Categoría: El Mundo

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dio la bienvenida al grupo de opositores que llegó al país este miércoles para liderar un diálogo con el chavismo que inició el pasado sábado con el respaldo de Estados Unidos.

«Hemos visto informaciones que han llegado a Venezuela algunos de los representantes de la oposición en el diálogo (…). Bienvenidos, siempre que vengan a sumar en el marco de la Constitución», expresó Cabello en su programa semanal ‘Con el mazo dando’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

La exdiputada opositora Dinorah Figuera, quien defiende la continuidad de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) elegida en 2015, llegó a Venezuela procedente de España para continuar las jornadas de diálogo.

La opositora llegó al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en el este del país, acompañada de una comisión de exdiputados de la Asamblea de 2015.

Tras su llegada, Figuera reiteró a la prensa local que la agenda de trabajo de los próximos días estará enfocada en atender las consecuencias de los sismos del pasado 24 de junio, que dejan más de 6.000 fallecidos, 16.740 heridos y casi 18.000 personas sin vivienda, según el Gobierno.

También indicó que abordarán temas como la recomposición del Consejo Nacional Electoral para que sea «creíble y confiable», la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia y la «garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados».

Figuera declaró además al canal de televisión privado Televen que este proceso tomará tiempo y que será «hasta diciembre de 2026» cuando se presentará «formalmente todo el producto» del trabajo.

De igual forma, agradeció al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, por el apoyo en la construcción de la agenda de trabajo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos encargó a Figuera la tarea de dialogar con el chavismo de cara al proceso de transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero por parte de tropas estadounidenses.

Este nuevo diálogo inició el pasado sábado con una llamada telefónica entre Figuera y el presidente del Parlamento y jefe negociador del Gobierno, Jorge Rodríguez.

El proceso no cuenta con la participación de los líderes opositores María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quienes han manifestado que esperan que este acercamiento conduzca a unas elecciones presidenciales.

A Figuera la acompañan los exdiputados opositores Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara, mientras que por el Gobierno están Jorge Rodríguez junto a la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este miércoles que propondrá una reforma constitucional para abordar la seguridad con un marco más amplio para combatir el crimen, durante una alocución en cadena nacional televisada.

«Vamos a enviar al Congreso una reforma constitucional que consagre, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado, y que nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen», dijo el mandatario desde el Palacio de La Moneda (sede de Gobierno).

El jefe de Estado habló al país para celebrar la aprobación en el Parlamento de su polémica megarreforma tributaria y económica, que sorteó uno de sus últimos obstáculos legislativos y quedó a pocos pasos de convertirse en ley.

«Por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación. Será un mandato que ningún Gobierno, de ningún color, podrá desconocer», añadió.

El líder ultraconservador informó que instruyó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para que junto al Congreso saquen adelante una serie de medidas que llamó Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) en el menor tiempo posible.

«Si para generar las condiciones que nos permitan reactivar la economía nos tomamos cuatro meses, espero que antes de navidad aprobemos todas las herramientas que nos permitirán recuperar nuestra libertad de manos de los delincuentes», señaló.

Kast hizo énfasis en el crimen organizado, que según afirmó, tiene más de 10 organizaciones transnacionales operando en el país, y enumeró una serie de órdenes y acciones para robustecer la lucha contra estas bandas.

«Pertenecer a una organización criminal va a ser, por sí solo, un delito con penas agravadas», dijo.

Chile, a diferencia de vecinos como Bolivia o Perú, no es un productor de droga, sino un país de destino y una plataforma de distribución a Asia, Europa y Estados Unidos gracias a sus numerosos puertos.

Durante los últimos años el crimen organizado se ha asentado en el país suramericano a través de diversos negocios ilegales, transformándose en una de las principales preocupaciones del Ejecutivo.

Asimismo, detalló otras situaciones que incluirán en las propuestas de marcos legales y que pretenden que sean consideradas delito.

«Una barricada, un vehículo cruzado en una calle o un obstáculo intentando bloquear la calle ilegalmente podrá ser un delito. Y quien reclute a un niño para que dispare, transporte droga o vigile una esquina, va a enfrentar todo el peso de la ley, agravado y sin atenuantes», explicó.

El mandatario se refirió al plan operativo del Ministerio de Seguridad Pública que abarca tres ejes: prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento institucional, y aseguró que «los resultados, aunque preliminares, ya empiezan a materializarse».

«Nuestras siete áreas de gestión no persiguen delitos aislados: persiguen organizaciones completas, en su liderazgo, en su territorio y en su dinero», agregó sobre la forma en que abordan el crimen organizado.

Kast prometió que desarrollarán un régimen penitenciario especial para los narcotraficantes, la ampliación del plazo de flagrancia de doce a 24 horas y que los bienes del crimen organizado serán decomisados y destruidos por una nueva agencia del Estado «sin excusas ni demoras».

Entre las modificaciones anunciadas incluyó normativas para la migración ilegal, la cual ha asociado en otras oportunidades con delitos cometidos en el país austral.

«Vamos a ampliar la retención migratoria ilegal y la capacidad de expulsión efectiva de quien no tiene derecho a estar en Chile», cerró.

La Coalición Inmigrante de Nueva York denunció este miércoles la tercera muerte de un inmigrante detenido en el centro del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva Jersey, Delaney Hall, y ocurrida en julio, antes de la del salvadoreño Edwin López Cornejo.

«Una tercera persona ha muerto ahora en detención en Delaney Hall. La muerte de esta persona ocurrió a finales de julio de 2026 y no fue divulgada hasta que se produjo una visita de supervisión» de un congresista al centro a principios de esta semana, indicó el grupo en un comunicado.

Aunque no se conoce la identidad del fallecido, se trata de la tercera muerte de un inmigrante en Delaney Hall, junto a la de López Cornejo el 1 de agosto y la del haitiano Jean Wilson Brutus a mitad de diciembre de 2025, y en todos los casos sufrieron aparentemente emergencias médicas.

La Coalición se hizo eco de unas declaraciones del congresista Rob Menendez, que publicó en su cuenta de X, tras una visita no anunciada al centro el pasado lunes, con motivo de la muerte de López Cornejo.

«Otra muerte ocurrió hace unas semanas en Delaney Hall. Una persona que acababa de ser trasladada allí sufrió lo que creen (ICE y la gestora del centro, la empresa GEO) que fue una convulsión», dijo Menendez.

«Pero no escucharon sobre esto porque lo llevaron al Hospital Universitario, así que ya no estaba en custodia de ICE. ¿Por qué hicieron eso? Recientemente, ICE cambió sus normas, así que ya no reportan muertes ocurridas 30 días después de que alguien salga de custodia de ICE», explicó.

El medio local City Reporter indicó que ICE y GEO confirmaron al congresista los detalles de esta tercera muerte después de que su oficina recibiera información sobre la misma el 24 de julio.

«La tercera muerte reportada en Delaney Hall es una tragedia devastadora que debería haber sido evitada. Desafortunadamente, esta muerte no es un incidente aislado en estas instalaciones, sino un patrón de abuso tanto aquí como en centros de detención por todo el país», dijo el presidente de la Coalición, Murad Awahdeh.

Los líderes indígenas guatemaltecos Luis Pacheco y Héctor Chaclán salieron este miércoles de prisión para continuar bajo arresto domiciliario el proceso penal en su contra por presunto terrorismo, obstrucción a la acción penal y asociación ilícita, tras permanecer más de 15 meses en reclusión preventiva.

Pacheco y Chaclán, exdirectivos de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán y considerados «presos políticos» por diversas organizaciones sociales, abandonaron la cárcel militar Mariscal Zavala luego de pagar una fianza de 160.000 quetzales (unos 20.600 dólares) cada uno, una medida impuesta por el juez penal Mynor Moto que la defensa considera desproporcionada.

A su salida, familiares y autoridades comunitarias celebraron una oración de agradecimiento para iniciar el trayecto de unos 200 kilómetros hacia Totonicapán, al oeste de la capital guatemalteca.

A unos 30 kilómetros antes de llegar a la cabecera departamental, en la Cumbre de Alaska —límite territorial y punto de entrada a los 48 Cantones—, las comunidades locales aguardan la caravana para unirse a ella y acompañar el tramo final hasta el Parque San Miguel, donde llevarán a cabo actos protocolarios y de dignificación.

«El día de hoy se marca un precedente, no para mí o para Héctor, sino para todo el pueblo de Guatemala, porque nos quieren negar el derecho a manifestar y pelear por nuestros derechos», declaró Pacheco al salir del penal.

Ambos son procesados por terrorismo, obstrucción a la acción penal y asociación ilícita tras encabezar los bloqueos masivos de octubre de 2023 en rechazo a las acciones de la Fiscalía, que buscaba anular los resultados electorales en los que resultó electo el hoy presidente, Bernardo Arévalo de León.

La reclusión preventiva de más de 15 meses superó el límite legal de un año fijado por la legislación guatemalteca, en un caso denunciado como «criminalización» por defensores de derechos humanos y enmarcado en la persecución ejercida por la exfiscal general Consuelo Porras, sancionada por corrupción por EE.UU. y la Unión Europea, quien dejó el cargo en mayo tras ocho años de gestión.

«Esperaríamos que este nuevo Ministerio Público sea más objetivo y revise que los hechos que sucedieron en el 2023 fue una protesta social, no fueron actos de terroristas», afirmó el abogado defensor Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas.

Las medidas sustitutivas incluyen la prohibición de salir del país, firmar mensualmente ante la Fiscalía y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, por lo que Pacheco no podrá reincorporarse al Viceministerio de Energía y Minas, cargo que ocupaba antes de su captura.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) acogió este miércoles una propuesta, pendiente de votación, para convocar a sus ministros de Exteriores a petición de EE.UU. que pide «tomar medidas» contra Nicaragua ante las pretensiones de su presidente Daniel Ortega de suspender las elecciones

«Se ha acabado el momento de hablar, es el momento de una respuesta formal, institucional y colectiva», argumentó el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, en la iniciativa presentada ante el Consejo Permanente de la OEA, y patrocinada por Argentina, Panamá, Paraguay y Uruguay, Costa Rica y Ecuador.

«Hacemos frente a una monarquía autoritaria que no tiene intención de dejar el poder», declaró la delegación de Estados Unidos en la sesión extraordinaria en la que pidió respaldo por «no poder ser el único país en tomar medidas serias», agregó Kozak.

La propuesta condena los daños provocados por el Gobierno de Daniel Ortega y propone una reunión de consulta de ministros de Exteriores para determinar «qué hacer», pero una iniciativa «no autoriza el uso de la Fuerzas Armadas», aclaró el subsecretario.

La sesión comenzó con la intervención de la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Payá, que alertó de una persecución religiosa y represión política en el país con la que «han instaurado el miedo en la ciudadanía» al intentar silenciar «sistemáticamente» a los nicaragüenses.

«El Estado de Nicaragua se retiró de esta organización (en 2023), los nicaragüenses no», dijo.

Payá alertó de las declaraciones de Ortega del pasado 19 de julio cuando afirmó que en Nicaragua «no volverá a haber elecciones» y de la iniciativa de reforma constitucional presentada el 28 de julio para ampliar el mandato de la copresidencia.

Durante la intervención, Perú mostró su «profunda preocupación» e hizo un llamado al Gobierno de Ortega a «que desista de realizar acciones que atenten» contra la institucionalidad democrática.

Ecuador valoró que «la facultad de nombrar vicepresidente sin consulta popular corresponde al diseño de una sucesión controlada», mientras Costa Rica pidió actuar con responsabilidad y Argentina rechazó las pretensiones de Ortega.

Nicaragua está gobernada desde 2007 por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que, desde 2017, dirige el país junto a su esposa, Rosario Murillo, primero como vicepresidenta y, con la reforma constitucional de 2025, como copresidenta.

Estados Unidos acusó entonces a Murillo de haberse inventado el cargo de copresidenta sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad.

El país centroamericano debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026 pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial por lo que estarían previstas para noviembre de 2027.

Sin embargo, el pasado 19 de julio Ortega sentenció durante un acto de masas para conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua: «Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder».

Estados Unidos mantiene este miércoles su máximo nivel de preparación para enfrentar los incendios forestales, mientras los bomberos luchan por contener al menos 94 fuegos de gran magnitud en todo el país, obligando a la evacuación de miles de personas.

El Centro Nacional Interagencial de Incendios (NIFC, por sus siglas en inglés) mantiene el nivel 5 -el más alto- en la asignación de recursos al combate de los incendios, un nivel que declaró desde el mes pasado, ante la escasa tregua que han dado las llamas, tras la poca tregua que han dado las llamas.

Las condiciones climáticas no han cedido en agosto, lo que ha favorecido la propagación de las llamas. Este martes se reportaron 97 nuevos incendios en todo el país, incluyendo tres incendios de gran magnitud.

Según los datos de la NIFC, los bomberos trabajan actualmente para contener 94 incendios de gran magnitud que permanecen activos en todo el territorio nacional y más de 28,700 efectivos están asignados a estos incidentes.

En lo que va de año, los bomberos respondieron a 45,184 incendios forestales, la mayor cantidad registrada en una sola temporada en los últimos diez años, que han arrasado cerca de 2,1 millones de hectáreas en Estados Unidos.

Sin tregua

El noroeste del país continúa registrando la mayor actividad de incendios forestales a nivel nacional, con 49 incendios de gran magnitud activos en los estados de Washington y Oregón.

En Washington, el incendio de Sinlahekin creció hasta superar las 47.348 hectáreas, en un área muy cercana a la frontera con Canadá, mientras que el incendio de Little Giant ha superado las 28.327 hectáreas, alrededor del lago Chelan, el tercero más profundo de EE.UU. Ambos incendios tienen  un comportamiento extremo, resaltó NIFC.

Al menos 65.000 personas permanecen bajo órdenes de evacuación en ese estado.

En Oregón, la situación también es crítica, los incendios Big Grass, Coleman Creek y Rowe Creek Complex siguen figurando entre los más grandes del país, mientras los bomberos continúan protegiendo comunidades e infraestructura.

La actividad de incendios también se mantiene elevada en la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas del Norte.

El incendio Widemouth 2 en Utah creció en más de 6,474 hectáreas, mientras que el incendio Tartar en Idaho superó los 55,846 hectáreas. Ese estado también reportó un nuevo incendio de gran magnitud.

En Nevada, el incendio Ward continúa mostrando un comportamiento extremo.

El pronóstico del clima no ayuda a los bomberos ya que se esperan días de calor, sequedad y viento en gran parte del oeste del país, que son el perfecto combustible para las llamas.

La clasificación nivel 5 en la preparación para enfrentar incendios forestales en los primeros días de agosto, está por encima del registrado en 2025, cuando se mantuvo en un nivel 3, al igual que en 2022 y 2023.

Solo en el año 2024 y el 2021 se registró un nivel 5 en los primeros días de agosto. El nivel más bajo registrado recientemente fue en 2019, cuando se situó en la categoría 2 para estar preparados para enfrentar un incendio.

En el nivel 5, los recursos nacionales ya están asignados al combate de incendios en todo el país. Pero expertos como Peter Sunderland, profesor de ingeniería de protección contra incendios en la Universidad de Maryland, han advertido que el peligro es que los recursos para enfrentar los siniestros están al “límite de su capacidad”, según dijo a la revista Time.

Irán aseguró este miércoles que ha recibido mensajes de Estados Unidos en los que Washington expresa su disposición a volver a cumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado en junio, pero indicó que aún no ha decidido si accederá a reanudar las negociaciones.

«Hemos recibido mensajes de Estados Unidos que indican que está plenamente dispuesto a volver a cumplir sus compromisos», afirmó el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, en una entrevista con la agencia estatal IRNA, al responder a las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una supuesta reanudación de las conversaciones entre ambos países.

Gharibabadi dijo que Teherán todavía no ha decidido si retomará las negociaciones con Washington y que continúa analizando los mensajes enviados por la Casa Blanca para determinar si existen garantías suficientes de que Estados Unidos cumplirá sus compromisos y evitará una nueva ruptura del proceso.