Categoría: El Mundo

Un tribunal federal de apelaciones se negó este viernes a autorizar la implementación en Florida de la ley SB 4-C, que convierte en un crimen estatal la migración irregular en Florida y que simboliza que el estado tiene una de las políticas más agresivas contra los inmigrantes indocumentados, según informó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

Un panel del Undécimo Tribunal de Apelaciones de EE.UU. denegó por unanimidad la solicitud del fiscal de Florida James Uthmeier, para suspender el fallo de un tribunal inferior que mantiene bloqueada la controvertida medida desde el mes pasado.

El fallo inicial contra la SB 4-C, impulsada por el gobierno de Ron DeSantis, señala que la ley es probablemente inconstitucional, por lo que detuvo su implementación mientras continúa el proceso legal.

La ley permite el arresto y encarcelamiento de personas que hubieran ingresado al país sin inspección, incluso si habían regularizado su estatus migratorio y no habían cometido ningún otro delito.

Además, obliga a mantenerlas en prisión preventiva sin considerar sus circunstancias particulares. Organizaciones defensoras de derechos de los inmigrantes sostuvieron que esta ley no solo era cruel, sino que también violaba la ley federal y los derechos constitucionales básicos.

La demanda contra la ley aprobada en febrero pasado fue presentada en nombre de la Coalición de Inmigrantes de Florida, la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas en nombre de todos los afectados por la ley.

Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la ACLU de Florida, dijo en un comunicado que la decisión del tribunal de apelaciones “no es solo una victoria legal, sino un rotundo rechazo a la crueldad disfrazada de política”.

“Los legisladores de Florida intentaron usar el miedo como ley y la discriminación racial como forma de gobierno. La SB 4-C fue un flagrante abuso de poder diseñado para castigar a los inmigrantes y dividir a nuestras comunidades”, agregó la abogada.

Por su parte, Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo que la decisión del Undécimo Circuito “se suma” a otros tribunales en Florida, Texas y Oklahoma, entre otros estados que han analizado estas leyes antiinmigrantes y las han bloqueado

El abogado agregó que es hora de que los estados entiendan el mensaje: “las leyes estatales de inmigración son inconstitucionales”.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) realizó este viernes una serie de redadas migratorias en Los Ángeles con agentes armados, lo que generó fuertes encuentros con activistas y miembros de la comunidad que trataron de evitar las detenciones.

Al menos tres grandes operativos migratorios fueron reportados por los defensores de los inmigrantes en localidades eminentemente hispanas del centro de la ciudad.

«Alerta la migra está por todos Los Ángeles este viernes», advertían por mensajes de texto que se distribuyeron entre la comunidad.

Dos de las redadas se realizaron en negocios del Distrito de la Moda, donde se realizaron los arrestos de por lo menos dos docenas de trabajadores, según reportaron activistas que presionaban a los agentes para evitar el operativo.

Al menos un manifestante cayó al suelo al intentar impedir que una camioneta de las fuerzas del orden se llevara a los detenidos, según mostraron las imágenes aéreas de la televisora KTLA.

El operativo estuvo apoyado por agentes vestidos con uniformes camuflados y vehículos blindados, que utilizaron gases para dispersar a los manifestantes.

El FBI confirmó en un comunicado la participación de su personal en las redadas migratorias. También se observaron agentes portando identificación de la DEA.

“Lo que estamos viendo es un ataque coordinado armado y terrorista, y no estoy exagerando con los calificativos porque esto lo que pretende es crear terror al arrestar trabajadores”, dijo a EFE Ron Góchez, director de Unión del Barrio, un colectivo que se ha dedicado a alertar sobre los operativos de ICE.

Las redadas comenzaron a las siete de la mañana con el arresto de varios jornaleros, que buscaban trabajo en una conocida tienda de materiales de construcción en el área de Westlake, un área eminentemente centroamericana y mexicana.

Además, hubo reportes de operativos cerca de varias escuelas en Los Ángeles. “Los padres recibieron avisos sobre posibles actividades de los agentes migratorios cerca de los centros educativos y tuvimos que salir a vigilar”, informó Góchez.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo en un comunicado que está “profundamente indignada” por los operativos.

“Estas tácticas siembran el terror en nuestras comunidades y perturban los principios básicos de seguridad en nuestra ciudad. No toleraremos esto”, agregó la demócrata, que dijo estar en contacto con las organizaciones defensoras de los inmigrantes para apoyar a la comunidad afectada.

Sin embargo, la ciudad ya enfrenta críticas por la presencia de agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en al menos uno de los lugares donde ocurrieron los arrestos. “Esto es una traición a la comunidad que dicen proteger”, subrayó Góchez, que recordó que las leyes de California limitan la colaboración de las fuerzas locales con ICE.

En respuesta, el jefe del LAPD, Jim McDonnell, declaró que el departamento no participará “en ningún tipo de deportaciones masivas” ni intentará determinar el estatus migratorio de ninguna persona.

Una manifestación está convocada para la noche de este viernes frente a la cárcel de inmigración en el centro de Los Ángeles a pocos metros de la sede de la Alcaldía.

Varios miembros de la comunidad se habían congregado en las calles aledañas a donde sucedieron los arrestos y se dirigían hasta el lugar de la convocatoria.

Este es el operativo simultáneo más grande ocurrido en Los Ángeles tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca con una promesa de deportaciones masivas.

En las últimas semanas la administración republicana ha hecho varios cambios en ICE para presionar por más arrestos. El Ejecutivo estadounidense tiene como objetivo realizar al menos 3.000 arrestos al día, pero las detenciones de trabajadores que no suponen un riesgo a la comunidad han comenzado a generar gran rechazo.

El viernes pasado los comensales de un conocido restaurante en la ciudad de San Diego (California) se enfrentaron con los agentes armados de ICE que llegaron al lugar para arrestar a tres trabajadores, y lanzaron gases a la muchedumbre que protestaba por su presencia.

Asociaciones de padres y maestros de escuelas también se han sumado a las críticas a la Casa Blanca por los arrestos de estudiantes, como es el caso de Mártir García Lara, de 9 años, detenido junto con su padre, Mártir García-Banegas, de 50 años, tras presentarse en una corte de inmigración de Los Ángeles la semana pasada.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció este viernes que Kilmar Ábrego García, salvadoreño deportado por «error administrativo» del Gobierno, volvió al país para afrontar cargos por tráfico de personas, incluyendo miembros de pandillas, y después lo retornarán a El Salvador.

«En los últimos 9 años, Ábrego García ha tenido un papel significativo en una operación de contrabando de ilegales, determinaron que este era su trabajo a tiempo completo, no era un contratista era un contrabandista de seres humanos, mujeres y niños, hizo más de 100 viajes, según determinó el jurado investigador de nuestro país, miembros de la MS-13, una organización terrorista violenta, desplazándolos por el país, miles de inmigrantes ilegales fueron contrabandeados esto es algo especialmente perturbador porque Ábrego García también habría participado en el transporte de menores de edad, el acusado habría canjeado la inocencia de los niños con fines de lucro», dijo la fiscal en una rueda de prensa.

La titular del Departamento de Justicia confirmó en una conferencia de prensa que «Ábrego García ha aterrizado en Estados Unidos», pero lo hizo para «afrontar la justicia» después de que un gran jurado en Tennesse lo imputó por tráfico de migrantes o extranjeros y conspiración para tráfico de personas.

Para su retorno, la Administración del presidente Donald Trump presentó una orden de arresto al Gobierno salvadoreño, indicó Bondi.

«Estamos muy agradecidos con el presidente Nayib (Bukele) por aceptar retornarlo a nuestro país para afrontar estas muy serias acusaciones. Así es como se ve la justicia estadounidense. Al terminar su sentencia, anticipamos que será retornado a su país de origen, El Salvador», advirtió.

El gran jurado, aseguró la fiscal, encontró que en los últimos nueve años, Ábrego García «jugó un rol significativo» en una red de trata de personas, en la que tenía «un trabajo de tiempo completo» y traficó «miles de migrantes» a Estados Unidos.

El salvadoreño, aseveró, «era un traficante de humanos, niños y mujeres, e hizo más de 100 viajes. El gran jurado encontró que traficó personas a lo largo del país, incluyendo miembros de la MS-13, una pandilla violenta, miembros de una organización terrorrista.

También lo vinculó con el accidente de un tráiler que volcó con más de 50 migrantes en San Antonio, Texas, cerca de la frontera con México.

El ultraderechista Steve Bannon, uno de los principales aliados de Donald Trump, pidió al mandatario estadounidense investigar el estatus migratorio del magnate Elon Musk y aboga por su deportación «inmediata».

«Deberían iniciar una investigación formal sobre su estatus migratorio, porque creo firmemente que es un migrante irregular y que debería ser deportado del país de inmediato», indicó el populista en declaraciones recogidas por los medios estadounidenses en plena guerra abierta entre Musk y Trump.

Quien fuera asesor del líder republicano durante su primer mandato (2017-2021) instó además a confiscar la empresa SpaceX, de la que Musk, de nacionalidad sudafricana, canadiense y estadounidense, es consejero delegado.

«Cuando Musk amenaza con retirar uno de los grandes programas (espaciales) de SpaceX, lo que Trump debería hacer de inmediato es firmar una orden ejecutiva que exija que se aplique la Ley de Producción de Defensa a SpaceX y se confisque SpaceX», añadió en su pódcast War Room.

El presidente y el magnate rompieron el jueves su alianza con un cruce de acusaciones desencadenado tras las críticas de Musk al plan fiscal y presupuestario impulsado por Trump, que está siendo tramitado en el Senado tras haber sido aprobado por la Cámara Baja.

En su guerra abierta Trump amenazó con cortar los contratos gubernamentales cerrados con el emporio de Musk y el empresario apostó por «desmantelar» las cápsulas espaciales Dragon, de las que Estados Unidos depende para enviar suministros y astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Musk no se ha quedado atrás después de que Bannon se sumara en la pelea a favor de Trump y en X, red de su propiedad, ha calificado al populista de «comunista retrasado».

El canciller alemán, Friedrich Merz, regaló este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un certificado de nacimiento de su abuelo paterno, Frederick Trump, que nació en 1869 en la actual Alemania.

Merz le entregó el documento, enmarcado, al comienzo de la reunión bilateral celebrada en el Despacho Oval de la Casa Blanca, durante su primera visita oficial desde que asumió el cargo.

Entre risas, el canciller destacó que el nombre de nacimiento del abuelo de Trump era Friedrich, al igual que el suyo, a lo que el presidente respondió señalando que se trata de un «nombre muy alemán».

«Muchas gracias, es precioso», expresó Trump, mientras recorría con la mirada las paredes del Despacho Oval en busca de un lugar donde colgar el cuadro.

Frederick Trump (1869–1918) nació en Kallstadt, que entonces formaba parte del Reino de Baviera. En 1885, con apenas 16 años, emigró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, como muchos alemanes de su generación.

Tras amasar una fortuna, el fundador de la dinastía Trump volvió a Kallstadt, pero en 1905 las autoridades le revocaron la ciudadanía porque había emigrado sin cumplir con el servicio militar obligatorio y regresó a Nueva York.

El presidente estadounidense, Donald Trump, estaría considerando vender el Tesla que compró como símbolo de apoyo a su ahora exaliado Elon Musk, según dijo un funcionario de la Casa Blanca este viernes, un día después de que estallara la agria disputa pública entre ambos magnates.

De momento, el coche de la empresa de Musk, un modelo S en rojo, permanece estacionado en el aparcamiento privado de la residencia ejecutiva, y el mandatario podría venderlo o incluso regalarlo, indicó el funcionario, que pidió el anonimato, en declaraciones recogidas por varios medios, entre ellos The New York Times y ABC News.

Trump compró el vehículo durante un evento en la Casa Blanca en marzo para apoyar al hombre más rico del mundo en un momento marcado por los ataques a concesionarios y estaciones de carga de su empresa, que registró además retrocesos en facturación y en bolsa ante la caída de popularidad de Musk por su controvertido rol al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Los otrora estrechos colaboradores protagonizaron el jueves una disputa en redes sociales que fue escalando a lo largo del día, y que incluyó amenazas de Trump de suspender los contratos millonarios de Musk con el Gobierno y réplicas del sudafricano, que argumentó que el presidente, al que acusó de estar los archivos relacionados del pederasta Jeffrey Epstein, no hubiera ganado las elecciones de 2024 sin su apoyo.

Esta mañana, el republicano dijo en una llamada con ABC News que su antiguo aliado «perdió la cabeza» y que aunque el magnate tecnológico quiere conversar con él después de su ruptura pública del jueves, él no está «particularmente» interesado en entablar un diálogo.

Personas cercanas a Trump afirmaron que este viernes el mandatario parecía más «decepcionado» que enojado por la ruptura.

En otra entrevista telefónica con CNN, Trump dijo que «ni siquiera está pensando» en Musk y que no hablará con él «en un tiempo».

El encontronazo comenzó con palabras del presidente ante las críticas del sudafricano al plan fiscal y presupuestario impulsado por el republicano, que según estimaciones aumentará en más de $2 billones la deuda pública del país.

Ayer las acciones de Tesla cerraron con caídas de un 14 % en Wall Street, aunque hoy viernes registraron un rebotaron en el primer tramo de la negociación con subidas de en torno al 6 %.

La ruptura entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el magnate Elon Musk ha puesto entre la espada y la pared a los legisladores del partido republicano y los miembros del movimiento MAGA, que han tenido que optar entre cerrar filas con su líder o respaldar al que hasta hace unos días era su mano derecha.

Tras el cruce de reproches y acusaciones entre ambos el jueves, que incluyeron afirmaciones de Musk de que el mandatario aparece en los archivos del pederasta Jeffrey Epstein y amenazas de Trump de cerrar los contratos del magnate con el Gobierno, los congresistas conservadores respaldaron mayoritariamente al neoyorquino y defendieron su plan fiscal, una de las causas de la ruptura.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, se refirió al propietario de X como «un amigo», pero dijo este viernes que los ataques que este lanzó a Trump fueron «sorprendentes y decepcionantes».

Johnson también se refirió a las afirmaciones del sudafricano de que Trump no habría ganado las elecciones sin su apoyo. “Elon contribuyó mucho a las últimas elecciones, pero esto fue un esfuerzo de todo un equipo”, dijo.

«El presidente Trump es la figura política más consecuente de su generación, de la historia moderna de Estados Unidos. Él es el responsable (de la victoria). Pero todos hemos trabajado duro», aseguró a la cadena CNBC.

Como Johnson, la mayoría de los legisladores que se pronunciaron lo hicieron a favor del presidente.

«Te he tenido mucho cariño y respeto por lo que has hecho por este país en los últimos meses, pero has perdido la maldita cabeza», dijo a Musk el legislador republicano por Texas, Troy Nehls,

«Ahora (Musk) pide que se le destituya (a Trump). Vamos, la situación se le está yendo de las manos», opinó Tim Burchett, republicano de Tennessee.

Pero no todas las reacciones fueron en contra del consejero delegado de Tesla. Algunos conservadores aprovecharon la oportunidad para cargar contra el polémico proyecto presupuestario, aprobado por la Cámara Baja y tramitado ahora en el Senado.

«Elon no se equivoca al decir que deberíamos ir más lejos (en los recortes al gasto)», aseveró Chip Roy, congresista republicano por Texas, una de las pocas voces escépticas contra la legislación dentro del partido. «Habría estado bien que se hubiera pronunciado hace tres o cuatro semanas, cuando estábamos en plena batalla campal aquí en la Cámara», añadió.

El republicano Thomas Massie, enfrentado con el mandatario por el plan presupuestario, se puso de lado del magnate: «Este es el lenguaje que habla Trump. (Musk) se lo está devolviendo».

Asimismo, Ralph Norman, otro opositor al proyecto de ley, defendió el «derecho a decir lo que quiera» del consejero delegado de Space X y se refirió a él como «un genio».

Por otro lado, entre los más diplomáticos, el senador republicano John Cornyn quiso agradecer a Musk «el gran servicio que ha prestado a la nación» y al presidente Trump «por traerle a bordo» como asesor y líder del polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para acabar con el despilfarro de fondos federales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este viernes que el tráfico de fentanilo a través de la frontera con Estados Unidos ha caído un 40 por ciento desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, cuando pusieron en marcha la operación Frontera Norte.

«La reducción de fentanilo, o del paso de fentanilo de México a Estados Unidos, cayó de una manera muy importante. Entre el periodo de la entrada de Trump al Gobierno a la fecha, la caída es de cerca del 40 por ciento», señaló la presidenta durante su rueda de prensa diaria.

Sin embargo, Sheinbaum ha aclarado que están «esperando los datos del propio gobierno de Estados Unidos, de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza), que es la agencia de aduanas y migración, sobre cómo mide la cantidad de fentanilo que ellos incautan del otro lado de la frontera».

«¿Lo hacemos para satisfacer a Trump? No, lo hacemos porque nosotros no queremos que llegue el fentanilo a ningún joven de Estados Unidos, pero tampoco queremos que llegue fentanilo a ningún joven de México ni a ningún joven de ningún lugar del mundo», ha expresado. Así mismo, ha confirmado que su gabinete mantiene «comunicación permanente» con la parte estadounidense: «Trabajamos todos los días con una estrategia de seguridad para disminuir la violencia en México», ha añadido.

«Nuestro objetivo es que ningún joven se acerque a un grupo delictivo y nuestro objetivo es que no mueran mexicanos y mexicanas por conflictos relacionados con tráfico de drogas y otros delitos, y que se pacifique nuestro país», ha manifestado. Con todo, ha aseverado que se trata de «una estrategia para atender la seguridad» y coordinarse y colaborar». «No nos subordinamos. No acordamos intervención de Estados Unidos en México. Eso no. Colaboración y coordinación. Y le ha quedado claro al Gobierno de Estados Unidos: con respeto», afirmó

Una coalición de organizaciones defensoras de derechos de los inmigrantes interpuso una demanda el jueves en una corte federal de Washington, capital estadounidense, con el objetivo de anular un acuerdo suscrito entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Nayib Bukele, que permitió el traslado de migrantes detenidos hacia cárceles en El Salvador, señaló un artículo de la agencia Associated Press (AP).

Según la información publicada por AP, los demandantes sostienen que este convenio permite enviar a personas detenidas fuera del alcance de los tribunales estadounidenses, “negándoles así el derecho al debido proceso y otras garantías constitucionales”.

“El acuerdo es contrario a la ley. Y se celebró sin fundamento jurídico alguno”, argumentan los demandantes en el escrito judicial.

La demanda señala que el gobierno estadounidense envió a cientos de migrantes hacia El Salvador, entre ellos personas acusadas de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, de origen venezolano.

En marzo de este 2025, la administración Trump habría aprobado un pago de $6 millones a El Salvador, para custodiar a 300 migrantes en su sistema penitenciario. El propio Trump expresó que le gustaría enviar también a criminales estadounidenses a cárceles salvadoreñas, una propuesta que podría ser inconstitucional, según especialistas legales.

Las organizaciones demandantes citan informes del Departamento de Estado de EE.UU. sobre las condiciones carcelarias en el país centroamericano, en las que los reclusos estarían expuestos a tratos «duros y potencialmente mortales», así como a torturas y falta de acceso a servicios básicos como agua, alimentos y atención médica.

Posteriormente, el gobierno salvadoreño publicó videos de prisioneros trasladados desde Estados Unidos a las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en Tecoluca, San Vicente.

El Departamento de Estado no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios, indicó AP.

Uno de los casos citados en la demanda es el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño con protección desde 2019 que residía en Maryland, a quien la administración Trump deportó a El Salvador pese a una orden judicial que lo impedía. El gobierno estadounidense sostuvo que ya no tenía la custodia de Ábrego una vez fue enviado fuera del país.

Las organizaciones firmantes de la demanda son Robert F. Kennedy Human Rights, la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal, el Immigrant Defenders Law Center, Immigrant Equality, California Collaborative for Immigrant Justice and Democracy Forward. Esta última también participa en una demanda separada sobre los primeros vuelos de migrantes a El Salvador.

Los demandantes aseguran que el convenio firmado con El Salvador vulnera la Ley de Procedimientos Administrativos, que impide a agencias como el Departamento de Estado llevar a cabo actos inconstitucionales o ilegales.

Asimismo, denuncian que contraviene la Ley del Primer Paso, una legislación impulsada en 2018 por el propio Trump, que establece que los presos federales deben ser ubicados lo más cerca posible de sus hogares.

El magnate tecnológico Elon Musk parece estar abierto a la reconciliación con el presidente estadounidense, Donald Trump: tras la guerra dialéctica desencadenada el jueves entre ambos, el empresario apoyó un mensaje en las redes en las que un aliado común les instaba a hacer las paces.

«Apoyo que @realDonaldTrump y @elonmusk y deberían hacer las paces por el bien de nuestro gran país. Juntos somos más fuertes que separados», dijo en X, propiedad de Musk, el consejero delegado de la firma de inversiones Pershing Square, Bill Ackman.

«No estás equivocado», le respondió Musk.

Dichos mensajes llegan después de que el presidente y el empresario, otrora su mano derecha, rompieran públicamente el jueves su alianza con un cruce de acusaciones que fue elevando el tono a lo largo del día.

Según los medios estadounidenses, trabajadores de la Casa Blanca habían agendado una llamada telefónica este viernes entre ambos para rebajar la tensión, pero Trump aseguró esta mañana que ni siquiera están pensando en Musk y que no tiene intención de hablar con él «en un tiempo».