Categoría: El Mundo

  • Tiroteo en escuela de Tailandia deja ocho muertos y más de 30 heridos

    Tiroteo en escuela de Tailandia deja ocho muertos y más de 30 heridos

    Un tiroteo ocurrido este viernes en una escuela y una vivienda de la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok, dejó ocho fallecidos y 30 heridos, informó el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, quien detalló que entre las víctimas mortales están “incluyendo a los abuelos (del presunto autor), los profesores y el agresor”, además de “30 heridos, de los cuales nueve permanecen en estado crítico”.

    Anutin se trasladó hasta el lugar del ataque y confirmó las cifras proporcionadas por la Policía tailandesa. Las autoridades aclararon que ningún estudiante murió en el tiroteo, contrario a las primeras informaciones divulgadas después del ataque.

    Las investigaciones preliminares apuntan a que el «estrés académico» pudo motivar al estudiante a cometer el ataque en la Escuela Debsirin Nonthaburi, que fue evacuada y permanece bajo vigilancia policial y de personal del Ministerio de Educación mientras continúan las pesquisas.

    El primer ministro explicó que el atacante «aún tenía más de 30 cartuchos de munición» y advirtió que, «de no haberse suicidado, podría haber herido a muchas más personas». Las primeras indagaciones determinaron que utilizó una pistola compacta registrada a nombre de su abuelo, quien era un antiguo profesor, aunque se desconoce si trabajó en el centro educativo atacado.

    «El ataque también parece haber sido cuidadosamente planeado», señaló Anutin, que apuntó a que «de la reconstrucción de los hechos se presupone una clara secuencia de acciones y objetivos específicos». Las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodearon el tiroteo y la forma en que el estudiante tuvo acceso al arma.

    Tras el ataque, Anutin también se refirió a las normas que regulan la posesión de armas entre civiles y aseguró que una de sus «tareas pendientes es promulgar la nueva ley sobre armas» que «todavía está en proceso».

    La Escuela Debsirin Nonthaburi anunció el cierre temporal de sus instalaciones y la suspensión de las clases presenciales hasta el lunes 17 de agosto para facilitar las investigaciones policiales. El centro educativo se encuentra unos 15 kilómetros al noroeste de Bangkok, atiende a estudiantes de entre 12 y 18 años y pertenece a una de las redes de escuelas públicas más antiguas y prestigiosas de Tailandia.

    Tailandia registra una elevada cantidad de armas de fuego por habitante y los tiroteos no son inusuales en el país. El acceso a este tipo de armamento es relativamente sencillo para integrantes del Ejército y la Policía, mientras las autoridades mantienen pendiente una reforma de las normas que regulan su adquisición por parte de civiles.

     

  • Abelardo de la Espriella asume este viernes la presidencia de Colombia con agenda de cambio

    Abelardo de la Espriella asume este viernes la presidencia de Colombia con agenda de cambio

    El abogado penalista Abelardo de la Espriella asumirá este viernes 7 de agosto la Presidencia de Colombia, tras protagonizar uno de los ascensos políticos más rápidos del país. En apenas un año pasó de fundar su propio movimiento político a convertirse en el primer mandatario colombiano identificado con la ultraderecha.

    Desde la campaña presidencial, De la Espriella imprimió un estilo propio con el saludo militar al finalizar sus discursos, videos de estética cinematográfica y el lema «Patria Milagro», una imagen que ha mantenido durante el período de transición previo a su investidura.

    Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, aunque identificado con las raíces de su familia en el departamento de Córdoba, estudió Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y desarrolló una reconocida trayectoria como abogado penalista antes de incursionar en la política.

    Durante su carrera profesional representó a clientes de alto perfil, entre ellos el empresario colombo-venezolano Álex Saab y David Murcia Guzmán. Además, hace dos décadas participó, a través de la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), en los diálogos entre el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

    Conocido entre sus seguidores como «El Tigre», también desarrolló proyectos empresariales como el ron Defensor, el vino Fratellone y la marca de ropa masculina Siempre Avanti. Asimismo, grabó dos discos como tenor inspirados en sus raíces italianas. Está casado con Ana Lucía Pineda desde 2008 y es padre de cuatro hijos.

    En julio de 2025 fundó el movimiento Defensores de la Patria, que recientemente obtuvo reconocimiento oficial como partido político. Su candidatura desplazó al uribismo como principal referente de la derecha colombiana y culminó con su victoria electoral sobre el candidato de izquierda Iván Cepeda.

    Durante la campaña defendió una política de seguridad basada en la «mano de hierro» contra la delincuencia, expresó admiración por el presidente estadounidense Donald Trump y tomó como referencia el modelo de seguridad implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

    Antes de asumir el cargo, De la Espriella anunció varias decisiones que marcarán el inicio de su Gobierno. Entre ellas destacan el restablecimiento de relaciones con Israel, el traslado de la embajada colombiana a Jerusalén, el cierre de varias embajadas y consulados abiertos durante la administración de Gustavo Petro y una política exterior enfocada en promover el comercio y la inversión.

    También informó que no despachará desde la Casa de Nariño, edificio que pretende convertir en un museo abierto al público. En su lugar, ejercerá funciones desde el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, mientras impulsa un proyecto para convertir a Barranquilla en una capital alterna con presencia permanente de la Presidencia. Sin experiencia previa en cargos públicos, enfrentará el desafío de gobernar un país polarizado, con problemas de seguridad y con el expresidente Gustavo Petro al frente de la oposición.

     

  • EE.UU. busca en el extranjero a más de 66,000 migrantes deportados para cobrarles $423 millones en multas

    EE.UU. busca en el extranjero a más de 66,000 migrantes deportados para cobrarles $423 millones en multas

    El Gobierno del presidente Donald Trump busca contratar a una empresa privada para que busque y localice en México, Guatemala y Honduras a personas que fueron deportadas o salieron voluntariamente de Estados Unidos y que aún tienen multas migratorias pendientes de pago.

    La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) explica en una convocatoria de contratación federal que necesita una compañía capaz de encontrar a estas personas fuera de Estados Unidos, notificarlas de la deuda y gestionar su cobro.

    CBP calcula que unos 66,387 inmigrantes que ya fueron expulsados o abandonaron voluntariamente EE.UU. tienen multas civiles pendientes de pago.

    En total, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) estimaba en julio que existen unos 423 millones de dólares en multas migratorias sin pagar.

    “El contratista deberá ser una empresa registrada en Estados Unidos que pueda proporcionar servicios mejorados de localización de deudores en, como mínimo, México, Honduras y Guatemala”, señala el documento.

    Una vez localizada la persona, la empresa deberá comunicarle cuánto debe y facilitar el pago completo de la multa, un acuerdo para abonarla a plazos u otra forma de resolver la deuda. El dinero podrá ser pagado por el propio inmigrante o por un tercero.

    La empresa también tendrá que demostrar a las autoridades estadounidenses que encontró a la persona correcta. Para ello podrá recopilar pruebas como fotografías de su vivienda, facturas de servicios públicos o registros laborales. Si la persona ha fallecido, deberá obtener un certificado de defunción.

    El Gobierno de Trump reactivó el año pasado el cobro de multas civiles contra inmigrantes por diferentes infracciones de la legislación migratoria, entre ellas el incumplimiento de una orden de expulsión.

    La sanción diaria por no cumplir una orden de este tipo fue fijada originalmente en 500 dólares por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés) en 1996 y actualmente asciende a 998 dólares al día tras los ajustes por inflación.

    El Gobierno estadounidense ya utiliza empresas privadas para cobrar este tipo de deudas, pero hasta ahora estas operan desde territorio estadounidense.

    CBP mantiene actualmente órdenes de trabajo con tres compañías privadas de cobranza encargadas de recuperar multas y otros cargos impuestos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y la Patrulla Fronteriza.

    Cuando una persona se encuentra fuera de EE.UU., estas compañías intentan localizarla mediante cartas o llamadas telefónicas, pero ninguna había conseguido encontrar a un deudor en el extranjero hasta julio pasado, según CBP.

    La nueva contratación busca precisamente ampliar esa capacidad fuera de las fronteras estadounidenses y permitir que una empresa localice directamente a los deudores en los países donde residen.

    Actualmente, CBP no tiene contratada ninguna compañía de cobranza que opere fuera de Estados Unidos, destacó la agencia.

  • Protesta contra proyecto de Milei sobre propiedad privada termina con represión policial

    Protesta contra proyecto de Milei sobre propiedad privada termina con represión policial

    Una movilización en Argentina contra un polémico proyecto de ley que contiene varias iniciativas ultraliberales impulsadas por el Gobierno de Javier Milei fue disuelta este jueves por las fuerzas de seguridad, que arremetieron contra los manifestantes a las puertas del Congreso, dejando un saldo de más de doce detenidos y al menos cinco heridos.

    Bajo la consigna «la patria no se vende» y pese a las intensas lluvias registradas este jueves en Buenos Aires, la manifestación convocó a agrupaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles y a ciudadanos independientes.

    La concentración frente a la sede del Congreso argentino, en Buenos Aires, fue convocada para manifestar el amplio rechazo social al capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros dentro del proyecto sobre ‘inviolabilidad’ de la propiedad privada que impulsa el Ejecutivo.

    La creciente oposición a la iniciativa y la posibilidad de un traspié legislativo llevaron al oficialismo a quitar ese capítulo del proyecto, que contiene, de todos modos, otros varios aspectos sensibles con impacto social, económico y ambiental, que se debaten este jueves en el pleno del Senado.

    El polémico capítulo relajaba las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y, según el oficialismo, su tratamiento fue simplemente «postergado» con el objetivo de «enriquecerlo con nuevos aportes» y «alcanzar un mayor nivel de consenso».

    La protesta convocada para este jueves transcurrió sin incidentes, hasta que las fuerzas de seguridad, parapetadas detrás del vallado dispuesto alrededor del Congreso, comenzaron a disparar gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua desde camiones policiales, ante los cual muchos manifestantes retrocedieron.

    Luego, los policías abrieron los vallados y avanzaron hasta desalojar la plaza frente al Congreso, aunque las fuerzas de seguridad continuaron cargando contra los manifestantes incluso en calles aledañas, en las que se registraron algunos enfrentamientos.

    Un portavoz de la Policía de la ciudad de Buenos Aires informó a EFE que sus fuerzas detuvieron a nueve personas y enfatizó que «grupos violentos» quemaron contenedores de basura, dañaron aceras y rompieron los vidrios de un vehículo policial.

    Fuentes oficiales citadas por la prensa local elevaron a doce la cifra de detenidos, incluyendo tres arrestados por fuerzas federales, y precisaron que un total de cuatro agentes resultaron heridos durante los enfrentamientos.

    Médicos presentes en el lugar informaron además a la prensa que trataron a una fotoperiodista que sufrió un traumatismo de cráneo por un golpe en la cabeza y fue trasladada a un hospital cercano para ser atendida.

    «Defender a la Argentina»

    «Es inaceptable lo que se quiere hacer con nuestras tierras, con nuestra Argentina. No entiendo qué piensa el presidente y adónde quiere llegar», dijo a EFE Marta Lucero, quien participó de la protesta de este jueves frente al Congreso.

    El proyecto que debate el Senado y que, de ser aprobado, será girado a la Cámara de Diputados para su discusión, contiene, entre otros capítulos, iniciativas para acelerar los desalojos, poner límites al Estado para expropiar activos -aunque sean de utilidad pública- y quitar restricciones sobre el uso de tierras rurales y bosques que hubieran sufrido incendios.

    «Queremos que esta ley no prospere, no solo lo que tiene que ver con las tierras, sino también la quema de bosques y los alquileres, algo que va a afectar a mucha gente. Las leyes que impulsa el Gobierno solo benefician a pequeñas minorías, grupos económicos concentrados y capitales extranjeros», afirmó Sergio Alarcón, integrante de una agrupación política peronista.

    «Nuestra tierra y nuestra agua están comprometidas. Hay que salir a la calle a protestar. Es nuestra Argentina la que tenemos que defender y no se vende», añadió Marcela Arin, una ciudadana de la sureña provincia de Neuquén en Buenos Aires.

    Además de la concentración en la capital argentina, se realizaron varias movilizaciones de protesta en diversas ciudades del país.

    El Gobierno de Milei, que inició su gestión a finales de 2023 y planea buscar la reelección el próximo año, ha impulsado varias reformas de tono ultraliberal, como leyes de flexibilización laboral, amplios beneficios para grandes inversiones, privatizaciones y un severo ajuste en las cuentas públicas.

  • Chavismo y oposición instalan formalmente la mesa de diálogo para abordar la transición

    Chavismo y oposición instalan formalmente la mesa de diálogo para abordar la transición

    El Gobierno de Venezuela y un grupo opositor instalaron formalmente este jueves la mesa de diálogo, impulsada por Estados Unidos, para avanzar hacia una transición en el país suramericano, así como para atender las consecuencias del doble terremoto del pasado 24 de junio, que dejó al menos 6.125 fallecidos.

    Las delegaciones se encontraron cara a cara en la base aérea La Carlota en Caracas, luego de que el pasado fin de semana comenzaran el proceso de diálogo a través de una llamada telefónica entre Jorge Rodríguez, jefe negociador del chavismo y presidente del Parlamento, y la exdiputada Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación opositora.

    Hasta el momento, las delegaciones no han ofrecido declaraciones, por lo que se desconocen los detalles de esta primera reunión presencial.

    «Inicia diálogo nacional con exdiputados opositores de la Asamblea Nacional de 2015», señaló Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram.

    Por su parte, Figuera reiteró en X que este proceso «marcará la ruta hacia la democracia y la reinstitucionalización de Venezuela».

    «Estamos trabajando firmemente por la libertad y la democracia para los venezolanos», añadió la opositora que defiende la continuidad de la AN elegida en 2015, cuando la oposición ganó la mayoría de las curules.

    Figuera llegó el miércoles a Venezuela procedente de España. Tras su llegada, reiteró ante la prensa local que la agenda de trabajo de los próximos días estará enfocada en atender las consecuencias del doble terremoto, que dejó más de 6.000 fallecidos, 16.709 heridos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.

    También indicó que abordarán temas como la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) -actualmente controlado por el chavismo- para que sea «creíble y confiable», la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la «garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados».

    Además, señaló que el proceso tomará tiempo y que será «hasta diciembre» próximo cuando se presentará «formalmente todo el producto» del trabajo.

    Figuera está acompañada en este diálogo por los también exdiputados opositores Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus, Sergio Vergara y Desiree Barboza.

    Por su parte, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está representado por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza, además de Jorge Rodríguez, también hermano de la mandataria.

    Estados Unidos aplaudió este jueves el inicio de las conversaciones entre el chavismo y un grupo opositor venezolano, que definió como una «oportunidad única» para la reconciliación y la transición en la nación petrolera.

    En esta negociación no participan los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes propusieron en mayo una negociación «seria» con el Gobierno y con el acompañamiento de Estados Unidos para «restaurar la democracia».

    Sin embargo, recientemente dijeron que no serán un «obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales».

  • Trump vuelve a intentar limitar la ciudadanía por nacimiento pese al fallo del Supremo

    Trump vuelve a intentar limitar la ciudadanía por nacimiento pese al fallo del Supremo

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva con la que vuelve a intentar limitar el derecho a la ciudadanía de las personas nacidas en el país, pese a que el Tribunal Supremo ya bloqueó un intento anterior.

    El republicano afirmó ante la prensa que su objetivo es acabar con el llamado «turismo de maternidad«, un negocio que consiste en el viaje de mujeres embarazadas a Estados Unidos para que sus hijos nazcan en el país y obtengan la ciudadanía estadounidense.

    La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, y el Tribunal Supremo invalidó en junio una orden ejecutiva de Trump que buscaba restringir ese derecho.

    La Casa Blanca sostiene ahora que el fallo del alto tribunal aún permite limitar la ciudadanía a los hijos de madres que ingresen al país con fines de turismo de maternidad, de personal diplomático, de personas catalogadas como terroristas extranjeros o de quienes nazcan en territorios no incorporados como Puerto Rico.

    Trump había prometido durante la campaña limitar la ciudadanía para los hijos de migrantes en situación irregular, una medida que firmó el mismo día de su investidura para su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, y que abrió una etapa de políticas migratorias más restrictivas.

    La orden, que habría afectado a unos 255,000 niños al año, quedó anulada por la decisión del Supremo del pasado 29 de junio, cuando el alto tribunal determinó que «los niños nacidos en Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción» y, por tanto, son ciudadanos.

    Trump sostiene que la Decimocuarta Enmienda ha sido interpretada erróneamente y que fue aprobada en 1868, tras la guerra civil estadounidense, con el objetivo de otorgar la ciudadanía únicamente a los hijos de esclavos.

     

  • EE.UU. advierte de un brote de salmonela con 345 casos por jalapeños procedentes de México

    EE.UU. advierte de un brote de salmonela con 345 casos por jalapeños procedentes de México

    Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos advirtieron de un brote activo de salmonela vinculado a jalapeños procedentes de México, que por el momento ha reportado 345 casos, de los cuales 36 han requerido hospitalización.

    «Los CDC y las autoridades de salud pública de varios estados están investigando un brote multiestatal de infecciones por salmonela relacionado con los chiles jalapeños. Se recomienda a los negocios que revisen su inventario para detectar los chiles jalapeños retirados del mercado y que no los vendan ni los sirvan», informó el organismo en su página web.

    Los casos se han reportado en 27 estados, la mayoría de ellos -más de 200- en Minnesota y Colorado, aunque el reporte indicó que el número de personas enfermas puede ser superior debido a que muchos se recuperan sin atención médica.

    El brote de salmonela está ligado a unos chiles jalapeños procedentes de Sinaloa, en México, que fueron distribuidos por la empresa Coast Citrus Distributors.

    Una gran parte fue a parar a las cadenas Chipotle y QDOBA, aunque los CDC precisaron que estos restaurantes ya retiraron los jalapeños afectados y ya no existe un riesgo para sus consumidores.

    «La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) está trabajando para determinar si los jalapeños llegaron a los supermercados. Si los jalapeños afectados también estuvieron disponibles en las tiendas, la FDA podría anunciar retiros adicionales en su página web», agregó el organismo gubernamental.

    La salmonela se manifiesta con fiebre alta, diarrea o calambres estomacales entre 6 horas y 6 días después de ingerir la bacteria, según los CDC, que aclaran que la mayoría de personas se recuperan después de entre 4 y 7 días sin necesidad de atención médica.

    Sin embargo, la autoridad advirtió que los menores de 5 años, los adultos de 65 años o más y las personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden experimentar enfermedades más graves.

    Este brote de salmonela trasciende al mismo tiempo que el país registra un repunte de los casos de ciclosporiasis, infección parasitaria de diarrea severa, que superó en julio los 11.000 casos posibles por todo Estados Unidos, cuyas autoridades vinculan el brote a lechuga también procedente de México.

  • Tribunal de Miami revisa caso de exagente de Pinochet liberado por ICE tras demanda por «detención ilegal»

    Tribunal de Miami revisa caso de exagente de Pinochet liberado por ICE tras demanda por «detención ilegal»

    Una audiencia restringida en el Tribunal de Inmigración de Miami en Estados Unidos se llevó a cabo este miércoles para revisar el caso de Armando Fernández Larios, exagente de la policía política de Augusto Pinochet (1973-1990) arrestado por fuerzas de seguridad estadounidenses en octubre de 2025 y liberado en marzo de este año tras una demanda por «detención ilegal».

    Según contaron a EFE fuentes cercanas al caso, Fernández Larios compareció en persona frente a la jueza Irene M. Recio en el tribunal del Estado de Florida, en una sesión que se mantuvo a puertas cerradas y donde se fijó para el próximo 10 diciembre una nueva cita con la Corte.

    Fernández Larios, que figura procesado por homicidio en el país norteamericano, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en octubre de 2025 en la localidad de Ford Myers, a 250 kilómetros al noroeste de Miami, el último de múltiples intentos para expulsarlo de Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos.
    «Incumplimiento de contrato»

    El Digital National Security Archive (DNSA), una organización sin fines de lucro, obtuvo documentos judiciales que muestran que, tras ser detenido, Fernández Larios presentó una demanda contra el ICE por detención ilegal e «incumplimiento de contrato», donde sostuvo que el gobierno estadounidense vulneró un acuerdo alcanzado con él en 1987 mediante el cual se comprometía a no deportarlo de regreso a Chile.

    El exmilitar chileno fue liberado el 19 de marzo, cuando un juez que estaba al tanto del caso ordenó a los altos mandos del ICE responder a su demanda.

    Información oculta

    Como miembro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el aparato represivo que operó durante los primeros años de la dictadura, Fernández Larios fue una pieza clave del plan de Pinochet para asesinar al exministro de Salvador Allende Orlando Letelier, objetivo que se concretó el 21 de septiembre de 1976 con una bomba fijada a su coche mientras circulaba por un barrio diplomático de la capital estadounidense.

    Tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos, desertó y se comprometió a declarar sobre su rol en el atentado, así como a entregar información sobre el funcionamiento de la DINA en el régimen militar.

    «A cambio, el gobierno de Estados Unidos se comprometía a no acusarlo como co-conspirador en un acto de terrorismo, a solicitar una reducción de su condena y a no extraditarlo ni deportarlo de regreso a Chile por cargos relacionados con el asesinato de Orlando Letelier», explicó dijo a EFE el director del DNSA, Peter Kornbluh.

    Sin embargo, subrayó el investigador, «cuando desertó hacia Estados Unidos en 1987 y se declaró culpable como cómplice del asesinato, fue liberado de manera inexplicable tras cumplir apenas cinco meses de prisión, pese a que enfrentaba una condena de hasta siete años. Cómo y por qué salió de la cárcel tan rápidamente siempre ha sido un misterio envuelto en sombras».

    Fernández Larios figura además en casos como el del homicidio del diplomático español Carmelo Soria y la desaparición del exgerente de la empresa estatal del cobre, Codelco, David Silberman.

    También está vinculado con la conocida como ‘Caravana de la Muerte’, una comitiva militar que a bordo de un helicóptero Puma se desplegó por distintas ciudades del país para asesinar a opositores durante los primeros meses de la dictadura.

    El régimen encabezado por Pinochet dejó un saldo de más de 40,000 víctimas, entre ellas al menos 3,200 opositores asesinados, de los cuales un millar permanecen aún desaparecidos.

  • México confirma 33 casos de ciclosporiasis y rechaza ser origen del brote en EE.UU.

    México confirma 33 casos de ciclosporiasis y rechaza ser origen del brote en EE.UU.

    La Secretaría de Salud de México confirmó este miércoles 33 casos de ciclosporiasis en diferentes estados del país y afirmó que no existen pruebas concluyentes de que el brote reportado en Estados Unidos se haya originado en territorio mexicano.

    En un comunicado, la autoridad sanitaria detalló que los casos permanecen bajo seguimiento epidemiológico y que mantiene abiertas investigaciones relacionadas con los reportes de Estados Unidos y de viajeros británicos que visitaron el Caribe mexicano.

    La institución aseguró que las autoridades de México y Estados Unidos no detectaron el parásito en las muestras tomadas en una empacadora de Guanajuato (centro de México), identificada por el gobierno estadounidense como posible fuente del brote, tras los señalamientos contra una empacadora de lechugas que distribuye la compañía Taylor Farms a establecimientos como Taco Bell.

    «Los análisis realizados hasta este momento por las autoridades sanitarias de México y de Estados Unidos no han identificado la presencia de Cyclospora cayetanensis en las muestras recolectadas», afirmó la Secretaría.

    Por otro lado, la dependencia informó que inspeccionó 16 hoteles de la Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo (sur), donde se hospedaron viajeros británicos que contrajeron la infección.

    Durante las visitas, concluidas el 4 de agosto, explicó, se realizaron entrevistas epidemiológicas, se revisaron los procesos y la trazabilidad de los alimentos, y se tomaron muestras de frutas, verduras y agua, cuyos resultados serán difundidos una vez concluyan los análisis correspondientes.

    La ciclosporiasis es una infección intestinal que provoca principalmente diarrea intensa y frecuente, además de pérdida de apetito y peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos.

    La enfermedad no suele transmitirse de persona a persona, es más frecuente en los meses de calor, de mayo a agosto, y suele proceder de frutas y verduras contaminadas.

    Es causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis y se contrae al ingerir agua o alimentos frescos —especialmente frutas, verduras de hoja como la lechuga y hierbas como el cilantro— contaminados con diminutas cantidades de materia fecal.

  • Cabello da bienvenida a opositores que llegaron a Venezuela para diálogo con el chavismo

    Cabello da bienvenida a opositores que llegaron a Venezuela para diálogo con el chavismo

    El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dio la bienvenida al grupo de opositores que llegó al país este miércoles para liderar un diálogo con el chavismo que inició el pasado sábado con el respaldo de Estados Unidos.

    «Hemos visto informaciones que han llegado a Venezuela algunos de los representantes de la oposición en el diálogo (…). Bienvenidos, siempre que vengan a sumar en el marco de la Constitución», expresó Cabello en su programa semanal ‘Con el mazo dando’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

    La exdiputada opositora Dinorah Figuera, quien defiende la continuidad de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) elegida en 2015, llegó a Venezuela procedente de España para continuar las jornadas de diálogo.

    La opositora llegó al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en el este del país, acompañada de una comisión de exdiputados de la Asamblea de 2015.

    Tras su llegada, Figuera reiteró a la prensa local que la agenda de trabajo de los próximos días estará enfocada en atender las consecuencias de los sismos del pasado 24 de junio, que dejan más de 6.000 fallecidos, 16.740 heridos y casi 18.000 personas sin vivienda, según el Gobierno.

    También indicó que abordarán temas como la recomposición del Consejo Nacional Electoral para que sea «creíble y confiable», la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia y la «garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados».

    Figuera declaró además al canal de televisión privado Televen que este proceso tomará tiempo y que será «hasta diciembre de 2026» cuando se presentará «formalmente todo el producto» del trabajo.

    De igual forma, agradeció al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, por el apoyo en la construcción de la agenda de trabajo.

    El Departamento de Estado de Estados Unidos encargó a Figuera la tarea de dialogar con el chavismo de cara al proceso de transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero por parte de tropas estadounidenses.

    Este nuevo diálogo inició el pasado sábado con una llamada telefónica entre Figuera y el presidente del Parlamento y jefe negociador del Gobierno, Jorge Rodríguez.

    El proceso no cuenta con la participación de los líderes opositores María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quienes han manifestado que esperan que este acercamiento conduzca a unas elecciones presidenciales.

    A Figuera la acompañan los exdiputados opositores Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara, mientras que por el Gobierno están Jorge Rodríguez junto a la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza.