: «Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos. Comprobé que no tenía problemas respiratorios e intenté llamarle pero no contestaba», dijo y explicó que decidió no llevarle al hospital porque su deseo era «morir en casa».

«No respondía a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento me di cuenta de que no podía hacer nada más. Estaba en coma», explica Alfieri en declaraciones publicadas en los medios italianos.

Revela que «si hubiera perdido el conocimiento» se habría «tenido que seguir las directrices de su asistente personal de salud, Massimiliano Strappetti, que era como un hijo para el Santo Padre» y que eran las de «ningún ensañamiento terapéutico».

«Durante su última hospitalización pidió expresamente que no se procediera en ningún caso a la intubación», que «le habría ayudado a respirar, pero habría sido difícil volver atrás y extubarle, con los pulmones infectados de virus», explica.

El que fue también su cirujano en dos operaciones explicó: «El lunes hacia las 5:30 de la mañana recibí una llamada de Strappetti: El Santo Padre está muy enfermo tenemos que volver al Gemelli. Preavisé a todos y veinte minutos después estaba allí en Santa Marta, parecía difícil pensar que fuera necesario un ingreso».

«Corríamos el riesgo de que muriera en el traslado, le expliqué que la hospitalización habría sido inútil. Strappetti sabía que el papa quería morir en casa, siempre lo decía cuando estábamos en el Gemelli. Murió poco después», recuerda Alfieri.

En otra entrevista asegura que «nunca se expuso al peligro».

«Es como si, acercándose al final, hubiera decidido hacer lo que tuviera que hacer. Como ocurrió en el Domingo de Resurrección, «cuando aceptó la propuesta de su asistente sanitario personal Massimiliano Strappetti de dar la vuelta a la plaza entre la multitud», añade.

Sobre la causa de la muerte, Alfieri explica que «fue uno de esos infartos que te llevan en una hora, quizá se inició un émbolo y ocluyó un vaso sanguíneo del cerebro. Quizá hubo una hemorragia. Son sucesos que le pueden ocurrir a cualquiera, pero los ancianos corren más riesgo, sobre todo si se mueven poco».

Según el parte de defunción, firmado por el director de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, Andrea Arcangeli, la muerte se produjo a las 7:35 de la mañana horas locales del 21 de abril en su apartamento, la residencia vaticana Casa Santa Marta, por un ictus, que derivó en un coma y después una parada cardiocirculatoria.

Alrededor de cincuenta jefes de Estado o de Gobierno y diez reyes asistirán el próximo sábado al funeral del papa Francisco en la plaza de San Pedro del Vaticano, según confirmó este jueves la Santa Sede.

La Oficina de Protocolo de la secretaría de Estado vaticano ha confirmado que «por el momento» las delegaciones que participarán en las exequias solemnes ascienden a 130.

De estas, cincuenta estarán encabezadas por jefes de Estado o de Gobierno y diez serán «soberanos reinantes», reyes.

Entre los asistentes confirmados están el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el de Argentina, Javier Milei, país natal del pontífice; el de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, el de Francia, Emmanuel Macron y el de Ucrania, Volódimir Zelenski.

Además de jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros muchos representantes europeos y mundiales.

El funeral de Francisco, fallecido el lunes con 88 años de edad, tendrá lugar en la mañana del próximo sábado en la Plaza de San Pedro del Vaticano para después ser trasladado y sepultado en la basílica romana de Santa María La Mayor.

Josu00e9 Ignacio Bergoglio, sobrino de Jorge Mario Bergoglio, mundialmente conocido como el papa Francisco, cree que su tío se despidió del mundo con una demostración de amor, al aparecer el domingo de resurrección para estar con su pueblo, por última vez en la plaza de San Pedro.

Se despidió dando las últimas muestras de amor para brindar, yo creo que el amor de Jorge hacia el mundo fue enorme, y me quiero quedar con eso, su última aparición, lo que significó: entregar su amor; Jorge llegó como Francisco en las pascuas de 2013 y Francisco se fue al encuentro del señor en las pascuas de 2025″, dijo Josu00e9 Ignacio en una entrevista a Noticias Caracol, de Colombia.

Visiblemente afectado y desde su natal Buenos Aires, Josu00e9 Ignacio relató que se enteraron del deceso, el lunes a las 6:00 de la mañana, a través de notificaciones que recibió en su celular; junto a su hermano y su esposa fueron quienes comunicaron la triste noticia a la única hermana que le sobrevive al papa Francisco, Maru00eda Elena, de 77 años.

El sobrino del primer papa Latino aseguró que como familia decidieron que no viajaru00e1n a Roma a las exequias de Francisco, y pidió a quienes tenu00eda el deseo de viajar a donar ese dinero a obras de caridad.

«El día que salió humo blanco fue un día muy complejo, porque teníamos que despedirnos de Jorge para entregu00e1rselo al mundo, ademu00e1s celebrar que teníamos un nuevo papa. Teníamos que asimilar todo lo que dejó en Argentina»
Josu00e9 Ignacio Bergoglio,
Sobrino del papa Francisco.

En la entrevista, fueron proyectadas fotografías de Bergoglio con su tío, en una visita en Roma, y de Maru00eda Elena, la hermana del papa.

Josu00e9 Ignacio relató que su tío – a quien se refería como Jorge- siempre fue un familiar presente, a pesar de la distancia que lo llevó a vivir en Italia, como el obispo de Roma.

«Estos 12 años que ha estado en el Vaticano, gracias a su amor, no hemos sentido tanta la distancia. Jorge era este familiar que siempre llama, que siempre estu00e1, que se ocupa, que se preocupa, siempre atento. Se va a extrañar porque llega el fin de semana y cuando llame a mamu00e1 ya no puedo preguntar mu00e1s si habló con el tío«, mencionó, mientras dice que su madre estu00e1 «abrazada a la resignación de que Jorge descansa en paz, que ya no sufre y que dejó en este mundo todo lo que podía dar».

Bergoglio definió a su tío como una persona «autu00e9ntica», y la única diferencia que encontró entre su tío Jorge y el papa Francisco fue «la seriedad que representaba su investidura».

«Siempre se mostró cercano, abierto, un hombre correctu00edsimo, no había grises o era blanco o era negro, era muy firme, si te tenía que retar te retaba», añadiu00f3 Josu00e9 Ignacio en la entrevista al noticiero colombiano.

«Encontrar una persona tan austera como él no es fu00e1cil, no es poca cosa. La fortaleza de reconocer errores, hacerse cargo de pedir perdón, incluso por cosas que no ha hecho, sino en nombre de».
Josu00e9 Ignacio Bergoglio,
Sobrino del papa Francisco.

Relató que el papa se enteró que muy pronto se convertiría en tío abuelo de su hija que tiene cuatro meses de gestación y expresó que le transmitiru00e1 las enseñanzas que le dejó a él.

Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Las Flores, Buenos Aires, Argentina, pero desde marzo de 2013 se convirtió en el papa número 266 de la Iglesia católica, y el primero latinoamericano.

Era hijo de inmigrantes italianos y tuvo cuatro hermanos, u00d3scar, Marta, Alberto y Maru00eda Elena, la única que sobrevive. Fue tu00e9cnico quu00edmico y luego se decidió por el sacerdocio. Entró a la Compau00f1u00eda de Jesu00fas y le tocó vivir una de las épocas mu00e1s oscuras de Argentina, en los tiempos de la dictadura. Con los años fue nombrado obispo y fue el papa Juan Pablo II quien lo nombró cardenal.

En marzo de 2013 fue electo papa tras la renuncia del papa Benedicto XIV, y tomó el nombre de Francisco en honor al santo italiano, Francisco de Asu00eds, que hizo votos de pobreza.