Categoría: El Mundo

ElnnEjército israelí mató a primera hora de este miércoles a la fotoperiodista Fátima Hassouna y a varios miembros de su familia tras bombardear su casa en el barrio de Al Tuffah, al este de Ciudad de Gaza, confirmaron fuentes locales a EFE.nnLa Defensa Civil gazatí, por su parte, informó en su canal de telegram de que sus equipos han podido recuperar seis cuerpos en el barrio de Al Tuffah y que han trasladado a ocho heridos a los hospitales.nnAdemás, en las últimas 24 horas los ataques israelíes han dejado a más de una treintena de fallecidos, informó el Ministerio de Sanidad gazatí.nnSolo en el norte de la Franja de Gaza, una quincena de personas murieron en la última jornada, entre ellas una niña y una anciana, en diferentes bombardeos de artillería y de drones especialmente contra Gaza Ciudad y contra Beit Lahia.nnEn el centro de la Franja, se registraron otros dos fallecidos en dos ataques diferentes contra el campo de refugiados de Al Bureij y otro en una casa frente al hospital de los Mártires de Al Aqsa en Deir al Balah.nnY en el sur del enclave palestino, fue donde más víctimas mortales se registraron en las últimas 24 horas con un total de 17 muertos por ataques contra las ciudades de Rafah y Jan Yunis.nnAlgunos de esos bombardeos golpearon, de nuevo, tiendas de campaña que albergan a personas desplazadas en la zona costera de Mawasi, bautizada por Israel como «punto seguro».nnDos miembros de una misma familia de 56 y 33 años murieron tras un ataque con drones contra su tienda de campaña al oeste de Jan Yunis. En este mismo punto, otros cuatro gazatíes también murieron en otro ataque aéreo contra su tienda de campaña.nnAdemás, se estima que nueve cuerpos siguen bajo los escombros tras un ataque israelí contra su vivienda al norte de Rafah.

El presidente colombiano,

Gustavo Petro, afirmó este martes que no puede reconocer las elecciones ecuatorianas en las que el mandatario de ese país,

Daniel Noboa, fue reelegido para el periodo 2025-2029, pues aseguró que los comicios del domingo pasado fueron celebrados «bajo estado de sitio».

«En siete provincias se decretó el estado de excepción. El Ejército dirigió la jornada electoral, las mesas durante las elecciones, y el conteo de votos. No hay elecciones libres bajo estado de sitio. No puedo reconocer las elecciones en el Ecuador», dijo el mandatario colombiano en la red social X.

Petro, que previamente dijo haber recibido informes «preocupantes» de las presidenciales y que «el Gobierno debe entregar las actas de cada mesa para ser verificadas», añadió en su nuevo mensaje que la Organización de Estados Americanos (OEA) «señala irregularidades en las elecciones del Ecuador».

Justamente la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) mostró este martes su preocupación por indicios de uso de recursos públicos y del aparato estatal con presuntos fines proselitistas durante la campaña.

Sin embargo, en el informe preliminar de 49 páginas la misión valora «la participación pacífica, decidida y contundente» de la ciudadanía durante el balotaje que, en un contexto «desafiante», se expresó «con claridad sobre quién debe conducir el país» hasta 2029.

Noboa obtuvo el domingo la reelección en segunda vuelta con el 55,6 % de los votos, mientras que la candidata correísta Luisa González recibió el 44,4 %, resultados que no reconoce pero que fueron avalados por las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la OEA.

Las dudas de Petro

En el mensaje publicado horas antes, Petro cuestionó el resultado de las elecciones que ya fue reconocido por numerosos países, incluso por su canciller, Laura Sarabia.

«Se enviaron personas veedores (sic) de Colombia a las elecciones del Ecuador. Los informes que recibo son preocupantes»,

manifestó.

Según el mandatario colombiano, «la dirección de las elecciones siempre estuvo bajo vigilancia militar directa y armada con rostros en capucha. Cada mesa tuvo fuerte presencia militar uniformada y con armas».

«Creo que el gobierno debe entregar las actas de cada mesa para ser verificadas», dijo Petro un día después de que la canciller Sarabia expresara también en X una felicitación a Noboa por su triunfo.

«Felicitamos al nuevo presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa. El hermano pueblo de Ecuador puede siempre contar con Colombia para trabajar juntos por una América Latina libre, soberana y en paz», expresó ayer Sarabia, quien se encuentra de visita en Japón.

Colombia y Ecuador comparten una dinámica frontera de 586 kilómetros y su relación se ha caracterizado por la buena vecindad, una política que reiteró hoy Petro al señalar: «Quiero la mejor de las relaciones diplomáticas con nuestros vecinos de la antigua Gran Colombia».

El mandatario colombiano no reconoció el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado en Venezuela, pero sí envió el 10 de enero a su embajador en Caracas, Milton Rengifo, como su representante en la investidura del líder chavista Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos,

Donald Trump, volvió a arremeter contra los medios de su país, esta vez contra MSNBC, a la que nombra como la «cadena de las noticias falsas» cuya audiencia es incluso menor, según afirma, «que el desastre de radiodifusión CNN».

«¡Guau! MSNBC, la cadena de noticias falsas, tiene un rating pésimo; de hecho, no mucho mejor que el desastre de la radiodifusión CNN», afirmó Trump anoche en un mensaje en su Truth, su red social.

MSNBC es un canal de televisión por suscripción estadounidense operado por NBCUniversal y una página web de noticias y comentario político.

Por su parte, CNN también es un canal de televisión por suscripción estadounidense de noticias fundado en 1980 por el empresario Ted Turner. Actualmente es propiedad de Warner Bros. Discovery y es operada por su subsidiaria CNN Global.​

Trump atacó igualmente a «Comcast», el conglomerado mediático que ofrece televisión e internet por cable.

«Comcast, que también tiene la cadena NBC, intenta evitar demandas desvinculando NBC de MSNBC, pero no funcionará. Comcast, propietaria de ambas cadenas, y su presidente, Brian Roberts, son una vergüenza para la integridad de la radiodifusión», subrayó el presidente republicano.

Las críticas de Trump contra algunos medios de comunicación de Estados Unidos han sido constantes desde que tomó posesión en este segundo mandato, especialmente con las cadenas MSNBC y CNN a las que tacha de ser partidarias del Partido Demócrata.

En este segundo mandato, el mandatario negó el acceso al Despacho Oval y al avión presidencial (Air Force One) a los periodistas de la agencia de noticias estadounidense AP por haberse negado a utilizar el término Golfo de América, tal y como él impuso, para denominar al Golfo de México.

AP presentó una demanda contra esta decisión gubernamental alegando que «la prensa y todas las personas en Estados Unidos tienen derecho a elegir sus propias palabras y a no ser objeto de represalias por ello por parte del Gobierno. La Constitución no permite al Gobierno controlar la libertad de expresión», sostiene ese medio.

El veto se ha mantenido hasta ahora pese a que un juez federal ordenó levantar las restricciones que sufre AP para acceder a eventos presidenciales.

El juez Trevor McFadden falló que el Gobierno no puede castigar a un medio de comunicación por ejercer su derecho a la libertad de expresión, blindado en la Primera Enmienda de la Constitución.

Mientras, la Casa Blanca está formalizando una propuesta para que el Congreso retire unos 9.300 millones de dólares en fondos aprobados para radios y televisiones públicas y otras agencias, según adelantó el diario The Hill.

La propuesta solicita eliminar financiación valorada en 9.300 millones para entes federales como la Corporación para la Radiodifusión Pública (CBP), que supervisa a la televisión PBS y la radio NPR, entre otros.

La solicitud aglutina argumentos para demostrar que estos organismos no comparten objetivos en línea con los del actual Gobierno, según The Hill.

Ya el pasado mes de marzo, Trump dijo que le «encantaría» quitar la financiación a la radio pública NPR y a la televisión estatal PBS, a los que acusa de no ser imparciales.

«Me encantaría hacerlo. Todo el grupo es muy injusto y sesgado. Sería un honor que terminara», declaró en la Casa Blanca al ser preguntado por la prensa si planea retirar los fondos federales a esas dos emisoras.

Y ese mismo mes ordenó el cierre de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales, una red de medios públicos que incluía la Voz de América, emisora de alcance internacional creada en 1942 y que contaba con cerca de 2,000 empleados.

El papa Francisco enviará «una generosa contribución» para apoyar en la ayuda de emergencia a los afectados por el terremoto de Birmania (Myanmar), que causó más de 3,600 muertos el mes pasado, informó este miércoles el Dicasterio para Servicio de Desarrollo Humano Integral del Vaticano.

«Tras el terremoto que azotó Myanmar con violencia extraordinaria, causando miles de muertos, heridos, desplazados y enormes daños materiales, el Santo Padre decidió enviar un generoso aporte para el socorro de poblaciones en fase de emergencia», aseguró el organismo un comunicado.

Según concretó, esta ayuda se enviará a través del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano y el Dicasterio para el Servicio de la Caridad.

«La contribución pretende expresar la cercanía del pontífice a los hermanos y hermanas de Myanmar, y se suma a la enorme ayuda que está llegando a otras iglesias de todo el mundo, también a través de congregaciones religiosas y organizaciones católicas», se añade en la nota.

Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió Myanmar el pasado 28 de marzo, lo que causó más de 3,600 muertos y efectos devastadores.

También dejó más 5,000 heridos de gravedad, según el último balance de la junta militar. Miles de víctimas continúan durmiendo en las calles por el derrumbe de sus hogares o por miedo a regresar a estos, ante las réplicas que han continuado agitando la zona.

Los puestos de control militares israelíes, que se han multiplicado desde el inicio de la guerra en Gaza,

desaniman a los palestinos cristianos -incluso con permiso israelí- a visitar Jerusalén esta Semana Santa y, en ella, el mayor símbolo del cristianismo: el Santo Sepulcro.

«Te pueden llevar preso, te puede retener en el «checkpoint». Todo sin razón alguna, o mejor dicho, ser palestino es la única razón», dice a EFE Jhon, cuya familia regenta un restaurante en Belén desde hace más de 50 años.

Por su parte, el comerciante cristiano, Louis Mickel, explica que acude todos los días a misa en Belén, junto a la Basílica de la Natividad, pero que a Jerusalén solo puede ir en esta época del año. Aún así, esta Semana Santa no va a hacerlo por miedo.

«Nosotros (los palestinos) no podemos ir a Jerusalén (a diario) porque necesitamos permiso (israelí). Solo nos dan (uno con la duración de) una semana para ir y celebrar, o visitar las iglesias, lo que es muy triste», explica a EFE.

Solo 7,000 permisos a palestinos cristianos

De acuerdo con la Oficina de protocolo de la Custodia de Tierra Santa, el Gobierno israelí otorgó -a fecha de 13 de abril-, 7,000 permisos con una duración de una semana para los cerca de 50,000 palestinos cristianos que residen en Cisjordania ocupada.

La vecina Razan Nassar, de 34 años, coincide con que Israel está limitando el acceso de los cristianos a los lugares sagrados donde «Jesús fue crucificado, donde creció» en Jerusalén.

«Yo tengo permiso, lo que quiere decir que podría ir. Pero el puesto de control militar (a Jerusalén) lo cierran a las 1:30 (hora local) añade el joven. La oración del Jueves (Santo) es a la noche, por lo que no sabe si los militares israelíes le dejarán ir.

Las restricciones de movilidad y la represión militar no solo limitan la presencia cristiana en las festividades religiosas, sino también su economía, obligando a muchos residentes de Belén, aseguran, a emigrar.

Desde la puerta de su negocio, Mickel, cuyos hijos emigraron a Italia y España debido a la crisis, se enfrenta a las calles desoladas de Belén, que en estas fechas solían estar abarrotadas de turistas; más cuando esta Semana Santa coincide tanto para los católicos como para los ortodoxos.

A menos de cinco minutos de allí, los dueños de una fábrica de figuritas de madera de olivo intentan atraer a los pocos turistas que han visitado la ciudad a pesar de los controles israelíes, la guerra en Gaza o la violencia colona y militar en Cisjordania ocupada.

«Uno llega con la idea.. de que va a haber demasiado turismo, demasiada gente y realmente… hemos estado en lugares muy importantes y había muy poca», dice a EFE Diana Espina, una peregrina colombiana que visitó Belén hace dos días con su familia.

Nabil Jakman, también cristiano, cuenta que la crisis lo obligó a cerrar una de sus tiendas en el centro de Belén y que lucha por mantener la fábrica. Él y su familia, en años previos, solían dejar su negocio en manos de palestinos musulmanes a fin de visitar Jerusalén y participar en las misas del Domingo de Ramos, el viacrucis y el Domingo de Resurrección.

«Yo solía tener un permiso de 24 horas por todo el año, pero cuando la guerra empezó (en Gaza) me lo cancelaron. Ahora por la Pascua nos dieron uno para una semana, pero es difícil», asegura.

Jackman dice que aunque podría viajar a Jerusalén no lo hará por temor al control militar a la entrada y salida de Belén: «Yo quiero ir a rezar, no estar bajo su vigilancia”, sentencia.

El Tribunal Supremo británico, máxima instancia judicial, dictaminó este miércoles que el término «mujer» a efectos de la Ley de Igualdad está determinado por el sexo biológico, lo que pone fin a una larga batalla legal iniciada por una organización defensora de las mujeres que disputaba la definición adoptada por el Gobierno autonómico escocés.

En un dictamen unánime, los magistrados subrayaron que la decisión no debe ser vista como un triunfo para una u otra parte, dado que la Ley de Igualdad del año 2010 otorga también a las personas transgénero protección contra la discriminación.

El fallo, no obstante, es visto como un triunfo legal por la organización de mujeres «For Women Scotland», que se querelló a raíz de la decisión del Ejecutivo escocés de incluir a las mujeres trans en la cuota para igualar los puestos públicos entre mujeres y hombres.

«La decisión unánime de este tribunal es que los términos mujer y sexo en la Ley de Igualdad de 2010 se refieren a una mujer biológica y al sexo biológico», dictaminaron los jueces al tèrmino de un complicado argumento sobre la definición de mujer.

Miembros de la organización «For Women Scotland» celebraron ante el Supremo, en el barrio londinense de Westminster, el fallo despúes de una campaña iniciada en el año 2018.

La decisión, de haber sido contraria a la definición biológica de la mujer, podría tener implicaciones sobre los espacios diferenciados por sexo, así como en las demandas de igualdad salarial, la política de maternidad y los eventos deportivos.

El juez Lord Hodge, al leer el dictamen, señaló que «la Ley de Igualdad de 2010 otorga a las personas transgénero protección no solo contra la discriminación a través de la característica protegida de la reasignación de género, sino también contra la discriminación, discriminación indirecta y acoso sustancial en su género adquirido».

El dictamen puntualiza que una persona con el llamado certificado de reasignación de género (CRG, trans) en el género femenino no entra dentro de la definición de «mujer» en virtud de la Ley de Igualdad de 2010, por lo que la posición legal del Gobierno escocés es «incorrecta».

El Gobierno escocés argumentaba que las personas trans con un certificado CRG tenían derecho a las protecciones y facilidades basadas en el sexo, mientras que «For Women Scotland» sostenía que solo debían aplicarse a las personas que nacen mujeres.

El Gobierno británico dice que el fallo sobre la definición de mujer aporta «claridad».

El Gobierno británico consideró este miércoles que el fallo del Tribunal Supremo que dicta que la definición de «mujer» en la ley está determinada por el sexo biológico aporta «claridad», por ejemplo de cara a los espacios diferenciados por sexo, como baños y clubes deportivos.

El dictamen del Supremo, máxima instancia judicial británica, pone fin a una larga batalla legal iniciada por la organización defensora de las mujeres «For Women Scotland», que disputaba la definición adoptada por el Ejecutivo autonómico escocés.

«Siempre hemos apoyado la protección de los espacios diferenciados por sexo en función del sexo biológico», aseguró un portavoz del Ejecutivo laborista, en alusión a un asunto políticamente controvertido en el Reino Unido.

El caso Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina, estalló en 2015 y desde entonces ha salpicado a una docena de países de la región.

La trama gira en torno a millonarios pagos de sobornos por parte de la constructora brasileña para obtener adjudicaciones públicas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos estimó en $788 millones el monto total de los pagos irregulares realizados por la compañía, una red de corrupción conectada directamente con la

macroinvestigación sobre Petrobras, la petrolera estatal de Brasil.

La novedad más reciente en torno a este caso se dio en Perú, donde el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos agravado.

La justicia determinó que Humala recibió aportes ilícitos tanto del expresidente venezolano Hugo Chávez como de la empresa Odebrecht para financiar sus campañas políticas de 2006 y 2011.

Su esposa, Nadine Heredia, también recibió una condena de 15 años por encabezar esas campañas.

Actualmente, se encuentra refugiada en la embajada de Brasil, país que le otorgó asilo junto a su hijo, Samir Humala.

Humala no es el único expresidente peruano involucrado en la red de sobornos.

Alejandro Toledo (2001-2006), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Alan García también figuran en la investigación.

Este último se quitó la vida en 2019 cuando las autoridades iban a detenerlo por presuntas coimas recibidas de Odebrecht durante su segundo mandato, vinculadas a la construcción del Metro de Lima.

Toledo, extraditado en 2023 desde Estados Unidos, cumple una pena de 20 años y seis meses por recibir pagos ilegales relacionados con la carretera Interoceánica.

Kuczynski, por su parte, está en arresto domiciliario desde 2019 mientras la Fiscalía peruana solicita para él 35 años de cárcel.

En Brasil, el caso también alcanzó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien pasó 580 días en prisión por corrupción y lavado de dinero.

La sentencia, basada en parte en evidencias provistas por Odebrecht, fue posteriormente anulada.

Lula fue condenado en 2017 a nueve años y medio de cárcel por aceptar sobornos valorados en 1,1 millones de dólares por parte de la constructora OAS, una de las implicadas en el caso Petrobras.

En 2018, la pena se elevó a 12 años.

En Panamá, se investiga la supuesta financiación irregular de los dos principales partidos políticos.

Más de 30 personas enfrentan cargos por blanqueo de capitales, incluyendo a los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).

Colombia también ha resultado golpeada por este caso.

La justicia ha detenido a varios senadores y, recientemente, Antonio Guerra fue condenado a 11 años de prisión por aceptar sobornos, que según la Fiscalía colombiana suman cerca de $20 millones.

Otros líderes latinoamericanos investigados o condenados por su implicación en esta red de corrupción son el expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014), el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, el exministro dominicano Juan Temístocles Montás y el excandidato presidencial guatemalteco Manuel Baldizón.

La exprimera dama peruana Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, abandonó en la madrugada de este miércoles Lima con destino a Brasil, país que le ha dado asilo tras ser condenada a 15 años de prisión por lavado de activos procedentes de Odebrecht,

informaron medios locales.

Según la emisora RPP, Heredia abandonó la Embajada de Brasil en Lima alrededor de las 2.00 (hora local) con destino a una base militar anexa al aeropuerto de Lima, donde le esperaba un avión de la Fuerza Aérea Brasileña.

Desde allí partió varias horas después junto a su hijo, según el Canal N, con destino a Brasilia, gracias a un salvoconducto que le entregó el Gobierno peruano y al asilo que han recibido ambos por parte del Ejecutivo brasileño.

Heredia había acudido a la Embajada de Brasil en Lima mientras un tribunal leía la sentencia, todavía apelable, de 15 años de cárcel para ella y su esposo por lavado de activos del gobierno venezolano y de la empresa brasileña Odebrecht para sus campañas electorales del 2006 y 2011.

Tras conocerse la decisión judicial, la Policía Nacional arrestó a Humala para conducirle a la prisión de Barbadillo, donde también están arrestados los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo.

Posteriormente, la Embajada de Brasil en Perú informó a la Cancillería de que, en aplicación de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, ha decidido otorgar asilo diplomático a Heredia y a su hijo menor, Samir Humala, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Perú, según esa información, le indicó a esa sede diplomática que Heredia fue condenada, este martes, en una sala judicial a 15 años de cárcel por lavado de activos.

Sin embargo, el Gobierno de Brasil solicitó la salida de los asilados, invocando los artículos V y XII de la mencionada convención, que señala que el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor, las garantías necesarias y el salvoconducto correspondiente.

Ante esa situación, Perú le entregó a Heredia un salvoconducto, gracias al cual partió en la madrugada a Brasil.

Humala (2011-2016) fue condenado este martes a 15 años de prisión por lavado de activos, al considerar la Justicia probado que recibió aportaciones ilícitas del expresidente venezolano Hugo Chávez y de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011.

Heredia también fue encontrada culpable del mismo delito y recibió una condena de 15 años de prisión por haber dirigido esas campañas electorales.

No obstante, la esposa de Humala no acudió a la audiencia en que se leyó la sentencia, que es apelable, y se conectó virtualmente.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este martes en una entrevista con Fox News que se plantea la posibilidad de lanzar un programa dirigido a los inmigrantes indocumentados en el que se les pague para que salgan «voluntariamente» de Estados Unidos.

«Queremos hacer un programa de autodeportación… No he determinado qué vamos a hacer, pero vamos a darles una ayuda económica (a los migrantes en situación irregular en Estados Unidos). Les vamos a dar algo de dinero y un billete de avión y vamos a trabajar con ellos», indicó el mandatario.

«Si son buenos, si queremos que regresen, trabajaremos con ellos para que regresen tan rápido como podamos» de manera legal, agregó.

Desde su llegada a la Casa Blanca el pasado enero, Trump ha prometido llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes indocumentados en la historia de EE.UU., reforzando la presencia militar en las zonas fronterizas con México y aumentando en masa el número de arrestos y expulsiones.

Lea además>>>>La justicia de EEUU pide una investigación exhaustiva sobre la deportación del salvadoreño

Entre las acciones más agresivas de Trump para acelerar las deportaciones y proyectar mano dura contra la migración está el envío a una megacárcel en El Salvador de más de 200 personas, en su mayoría migrantes venezolanos sin historial delictivo, de acuerdo con un informe de la cadena CBS.

El Gobierno invocó una ley del siglo XVII, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, para justificar estas expulsiones.

Varias organizaciones en defensa de los derechos humanos han presentado ya demandas en los tribunales para contrarrestar el uso de esta norma.

La jueza que está al frente del caso de la deportación del migrante salvadoreño enviado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, pese a tener un estatus legal en EE.UU., reprochó este martes que el Gobierno estadounidense «no ha hecho nada» para facilitar su regreso y ordenó una investigación exhaustiva acerca de sus acciones.nnAsí lo señaló la magistrada Paula Xinis, del distrito de Maryland, durante una audiencia donde apuntó que en esas pesquisas sobre la actuación del Ejecutivo deberán testificar los funcionarios involucrados, según recogieron medios presentes en el juzgado.nnnn»A fecha de hoy (…) no se ha hecho nada», indicó la jueza.n

n

«He pedido informes a individuos con conocimiento directo y he recibido muy poca información que valga la pena».
nPaula Xinis,
nJueza del distrito de Maryland.

n

nnEl salvadoreño Ábrego es uno de los más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de EE.UU. el pasado 16 de marzo y enviados a una prisión de alta seguridad salvadoreña sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, lo que grupos de defensa de los derechos humanos han calificado como «desaparición forzada».nnA pesar de que el Supremo de EE.UU. emitiera la semana pasada un fallo respaldando una orden de Xinis que instruye al Gobierno a «facilitar» el retorno del salvadoreño, tanto EE.UU. como El Salvador se han negado a hacerlo.nnDurante una visita a la Casa Blanca esta semana, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se negó a liberar a Ábrego, tildándolo de terrorista y señalando erróneamente que traerlo de vuelta a EE.UU. sería ilegal.nnPor su parte, el Gobierno Trump se ha negado a dar información sobre Ábrego al tribunal, al alegar que el acuerdo entre San Salvador y Washington es «clasificado» y limitándose a informar que el hombre de 24 años está vivo.nnEn la vista de este martes, Xinis instruyó al Gobierno a responder a interrogatorios sobre el caso y a entregar documentos pertinentes, citando inicialmente a los funcionarios que han presentado testimonios jurados en el caso.nn«No voy a tolerar juegos. (..) Cancelen vacaciones u otras citas que tengan», indicó a los abogados del Ejecutivo.nnEl salvadoreño, que fue arrestado por authorities migratorias en un retén de tráfico, tenía un estatus legal en EE.UU. que lo protegía de la deportación y está casado con una ciudadana estadounidense.nnÁbrego García residía en el estado de Maryland, tras huir de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.nnEl Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megaprisión sobre la que pesan denuncias de abusos a los derechos humanos.nnComo parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario del país centroamericano.