Categoría: El Mundo

Una ola de atentados con explosivos,

ráfagas de fusil y coches bomba dejó al menos siete muertos este martes en el suroeste de Colombia. Los crímenes ocurrieron casi en simultáneo y apenas tres días después de que un senador y aspirante presidencial fuera tiroteado en un acto de campaña en Bogotá.

Estas son las claves de la crisis de seguridad que revive el fantasma de la violencia de décadas pasadas y agita el panorama político colombiano:

1. Asedio al suroeste

Colombia despertó hoy con una decena de atentados en diferentes municipios de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, dos viejos epicentros del conflicto armado.

En el Valle del Cauca hubo al menos tres explosiones en Cali, la capital, y otras más en un caserío del municipio de Jamundí. En el vecino Cauca, fueron tres las detonaciones en los municipios de El Bordo y Corinto, y en Caloto un francotirador asesinó a un policía.

Hasta el momento hay al menos siete personas fallecidas y decenas de heridos en esta región codiciada por los grupos armados ilegales como corredor estratégico para mover droga y otros negocios ilícitos hacia la costa Pacífica.

Allí tienen presencia las disidencias de las extintas FARC, bandas herederas del paramilitarismo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el mayor grupo guerrillero de izquierda activo en el país.

Según el ministro de Defensa, los atentados de hoy son una respuesta a los recientes avances militares en la zona, donde el Ejército estaría penetrando un «centro neurálgico» de las estructuras lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, uno de los principales jefes del Estado Mayor Central (EMC), la facción más poderosa de las disidencias de las FARC.

2. El criminal más buscado de Colombia

Tiene 50 años y su nombre real es Néstor Gregorio Vera Fernández, pero se le conoce como ‘Iván Mordisco’ y es el hombre más buscado del país. Por él, el Gobierno de Gustavo Petro ofrece una recompensa de cerca de un millón de dólares.

Aunque en varias ocasiones han circulado rumores sobre su muerte, Mordisco sigue liderando actos de terrorismo, narcotráfico, asesinatos y reclutamiento forzado de menores de edad.

Lleva más de 20 años en armas, pero su historia cobró notoriedad en mayo de 2016, cuando, en plena recta final del proceso de paz entre las FARC y el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), anunció que un grupo de guerrilleros bajo su mando no se acogería a los acuerdos.

3. Atentado contra senador y aspirante presidencial

La serie de atentados de este martes ocurrió tres días después del hecho de violencia política más grave de los últimos años en Colombia: el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, aspirante presidencial y nieto de un expresidente.

El político fue tiroteado por la espalda mientras participaba en un acto de campaña en Bogotá el sábado, a un año de las elecciones presidenciales.

Estos hechos, a manos de un menor de edad, evocaron los traumáticos años 90, cuando varios candidatos presidenciales fueron asesinados a manos de grupos ilegales que buscaban sembrar el miedo e influir en la política nacional.

Uribe Turbay, de 39 años, permanece en estado crítico en una clínica mientras las autoridades intentan esclarecer el ataque, tras el cual surgieron denuncias sobre posibles planes para atentar contra otros líderes políticos, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe (2002–2010).

4. Peor pico de violencia desde los acuerdos de paz

El atentado contra Uribe Turbay causó un amplio rechazo, tanto de fuerzas políticas e instituciones nacionales como de gobiernos y organismos internacionales que lo señalaron como un grave golpe a la democracia y una muestra del preocupante aumento de la violencia en el país.

Aunque Petro llegó al poder en agosto de 2022 con la promesa de lograr una «paz total» mediante acuerdos con los grupos armados, el primer presidente de izquierdas en la Colombia contemporánea no lo ha logrado.

Por el contrario, estas organizaciones han fortalecido su presencia en varias regiones, especialmente en zonas rurales y municipios pequeños, donde la violencia se ha recrudecido.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha calificado el momento actual como la peor crisis humanitaria desde la firma del acuerdo de paz en 2016 y Human Rights Watch ha registrado un aumento de más del 20 % en los homicidios y casi un 35 % en los secuestros desde entonces.

Solo entre enero y abril de este año, más de 950.000 personas se vieron afectadas por la violencia y el conflicto, una cifra cuatro veces mayor que la registrada en el mismo periodo de 2024, según datos de Naciones Unidas.

5. Crece la crispación política

Esta crisis de seguridad se produce en medio de una escalada de la tensión política en el país, ya que Petro intenta imponer cambios en la normativa laboral a los que se oponen los sectores más conservadores.

Esa fractura política se hizo evidente en la víspera, cuando nueve partidos se negaron a asistir a una reunión convocada por el mandatario para discutir medidas de seguridad de cara a las elecciones del próximo año.

En ese contexto, Petro tiene previsto visitar este miércoles Cali para participar en una movilización convocada por sindicatos en apoyo a la consulta popular que el mandatario quiere convocar por decreto para aprobar su reforma laboral ante los reveses sufridos en el Senado, algo que la oposición tacha de «ilegal».

Las protestas en Los Ángeles, que alcanzan este martes su quinto día y han convertido el complejo federal del centro de la ciudad en un campo de batalla, no cesan ante la amenaza del presidente de EE.UU., Donald Trump, de invocar una antigua Ley de Insurrección para acallar las manifestaciones contra las redadas migratorias.

Cientos de manifestantes se congregan frente a las puertas del edificio federal, que siguen resguardadas por decenas de soldados que impiden el acceso a las instalaciones salvo vehículos autorizados.

Alrededor del edificio, una multitud aguarda de manera pacífica: guitarra en mano, algunos cantan contra la presencia de la Guardia Nacional y las redadas migratorias llevadas a cabo desde el pasado viernes por el Gobierno de Donald Trump y que dieron origen a las protestas.

Mientras, otros ofrecen alimentos y botellas de agua tanto a los manifestantes como a las decenas de miembros de los medios de comunicación desplegados en la zona.

En los alrededores, ondea la bandera mexicana mientras se corean consignas y se ensalzan pancartas en las que se preguntan dónde estaba la Guardia Nacional en disturbios como los del 6 de enero de 2021 ante el Capitolio u otros que rezan «liberen a mi gente».

«Las políticas de deportación masiva de Donald Trump son un gran fracaso. Estas operaciones en Los Ángeles tienen más que ver con un intento de provocar disturbios y encumbrar las políticas fallidas de Trump», asegura a EFE Hoku Jeffrey, uno de los manifestantes.

La tensión se apodera del ambiente a medida que pasan las horas y las decenas de fuerzas de seguridad de la ciudad tratan de mantener controlados a los manifestantes.

Hasta el momento, Trump ha autorizado el despliegue de 4.000 miembros de la Guardia Nacional de California, más 700 efectivos de la marina, pero estos solamente tienen órdenes de proteger a funcionarios y edificios federales.

En la mañana, el presidente republicano afirmó que, de ser necesario, invocará la Ley de Insurrección, que le otorga la facultad de desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil y poder así disolver militarmente las protestas desatadas en la capital californiana.

La calle poco a poco toma forma de campo de batalla: dos líneas diferenciadas entre manifestantes y efectivos, que agrandan cada vez el terreno dispuestos a dispersar a los manifestantes con porras en mano y bolas de gas pimienta.

Tras la detención de un manifestante a manos de las fuerzas de seguridad se despeja la calle principal y detienen a aquellos que se resisten a acatar las órdenes de las autoridades de abandonar el lugar.

La multitud comienza a dispersarse, aunque una gran mayoría corre a cortar el paso de vehículos en la Autopista 101.

El centro de Los Ángeles vandalizado

Gran parte de las calles donde se han desarrollado las protestas amanecen completamente vandalizadas, tras varios días de tensión. Pese a que la situación es más calmada que en anteriores jornadas, las calles del centro de Los Ángeles, donde se ubican los edificios gubernamentales, se ven prácticamente vacías de turistas y viandantes.

El edificio del Departamento de la Policía de Los Ángeles viste a modo de fortaleza, con decenas de miembros de las fuerzas de seguridad que aseguran el perímetro. También el Ayuntamiento de Los Ángeles se encuentra repleto de guardias mientras personal limpian las pintadas de spray, evidencias de la rudeza que vive esta parte de la ciudad.

Y en medio de los intentos por restablecer el orden, lejos de cesar el ruido de las protestas, las sirenas de las patrullas de policía y las aspas de varios helicópteros que sobrevuelan las calles no paran de sonar.

Estas fricciones no solo se sienten en las calles, sino también a nivel político.

El gobierno de California respondió este martes a los actos del presidente, con una solicitud de emergencia ante un tribunal para solicitar una orden que impida al Pentágono ampliar la misión del personal federalizado de la Guardia Nacional de California y la Infantería de Marina; no obstante, esta fue rechazada por el juez de distrito Charles R. Breyer.

El juez programó una audiencia para el jueves en la que se prevé que California y el gobierno federal presenten sus argumentos sobre si se debe permitir o no el uso de las tropas en estas tareas.

El despliegue total de los casi 5,000 soldados tendrá un costo de 134 millones de dólares que cubrirán transporte, alimentación, alojamiento y otros gastos hasta un máximo de 60 días, según cifras compartidas por el Pentágono.

El 35 % de los mexicanos que quieren ser padres asegura que ha tenido o probablemente tendrá menos hijos de los que desearía por motivos económicos, según recoge el informe sobre el estado de la población mundial de 2025 del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Bajo el título «La verdadera crisis de fecundidad: Alcanzar la libertad reproductiva en un mundo de cambios» el informe, presentado este martes en Madrid, refleja que, además, el 23 % alega que las limitaciones relacionadas con la vivienda les impiden tener todos los hijos que querrían.

Siguen como motivos para tener menos hijos de los deseados la inquietud por la situación política o social (21 %), el desempleo o precariedad laboral (17 %) y ausencia de pareja o de una que sea adecuada para compartir la crianza (16 %).

Así, casi un tercio de la población de México mayor de 50 años (el 31 %) ha tenido menos hijos de los que hubiese querido y el 14 % de los menores de esa edad creen que tendrán menos de los deseados.

En el otro extremo, un 16 % de los mayores de 50 dicen haber tenido más hijos de los que habían imaginado, frente a un 7 % de menores de esa edad que esperan tener un número mayor de hijos que el que desean.

El informe es el primero que atiende al tema de la baja fecundidad a nivel global de los que elabora la UNFPA y se ha hecho a partir de entrevistas a 14.000 hombres y mujeres adultos de 14 países, entre los que se encuentra México.

Sin embargo, el organismo quiere alejarse de la «mirada catastrofista» y busca poner el foco en que la mayoría de la población mundial no puede tener los hijos que desearía.

Una quinta parte ha tenido un embarazo no intencional

Para los mexicanos, el número ideal de hijos son dos tanto para los hombres (37 %) como para las mujeres (33 %). Sin embargo, entre los que prefieren tener sólo uno o no tener ninguno, la proporción es mayor entre las mujeres.

El primer motivo para tener hijos es la alegra y satisfacción por encauzar el desarrollo de un niño, seguido de reforzar los lazos familiares y del deseo de un género concreto («quiero tener un hijo» o «quiero tener una hija»).

En el otro extremo, el informe recoge también que, en México, el 22 % de la población ha experimentado un embarazo no intencional (en el caso de los hombres, sus parejas), el mismo porcentaje de población que se ha encontrado con incapacidad para hacer realidad el deseo de tener hijos.

Además, el 73 % de los hombres y el 76 % de las mujeres mexicanas dicen haber sufrido limitaciones a su capacidad de acción en el ámbito reproductivo. Casi la mitad de los encuestados (el 48 % de los hombres y el 45 % de las mujeres) aseguran no haber podido utilizar el método anticonceptivo que deseaban en alguna ocasión.

Otro dato que figura en el informe es que el 32 % de los hombres y el 41 % de las mujeres mexicanas denuncian haberse visto en una situación en la que se sentían incapaces de negarse a mantener relaciones sexuales con su pareja.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes ante una corte federal en Maryland que cumplió con la orden de repatriar a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que había sido deportado erróneamente a su país natal, pese a una orden judicial que prohibía su expulsión, luego de una amenaza de demanda por desacato de los defensores del migrante salvadoreño.

La presentación se produjo en el caso federal en Maryland, en el que la jueza federal de distrito Paula Xinis ordenó al gobierno facilitar su regreso a Estados Unidos.

Ábrego García fue devuelto a Estados Unidos el viernes para enfrentar cargos penales en Tennessee, tras una serie de batallas judiciales en las que la administración Trump afirmó repetidamente que no podía repatriarlo.

En una presentación judicial el domingo, los abogados de Ábrego García argumentaron que, a pesar de su regreso, el caso judicial en Maryland no ha concluido, ya que el tribunal sigue cumpliendo la función de «garantizar que el caso [de Ábrego García] se gestione como se habría hecho de no haber sido enviado indebidamente a El Salvador», y que el gobierno debe rendir cuentas por sus flagrantes, deliberadas y persistentes violaciones de las órdenes judiciales, con un costo insoportable para Ábrego García y su familia.

En la presentación judicial del martes, los abogados del Departamento de Justicia declararon que «los demandados han hecho exactamente lo que los demandantes solicitaron y lo que este Tribunal les ordenó: el demandante Ábrego García ha sido devuelto a Estados Unidos».

El gobierno «realizó esfuerzos diligentes para derribar las barreras nacionales que impedían el ingreso de Ábrego García» a Estados Unidos y entabló conversaciones diplomáticas con el gobierno salvadoreño para su regreso, indicaron los abogados del Departamento de Justicia en su solicitud de suspensión de todos los plazos del caso. El Departamento de Justicia afirmó que tiene la intención de presentar una moción para desestimar el caso la próxima semana.

Los representantes del gobierno dijeron que la solicitud de los abogados de Abrego García de continuar el caso es «desesperada y decepcionante».

“Ante el regreso de Abrego García a Estados Unidos, acusan infundadamente a los demandados de ‘dar largas’ e ‘ignorar intencionalmente las órdenes de este Tribunal y de la Corte Suprema’”, dijeron los abogados del Departamento de Justicia.

El gobierno argumentó que, antes del regreso de Abrego García, no pudieron compartir información que hubiera demostrado su buena fe con las órdenes del tribunal debido a las restricciones sobre secretos de estado y otro material clasificado.

«Pero la prueba está en los hechos: los demandados han devuelto a Abrego García a Estados Unidos tal como se les ordenó», señala el documento.

«Ninguno de los argumentos exagerados de los demandantes cambia esto ni justifica la continuación de los procedimientos en este asunto».

Ábrego García, un migrante salvadoreño que vivía con su esposa e hijos en Maryland, fue deportado en marzo a la megaprisión CECOT de El Salvador —a pesar de una orden judicial de 2019 que prohibía su deportación a ese país por temor a ser perseguido— después de que el gobierno de Trump afirmara que era miembro de la pandilla criminal MS-13, lo cual su familia y abogados niegan.

Una acusación formal de dos cargos, revelada el viernes, alega que Abrego García participó en una conspiración de un año para transportar a migrantes indocumentados de Texas al interior del país, lo que implicó el transporte interno de miles de no ciudadanos de México y Centroamérica, incluidos algunos niños, a cambio de miles de dólares.

La alcaldesa de Los «Ángeles», Karen Bass, anunció este martes que entrará en vigor un toque de queda de emergencia en el centro de la ciudad a partir de esta noche, como respuesta al aumento de tensiones en las manifestaciones, tras las recientes redadas migratorias y el despliegue de tropas federales en la zona.

Esta restricción llega luego de cinco días de protestas en la ciudad y entrará en vigor esta noche a partir de las 20.00 hora local hasta las 6.00 GMT del miércoles y abarca aproximadamente un «área» de 2.5 kilómetros cuadrados.

Bass aseguró que aún no se ha definido cuánto tiempo permanecerá en vigor el toque de queda, aunque se prevé que se extienda por varios días.

Las autoridades decidieron imponer la medida ante los disturbios y actos vandálicos nocturnos que persisten tras las protestas de parte de grupos que se niegan a dispersarse.

«El toque de queda ha sido considerado durante varios días, pero claramente, después de la violencia que tuvo lugar anoche, 23 negocios saqueados, y ya sólo ante la naturaleza extensa y generalizada del vandalismo, llegamos a un punto de inflexión y declaramos el estado de emergencia y pedimos el toque de queda», dijo la alcaldesa en una conferencia de prensa.

El jefe del Departamento de Policía de Los «Ángeles», Jim McDonnell, detalló que los únicos exentos del toque de queda son residentes dentro del «área» designada, personas en situación de calle, personal de medios acreditados, así como los trabajadores de seguridad pública y servicios de emergencia.

McDonell también señaló que este martes fueron detenidas 67 personas por bloquear «ilegalmente» la Autopista 101 durante la quinta jornada de manifestaciones en el centro de la ciudad.

Las protestas en Los «Ángeles» comenzaron el viernes por la tarde tras las redadas de inmigración de parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Trump ha decidido enviar miles de soldados a Los «Ángeles», pese a que las autoridades locales no lo han solicitado y acusan al presidente de querer escalar la tensión.

Las autoridades de Florida ejecutaron este martes por inyección letal a Anthony F. Wainwright, de 54 años, en la prisión estatal de Florida, en Raiford, por la violación y el asesinato de Carmen Gayheart, de 23 años.

La ejecución se llevó a cabo a las 18:22 hora local (22:22 GMT), informó el Departamento de Prisiones de Florida.

En 1994, tres días después de escapar de una prisión en Carolina del Norte, Wainwright y Richard Hamilton secuestraron a plena luz del día a Gayheart, madre de dos hijos y estudiante de enfermería, en el estacionamiento de una tienda en Lake City (Florida).

Según los fiscales, Wainwright y Hamilton llevaron a la víctima a un lugar remoto donde la violaron, la estrangularon y le dispararon.

Hamilton, también condenado por el asesinato de Gayheart, fue ejecutado en enero de 2023 a los 59 años.

Wainwright se convirtió en la sexta persona ejecutada en Florida en 2025, tras la de Glen E. Rogers, condenado por el asesinado de una mujer en este estado.

Decenas de personas fueron detenidas este martes en una redada a gran escala realizada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos en una procesadora de carne en Omaha, la mayor ciudad del estado de Nebraska.

Don Bacon, congresista que representa al Segundo Distrito de Nebraska, aseguró a medios locales que el operativo se saldó con entre 75 y 80 detenidos.

La operación se llevó a cabo en una planta de procesamiento de carne en el sur de Omaha a raíz de una investigación relacionada con el uso de falsas identidades, según ICE.

Los responsables de la planta dijeron a los agentes que sus empleados tienen todo en orden y que utilizaron en las contrataciones E-Verify, la web del Departamento de Seguridad Nacional que permite a las empresas verificar si sus empleados tienen permiso para trabajar en Estados Unidos.

La acción fue respondida con protestas de familiares de los arrestados y otros miembros de la comunidad, que en un momento dado trataron de impedir que partieran los vehículos de ICE con las personas detenidas.

Según medios locales como el diario Nebraska Examiner la operación desató el pánico en la región circundante, lo que llevó a muchos comercios que emplean a inmigrantes en Nebraska a cerrar hoy sus puertas.

«ICE y sus socios federales ejecutaron hoy una orden de allanamiento federal en Glenn Valley Foods, con base en una investigación criminal en curso sobre el empleo a gran escala de extranjeros sin autorización para trabajar en Estados Unidos”, explicó a medios una portavoz de ICE, que añadió que la investigación sigue en curso.

Se cree que esta es la mayor redada contra inmigrantes en Nebraska desde el retorno a la Casa Blanca en enero de Donald Trump, que está ejecutando una política de redadas, deportaciones y expulsiones a gran escala.

Esta operación se produce en un momento en que el condado de Los Ángeles encara su quinto día de protestas por las redadas que ICE llevó a cabo ahí el pasado miércoles.

Trump decidió enviar miles de soldados a Los Ángeles pese a que las autoridades locales no lo han solicitado, acusando al presidente de querer escalar la tensión, mientras que se están celebrando y convocando otras protestas en diferentes puntos del país para criticar la política migratoria del Gobierno.

La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) tiene cinco días hábiles para presentarse ante el tribunal que la condenó a seis años de prisión, un plazo que comenzará a correr una vez que sea notificada del fallo adoptado este martes por la Corte Suprema.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, que en 2022 condenó a Fernández en la denominada «causa Vialidad», emitió una resolución de ejecución de aquella sentencia, luego de que este martes el Supremo la dejara firme tras rechazar un recurso de la defensa de la exmandataria.

A los fines de ejecutar la sentencia, el tribunal oral convocó a Fernández y a los otros ocho condenados en este juicio a que se presenten en la sede del tribunal «dentro del quinto día hábil de notificados de lo aquí dispuesto, con el objetivo de hacer efectivas sus detenciones».

Veinticuatro horas para habilitar el lugar de encarcelamiento

En su resolución, tal y como ha constatado EFE, el tribunal oral requirió además al Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina que en el término de 24 horas asigne una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para alojar a la condenada.

Respecto de la pena de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, que también se impuso a Fernández en la condena dictada en 2022, el tribunal oral dispuso notificar a la Cámara Nacional Electoral de que la sentencia ha quedado firme.

Fernández, de 72 años, había anunciado la semana pasada que sería candidata a legisladora provincial en las elecciones a celebrarse en septiembre en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral de Argentina.

La exmandataria y actual presidenta del Partido Justicialista (PJ, peronista) afirmó este martes, tras conocerse el fallo de la Corte, que la Justicia le ha puesto restricciones al voto popular al impedir que haya una alternativa política cuando el modelo del Gobierno del ultraderechista Javier Milei se derrumbe.

La líder opositora, que permanece en su casa en el barrio capitalino de Constitución, aseguró que no se fugara como lo hacen los «mafiosos».

La defensa de la exmandataria tiene la posibilidad de solicitar al tribunal que le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria por ser una persona mayor de 70 años.

Un juez federal rechazó este martes la solicitud del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, de emitir una orden de emergencia que bloquee el despliegue en Los Ángeles de soldados de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina de EE.UU. ordenado por la Administración del presidente Donald Trump.

Newsom y el fiscal general de California, Rob Bonta, habían pedido este martes un fallo de emergencia ante el Tribunal del Distrito Norte de California para impedir al Pentágono ampliar la misión actual del personal federalizado de la Guardia Nacional de California y la Infantería de Marina.

El juez federal Charle Breyer rechazó la solicitud de California sobre la orden de emergencia, y concedió la solicitud de dar más tiempo a la Administración Trump para responder a la querella legal.

Breyer dio la oportunidad al estado de California de presentar los documentos de oposición antes de una audiencia programada para el jueves.

Trump ordenó el sábado pasado desplegar 2,000 soldados de la Guardia Nacional de California, sin contar con la autorización del gobernador, lo que supone la primera vez en 60 años que el Ejecutivo estadounidense desconoce la autoridad estatal sobre las fuerzas.

Newsom y Bonta demandaron este lunes a la Casa Blanca para detener el despliegue argumentando que la Administración «abusaba de la autoridad del gobierno federal y violaba la Décima Enmienda» de la Constitución.

Pero Trump y el Pentágono respondieron ayer mismo con el envío de 700 infantes de Marina y 2.000 soldados más de la Guardia Nacional de California.

«Lo que están presenciando en California es un ataque total a la paz, al orden público y a la soberanía nacional, perpetrado por alborotadores que portan banderas extranjeras con el objetivo de prolongar una invasión extranjera de nuestro país. No vamos a permitir que eso suceda», dijo hoy el mandatario durante un mitin en Fort Bragg, la mayor base militar en suelo estadounidense.

Las manifestaciones en Los Ángeles comenzaron el viernes después que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizara una serie de operativos contra trabajadores y se han prolongado por cuatro días.

Newsom aclaró que aunque se reportaron algunos incidentes violentos e ilegales, que llevaron a arrestos «justificados» por parte de las autoridades estatales y locales, «estas protestas fueron en gran medida pacíficas» e involucraron a ciudadanos que ejercieron su derecho a protestar, amparado por la Primera Enmienda.

El gobernador, al igual que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han subrayado que la policía ha logrado controlar la situación, como en otros casos recientes de disturbios.

El despliegue total de los casi 5,000 soldados tendrá un costo de 134 millones de dólares que cubrirán transporte, alimentación, alojamiento y otros gastos hasta un máximo de 60 días, según cifras compartidas por el Pentágono.

La Corte Suprema de Argentina rechazó este martes el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y dejó en firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos público, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales.

Tras esta decisión, adoptada por unanimidad por los tres jueces del Supremo, Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena, que la expresidenta ha calificado como un caso de «lawfare», es decir, persecución judicial y política.

«Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida (…) sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional», dice el fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Y añade: «El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley», agrega.

La decisión ratificó así la condena en segunda instancia por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur).

El fallo de la Corte debe ser remitido al Tribunal Oral Federal 2 para que su titular, el juez Jorge Gorini, ejecute la sentencia dictada en 2022, lo que significa que sería detenida en las próximas horas o días.

La defensa de Fernández puede solicitar a ese juez que conceda a la exmandataria el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, tras haber cumplido 72 en febrero pasado.

El fallo del Supremo llegó ocho días después de que la expresidenta anunciara su candidatura como legisladora en los elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, previstas para septiembre.

Al haber alcanzado una decisión antes de la fecha de presentación oficial de las candidaturas para dichos comicios el próximo 19 de julio, la exmandataria queda ahora imposibilitada de competir en esa elección y cualquier otra.

La causa por la que fue condenada, conocida como «Vialidad», investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a compañías del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

La expresidenta fue condenada en 2022 por administración fraudulenta, aunque no fue detenida debido a los fueros que entonces tenía como vicepresidenta del país y a la instancia pendiente de revisión por parte de la Cámara de Casación Penal.

En noviembre de 2024 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Fernández, quien recurrió al Supremo.

En declaraciones este lunes en la sede de su partido, en vísperas de la decisión de los jueces, la exmandataria definió a la Corte Suprema como «guardia pretoriana del poder económico» y sostuvo que hay personajes políticos que, habiendo obrado contra los intereses del país, caminan «libres» por las calles, por lo que, para ella, «estar presa es un certificado de dignidad».