Categoría: El Mundo

Rusia lanzó durante la pasada noche contra Ucrania 315 drones, entre ellos 250 aparatos no tripulados kamikaze Shahed, y siete misiles, según ha revelado el presidente Volodímir Zelenski, que ha dicho también que las ciudades de Kiev y Odesa estuvieron entre los principales objetivos del bombardeo.

«El de hoy ha sido uno de los mayores ataques contra Kiev, Odesa, y la región de Dnipró y Cherníguiv también», dijo Zelenski, que explicó que los drones y los misiles -entre los que había dos misiles balísticos norcoreanos- provocaron daños en edificios residenciales y en infraestructuras urbanas.

El parte de la Fuerza Aérea ucraniana , que identificó impactos directos en 11 localizaciones y caídas de fragmentos de misiles y drones en otras 16, muestra que 213 de los drones kamikaze Shahed lanzados por Rusia fueron derribados y otros 64 neutralizados con interferencias electrónicas. También fueron interceptados los siete misiles.

Según el presidente ucraniano, una maternidad de Odesa estuvo entre los objetivos rusos del ataque de anoche, que provocó varios muertos y al menos 13 heridos.

Zelenski volvió a pedir nuevas sanciones contra Moscú «para forzar a Rusia a la paz».

«Ataques rusos con misiles y con drones Shahed ahogan los esfuerzos de EE.UU. y de otros países en el mundo para forzar a Rusia a la paz», declaró el presidente ucraniano en su mensaje, publicado en redes sociales.

El excandidato presidencial y dirigente opositor venezolano, Edmundo González, remarcó este martes que «Venezuela vive una situación particularmente dramática» en lo que respecta a los Derechos Humanos y reclamó nuevamente a «las democracias del mundo» que ejerzan cada vez mayor presión contra el régimen de Nicolás Maduro.

«Necesitamos que los organismos internacionales y las democracias del mundo reconozcan, condenen y penalicen los delitos y crímenes de lesa humanidad que este régimen criminal comete dentro y fuera de Venezuela», instó González durante su intervención en el Foro Memoria y Justicia, desde la sede del Parlamento Europeo, en Madrid.

González hizo un repaso de la «atmósfera de terror» que se respira en Venezuela, especialmente después de las elecciones del 28 de julio del año pasado, cuando la ciudadanía expresó en las urnas «un mandato claro y soberano» que el Gobierno de Maduro, ha dicho, intenta ocultar con una «terrible oleada represiva», Con todo, el dirigente de la oposición confía en que «la lucha del pueblo venezolano» dé «muy pronto sus frutos» y celebra que el «peso abrumador» de las diversas restricciones del Gobierno no hayan logrado «distorsionar» la imagen que la ciudadanía tiene con respecto «al régimen criminal que los oprime».

También pariticipó la líder de la oposición María Corina Machado, quien a través de una grabación ha recordado a las «miles» de personas que fueron detenidas durante el pasado periodo electoral.

«Desde 2014 se han realizado más de 18.000 detenciones arbitrarias por motivo político (…) más de 2.000 fueron capturados en las elecciones del 28 de junio», ha asegurado. Machado también ha aprovechado para reprochar a la comunidad internacional que haya tardado «muchos años» en reconocer la verdadera naturaleza del Gobierno que preside Nicolás Maduro, al que ha calificado de «autocracia mafiosa» que comete «terrorismo de Estado». «Los fraudes electorales permitidos una y otra vez por el régimen le servían para lavarse la cara frente al mundo», dijo Machado, para quien los resultados del pasado 28 de julio «desmontaron» esa «farsa».

«No hay ya excusa para reconocer la verdad sobre cuál es la voluntad soberana del pueblo de Venezuela. Tampoco a esta altura es posible desconocer la verdadera naturaleza del régimen criminal», incidió la dirigente de la oposición.

El fiscal general de California, Rob Bonta, aseguró el lunes la presentación de una denuncia contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por el despliegue «ilegal» e «incendiario» de la Guardia Nacional en Los Ángeles.

Bonta explicó que el envío de tropas a la ciudad supone una violación de la Décima Enmienda de la Constitución, que determina los límites de las competencias federales.

«A primera hora de la mañana del domingo el presidente Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, federalizaron ilegalmente a 2,000 militares de la Guardia Nacional de California durante 60 días (…). Lo hicieron sin autorización del gobernador Newsom y contra el deseo de las fuerzas de seguridad», explicó.

Bonta afirmó que la movilización militar fue «innecesaria, contraproducente y, lo más importante, ilegal». «Federalizar a la Guardia Nacional de California supone un abuso de autoridad del presidente según la ley y no es algo que nos tomemos a la ligera», ha añadido el fiscal general.

Antes de la vía militar se podían haber tomado «varias medidas racionales, de sentido común, estratégicas, para zanjar los disturbios y evitar una escalada».

El domingo llegaron 300 militares a la zona de Los Ángeles, pero el Mando Norte del Ejército estadounidense ha confirmado este lunes la presencia de 1.700 efectivos sobre el terreno.

Bonta aseguró que las protestas «estaban casi disipadas» cuando llegaron los militares, el domingo. «Desde que Trump anunció su plan de desplegar tropas la situación escaló rápidamente con protestas durante la noche, (con) cierre de autopistas y gente en peligro», lamentó.

«Nunca sabremos lo que habría pasado si el presidente hubiera dejado a las autoridades estatales y locales seguir con su importante trabajo, el que ya estaban haciendo, el que son más que capaces de hacer», argumentó.

Bonta recordó que solo hay un precedente de federalización de la Guardia Nacional y fue hace 55 años, durante el mandato de Richard Nixon, cuando movilizó a los militares para facilitar el envío de correo durante una huelga postal.

El fiscal californiano explicó que esta es la 24ª demanda de California presentada contra el presidente en 19 semanas. «Tiene que ir a un tribunal y rendir cuentas», ha defendido. Trump «tiene que mirarse al espejo y asumir que el actor ilegal es él», ha remachado.

Además defendió la labor del gobernador de California, Gavin Newsom, a quien amenazan con detener desde instancias federales, y ha revelado que el propio Newsom instó a Hegseth anular el envío de las tropas y devolver el control al estado. «La petición fue ignorada», relató

«Las autoridades estatales y locales son las más adecuadas para evaluar las necesidades de recursos, salvaguardar la vida y la propiedad», explicaba la carta. «La decisión de desplegar a la Guardia Nacional sin formación ni órdenes apropiadas podría provocar una grave escalada de la situación», advertía.

Advertencia a los violentos

Bonta se dirigió también a los responsables de incidentes violentos: «Mi mensaje para ellos es que no participen en actividades ilegales». «Cumplid la ley. Si no cumplís la ley, os encontraremos e iremos a por vosotros y tendréis que rendir cuentas como ya saben quienes han sido arrestados», indicó.

En cualquier caso, ha subrayado que «la gran mayoría de la gente que ha participado en las protestas ha sido pacífica y legal». «Manifestarse pacíficamente contra una injustica o contra algo en lo que no creemos» es «un derecho nuclear y fundamental de los Estados Unidos de América», argumentó.

Los violentos «parece que son miembros de grupos externos, ajenos al tema principal contra el que se protesta».

Por último, ha destacado la preparación de las fuerzas de seguridad de Los Ángeles, que cuentan con los recursos necesarios y que solo si se agotan sería adecuado llamar a la Guardia Nacional.

Newson a Trump; “Actúe como presidente o finja”

El gobernador de California informó en su cuenta de X la presentación de la demanda contra el Gobierno estadounidense, al que acusó de haber «intensificado el caos y la violencia en Los Ángeles» y ha reiterado su petición de que resuelva «este problema de inmediato (y) anule la orden».

En este sentido, Newsom ha pedido a Trump y a Hegseth que rescindan esta medida «absurda, ilegal e inmoral». «Dejen que nuestros militares vuelvan a casa», ha declarado en una entrevista concedida al portal MeidasTouch News, en la que ha denunciado que éstos «están siendo utilizados como peones».

En un mensaje dirigido al inquilino de la Casa Blanca, ha pedido que «muestre algo de decencia, algo de humanidad». «Más importante aún, actúe como el comandante en jefe. Si quiere ser presidente, más vale que haga el papel de presidente. Al menos finja, haga lo correcto, apártese, y nosotros limpiaremos su desastre», ha agregado.

Newsom ha asegurado además que «la gente tiene miedo de caminar por las calles», en alusión a las actuaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que han desatado las protestas, y ha reconocido que «no (se) lo creía».

«En realidad creía que esto no era verdad, pero luego vi vídeos, están haciendo controles, comprobando las identificaciones de la gente. Nunca hemos visto este tipo de despliegue. Hay pánico masivo aquí en el condado más grande de la nación, en el estado más grande de la nación», ha señalado antes de denunciar que se haga contra «gente buena, trabajadora y decente». «Estos no son los criminales. Estos no son los matones», mencionó.

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido en un atentado el pasado sábado, «permanece en estado crítico» pero «estable», señaló este martes la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está ingresado.

Según ese centro médico, «el paciente Miguel Uribe Turbay continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos, con todo el monitoreo y los cuidados que requiere, permaneciendo en estado crítico».

«En esa franja de complejidad se encuentra estable y las intervenciones realizadas en estas horas recientes mantienen su condición», agrega el parte médico, tercero que se emite sobre el político.

Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado a tiros el sábado por la tarde cuando participaba en un mitin en el barrio bogotano de Modelia, y fue intervenido quirúrgicamente el mismo día en la Santa Fe, por las heridas sufridas en la cabeza y en una pierna.

«Continuamos realizando las acciones necesarias para mitigar el impacto de las lesiones que recibió», indica el parte médico, que agrega que «su gravedad y pronóstico siguen siendo las previamente reportadas».

Frente a la clínica permanecen decenas de seguidores del político y de su partido, el Centro Democrático, en la oposición, así como periodistas a la espera de noticias sobre su evolución.

La vigilia es permanente en la Santa Fe donde la esposa del senador, María Claudia Tarazona, y otros familiares han participado en cadenas de oración y recibido la visita de buena parte de la clase política del país.

El intento de asesinato ha sido condenado por la sociedad colombiana y por organismos internacionales en medio de reclamos al Gobierno para que garantice la seguridad de los candidatos de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del año próximo.

La ciudad de Los Ángeles se adentró este lunes en la cuarta jornada de unas multitudinarias protestas de cientos de personas por las redadas contra inmigrantes indocumentados ordenadas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su decisión de desplegar a soldados.
El origen de las protestas
El estallido del malestar que se vive en Los Ángeles tuvo su origen el pasado viernes, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó varias redadas en distintos puntos de Los Ángeles que llevaron al arresto de al menos 44 personas en el distrito de Westlake, el centro y el sur de la metrópoli.

En respuesta, una multitud salió a manifestarse en contra de estas detenciones, lo que llevó a Trump a ordenar el despliegue a más de 2.000 soldados de la Guardia Nacional para repeler las protestas y resguardar el edificio federal de inmigración, ubicado en pleno corazón de Los Ángeles.

Estas tropas, compuestas por una fuerza de reserva de las Fuerzas Armadas se activa para misiones especiales y esta vez supuso la primera en 60 años que se despliegan sin la autorización previa del gobernador del estado en cuestión.

Esta controvertida decisión aumentó la tensión en las calles a lo largo del fin de semana, y la protesta de altos funcionarios californianos como el gobernador Gavin Newsom.
¿Porqué ondea la bandera de México en las protestas?
La bandera de países latinoamericanos, especialmente de México, se han convertido en un símbolo de defensa de las raíces de aquellos a los que Trump quiere expulsar de EE.UU..

Y es que el germen de las protestas, antes de trasladarse al centro de Los Ángeles, se gestó en Paramount, un pequeño municipio de poco más de 50.000 habitantes en el que reside una amplia comunidad latina y en donde, según el sitio web, «las estadísticas de delincuencia se encuentran en mínimos históricos».

Fue allí donde se registraron los primeros disturbios del sábado, tras el envío de la Guardia Nacional al estado más poblado del país y en donde más hispanos viven, con más de 15 millones de personas, según cifras del Gobierno.

Guerra abierta entre California y Trump
Las masivas protestas han desatado de nuevo la tormenta entre los funcionarios demócratas que lideran el estado y el presidente estadounidense, eternos rivales políticos con aristas opuestas acerca de cómo abordar la cuestión migratoria en el país.

Mientras Trump describe a Los Ángeles como una ciudad «invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y criminales», las autoridades californianas defienden la riqueza que aporta la comunidad migrante al estado.

«Los Ángeles tiene una orgullosa historia de protestas pacíficas por los derechos de los inmigrantes. Debemos continuar ese legado; no caigamos en la trampa de la administración Trump. Protestemos pacíficamente. No se tolerarán los saqueos ni el vandalismo», avisó este lunes la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Por su parte, el gobernador Newsom alegó que nunca solicitó el despliegue de Guardia Nacional, y que desde su llegada el conflicto no ha parado de escalar.

«No teníamos ningún problema hasta que Trump intervino. Esto constituye una grave violación de la soberanía estatal: exacerba las tensiones y desvía recursos de donde realmente se necesitan. Rescindan la orden», informó en un escrito.
Los focos de tensión se multiplican
Los esfuerzos de las autoridades de California derivaron este lunes en una demanda contra Trump por el despliegue «ilegal» de tropas, un movimiento que, según explicó el fiscal general de California, Rob Bonta, comporta un abuso de la autoridad.

Lejos de terminar, las protestas contra las deportaciones de Trump de Los Ángeles se han ido expandiendo a lo largo del fin de semana a otros puntos de California, como en San Francisco, donde más de 150 personas fueron arrestadas el domingo por la noche tras manifestarse contra el ICE.

También las autoridades de Nueva York detuvieron este lunes a 24 personas que se manifestaban en el vestíbulo de la Torre Trump contra las redadas de inmigrantes y las recientes restricciones de entrada al país impuestas por el mandatario a 19 países.

Las políticas anti-nmigrantes de Trump no toman por sorpresa a la sociedad estadounidense, ya que durante su primer mandato en la Casa Blanca (2017-2021) endureció gran parte de las leyes migratorias para detener el flujo de indocumentados al país y en la campaña para la presidente de este término fue una de sus promesas electorales.

Miguel Uribe Londoño, padre del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el sábado en Bogotá, aseguró este lunes que su hijo logró unir al país para repudiar la violencia, al tiempo que pidió seguir orando por su recuperación.

«Miguel, en medio del dolor y la consternación que nos embarga, ha logrado unir a este país en una sola voz que repudia la violencia. Miguel, con su lucha, nos está demostrando que lo más importante en este país es la seguridad, porque sin seguridad no hay nada», dijo a periodistas Uribe Londoño a las afueras de la Fundación Santa Fe, donde está ingresado el precandidato presidencial.

Uribe Turbay, de 39 años de edad y senador del partido uribista Centro Democrático, recibió el sábado dos disparos propinados por un adolescente que luego fue detenido, mientras pronunciaba un discurso en un acto de campaña en el barrio bogotano de Modelia.

Ese mismo día fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas, en la cabeza y en una pierna, en la Fundación Santa Fe, donde se debate entre la vida y la muerte.

«En este momento tan difícil en el que mi hijo Miguel está luchando por su vida, quiero dar las gracias. Gracias a quienes donaron su sangre. Gracias a los millones de colombianos y personas de todo el mundo por sus oraciones. Gracias a todos por sus conmovedoras demostraciones de afecto y solidaridad», agregó Uribe Londoño.

Igualmente aseguró que es hora de pasar a la acción. «Su ejemplo nos inspira; debemos pasar de la indignación a la acción. Delia (su esposa) y yo pedimos que sigamos orando por la vida de Miguel y que sigamos unidos en una sola causa: que Colombia vuelva a ser un país seguro y que haya paz y tranquilidad para todos».

Los médicos informaron hoy que Uribe Turbay continúa en «estado crítico» y ha tenido «escasa respuesta» tras las cirugías a las que fue sometido el sábado por las heridas que sufrió ese día en el atentado.

La ola de protestas que se ha desarrollado en diversos puntos de Panamá ha dejado un saldo de 34 miembros de la Fuerza Pública gravemente heridos en 45 días de protestas, según informó este lunes el Ministerio de Seguridad a través de un comunicado.

En la nota oficial se resalta que los «34 uniformados de la Fuerza Pública gravemente heridos es el resultado de las violentas protestas que se han prolongado por 45 días consecutivos» en Panamá.

Entre los heridos de gravedad, destaca la nota, está un agente del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), «quien ya fue sometido a una intervención quirúrgica y mañana (martes) deberá someterse a una segunda operación, luego de haber sido brutalmente atacado con un machete durante las protestas en la comunidad de Arimae, en Darién».

Precisamente, la comunidad de Arimae fue escenario la semana pasada de fuertes enfrentamientos entre agentes policiales y comunidades indígenas de la zona.

Estas manifestaciones se dan en rechazo a la Ley 462 de 2025 que reformó la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá, y en demanda además de la liberación de líderes indígenas arrestados tras un caso de retención de una agente del Senafront.

«Estas agresiones han puesto en riesgo la integridad de quienes tienen la misión de proteger a la ciudadanía», señala el comunicado oficial.

En dichas protestas también se incluyen objeciones a un acuerdo de seguridad suscrito en abril pasado entre el Gobierno panameño y Estados Unidos.

El Ministerio de Seguridad también apunta que en cada cierre de calles, «los agentes han sido víctimas de faltas de respeto verbales en primera instancia», y que en algunos casos «han sido agredidos de inmediato con piedras, palos y otros objetos contundentes».

«En estas manifestaciones, las unidades policiales han intervenido para despejar las vías y garantizar el derecho al libre tránsito de miles de panameños», amplía la misiva.

A las protestas se han sumado, además de las comunidades indígenas, sectores como el sindicato de la construcción Suntracs, el sector bananero, farmacéuticos, supervisores de educación y médicos, quienes respaldan el paro indefinido convocado desde el pasado 23 de abril por el gremio de docentes del sector público, que se opone a la Ley 462 de la CSS, al considerar que compromete el futuro del sistema de pensiones.

El Gobierno de Luis Arce analiza invitar a Bolivia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o a Naciones Unidas para que verifiquen las afectaciones que, según ellos, han dejado en el país las protestas promovidas por el expresidente Evo Morales, en especial por los bloqueos de carreteras en el último año.

El ministro de Justicia, César Siles, dijo a los medios que la Cancillería analiza la opción de invitar a los organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a visiten el país, donde actualmente los seguidores del exmandatario exigen su participación en las próximas elecciones generales.

«Estamos analizando la posibilidad de pedir incluso la conformación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes, un GIEI, para el tema de los bloqueos (…) que han afectado y están afectando derechos de las personas a la libre locomoción, a la salud, a la educación», agregó Siles.

También confirmó que la investigación por la denuncia presentada el pasado viernes contra Morales y otras personas por ocho delitos, entre ellos, terrorismo y obstrucción de procesos electorales, «está en una etapa preliminar» e indicó que podrían ampliar la demanda «por los hechos que pueden acontecer estos días».

Entre octubre y noviembre de 2024, los afines a Morales (2006-2019) bloquearon carreteras, sobre todo en el centro del país para evitar su detención, dentro de un caso por supuesta trata de personas, en el que se investiga su relación con una menor de edad con la que presuntamente tuvo un hijo cuando era presidente.

Desde entonces, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, una de las mayores zonas cocaleras situada en la región central de Cochabamba, con resguardo de centenares de productores de hoja de coca que son su principal base sindical y política.

Los leales al también exlíder oficialista del MAS bloquean carreteras desde hace una semana, para exigir que el político sea inscrito y participar en las elecciones del próximo 17 de agosto, con un partido que no está habilitado porque perdió su personería jurídica.

Con las protestas, que otra vez se concentran en Cochabamba, también demandan la renuncia del presidente Arce, al que responsabilizan por la crisis económica.

El Gobierno denunció que las acciones de los manifestantes en las carreteras han dejado hasta el momento más de medio centenar de heridos, entre policías, médicos y civiles, y también acusa a los movilizados de impedir con violencia el paso de ambulancias, alimentos y combustible.

La Policía se replegó el viernes del Trópico de Cochabamba por amenazas de los grupos movilizados allí.

En paralelo, los agentes avanzan con operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas para levantar los cortes de rutas en Cochabamba.

El domingo, Arce acusó a Morales de buscar su renuncia para que quien asuma el Gobierno le permita postular en las elecciones y sostuvo que una nueva candidatura del exmandatario es «inconstitucional».

Mientras que Morales afirmó que esta semana será «decisiva» en lo que considera una disputa del «pueblo» que lo acompaña contra el «imperio» y el presidente estadounidense, Donald Trump, al que acusa de inmiscuirse en asuntos de Bolivia para evitar su candidatura.

El político, que gobernó Bolivia en tres periodos, insiste en ser candidato, pese a que el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificó recientemente que la reelección en el país está permitida «por una única vez de forma continua», sin la posibilidad de un tercer mandato.

El exmandatario renunció a su militancia en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y está distanciado de Arce desde finales de 2021.

Las autoridades de inmigración retomaron este lunes los operativos de detención en Los Ángeles con múltiples redadas en diferentes partes del condado, en donde se reportaron arrestos individuales de trabajadores y personas que se encontraban en las cárceles locales, según pudo comprobar EFE.

Se espera que los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles continúen por al menos 30 días, según advirtió la congresista Nanette Barragán en una entrevista con la CNN.

“Nos han instruido para que nos preparemos para 30 días de control del ICE”, detalló la congresista que representa a Los Ángeles.

Tras la redada migratoria del viernes pasado en al menos 7 lugares de trabajo que dejó unos 45 detenidos, este lunes los operativos continuaron.

Agentes de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) utilizaron el estacionamiento del Ayuntamiento de la ciudad de Whittier, en el este del condado de Los Ángeles, para llevar a inmigrantes detenidos en diferentes puntos.

Los detenidos eran traídos a este lugar en vehículos no marcados y luego trasladados a camionetas con los vidrios polarizados, donde permanecían esposados a la espera de más arrestados.

Al lugar llegaron activistas que reportaban en vivo por las redes sociales las detenciones. “No firmen nada, no firmen nada”, le gritaban a los detenidos las personas que filmaban y pedían los nombres de los inmigrantes en un esfuerzo por informar a las familias afectadas.

Entre los trabajadores arrestados este lunes en Whittier, una ciudad conocida por haber sido el hogar del expresidente estadounidense Richard Nixon, hubo varios empleados de un lavado de carros y otros hombres que buscaban trabajo temporal en las afueras de una tienda de artículos de construcción.

Los agentes no quisieron informar a EFE a dónde se llevarían los inmigrantes, que pasaron varias horas en las camionetas.

Los vecinos del sector se quejaron por la presencia de las autoridades. “Esto me parece el colmo, esta es una zona tranquila y estas personas hacen parte de nuestra comunidad. No entiendo porque la ciudad está prestando el estacionamiento para esto”, se quejó Marilyn Phillips.

Escenas similares se registraron en todo el condado de Los Ángeles, el más poblado de Estados Unidos, con diez millones de habitantes, alrededor de 951.000, no tienen estatus legal, según datos del Migration Policy Institute.

El colectivo Unión del Barrio, que se dedica a informar a la comunidad sobre la presencia de las autoridades de inmigración, reportó que este lunes al menos una docena de redadas.

La actividad de las autoridades de inmigración no se ha concentrado en lugares de trabajo donde necesitan una orden judicial para ingresar, como el viernes pasado, por lo que los activistas han advertido a los indocumentados a no exponerse.

“Ahorita hay actividad de ICE por toda la ciudad y sus alrededores, no queremos causar más terror pero tenemos la responsabilidad de informar… recomendamos a nuestra gente ‘sin papeles’ de resguardarse en casa y no abrir la puerta a desconocidos” decía el aviso de Unión del Barrio que fue enviado a la comunidad.

Este lunes los alcaldes de varias ciudades del condado de Los Ángeles expresaron en una conferencia de prensa que el miedo se está apoderando de los vecinos por la presencia de las autoridades migratorias en sus barrios.

El alcalde de Huntington Park, Eduardo Martínez, una ciudad eminentemente hispana, subrayó que las autoridades de esa ciudad, incluyendo la policía, no colaboran con ICE, y que por el contrario están comprometidos por luchar por “toda la comunidad”.

Por su parte la alcaldesa de la ciudad de Lynwood, Rita Soto, dijo que recibieron llamadas de la presencia de los agentes de inmigración en distintas zonas de la ciudad, incluso en un conocido centro llamado Plaza México, donde al parecer llegaron a comer.

«Nosotros solo estamos haciendo nuestro trabajo», defendió a EFE uno de los agentes migratorios que no se quiso identificar en la redada de Whittier.

Al escucharlo los vecinos contestaron que «nadie quería a la migra en la ciudad».

Las autoridades de Nueva York detuvieron este lunes a 24 personas que se manifestaban en el vestíbulo de la Torre Trump contra las redadas de inmigrantes en la ciudad y las recientes restricciones de entrada al país impuestas por el mandatario a 19 países.

Según indicó a EFE un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), los manifestantes, que entraron al medio día al inmueble, se negaron a obedecer a los agentes cuando estos indicaron que debían desalojar el interior de la Torre Trump.

Durante las detenciones no hubo incidentes ni heridos y por la tarde tanto el interior como los alrededores del edificio habían vuelto a la normalidad, de acuerdo a la cadena CNN.

Los asistentes se manifestaron en contra de la campaña de deportaciones de Trump, quien este fin de semana ha desplegado a la Guardia Nacional en las protestas que desde el viernes tienen lugar en Los Ángeles, también contra las redadas de inmigrantes.

Además, protestaron contra las restricciones de viaje a ciudadanos de 19 países -doce de ellos bajo una prohibición total de la entrada y otros siete con ciertas excepciones- que han entrado en vigor hoy.

Trump ha argumentado que esta medida es necesaria para proteger la «seguridad nacional» de EE.UU.

Por otro lado, esta tarde diversos sindicatos y grupos comunitarios de la Gran Manzana convocaron una manifestación en solidaridad con los manifestantes de Los Ángeles.

Los organizadores piden poner fin a las «intensas acciones» del Gobierno de Trump contra «las comunidades del país», así como exigen desmovilizar a la Guardia Nacional y poner fin «a las brutales redadas de ICE que aterrorizan a los trabajadores inmigrantes».