Categoría: El Mundo

El nnel vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reunió este sábado con el secretario de Estado vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, con quien hubo «un intercambio de puntos de vista sobre la situación internacional, especialmente sobre los países marcados por la guerra», y «de situaciones humanitarias difíciles, con especial atención a los migrantes, refugiados, y presos», según informó el Vaticano en una nota.nn»En el curso de la cordial conversación, se expresó satisfacción por las buenas relaciones bilaterales entre la Santa Sede y los Estados Unidos de América, y se renovó el compromiso común de proteger el derecho a la libertad religiosa», se lee en la nota.nnEn la reunión, también «se deseó una colaboración serena entre la Santa Sede y los Estados Unidos, cuyo valioso servicio a las personas más vulnerables fue reconocido».nnNo estaba previsto un saludo por parte de papa Francisco que continúa recuperándose tras haber sido dado de alta el pasado 23 de marzo tras 38 días ingresado en el hospital Gemelli por una neumonía bilateral.nnEl vicepresidente se convirtió al catolicismo en 2019, participó a la ceremonia acompañado por su esposa, Usha, y sus tres hijo, llevando a uno en brazos, y se sentaron en primer fila ante el altar papal.nnVance pertenece al ala católica ultraconservadora que no oculta sus críticas a Francisco y les divide la posición sobre la acogida a los migrantes, así como el Vaticano ha lamentado también los recortes de la administración de Donald Trump a la cooperación internacional y las deportaciones masivas.
nnPuede leer: La Casa Blanca dice al Papa que se meta en sus asuntos tras crítica migratoriannEl pasado 11 de febrero, el papa envió una carta a los obispos de Estados Unidos en la que consideró que las deportaciones masivas decretadas por Trump «lastiman la dignidad de muchos hombres» e instó a la Iglesia del país «a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados».nn»El acto de deportar personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por motivos de pobreza extrema, de inseguridad, de explotación, de persecución o por el grave deterioro del medio ambiente, lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras, y los coloca en un estado de especial vulnerabilidad», se leía en la carta enviada a los obispos de EEUU, en un gesto poco frecuente.nnEl vicepresidente estadounidense asistió este viernes al rito de la Pasión del Señor en la basílica de San Pedro del Vaticano, al que no acudió Francisco.nnVance se encuentra de viaje oficial en Italia hasta el domingo y este viernes también mantuvo una reunión con la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

El Departamento de Defensa estadounidense anunció

que reducirá «a menos de mil» el número de efectivos que tiene desplegados en Siria en los próximos meses, tras su «éxito» en la lucha contra Estado Islámico, y ha asegurado que seguirá cooperando con sus socios en la región en la lucha contra el terrorismo.

«Reconociendo el éxito que Estados Unidos ha tenido contra ISIS, incluida su derrota territorial en 2019 bajo el Presidente Trump, hoy el Secretario de Defensa ha ordenado la consolidación de las fuerzas estadounidenses en Siria bajo la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada… Este proceso deliberado y basado en las circunstancias reducirá la presencia estadounidense en Siria a menos de mil efectivos en los próximos meses», ha informado el Pentágono en un comunicado.

No obstante, aseguró, EEUU mantendrá «una capacidad considerable en la región», lo que le permitirá «realizar ajustes dinámicos en la postura de fuerza según la evolución de la situación de seguridad sobre el terreno».

Desde Defensa se comprometió asimismo a «garantizar la capacidad de (sus) socios para seguir debilitando a ISIS y a otros terroristas en la región», al tiempo que han instado a la comunidad internacional a repatriar a sus ciudadanos a fin de «reducir la población de desplazados y detenidos vinculados a ISIS» en el noreste del país.

Por el momento, no han trascendido más detalles relacionados con el procedimiento o los plazos de esta decisión, si bien el Departamento de Defensa ha indicado en su nota que irán proporcionando «más actualizaciones a medida que estén disponibles».

El Gobierno de Ecuador aseguró este sábado que el Estado está en «alerta máxima» después de que un informe de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas alertara de la presunta planificación de «atentados terroristas» contra el presidente, Daniel Noboa, y miembros de su Gabinete.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Ministerio de Gobierno de Ecuador se refirió así a un documento interno de las Fuerzas Armadas, viralizado en redes sociales el viernes, en el que se menciona «traslados de sicarios desde México y otros países a Ecuador para realizar atentados terroristas contra el presidente de la República y su equipo de trabajo».

El oficio, con fecha del 17 de abril y cuya autenticidad fue confirmada por el ministro de Gobierno, José De la Gasca, a medios locales, señala que estas acciones presuntamente de organizaciones criminales se han iniciado tras las elecciones del pasado domingo, en las que Noboa fue reelegido frente la candidata correísta Luisa González, quien ha denunciado un presunto «fraude» descartado por las principales misiones de observación internacional presentes en los comicios.

En ese informe, las Fuerzas Armadas también alertan de la planificación de otros posibles atentados hacia los principales puentes del país, bancos y otras instituciones del Estado, y que se estarían planeando acciones para «calentar las calles a través de manifestaciones» que se podrían volver «violentas», sin dar más detalles del origen de las amenazas.

El documento recomienda reforzar la seguridad del mandatario y de los ministros de Estado, así como de las autoridades militares.

Ante ello, el Ejecutivo ecuatoriano señaló que «el Estado está en alerta máxima» y que «se han activado todos los protocolos de seguridad», de modo que «las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos de Inteligencia están trabajando de forma articulada para neutralizar cualquier amenaza».

«Frente a la información de inteligencia que alerta sobre la gestación de un magnicidio, ataques terroristas y calentamientos de calles mediante manifestaciones violentas, condenamos y repudiamos enérgicamente cualquier intento de atentar contra el presidente de la República, autoridades del estado y funcionarios públicos», señaló el Gobierno.

El Ejecutivo ecuatoriano catalogó como «deplorable» que estructuras criminales, «en complicidad con sectores políticos derrotados en las urnas, pretendan imponer el caos mediante la violencia, el miedo y el terror», sin mencionar al correísmo, cuya candidata ha anunciado que presentará pruebas del supuesto «fraude» electoral que insiste en denunciar.

«Estas acciones no solo buscan desestabilizar al Gobierno, sino vulnerar la democracia, la soberanía, la paz del Ecuador y el Estado de derecho», agregó el Ministerio.

El Gobierno de Ecuador aseguró además que responderán a estos posibles ataques con «toda la fuerza». «Pondrán a prueba nuestra determinación. Que no se les olvide: prevalecemos y prevaleceremos. Con la fe en Dios y la fuerza del Estado vamos a poner de rodillas a cada criminal», añadió.

El presidente Noboa se encuentra desde el jueves en Florida (Estados Unidos), hasta donde viajó para «atender asuntos personales», y se prevé que retorne al país el próximo martes.

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un «conflicto armado interno» que Noboa declaró para enfrentar a las bandas de crimen organizado, a quienes le declaró la «guerra» y pasó a denominarlas como «terroristas».

Las organizaciones criminales están detrás de la escalada de violencia que llevó a Ecuador a situarse en 2023 como el país de Latinoamérica con el índice más alto de homicidios, mientras que el 2025 ha comenzado como el año más violento desde que se tiene registro, con un promedio de aproximadamente un asesinato por hora.

La ola de violencia incluye también a autoridades locales, fiscales que investigan al narcotráfico y el crimen organizado y políticos como el candidato presidencial Fernando Villavicencio.

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ordenó este sábado suspender las expulsiones amparadas en la llamada Ley de Enemigos Extranjeros que emplea la Casa Blanca para encarcelar en El Salvador a migrantes irregulares acusados de pertenencia a organización terrorista.

El fallo frena la política impulsada por la administración de Donald Trump con base en la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa poco usada desde su creación en 1798.

La resolución prohíbe al Gobierno estadounidense trasladar a cualquier miembro de la clase identificada de detenidos hasta nuevo aviso del alto tribunal. La decisión fue adoptada con los votos en contra de los magistrados conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito.

El dictamen impacta directamente a un grupo de migrantes venezolanos retenidos en el centro de detención de Bluebonnet, en Anson, Texas, donde se les acusa de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, declarado organización terrorista por el expresidente Trump.

La ley fue invocada por Trump a través de una proclamación en marzo, permitiendo la expulsión inmediata de migrantes sin proceso legal, una medida que ha sido cuestionada por su legalidad y uso arbitrario. La última vez que esta norma fue aplicada de forma masiva fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ciudadanos estadounidenses de origen japonés fueron internados en campos especiales.

Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denunciaron que algunos de los migrantes ya habían sido cargados en autobuses rumbo al aeropuerto, motivo por el cual presentaron recursos de emergencia en tres tribunales distintos durante la noche del viernes.

Una de las demandas urgentes fue presentada ante la Corte Suprema por temor a una deportación inminente. En ella, se documenta que los detenidos fueron forzados a firmar formularios en inglés, pese a no comprender el idioma, y que se les aseguró que la orden “venía del presidente”.

Entre los casos destacados se encuentra el de un joven de 19 años, identificado con las iniciales Y.S.M., detenido el 14 de marzo. Las autoridades migratorias lo acusaron de ser miembro del Tren de Aragua por aparecer en una fotografía junto a una persona con un arma. Sin embargo, su abogado aclaró que se trataba de una pistola de agua.

Desde el 15 de marzo, la administración Trump ha enviado al menos cinco vuelos con migrantes hacia El Salvador, bajo un acuerdo con el presidente Nayib Bukele que permite al gobierno estadounidense recluir a los deportados en cárceles salvadoreñas a cambio de un pago. El gobierno de El Salvador no ha confirmado oficialmente los nuevos vuelos.

El juez James Boasberg, quien preside uno de los casos federales, había ordenado anteriormente pausar las deportaciones bajo esta ley. A pesar de su decisión, tres vuelos partieron desde Texas hacia El Salvador, lo que ahora podría ser objeto de una investigación por desacato.

El fallo de la Corte Suprema no solo representa un revés temporal para el plan de Trump, sino que también resalta las preocupaciones sobre el uso de leyes de guerra para justificar deportaciones sin el debido proceso, una práctica que podría erosionar los derechos constitucionales de los migrantes en Estados Unidos.

Un tribunal de apelaciones en Washington D.C. bloqueó temporalmente el intento de un juez federal para declarar al gobierno del presidente Donald Trump en desacato.

El juez federal, James Boasberg, había dado inicio la semana pasada al proceso para declarar a la Administración en desacato por ignorar una orden judicial y haber enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a la megacárcel en El Salvador.

En una orden emitida el viernes, el tribunal de apelaciones del distrito de D.C. indica que el bloqueo de los procedimientos busca darle más tiempo a esa corte a estudiar los argumentos del Gobierno para impugnar la decisión de Boasberg.

El miércoles pasado, en una decisión de más de 40 páginas, el magistrado acusó al Ejecutivo de haber ignorado con «completo menosprecio» una orden judicial que les instruía a dar marcha atrás al envío de los migrantes al país centroamericano.

«La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla», escribió.

Permitir al Gobierno «anular» los fallos de las cortes, agregó Boasberg, «convertiría en una burla solemne a la propia Constitución».

Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.

Un día después de que invocara la ley, Boasberg bloqueó su uso justo en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos.

Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que el incluso Trump sugirió llevar a un juicio político al magistrado.

El envío de migrantes hacia El Salvador ha provocado una serie de demandas al Gobierno de Trump y el rechazo por parte de organismos internacionales.

La ONG Human Rights Watch, en un informe publicado la semana pasada, acusó a EE.UU. y El Salvador de estar sometiendo a estas personas a una «desaparición forzada».

La Administración de Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.

Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.

EE.UU. llegó a un acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para enviar a algunos migrantes detenidos en EE.UU. hacia el CECOT, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.

Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó este viernes de que miles de familias aún carecen de refugio, agua potable y asistencia médica en Birmana, donde las réplicas del terremoto del pasado 28 de marzo, que ha dejado ya cerca de 3,700 muertos, «agravan el sufrimiento de comunidades ya golpeadas por el conflicto y la pobreza».

Desde la oficina señalaron que, hasta la fecha, se han registrado más de 140 réplicas, algunas de ellas de hasta magnitud 5,9 en la escala de Richter.

Esta situación, lamentan, «ha aumentado el miedo y la incertidumbre» y ha «exacerbado el costo psicológico, particularmente en los niños y las familias desplazadas».

Asimismo, los constantes temblores han alterado la capacidad de respuesta de la organización en un contexto en el que familias enteras continúan durmiendo a la intemperie, expuestas a innumerables riesgos, y donde se teme que las réplicas «puedan persistir durante meses».

Así las cosas, la OCHA ha destacado la especial vulnerabilidad de los niños de las zonas afectadas no solo por el elevado riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, sino también por el peligro creciente de la desnutrición «a medida que la inseguridad alimentaria empeora y el apoyo nutricional se vuelve más difícil de brindar».

«A pesar de los esfuerzos, la magnitud y la urgencia del desastre exigen mucha más acción, recursos y acceso», ha reclamado la OCHA, recalcando que los medios de vida en Birmania «se han visto trastocados debido a los daños generalizados a las tierras de cultivo, la infraestructura esencial y otros negocios generadores de ingresos».

La semana pasada, Naciones Unidas y sus socios lanzaron un llamamiento para recaudar 275 millones de dólares para llegar a 1,1 millones de personas más con ayuda urgente. Esta solicitud se suma al plan de respuesta humanitaria de $1,100 millones (cerca de 970 millones de euros) lanzado en diciembre de 2024 para ayudar a 5.5 millones de las personas más vulnerables que sufren los efectos de conflictos y dificultades de larga data.

El país está sumido en una grave crisis interna desde el golpe de Estado de febrero de 2021, perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020. La represión posterior derivó en una guerra civil que ha tenido un enorme impacto sobre la población civil y que se ha visto ahora agravada por el seísmo.

Centenares de feligreses se concentraron este Viernes Santo en el colonial Casco Antiguo de Ciudad de Panamu00e1, para caminar en procesión junto a un Jesucristo sin vida sobre la losa del sepulcro.

Los fieles salieron desde la Iglesia Nuestra Señora de La Merced hasta la Catedral Basílica Santa María la Antigua recorriendo templos y otros puntos religiosos claves del casco histórico de la capital panameña, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1997.

«En los nueve años que llevo en este tema de la Semana Santa del Casco Antiguo, ayer fue la primera vez que vi filas para entrar a las iglesias», dijo a EFE Ricardo Gago, uno de los organizadores de la actividad y presidente del Comité Amigos de las Iglesias del Casco Antiguo, ante la alta cantidad de presentes este año.

La procesión, guiada por la hermandad del Jesús Yacente, fue encabezada por la imagen de un Cristo que yace dentro de una enorme vitrina acompañado flores blancas. Las viudas sosteniendo velas y la banda de música de la policía panameña marcando el ritmo de la marcha.

«Cada año hay mayor participación, mu00e1s personas se agregan a las hermandades y se nota en el ambiente», agregó Gago.

Así, Gago explicó que con esta celebración de Viernes Santo se ha intentado «rescatar las tradiciones que estaban» en el Casco Antiguo de Panamu00e1 desde hace años, pero que «desgraciadamente se fueron perdiendo».

Santiago Atitlán, un poblado indígena ubicado en el suroeste de Guatemala, fue escenario este Viernes Santo de una de las procesiones más emblemáticas de la Semana Santa del país. Cientos de devotos católicos acompañaron la imagen del Señor Sepultado, mientras esta se encontró con el Rilaj Mam, una deidad maya, en un evento marcado por el sincretismo religioso.

La figura de Cristo, colocada dentro de un ataúd de cristal decorado con detalles dorados, partió desde la iglesia católica fundada en 1547 y recorrió las alfombras multicolores elaboradas con frutas y aserrín por los fieles.

«Armamos cada año alfombras de aserrín para el paso de esta procesión que consideramos la más profunda, según nuestra religiosidad, por el sacrificio de Cristo por nosotros, y es un gusto ver su paso por encima de la ofrenda que diseñamos en el suelo», contó a EFE Humberto Petzey, uno de los participantes que, junto a su familia, se encarga de crear estas alfombras.

El cortejo, protagonizado por indígenas ataviados con trajes tradicionales en tonos rojos y blancos, se cruzó con la imagen del Rilaj Mam , también conocido como Maximón, una figura sagrada para la cosmovisión maya, reconocida como creadora del universo y símbolo de protección del pueblo.

Durante dos horas, la procesión permanece detenida frente al atrio de la iglesia, bajo el sol, como una forma de penitencia y devoción, según explicaron los cofrades indígenas locales.

Mientras tanto, el Rilaj Mam, representado por una figura de madera que porta un cigarrillo de tabaco en la boca y viste un saco negro con sombrero, es llevado en andas por un chamán. “Cargar los pecados del pueblo” es su misión, según relató Petzey.

La jornada concluye con el regreso de la imagen de Cristo a la iglesia, y la del Rilaj Mam a su cofradía en una de las aldeas cercanas, donde permanece hasta la próxima Semana Santa.

Las autoridades guatemaltecas informaron que durante 2025 se han celebrado más de 140 procesiones en diferentes regiones del país, y se estima la llegada de más de 150,000 turistas internacionales durante la Semana Mayor.

Católicos del puerto mexicano de Acapulco llevaron a cabo este Viernes Santo la representación del viacrucis en varias playas, donde oraron por el fin de la violencia e inseguridad en la región, así como por las madres y familiares de personas desaparecidas.

Alrededor de 250 personas se reunieron en la estatua en honor a todas las víctimas de desaparición en Acapulco, estado de Guerrero, sur de México, desde donde caminaron por las playas Tamarindos, Suave, Papagayo y Yellow Point, donde realizaron las 14 caídas de Jesucristo.

Las mujeres, en su mayoría, cargaron la cruz de Cristo, con las fuertes olas del mar de fondo, los castillos de arena, las albercas para los niños y los miles de turistas que disfrutaban del sol, la arena y el mar.

El sacerdote Salvador Cisneros Preciado dijo a EFE que la intención de la actividad es pacífica, enfocada en el dolor por la pérdida de miembros de la comunidad y la esperanza de encontrarlos, razón por la cual partieron del monumento a los desaparecidos.

«Partimos del hecho de que vivimos en una sociedad con mucha violencia y una negación institucional al daño que sufren las familias. Nuestra propuesta es de paz, que se termine todo eso y que cada quien haga lo que tiene que hacer y lo haga bien, esa es nuestra grande necesidad», afirmó el párroco.

Cisneros Preciado recordó que el viacrucis cerca del mar se realiza desde hace 13 años en el puerto, por lo que ahora también buscan involucrar a los turistas que quieran sumarse.

«Caminamos junto a Jesús que sufre en los desaparecidos, en las familias que buscan a sus desaparecidos, en los asesinados, en las personas que sufren la violencia, en los comerciantes que son extorsionados, en una sociedad vulnerable», comentó.

«Queremos acompañar a toda esa sociedad porque somos parte de ella, parte de esta sociedad, pero nuestra propuesta de paz, no es de guerra, no es de combatir sino con armas de paz», agregó.

La creyente Ivette Cebreros López compartió que lleva cinco años participando en el viacrucis, tras involucrarse de lleno a la iglesia católica a raíz de la muerte de sus padres.

«Yo estaba alejada de Dios y tuvieron que fallecer mis padres para que yo volviera a retomar lo que es nuestra fe cristiana, entonces empecé a partir de que fallecieron ellos dos a documentarme, aprender y hacer todo lo que es mi obligación como católica», contó Cebreros.

El puerto de Acapulco ha padecido una ola de violencia durante esta Semana Santa, con al menos 20 personas asesinadas a balazos en la playa, ataques a negocios, quema de camionetas de transporte público y bloqueos en la autopista del Sol, la principal entrada al puerto.

México acumula a la fecha más de 120,000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde el inicio de los registros en la década de 1950.

La ciudad de Nueva York aseguró este viernes que sigue comprometida con proteger a los inmigrantes y les recordó que no teman acudir a los hospitales para recibir la ayuda que necesitan, pese a ser momentos «difíciles» en que el Gobierno del presidente Donald Trump arrecia su campaña contra esta comunidad.

Un grupo de funcionarios de la ciudad, encabezados por el comisionado de la Oficina de Asuntos de Inmigración, Manuel Castro, se reunieron hoy en un foro para asegurar a los inmigrantes que sigue vigente la ley que convirtió a Nueva York en una «ciudad santuario» (amiga de los inmigrantes).

Indicaron, en ese sentido, que estos no tienen que revelar su estatus migratorio para recibir servicios de salud y todos los beneficios que por años se les han provisto, pese a la política migratoria de Trump, a quien no mencionaron por su nombre.

«Tenemos una larga y orgullosa historia de cuidar a todos, sin excepción, y hoy, nuestro compromiso con el acceso a la atención médica sigue siendo inquebrantable, independientemente del estado migratorio, la capacidad de pago o por el dominio del inglés», indicó la comisionada interina del Departamento de Salud local, y médico, Michelle Morse.

«Proteger a nuestros neoyorquinos inmigrantes no solo es lo correcto: es un imperativo de salud pública», sostuvo Morse, quien ofreció datos de un informe que su agencia dio a conocer esta semana sobre la salud de los inmigrantes, que revela que su expectativa de vida es mayor que la generación que ha nacido en EE.UU., por lo que es importante que tengan acceso a servicios sanitarios.

También dijo que defender e invertir en la confianza y la dignidad de los inmigrantes «es esencial» para una ciudad segura y saludable.

«Estamos viviendo un período extremadamente intenso de control migratorio que tiene consecuencias directas para nuestra salud», sostuvo Morse, que estuvo acompañada por el director ejecutivo de la corporación de hospitales y clínicas de salud públicas, Jonathan Jiménez, de origen colombiano, y que recordó que sus padres fueron indocumentados.

Jiménez, también médico, reiteró que no se revela información de los pacientes y que su privacidad está protegida por la ley, por lo que los inmigrantes no tienen que dar información sobre su estatus migratorio para recibir servicios.

El galeno también dirige el programa NYC Care, para neoyorquinos que no reúnen los requisitos para un seguro médico, incluidos los indocumentados, y que acuden a clínicas comunitarias, donde dijo que no ha visto una reducción en el número de pacientes que atienden, unos 10,000 mensuales.

Indicó que su agencia trabaja en coordinación con 22 oenegés para llevar el mensaje a los inmigrantes y además ha emitido una guía para los empleados de la corporación de hospitales sobre qué hacer para proteger a pacientes si los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) se presentan en sus instalaciones.

El comisionado de Inmigración, Castro, dijo a EFE que el foro se realiza luego de que inmigrantes preguntaran si es seguro acudir a hospitales a por servicios o medicamentos por el temor a ser deportados por la política migratoria de Trump, con la que coopera el alcalde Eric Adams.

Esa cooperación abarca tanto el arresto de inmigrantes con presunto expediente criminal como el retorno de ICE a la cárcel municipal, lo que abona la inseguridad de esta comunidad.

«Nuestro papel como jefes de agencia es comunicarnos con la comunidad sobre los hechos que existen, no sobre la política o las conversaciones entre funcionarios», dijo sobre las conversaciones que ha mantenido Adams con Trump y el zar de la frontera, Tom Homan, tras lo cual este anunció el retorno de ICE la cárcel.