El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves a la Armada abrir fuego contra cualquier embarcación iraní que coloque minas navales en el estrecho de Ormuz, en medio de la creciente tensión en la región.
El mandatario anunció la medida a través de redes sociales, donde aseguró que la instrucción es neutralizar cualquier intento de minado en esta ruta clave para el comercio energético mundial.
“He ordenado a la Armada estadounidense que dispare y elimine cualquier barco (…) que ponga minas en aguas del estrecho de Ormuz”, expresó.
Trump también afirmó que fuerzas estadounidenses ya trabajan en la limpieza de la zona, al indicar que equipos especializados están retirando minas instaladas por Irán.
“Además, nuestros desminadores están limpiando el estrecho en estos momentos. Por ello, ordeno que las actividades continúen, pero triplicando su nivel”, agregó.
Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión, pese a la existencia de un alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, vigente desde el 8 de abril y recientemente prorrogado.
El Pentágono calificó como “completamente inaceptable” la posibilidad de que el estrecho permanezca cerrado durante meses, tras estimaciones que señalan que las labores de limpieza podrían extenderse hasta seis meses.
Por su parte, Irán había advertido previamente a embarcaciones en la zona sobre posibles riesgos, sugiriendo rutas alternativas ante la presencia de minas navales.
La disputa se ha intensificado por el control de esta vía estratégica, por donde transita una parte significativa del petróleo mundial, elevando la preocupación internacional.
El bloqueo naval y las recientes acciones militares han complicado además los esfuerzos diplomáticos, en medio de mediaciones internacionales que buscan evitar una escalada mayor.
León XIV concluyó este jueves un intenso viaje por África de 11 días y 18,000 kilómetros entre Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, países donde el papa ha pedido paz, libertad y una mejor distribución de la riqueza, en un periplo marcado por las críticas del presidente de EE.UU., Donald Trump, hacia el pontífice.
Estos llamamientos y el mensaje de una iglesia al servicio de la justicia y de la solidaridad han sido una constante en los discursos del papa en los cuatro países visitados, con énfasis en Camerún y en Guinea Ecuatorial, regidos desde hace décadas por mandatarios criticados por su autoritarismo.
Precisamente, en la misa que ofició en Mongomo, la ciudad natal del presidente guineano Teodoro Obiang, en el poder desde 1979, instó a que se «trabaje al servicio del bien común y no de intereses particulares, superando las desigualdades entre privilegiados y desfavorecidos».
Y sobre todo pidió «que crezcan los espacios de libertad y que se salvaguarde siempre la dignidad de la persona humana» sobre todo en los más pobres, las familias en dificultad o los reclusos.
Una mejor distribución de la riqueza
Guinea Ecuatorial, a pesar de tener una alta renta per cápita por la exportación de petróleo, enfrenta desafíos significativos de pobreza, con aproximadamente el 50,7 % de su población viviendo bajo la línea de pobreza nacional, según datos del Banco Mundial.
«Son muchas las riquezas naturales que el Creador les ha dado; los exhorto a cooperar para que puedan ser una bendición para todos», dijo el pontífice en otro momento de su homilía.
También en Angola, uno de los mayores productores de petroleo, gas y diamantes de África y donde existe una enorme desigualdad en la distribución de la riqueza, ante 100,000 fieles en la misa en la capital, afirmó que «los recursos son malgastados» y pidió «eliminar la lacra de la corrupción».
«Queridos hermanos, les mencioné las riquezas materiales que intereses prepotentes acaparan, incluso aquí en su país. ¡Cuánto sufrimiento, cuántas muertes, cuántas catástrofes sociales y ambientales trae consigo esta lógica extractiva!», criticó durante el discurso a las autoridades tras visita institucional al presidente angoleño, João Manuel Gonçalves Lourenço.
Y en Camerún, en la misa en Bamenda, Robert Prevost citó «las abundantes formas de pobreza que últimamente también afectan a muchas personas por la crisis alimentaria actual; la corrupción moral, social y política, sobre todo vinculada a la gestión de la riqueza, que impide el desarrollo de las instituciones y las estructuras».
Culpó a «aquellos que, en nombre de la ganancia, siguen entrometiéndose en el continente africano para explotarlo y saquearlo».
En Argelia, el papa eligió el mensaje de que «es posible un futuro de justicia, paz, concordia y salvación», en la homilía de la misa que celebró en la Basílica de San Agustín de Annaba (noroeste de Argelia), donde visitó los lugares de la vida del santo de Hipona, el antiguo nombre de esa ciudad.
La sombra de Trump
El viaje del papa por África comenzó marcado por unas fuertes e inéditas críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra León XIV, también estadounidense, al que calificó de «débil» y «terrible en política exterior», entre otras descalificaciones.
La respuesta de Robert Prevost se produjo en su vuelo de ida hacia Argelia: en el avión papal dijo a los periodistas que no temía a la administración Trump y que seguirá levantando la voz en favor de la paz, como manda el evangelio.
El pontífice también se refirió a este asunto en el ecuador de su viaje pero para aclarar que los discursos que ha pronunciado en África no eran respuestas al presidente de los Estados Unidos, como han interpretado algunos medios, y que no tenía interés en seguir debatiendo sobre ese episodio.
León XIV quiso así zanjar la cuestión, aunque con toda seguridad su relación con la administración Trump tras este episodio será uno de los temas por los que se le preguntará este jueves al papa en la tradicional rueda de prensa a bordo de su avión de regreso a Roma.
Guatemala entra en la recta final para elegir a un nuevo fiscal general entre seis candidatos, una decisión que corresponde al presidente Bernardo Arévalo de León, y que permanece bajo un fuerte escrutinio para no repetir la cuestionada etapa de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y por socavar la democracia en el país centroamericano.
Ayer miércoles se publicó de manera oficial en el Diario de Centro América la lista de los seis aspirantes: Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón, lo que activa un plazo de 72 horas para presentar objeciones documentadas.
Transcurrido ese tiempo, el mandatario guatemalteco deberá elegir al nuevo jefe del ente investigador antes del 17 de mayo, en una decisión estratégica que definirá el rumbo de la justicia en un sistema altamente polarizado y bajo la vigilancia de la comunidad internacional.
Entre los especialistas consultados por EFE no hay unanimidad sobre alguno de los perfiles, aunque sí se destacan varios con supuestas acusaciones por corrupción, mientras que otros están, en un principio, libres de sospecha.
De acuerdo con diversas fuentes, incluidas organizaciones civiles, exfiscales y declaraciones judiciales, al menos tres de los seis candidatos cuentan con señalamientos en el pasado por diversas causas.
La sospecha de la corrupción
Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, Estrada Barrientos fue asistente del exfiscal general Carlos de León, capturado por lavado de dinero, y ha emitido dictámenes como jueza de apelaciones en favor de al menos una docena de acusados por corrupción.
Por su parte, sobre Rivera Clavería, «se le ha señalado por sus vínculos en casos de corrupción y crimen organizado, pero él se desliga», según un reportaje del medio Plaza Pública. Además, fue parte del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), derrocado por corrupción.
También sobre Ávila Aparicio existen dudas sobre cómo obtuvo tres maestrías en solo seis meses, como han denunciado algunos medios locales.
«Va mucha gente (candidatos) antidemocrática, gente comprometida con la alianza multisectorial por el control de las instituciones y la impunidad, que comúnmente se conoce como ‘pacto de corruptos’», aseguró a EFE Carmen Aída Ibarra, analista del Movimiento Projusticia, que sigue de cerca el proceso.
La analista señaló que la lista incluye perfiles vinculados a sectores militares y grupos conservadores que podrían profundizar la criminalización en el país y advirtió que el proceso dejó fuera a candidatos que podrían haber contado con la confianza del Ejecutivo.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, en una fotografía de archivo. EFE
Según la experta, la configuración de la nómina refleja el control de fuerzas tradicionales en las comisiones de postulación, lo que limita el margen de maniobra de Arévalo de León para designar a un fiscal afín a su agenda de transparencia.
Ibarra subrayó además que el proceso de elección de candidatos a fiscal general se encuentra judicializado, con más de 20 acciones de amparo pendientes de resolución en juzgados civiles y la Corte de Constitucionalidad.
«Lo único que podría botar (dejar sin efecto) la nómina después de las impugnaciones ante la Comisión de Postulación es un amparo», explicó Ibarra, quien advirtió que estas medidas legales, sumadas a posibles acciones preventivas, buscan que el presidente reconsidere las anomalías denunciadas en la conformación de la lista de candidatos.
«Históricamente, las comisiones de postulación cumplen con esta fase de impugnaciones, pero no suelen dar la razón. Ya se les reconoció honorabilidad a los seis candidatos y ya se llenaron todos los requisitos, por lo que todo apunta a que la comisión buscará dejar la nómina en firme», explicó Ibarra.
Perfiles técnicos
Pese a los cuestionamientos sobre los candidatos, Manfredo Marroquín, director ejecutivo de la organización civil Acción Ciudadana, dijo a EFE que considera que el presidente aún dispone de perfiles con trayectoria técnica.
Marroquín destaca a Morales Valdizón, a quien describe como una profesional de «carrera fiscal sólida» y experiencia en la persecución del crimen organizado de alto nivel.
Asimismo, el analista apunta al juez Gabriel García Luna como otra opción viable, al contar con una trayectoria en el Organismo Judicial que genera valoraciones positivas.
Para el director de Acción Ciudadana, el mandatario tiene ahora el desafío de realizar un «trabajo serio» para seleccionar a quien demuestre mayor profesionalismo de entre los aspirantes disponibles, y advirtió que el mayor riesgo para el país sería retrasar el proceso.
En su opinión, repetir la elección con los mismos comisionados no garantizaría un resultado distinto y solo prolongaría la incertidumbre institucional.
A 50 días del inicio del Mundial 2026, que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, la mayoría de los mexicanos expresa preocupación por la seguridad del evento, especialmente por el impacto del narcotráfico y la delincuencia.
De acuerdo con un estudio de Ipsos, el 56 % de los ciudadanos se siente preocupado por la realización del torneo en México debido al narcotráfico, mientras que un 79 % teme a la delincuencia común, como robos y asaltos.
El informe también señala que el 43 % de los encuestados tiene poca o ninguna confianza en que el país garantice un buen nivel de seguridad durante la competencia, reflejando un ambiente de incertidumbre entre la población.
Además, únicamente el 11 % considera que México está “muy bien organizado” para albergar el evento deportivo, mientras que un 46 % cree que conflictos internacionales podrían afectar el desarrollo del torneo.
Entre las principales inquietudes destacan el aumento de precios (65 %), el uso de recursos públicos, la inseguridad para turistas (54 %) y problemas de tráfico (51 %), así como la imagen internacional del país.
El exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, advirtió que podrían registrarse protestas sociales durante el Mundial. “Anticipo que va a haber manifestaciones, porque hay que reconocer que hay muchos temas sociales en México que no están suficientemente atendidos”, afirmó.
Asimismo, consideró que este escenario podría afectar la imagen del país. “No sería una muy buena idea, ni una buena imagen, un México que tenga una sociedad en conflicto y por otro lado, todos divirtiéndonos”, agregó.
El estudio también reveló que el 55 % de los encuestados considera que lo mejor sería cancelar el Mundial o cambiar la sede, frente a un 45 % que respalda mantener el evento como está previsto.
Entre las medidas prioritarias que plantea la población destacan reforzar la seguridad en sedes y zonas turísticas (70 %), incrementar la presencia militar (48 %) y ejecutar operativos contra el crimen organizado (41 %).
México será sede de 13 partidos del Mundial 2026, con encuentros en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, incluyendo el partido inaugural programado para el 11 de junio en el estadio Azteca.
Las denuncias de fraude electoral en Perú, impulsadas por el político de extrema derecha Rafael López Aliaga, han generado polémica en medio del proceso electoral, aunque hasta el momento carecen de pruebas sólidas, según datos oficiales.
El líder ultraderechista sostiene que hubo irregularidades como mesas no instaladas, votos extraviados y manipulación del sistema, con el objetivo de pedir una nueva jornada electoral en Lima, su principal bastión político.
Una de las afirmaciones señalaba que el 30 % de las mesas no se instalaron, sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó que el 99.8 % de las mesas funcionaron con normalidad, mientras que algunos centros que no abrieron el día de la votación lo hicieron al día siguiente.
Asimismo, López Aliaga aseguró que un millón de personas no pudieron votar, pero no existen datos precisos que respalden esta cifra. La participación electoral alcanzó el 76.2 %, superior a la registrada en los comicios de 2021.
Otra acusación apuntaba a la existencia de mesas ficticias, identificadas con numeración 900. No obstante, la ONPE explicó que corresponden a zonas rurales donde es común que comunidades voten de forma conjunta.
En cuanto a los votos supuestamente encontrados en la basura, las autoridades indicaron que, aunque se extraviaron algunas cajas con papeletas, los resultados ya estaban registrados en las actas oficiales.
También se denunció un posible hackeo del sistema de escrutinio, lo cual fue descartado por la ONPE. “el Sistema de Cómputo Electoral (SCE) de la ONPE se ejecuta en una infraestructura aislada, sin acceso desde redes externas”, aclaró la institución.
Pese a las acusaciones, los resultados preliminares muestran que el candidato Roberto Sánchez lidera la votación, seguido por Keiko Fujimori, mientras continúa el conteo oficial.
Las autoridades electorales han reiterado que el proceso se desarrolla bajo los estándares establecidos, aunque la controversia política mantiene la tensión en el país.
La Fiscalía de Perú solicitó la noche del miércoles la detención preliminar del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por las irregularidades registradas en los comicios generales del pasado 12 de abril.
El fiscal general, Tomás Gálvez, confirmó que el requerimiento fue presentado contra Corvetto y otros funcionarios, y ahora será un juez quien determine la fecha para evaluar la solicitud.
Según el Ministerio Público, el exfuncionario es investigado por el presunto delito de colusión, en medio de cuestionamientos por la organización del proceso electoral.
Gálvez aseguró que la institución actúa con firmeza y que corresponde al sistema judicial resolver el caso. También indicó que Corvetto entregó sus dos pasaportes, peruano e italiano, a las autoridades.
El exjefe de la ONPE renunció recientemente al cargo tras las críticas por demoras en la distribución del material electoral, lo que obligó a extender la votación en Lima por un día adicional.
Asimismo, se señalaron fallas en el traslado y custodia de votos, lo que incrementó la controversia en torno al proceso electoral.
Pese a que su renuncia no estaba permitida durante el desarrollo del proceso, la Junta Nacional de Justicia la aceptó y designó como jefe interino a Bernardo Pachas.
El funcionario informó que el conteo de votos continúa y que esperan cerrar el procesamiento de actas en los próximos días, previo a la definición de los candidatos que pasarán a segunda vuelta.
Con el 94.4 % del escrutinio, Keiko Fujimori lidera los resultados, seguida por Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, quienes disputan el segundo lugar por un estrecho margen.
El presidente del Congreso de Perú, Fernando Rospigliosi, anunció que el Parlamento dará trámite a cualquier moción de destitución que se presente contra el mandatario interino José María Balcázar, en medio de la crisis política generada por la compra de aviones militares.
Rospigliosi aseguró que, si la iniciativa cumple con los requisitos legales, deberá ser procesada sin excepciones. “Si se presenta una moción de censura y tiene las firmas, hay que darle trámite, eso está establecido en el reglamento y no hay vuelta que darle”, afirmó.
La posible censura surge tras el anuncio del tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, quien confirmó que impulsará la medida en defensa de la seguridad nacional.
“La seguridad nacional no se negocia. Fuera del cálculo geopolítico o de qué país venda los aviones al Perú, está la protección de los secretos de Estado y la defensa de nuestra seguridad nacional y territorial”, expresó el legislador.
La crisis se agravó luego de la renuncia de los ministros de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, y de Defensa, Carlos Díaz, quienes discrepaban con la decisión del Ejecutivo de aplazar la compra de aviones F-16.
Sin embargo, el primer ministro, Luis Arroyo, confirmó posteriormente que Perú sí concretó la adquisición de la flotilla, valorada en $3,500 millones, y que incluso ya se realizó un primer pago de $2,000 millones.
Ante las versiones contradictorias, Rospigliosi señaló que el mandatario ha enfrentado presiones, pero destacó que el Estado está cumpliendo con sus compromisos internacionales.
“La situación política se ha complicado con la renuncia de los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, lo cual es una lástima, dos ministros importantes en el gabinete”, indicó.
El titular del Congreso reiteró que, de presentarse la moción con las firmas necesarias, será sometida a votación conforme al procedimiento legislativo.
La eventual destitución de Balcázar ha comenzado a sumar respaldo entre algunos congresistas, en un escenario marcado por la incertidumbre política y la polémica por la compra militar.
Más de 200 incendios forestales activos en Florida y Georgia mantienen este miércoles en alerta a las autoridades, ante el riesgo de que la sequía y los fuertes vientos agraven la situación en ambos estados del sureste de Estados Unidos.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre un “riesgo elevado de incendios” en el noreste de Florida y el sureste de Georgia, debido a la presencia de una masa de aire extremadamente seca que podría persistir hasta el viernes.
Las condiciones climáticas se ven agravadas por la vegetación reseca producto de la sequía y por intensas ráfagas de viento, lo que favorece la rápida propagación del fuego en distintas zonas.
En Florida, el Servicio Forestal reportó 127 incendios, de los cuales 59 permanecen activos sin control, afectando un total de 8,901 hectáreas.
Por su parte, en Georgia se registran 117 incendios forestales, con al menos una decena aún activos, que han consumido 9,167 hectáreas.
La magnitud de la emergencia llevó a la Comisión Forestal de Georgia a decretar, por primera vez en su historia, la prohibición de quemas al aire libre en al menos 91 condados, medida que ya había sido aplicada previamente en varias zonas de Florida.
El incendio de mayor tamaño se ubica en el condado de Broward, al sur de Florida, cerca de los Everglades, y ha arrasado unas 2,630 hectáreas. Aunque sigue fuera de control, autoridades informaron que se encontraba contenido en un 50 % hasta el mediodía del miércoles.
El humo generado por los incendios ha provocado problemas de visibilidad en carreteras y afectaciones en el transporte ferroviario, especialmente en el servicio de Amtrak entre Jacksonville y Miami.
Las autoridades señalaron que uno de los detonantes habituales de estos incendios en Florida son los rayos, ya que el estado registra uno de los mayores índices de descargas eléctricas en el país.
La crisis se ve intensificada por la sequía extrema que afecta a más del 92 % del territorio de Florida y al 98 % de los condados en Georgia.
A nivel nacional, los incendios forestales ya han duplicado el área afectada en comparación con el mismo período de 2025, con más de 20,915 siniestros que han dañado más de 707,000 hectáreas, según datos oficiales.
Irán reafirmó este miércoles que no reabrirá el estrecho de Ormuz mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval contra sus puertos y embarcaciones, en medio de crecientes tensiones geopolíticas.
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que la reapertura de esta vía marítima clave depende del cumplimiento del alto el fuego por parte de Washington. “La reapertura del estrecho de Ormuz no es posible si se incumple de forma flagrante el alto el fuego”, señaló en la red social X.
El dirigente sostuvo que, desde la perspectiva iraní, el acuerdo está siendo violado por las acciones estadounidenses. Denunció un “bloqueo naval y el secuestro de la economía mundial” y también señaló los ataques israelíes en Líbano como parte del conflicto.
Qalibaf aseguró que las presiones militares y económicas no lograrán doblegar a Irán. “No lograron (Estados Unidos e Israel) sus objetivos mediante la agresión militar, ni los lograrán mediante la intimidación. La única vía para avanzar es aceptar los derechos de la nación iraní”, afirmó.
La postura del legislador se da en un contexto de estancamiento en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, tras los primeros contactos directos realizados el 11 y 12 de abril en Islamabad.
Las conversaciones, lideradas por el vicepresidente estadounidense JD Vance y representantes iraníes, no han avanzado en los últimos días, mientras crece la incertidumbre sobre una posible reanudación del diálogo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció recientemente la extensión del alto el fuego, aunque decidió mantener el bloqueo naval, medida que Teherán considera incompatible con cualquier negociación.
En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní intensificó sus acciones en la zona al capturar dos buques en el estrecho de Ormuz, acusándolos de operar sin los permisos requeridos, y trasladarlos hacia territorio iraní.
El estrecho de Ormuz es uno de los puntos estratégicos más importantes para el comercio mundial de petróleo, por lo que su cierre prolongado podría generar impactos significativos en los mercados internacionales.
La Fiscalía española presentó este miércoles un recurso contra el procesamiento de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y solicitó nuevamente el archivo definitivo de la causa en la que se le investiga por presuntos delitos.
El Ministerio Público acudió a la Audiencia Provincial de Madrid para impugnar la decisión del juez Juan Carlos Peinado, quien propuso llevar a juicio a Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés.
Según la Fiscalía, no existen indicios de infracción penal en la conducta de los implicados, por lo que insiste en que el caso debe cerrarse sin llegar a juicio.
Además del recurso, el ente fiscal presentó un escrito ante el propio juez instructor en el que reitera la petición de sobreseimiento definitivo de la investigación.
El organismo también advirtió que, en caso de que la Audiencia Provincial decida continuar el proceso, presentará conclusiones provisionales “absolutorias”.
El juez Peinado cerró la fase de instrucción el pasado 11 de abril, proponiendo que Gómez sea juzgada por un jurado popular por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, vinculados a su labor en una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid.
La acusación popular, liderada por la organización Hazte Oír, solicitó penas de hasta 24 años de prisión para Gómez, 22 años para su asesora y seis años para el empresario implicado.
Por su parte, la defensa de Gómez también recurrió la decisión judicial, alegando vulneración de derechos fundamentales, especialmente el derecho a la defensa, y cuestionó la falta de argumentos para que el caso sea visto por un jurado.
La investigación fue abierta en abril de 2024 tras una denuncia presentada por una organización ultraderechista, basada en informaciones periodísticas, algunas de las cuales posteriormente se demostraron falsas.
