Categoría: El Mundo

Empresarios y congresistas republicanos y demócratas pidieron este miércoles al presidente Donald Trump que proporcione permisos de trabajo a los migrantes sin antecedentes penales, argumentando que «sin manos» Estados Unidos deja de ser la principal economía mundial.

«Tenemos una escasez de 1,7 millones de trabajadores en Estados Unidos y la cifra va en aumento, lo que eleva el costo de la alimentación y la vivienda para los estadounidenses», afirmó en rueda de prensa Rebecca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition (ABIC).

«Cuando la mano de obra baja, los precios suben», recuerda al magnate republicano, defensor de una lucha sin cuartel contra la migración ilegal.

En 2024 el 46% de las empresas de la lista Fortune 500 fueron fundadas por inmigrantes o sus descendientes, según la oenegé American Immigration Council.

Además el 30% de obreros de la construcción son migrantes, así como más del 50% de los trabajadores agrícolas, el 40% de los empleados de la hostelería y el 30% de los cuidadores de ancianos.

Por eso la coalición ABIC, que representa a 4,7 millones de empresarios y trabajadores, pide en una carta a la Casa Blanca y al Congreso que «garanticen la seguridad» de la frontera, pero también de la «fuerza laboral». «Podemos lograr ambas cosas», afirmó Shi.

Jaime di Paolo habló en nombre de la Cámara nacional hispana de comercio.

«La queja número uno que recibimos es que los empleadores necesitan empleados», explicó.

Trump, que suele llamar a los migrantes delincuentes por haber entrado en el país sin visado, ha ordenado deportaciones masivas, pero muchos congresistas de estados que necesitan mano de obra o tienen negocios han empezado a alzar la voz.

Sin los migrantes «no tendríamos una industria agrícola», afirmó el congresista republicano Dan Newhouse en la rueda de prensa, a la que también asistió algún que otro demócrata como Tom Swanson.

«Hay demócratas y republicanos en el Capitolio que intentan trabajar juntos para encontrar una solución a la crisis migratoria», dijo.

Según él, hay que abordar tres aspectos al mismo tiempo: «la seguridad en la frontera», el «sistema de asilo roto» y una modernización migratoria «para tratar a las personas como seres humanos».

La congresista republicana María Elvira Salazar anunció que pronto presentará el proyecto de ley Dignidad 2025, que impulsa desde hace años.

«Ser»á revolucionario» porque «va a ser salomónico», prometió. Permitiría regularizar los que denomina «héroes silenciosos», personas que lleven más de cinco años en el país sin antecedentes penales, a cambio de que paguen una cantidad de dinero por haber quebrantado las leyes entrando sin visa.

«Muchos de ellos tienen hijos estadounidenses», afirmó.

«No podremos seguir siendo la economía número uno del mundo si no tenemos manos, y esas manos están en el interior» del país.
María Elvira Salazar, congresista republicana por la Florida.

Los europeos están descubriendo hasta qué punto les desprecia la administración Trump, que desde hace dos meses parece librar una guerra ideológica contra sus aliados históricos.

El 24 de marzo, un insólito fallo de seguridad reveló una declaración especialmente hostil hacia los europeos durante una conversación en línea sobre los ataques estadounidenses contra los rebeldes hutíes de Yemen.

Entre los participantes figuraban el vicepresidente estadounidense, JD Vance, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y un periodista añadido por error.

«Si piensas que debemos hacerlo, adelante. Simplemente odio rescatar a Europa nuevamente», escribió Vance a Hegseth.

Este último explicó que se están haciendo cálculos para facturar las operaciones estadounidenses a los europeos, que se beneficiarían de una mayor seguridad para el transporte de mercancías en el mar Rojo, amenazado por los ataques de los hutíes contra barcos que acusan de tener vínculos con Israel.

«Comparto plenamente tu repulsa a los aprovechados europeos. Es PATÉTICO», respondió el jefe del Pentágono.

El vicepresidente Vance se convirtió en el soldado más agresivo de Donald Trump contra Europa.

En febrero, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich centrada en la guerra en Ucrania, JD Vance acusó a los europeos de asfixiar la libertad de expresión y la libertad religiosa.

El vicepresidente también les instó a romper el «cordón sanitario» a la extrema derecha y atacó las normas europeas sobre libertades civiles, así como las «presiones» de los gobiernos europeos sobre «las redes sociales en nombre de la supuesta desinformación».

Para él, la mayor amenaza para el Viejo Continente no es «ni China ni Rusia», sino el «retroceso de Europa respecto a algunos de sus valores más fundamentales».

El 26 de febrero, Donald Trump aseguró que la Unión Europea, cuya creación fue alentada por Washington», fue pensada para «fastidiar» a Estados Unidos, y amenazó con aranceles del 25% a productos europeos.

«La UE se diseñó para fastidiar a Estados Unidos. Ese era el objetivo y lo consiguieron. Pero ahora yo soy el presidente», dijo.

Para el presidente estadounidense, la Unión Europea es ante todo un adversario comercial. Los europeos «pueden intentar represalias (comerciales), pero no funcionarán», aseguró.

Donald Trump reformuló la acusación el martes, considerando a su vez que los europeos se estuvieron «aprovechando». «La Unión Europea ha sido absolutamente horrible con nosotros», insistió.

Desde que fue elegido, Donald Trump insiste en su deseo de anexionarse Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, país europeo y aliado de la OTAN.

«Creo que Groenlandia será algo que quizás esté en nuestro futuro. (…) Es importante desde el punto de vista de la seguridad internacional», declaró el presidente el lunes.

Ya antes de que su padre asumiera el cargo, Donald Trump Jr visitó el territorio ártico como «turista». El viernes será el turno del vicepresidente JD Vance y su esposa Usha, junto con el Consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz. Ninguno de ellos fue invitado.

En un principio, JD Vance no iba a viajar a Groenlandia, donde su esposa iba a asistir a una carrera nacional trineos jalados por perros. Sin embargo, los planes de la visita cambiaron y ahora concentrarán su presencia en una base militar estadounidense.

Antes de conocerse el viaje del vicepresidente, el gobierno de Dinamarca ya había criticado la visita.

«No se puede organizar una visita privada con representantes oficiales de otro país», declaró a la primera ministra Mette Frederiksen, denunciando una «presión inaceptable».

El 12 de febrero, Donald Trump anunció que había acordado en una conversación telefónica con Vladimir Putin iniciar negociaciones directas sobre Ucrania.

Seis días después, se celebraron en Riad las primeras conversaciones ruso-estadounidenses. Los europeos estuvieron ausentes, al igual que en las nuevas reuniones del domingo y el lunes, también en Arabia Saudita.

Tres años después de la invasión rusa de Ucrania, los Estados Unidos de Trump rompieron un tabú: el 23 de febrero se aliaron en la ONU con Moscú contra los países de la UE durante algunas votaciones sobre el conflicto ucraniano.

Los norteamericanos impulsan su idea de una paz rápida sin condenar a Rusia ni defender las fronteras de Ucrania.

En 2030, los productos de Coca-Cola representarán más de 600.000 toneladas de residuos plásticos vertidos en los océanos y vías fluviales del mundo cada año, según un nuevo informe publicado el miércoles por la organización sin fines de lucro Oceana.

Eso equivale a suficiente plástico para llenar el estómago de 18 millones de ballenas.

El informe llega en medio de la creciente preocupación por los riesgos para la salud humana que supone la proliferación de microplásticos, que los científicos vinculan cada vez más con el cáncer, la infertilidad y las enfermedades cardíacas.

«Coca-Cola es, por lejos, el mayor fabricante y vendedor de bebidas del mundo», afirmó Matt Littlejohn, quien lidera las campañas de Oceana dirigidas a las empresas contaminadoras.

«Por eso, son realmente importantes cuando se trata del impacto de todo esto en el océano».

Coca-Cola es el mayor contaminante de plástico a nivel mundial, seguida de PepsiCo, Nestlé, Danone y Altria, según un estudio de 2024 publicado en Science Advances.

La previsión de Oceana se basa en los datos de envases publicados por Coca-Cola entre 2018 y 2023, combinados con las estimaciones de crecimiento de las ventas.

El resultado: se proyecta que el uso de plástico por parte de la compañía supere los 4,13 millones de toneladas anuales para 2030.

La ONG aplicó un método científico presentado en la revista Science en 2020 para estimar la proporción de este plástico que podría acabar en los ecosistemas acuáticos, obteniendo un total de 602.000 toneladas, equivalente a casi 220.000 millones de botellas de 500 ml.

Para Oceana, la solución más clara para reducir esta asombrosa cifra pasa por recuperar los envases reutilizables, ya sea en forma de botellas de vidrio retornables, que pueden reutilizarse 50 veces, o de envases de plástico PET más grueso, diseñados para 25 usos.

Una corte de apelaciones rechazó este miércoles un intento del gobierno del presidente Donald Trump de levantar una orden judicial que prohibe deportar a migrantes en situación irregular en el marco de una ley del siglo XVIII usada hasta ahora solo en tiempos en guerra.

Un panel de tres jueces votó a favor, por dos votos contra uno, de mantener temporalmente la prohibición de expulsar a migrantes bajo la ley de enemigos extranjeros de 1798, invocada por el gobierno para enviar dos aviones con venezolanos a una megacárcel de El Salvador el 15 de marzo.

Washington los considera miembros del Tren de Aragua, grupo al que declaró «organización terrorista» global. No aportó pruebas.

«La sugerencia del gobierno de que la revisión judicial de la ley de enemigos extranjeros está categóricamente excluida es incorrecta», escribió la jueza Karen Henderson, designada por el presidente republicano George H.W. Bush.

La jueza Patricia Millett, nombrada por el expresidente demócrata Barack Obama, también votó a favor de mantener vigente la prohibición temporal, mientras que el magistrado Justin Walker, designado por el presidente Donald Trump, discrepó.

Hasta el envío de aviones a El Salvador, la ley de enemigos extranjeros solo se usó durante la Guerra de 1812 y la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

El 15 de marzo James Boasberg, juez de una corte de distrito de Washington, suspendió temporalmente las deportaciones llevadas a cabo en nombre de la ley del siglo XVIII. La administración recurrió.

Millett afirmó que se expulsó a los migrantes venezolanos basándose únicamente en las acusaciones del gobierno, «sin previo aviso, sin audiencia, sin oportunidad, ningún proceso, para demostrar que no son miembros de la pandilla» Tren de Aragua.

«Si el gobierno puede elegir renunciar a un proceso justo e igualitario para algunas personas, puede hacer lo mismo para todos», estimó.

Los abogados de varios de los venezolanos deportados han declarado que sus clientes no son miembros del Tren de Aragua, no han cometido ningún delito y fueron tomados como blanco principalmente por sus tatuajes.

Durante una vista judicial el lunes, Millett dijo que «los nazis recibieron mejor trato» que los venezolanos expulsados a El Salvador cuando se les aplicó la ley de enemigos extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, amenazó este miércoles con tomar más territorio en Gaza si Hamás no libera a los rehenes, que siguen en riesgo después de que Israel reanudara su ofensiva en la franja costera el 18 de marzo.

En medio del hastío del conflicto, cientos de palestinos volvieron a manifestarse en Ciudad de Gaza contra el movimiento islamista Hamás, que gobierna el territorio palestino desde 2007. «No nos representa», podía leerse en una de las pancartas.

«¡Fuera, fuera, fuera, Hamás fuera!», corearon los manifestantes, reunidos alrededor de una bandera palestina. Una protesta similar tuvo lugar el martes en Beit Lahia, en el norte del devastado territorio.

En Israel, Netanyahu celebró las protestas y afirmó ante el Parlamento que «cada vez más gazatíes se dan cuenta de que Hamás implica destrucción y ruina».

«Todo esto prueba que nuestra política funciona», argumentó el jefe de gobierno, que también enfrenta masivas manifestaciones contra la reanudación de la ofensiva en Gaza y la destitución reciente del jefe del Shin Bet, la agencia de seguridad interior.

El ejército israelí reanudó el 18 de marzo los bombardeos contra Gaza e inició también operaciones terrestres, tras casi dos meses de tregua en la guerra que se desencadenó con el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Desde entonces, al menos 830 palestinos han muerto en el asediado territorio, informó el Ministerio de Salud de Gaza.

Según la ONU, 142.000 palestinos han sido desplazados en la última semana por las operaciones militares israelíes. Desde el inicio de la guerra, la casi totalidad de los 2,4 millones de habitantes se han visto desplazados.

Las autoridades israelíes afirman que, con esta nueva campaña, buscan obligar a Hamás a liberar a los últimos rehenes, después de que las conversaciones para proseguir con la tregua quedaran estancadas.

El alto al fuego que entró en vigor el 19 de enero permitió que 25 rehenes israelíes regresaran a sus casas y repatriar los cadáveres de ocho cautivos. Israel, a cambio, liberó a unos 1.800 detenidos palestinos.

«Cuanto más persista Hamás en su rechazo a liberar a nuestros rehenes, más fuerte será la presión que ejerceremos», declaró Netanyahu en el Parlamento.

«Esto incluye la toma de territorios, junto con otras medidas sobre las que no me explayaré aquí», señaló este miércoles.

El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió en un video que el ejército israelí lanzará próximamente operaciones de «fuerza máxima» sobre «nuevas zonas de Gaza».

«Hamás pone sus vidas en peligro, haciéndoles perder sus casas y cada vez más territorio», justificó.

«Cuanto más se niegue Hamás a liberar a los rehenes, más territorio perderá, que será anexado por Israel», había indicado en un comunicado publicado el viernes.

De los 251 rehenes secuestrados durante el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, 58 continúan retenidos en Gaza. De estos, 34 habrían muerto, según el ejército israelí.

Hamás advirtió el miércoles que los últimos rehenes podrían morir si Israel intentaba liberarlos por la fuerza y si continuaba con sus bombardeos.

El movimiento islamista aseguró que estaba haciendo «todo lo posible» para mantenerlos con vida pero señaló que «los bombardeos sionistas [israelíes] arbitrarios están poniendo en peligro sus vidas».

«Cada vez que la ocupación intenta recuperar a sus cautivos por la fuerza acaba por traerlos de vuelta en féretros», agregó.

El ataque de Hamás contra Israel de octubre de 2023 mató a 1.218 personas, civiles en su mayoría, según un balance de AFP basado en datos oficiales.

En respuesta a ese ataque, Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre contra el territorio que mató a 50.183 personas hasta ahora, mayoritariamente civiles, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, que la ONU considera fiables.

Un año después del colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore, que se saldó con la muerte de seis trabajadores, todos hispanos, los familiares de las víctimas buscan que se «haga justicia» y los responsables paguen por su negligencia.

El carguero DALI, una nave de 300 metros de eslora y con bandera de Singapur, salía del puerto de Baltimore con destino a Sri Lanka cuando chocó en la madrugada del 26 de marzo de 2024 con uno de los pilares en el segmento central del puente sobre el río Patapsco.

Seis trabajadores que realizaban tareas de mantenimiento en el puente murieron como consecuencia del colapso. Las víctimas fueron dos mexicanos, dos guatemaltecos, un hondureño y un salvadoreño.

Líderes, residentes de la región de Baltimore y familiares de las víctimas conmemoraron este miércoles el primer aniversario de la tragedia subrayando que aún queda un largo camino para recuperarse de la tragedia.

El gobernador de Maryland, Wes Moore y el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, encabezaron la ceremonia cerca del lugar donde se alzaba el puente. «Recordamos la fría mañana de marzo que cambió nuestro estado para siempre y recordamos las lágrimas que derramamos y la incertidumbre que todos sentimos», dijo Moore para describir el accidente.

Se dirigió a los familiares de las víctimas en español y rindió tributo a las víctimas mortales: José Mynor López, de 37 años; Maynor Yasir Suazo-Sandoval,de 34; Miguel Ángel Luna González,de 49; Alejandro Hernández Fuentes, de 35; Carlos Daniel Hernández Estrella, de 24; y Dorlian Ronial Castillo Cabrera, de 26. “Todos deberían estar aquí”.

Por su parte, Scott recordó que la prioridad fue encontrar y rescatar a los ocho trabajadores, dos de ellos fueron rescatados con vida.

Los abogados de las familias de las víctimas y de los dos sobrevivientes dijeron en una declaración citada por NBC que a un año de la tragedia se “llora por la inimaginable pérdida de sus esposos, padres, hijos, hermanos y tíos, mientras que los dos hombres que sobrevivieron intentan reconstruir sus vidas”.

También señalaron que este año de investigaciones y litigios judiciales solo ha confirmado que los propietarios y operadores del Dali fueron negligentes de múltiples maneras, lo que resultó en la pérdida de las vidas de seis hombres y la destrucción del puente Key.

Afirmaron que seguirán en la lucha para “exigir responsabilidades a los propietarios y operadores del Dali por su papel en este desastre”.

En octubre pasado Grace Ocean Private Limited y Synergy Marine Private Limited, dueña y operadoras del barco, acordó pagar 101,9 millones a Estados Unidos, fondos que irían dirigidos al Departamento del Tesoro y a los presupuestos de varias agencias federales directamente implicadas en la respuesta a lo sucedido.

Los familiares presentaron una demanda contra las dos compañías por la muerte y daños de los trabajadores afectados, pero no se ha llegado a ningún acuerdo.

La caída del puente significó un golpe a la economía de la ciudad al bloquear el acceso al puerto de Baltimore. El canal de acceso de 700 pies (213 metros) de ancho y 50 pies (15 metros) de profundidad, fue despejado completamente el 10 de junio y desde entonces está operativo para recuperar el tránsito marítimo comercial anterior al accidente.

La reconstrucción del puente tardará unos cuatro años en completarse y su costo está estimado entre los 1.700 y los 1.900 millones de dólares, según avanzaron en mayo las autoridades locales.

Rusia y Ucrania se acusaron recíprocamente el miércoles de querer hacer fracasar el acuerdo, anunciado la víspera por Estados Unidos, que debe concluir, bajo condiciones, en una tregua en el mar Negro y en los ataques a las infraestructuras energéticas.

El miércoles por la mañana, los beligerantes denunciaron los ataques llevados a cabo durante la noche por el otro bando.

Tras las negociaciones de Estados Unidos con Rusia y Ucrania, celebradas por separado entre el domingo y el martes en Arabia Saudita, se anunció un acuerdo para una próxima tregua en el mar Negro además de la reactivación de un pacto para reestablecer la navegación comercial en esa zona.

Sin embargo, Rusia fijó condiciones drásticas para su entrada en vigor, entre ellas el levantamiento de varias sanciones, adoptadas ante su asalto a Ucrania, iniciado hace más de tres años.

En Bruselas, una portavoz de la Unión Europea declaró que «la retirada incondicional de las fuerzas militares rusas de todo el territorio de Ucrania sería una de las principales precondiciones para enmendar o levantar sanciones».

El dirigente ucraniano llegó el miércoles a París, donde tiene previsto reunirse con su homólgo francés, Emmanuel Macron, para «preparar» la cumbre del jueves entre países de la «coalición de voluntarios» dispuestos a ofrecer garantías de seguridad a Kiev.

El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores afirmó que «Ucrania demostró que no es un obstáculo para la paz» y que le toca a Rusia probar «con acciones concretas, y no manipulaciones, que desea realmente parar la guerra».

«Engañar al mundo»

Zelenski instó a sus aliados a hacer «presión» sobre el Kremlin, especialmente «por parte de Estados Unidos», cuyo presidente, Donald Trump, inició un acercamiento a Moscú.

Del lado ruso, el ejército acusó a Ucrania de haber lanzado ataques contra sus instalaciones energéticas.

«Pese a la declaración pública de Zelenski en la que acepta los acuerdos ruso-estadounidenses…, el régimen de Kiev continuó sus ataquess», acusó.

El Estado Mayor del ejército ucraniano consideró en un comunicado que «el país agresor» lanza «acusaciones falsas e infundadas para prolongar la guerra» y «engañar al mundo».

Tras las negociaciones en Arabia Saudita, la Casa Blanca publicó dos comunicados separados sobre la moratoria de los bombardeos contra instalaciones energéticas. Sin embargo, no menciona ninguna fecha ni condición.

Los textos afirman que las partes acordaron «desarrollar las medidas para la puesta en marcha… del acuerdo sobre la prohibición de los bombardeos contra las instalaciones energéticas» de ambos países.

Moscú afirma que no ha golpeado este tipo de emplazamientos ucranianos desde el 18 de marzo, cuando Trump y Vladimir Putin mantuvieron una llamada telefónica durante la cual el presidente ruso rechazó la propuesta estadounidense de una tregua total y sin condiciones, que Kiev sí había aceptado.

Ucrania dice que esto es falso, aunque no ha detallado qué instalaciones fueron golpeadas.

Kiev considera que Rusia trata de ganar tiempo, rechazando un alto el fuego, para seguir avanzando militarmente sobre el terreno. «Creo que Rusia quiere poner fin (a la guerra), pero puede que esté dando largas», reconoció Donald Trump en una entrevista el martes.

Cumbre en París el jueves

Sobre el mar Negro, el Kremlin indicó que está en contacto con Washington para aplicar el acuerdo del martes sobre el cese de las hostilidades y la reactivación de una iniciativa que permita la navegación comercial, que Rusia abandonó en 2023.

Rusia reclama que se levanten, entre otras, sanciones bancarias de Occidente, que en realidad bloquean las exportaciones rusas de cereales y fertilizantes por vía marítima.

Rusia, importante exportador de trigo y fertilizantes, se retiró unilateralmente del acuerdo en julio de 2023, acusando a las potencias occidentales de no respetar sus compromisos de aliviar las sanciones a las exportaciones rusas.

Tras el ciclo de negociaciones en Riad, cuya trascendencia sigue siendo incierta, el Kremlin se mostró satisfecho por su acercamiento con los Estados Unidos de Trump, saludando «la manera pragmática y constructiva en que se desarrolla este diálogo».

En Las Gaitas,

a zona agrícola ubicada a 50 kilómetros al oeste del canal de Panamu00e1, Yalisbeth Gill se dedica a la cría de gallinas y Liduvina Rivera cultiva café.

A pesar de la distancia, sus actividades han prosperado gracias al respaldo de la Autoridad del Canal de Panamu00e1 (ACP). «El canal nos ha proporcionado los materiales necesarios para construir la galera de las gallinas y también nos ha brindado capacitación», señala Gill, de 26 años.

Rivera, de 63 años, destaca que «la Autoridad del Canal siempre ha estado pendiente de nosotros. Ha sido pru00e1cticamente nuestro paraguas».

Esta agencia estatal opera el canal desde que Estados Unidos lo entregó a Panamu00e1 el 31 de diciembre de 1999. A pesar de las amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump de recuperar el canal, la ACP ha mantenido un ambicioso plan de inversiones y programas de asistencia técnica para apoyar a pequeños productores rurales.

El apoyo se orienta a garantizar el suministro de agua al canal, esencial para navegar sus 80 kilómetros. A diferencia del canal de Suez, el canal de Panamu00e1 utiliza agua dulce, ya que su suelo rocoso impidió la construcción a nivel del mar.

En el período comprendido entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, se registraron 11,240 cruces de buques, que representan el 5% del comercio marítimo mundial, y cada cruce consume 200,000 millones de litros de agua dulce.

El ingeniero agrónomo de la ACP, Alejandro Figueroa, explica que el objetivo de la asistencia técnica es garantizar la «sostenibilidad económica, social y ambiental» de los productores en la cuenca del canal, que abarca 500,000 hectáreas y cuenta con seis ríos principales, además de numerosos riachuelos. «Hemos trabajado con más de 1,200 familias, reforestando más de 4,500 hectáreas», afirma Figueroa.

La ACP también colabora con una asociación de productores de café de Las Gaitas, que posee una planta con maquinaria moderna para tostar y envasar café. «Nosotros somos como un aliado estratégico del canal», expresa su presidente, Dionisio Delgado.

Gill ha asistido a talleres de la ACP donde aprendió a trabajar la tierra de manera «adecuada,» evitando el uso de químicos y herbicidas. «Para nosotros, esto ha sido un boom», asegura Rivera, quien logró mejorar sus ingresos y cumplir su sueño de tener un baño en su casa.

Los programas de asistencia han cobrado mayor importancia con la reducción de las lluvias por el fenómeno de El Niño en 2023. Para evitar crisis futuras, la ACP planea incorporar un nuevo río a la cuenca, construyendo un embalse y un túnel de 8 kilómetros, lo cual tomará seis años y requerirá una considerable inversión. Sin embargo, este proyecto enfrenta la oposición de familias que deberán ser reubicadas.

La cuenca del canal también abastece de agua potable a 2.5 millones de panameños, más de la mitad de la población del país.

Sin embargo, la labor de la ACP no cuenta con el apoyo total de los ambientalistas. «Se pueden ver áreas dentro de la cuenca devastadas para actividades agrícola y ganadera, lo cual no resulta provechoso», señala el biólogo Guido Berguido, líder de la ONG Bosques Panamu00e1 Adopta, advirtiendo sobre la disminución en la cantidad y calidad del agua.

La corte suprema de Brasil dictaminó este miércoles juzgar al exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, lo que lo expone a una dura pena de prisión y mina sus aspiraciones de volver a la presidencia.

La fiscalía lo imputó en febrero por supuestamente liderar una organización criminal que buscó impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones en 2022.

En un país todavía marcado por la memoria de la última dictadura militar (1964-1985), el juicio contra el expresidente, de 70 años, quien se ha declarado nostálgico de ese periodo, promete ser histórico.

Los cinco magistrados de la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF) votaron por unanimidad abrir el proceso.

Bolsonaro, que podría enfrentar una condena de unos 40 años de prisión, no compareció en la corte en Brasilia, contrariamente a la víspera, en el primer día de deliberaciones.

El líder de la oposición brasileña clama su inocencia y se declara un «perseguido».

Aunque inhabilitado políticamente, Bolsonaro mantiene su voluntad de aspirar volver a la presidencia en las elecciones de 2026, ante un Lula en caída de popularidad.

Los analistas estiman que es poco probable que sea detenido preventivamente, por lo que debería aguardar su juicio en libertad.

Aunque no hay un plazo legal, «hay expectativa de que el caso sea juzgado este año», para no interferir en las elecciones del año próximo, dijo a la AFP el abogado penalista Enzo Fachini.

Matar a Lula

El plan golpista dirigido supuestamente por Bolsonaro contemplaba medidas como la elaboración de un decreto para justificar un «estado de defensa» e incluso el asesinato de Lula y del juez Alexandre de Moraes, según la fiscalía.

El complot no se habría consumado por falta de apoyo de los altos mandos del Ejército.

La investigación vincula también directamente a Bolsonaro con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando sus seguidores asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Junto a Bolsonaro, serán juzgados siete colaboradores, incluidos exministros como Walter Braga Netto (Defensa) y Anderson Torres (Justicia), y un excomandante de la Marina, según decidió la corte.

«Contra el expresidente no se halló absolutamente nada», afirmó el martes su abogado, Celso Sanchez Vilardi.

«Interés personal»

«Hay indicios razonables de la fiscalía que apuntan a Bolsonaro como líder de la organización criminal», dijo el miércoles el juez Moraes antes de emitir su voto.

La defensa del líder ultraderechista intentó sin éxito apartar a Moraes.

El juez, blanco del supuesto plan de asesinato y al frente de varias causas contra el expresidente, fue cuestionado por tener «interés personal» en el caso.

Entre los magistrados que decidieron la suerte de Bolsonaro también figuran Flávio Dino, exministro de Lula, y Zanin, exabogado del presidente.

«Soy candidato»

Bolsonaro está inhabilitado políticamente hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema de urnas electrónicas, pero él confía en que su pena sea revertida o reducida.

«Por el momento, soy candidato», declaró días atrás.

Compara su situación con la de Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca a pesar de sus problemas judiciales, y espera que el presidente estadounidense ejerza «influencia» a su favor.

La incertidumbre sobre su futuro ocurre mientras el izquierdista Lula, de 79 años, se muestra ambiguo sobre sus intenciones de aspirar a la reelección.

Antes de volver al poder por tercera vez en 2023, el mandatario también tuvo problemas con la justicia por un escándalo de corrupción que lo llevó a prisión, aunque sus condenas fueron luego anuladas.

Una delegación de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se encuentra en Guatemala para evaluar la «seguridad» y la «infraestructura» del aeropuerto internacional La Aurora, según confirmaron este martes fuentes oficiales.

El Gobierno guatemalteco que preside Bernardo Arévalo de León detalló que en la visita, de carácter rutinaria, se verificará «control de calidad, acceso a instalaciones, protección de aeronaves y equipaje, operaciones en tierra, posibles ciberamenazas y la prevención de actividades ilícitas».

De igual manera, también se auditará la «seguridad» y la «infraestructura», además de los «protocolos» con los que cuenta el aeropuerto La Aurora, el único internacional del país centroamericano, ubicado en el sur de la Ciudad de Guatemala.

«Al finalizar la evaluación, se espera que la TSA brinde recomendaciones que contribuyan a optimizar los procesos de seguridad en el aeropuerto, beneficiando tanto a los usuarios como a la aviación nacional», expuso el Gobierno mediante sus canales oficiales de comunicación.

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Según medios locales y varias denuncias, la terminal aérea ha sufrido un abandono en los últimos años debido a la corrupción dentro de las instituciones bajo su administración.

La directora interina de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala, Azucena Zelaya, explicó que los miembros de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos estarán de visita hasta el 28 de marzo.

Según la funcionaria, la visita del equipo de la TSA forma parte de una evaluación periódica de seguridad aérea que se realiza por parte de Estados Unidos.

El equipo extranjero, explicó, examinará con autoridades locales los sistemas de seguridad que funcionan en el aeropuerto con el fin de fortalecer los mecanismos de vigilancia para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales.

Zelaya calificó como «importante» la visita del equipo de la TSA porque le permitirá a Guatemala seguir mejorando la seguridad aérea.

«La visita de la TSA refuerza el compromiso de Guatemala con la seguridad aérea y la cooperación internacional. Este tipo de evaluaciones son fundamentales para continuar fortaleciendo nuestras capacidades y asegurar la seguridad de los viajeros», concluyó la funcionaria.