Categoría: El Mundo

  • Presidenta costarricense denuncia infiltración del narcotráfico en instituciones  

    Presidenta costarricense denuncia infiltración del narcotráfico en instituciones  

    La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó este miércoles que el narcotráfico logró infiltrarse en el Poder Judicial y en los cuerpos policiales del país, por lo que anunció una rotación de agentes para evitar su arraigo en determinadas comunidades y posibles vínculos con organizaciones criminales.

    «Sin el afán de ofender a nadie, pero el narcotráfico se metió hasta en los tuétanos del Poder Judicial y también en las policías del Gobierno. Hasta donde yo comprendo, para poder resolver un problema hay que reconocerlo», declaró Fernández durante su conferencia de prensa semanal.

    Las declaraciones se producen después de que en los últimos meses salieran a la luz casos de policías, jueces y fiscales presuntamente relacionados con grupos dedicados al narcotráfico y señalados de realizar acciones para favorecerlos. Fernández ya había formulado críticas similares que provocaron el rechazo de magistrados del Poder Judicial.

    La mandataria planteó que también sería «bonito» que el Poder Judicial aplicara una rotación de jueces y fiscales en el territorio costarricense, similar a la medida anunciada para los agentes policiales, con el objetivo de que «no tengan arraigo y no empiecen a defender intereses del narcotráfico».

    «Flaco favor le hace el Poder Judicial a nuestro país si no reconoce el problema. Tiene el problema del tamaño de un elefante en una cristalería y lo vemos todos, todos los días. Ojalá puedan tomar medidas, estamos a tiempo», expresó Fernández.

    Costa Rica enfrenta actualmente elevados niveles de homicidios relacionados con el narcotráfico y reportes sobre una posible infiltración del crimen organizado en la Policía.

    Fernández prometió durante su campaña aplicar medidas de mano dura contra la delincuencia e incluyó en su plan de Gobierno la posibilidad de impulsar un estado de excepción en zonas «conflictivas» si empeora la situación de seguridad. En agosto también emitió un decreto que declaró secreto de Estado la información, documentos y archivos de organismos de inteligencia y seguridad, incluidos contratos y presupuestos.

    Las autoridades de seguridad señalan que Costa Rica se convirtió en una plataforma logística utilizada por organizaciones narcotraficantes para recibir y almacenar cargamentos procedentes de Suramérica y posteriormente enviarlos hacia Estados Unidos y Europa, principalmente mediante contenedores.

    Según cifras del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), durante 2025 las autoridades decomisaron 46.5 toneladas de cocaína, la segunda cifra más alta registrada en la historia del país. El volumen quedó únicamente por debajo de las 47.1 toneladas incautadas en 2020, en medio del desafío que representa el narcotráfico para la seguridad costarricense.

     

  • Transportistas siguen bloqueos de carreteras en Guatemala pese a aprobación de subsidio

    Transportistas siguen bloqueos de carreteras en Guatemala pese a aprobación de subsidio

    Transportistas mantenían este miércoles bloqueados distintos tramos de carreteras y accesos en Guatemala en protesta por el continuo incremento de los precios de los combustibles y en rechazo a una nueva ley aprobada por el Congreso para establecer límites a las tarifas de venta al consumidor.

    La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) confirmó interrupciones en la carretera que conduce hacia la costa del Pacífico y la frontera con México, además del kilómetro 126 de una ruta estratégica del noreste guatemalteco que conecta la capital con los principales puertos del Caribe.

    También se registraron bloqueos a 19 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, sobre la carretera que comunica la capital con el litoral del Pacífico. En el centro histórico de la ciudad se desarrollaban otras dos movilizaciones que obstaculizaban los accesos inmediatos al Congreso y al Palacio Nacional de la Cultura.

    Las protestas continuaron pese a que el Congreso aprobó a última hora del martes, bajo la figura de urgencia nacional, un fondo de compensación que establece precios máximos de 39 quetzales ($5.03) por galón para el diésel y la gasolina regular, mientras que para la gasolina superior fijó un límite de 41 quetzales ($5.29).

    Los precios vigentes son superiores a esos límites. Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el galón de diésel ronda actualmente los $6.22, mientras la gasolina superior alcanza los $5.79 y la regular los $5.51.

    El presidente Bernardo Arévalo afirmó después de la aprobación de la medida que su Gobierno está “listo para responder e implementar” el mecanismo para respaldar la economía de las familias.

    Los transportistas, sin embargo, consideran insuficiente la regulación y solicitan que Arévalo vete la legislación para aplicar otras medidas.

    «Le estamos solicitando que vete la propuesta de ley que le va a hacer llegar el Congreso. Pedimos que se quiten los impuestos a los combustibles por seis meses o un subsidio directo al consumidor de 15 quetzales al diésel y ocho a la gasolina», declaró Carlos Vides, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros.

    Las protestas comenzaron la semana pasada mediante cierres intermitentes en carreteras consideradas estratégicas para el comercio y la conexión regional. Las movilizaciones continuaron después de la aprobación legislativa ante la exigencia del sector de obtener un alivio mayor frente al encarecimiento de los carburantes.

    Los precios de los combustibles aumentaron más del 50 % durante el último semestre, de acuerdo con la información proporcionada, debido a diversos factores internacionales, entre ellos los enfrentamientos militares de Estados Unidos e Israel con Irán. El encarecimiento mantiene la presión sobre el transporte y motivó las protestas que afectan diferentes puntos de Guatemala.

     

  • Jueza de EEUU condena a DHS a pagar $164,527 por deportación de venezolano al Cecot

    Jueza de EEUU condena a DHS a pagar $164,527 por deportación de venezolano al Cecot

    El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) deberá pagar $164,527.70 en honorarios y gastos legales por la deportación indebida de un migrante venezolano hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador en marzo de 2025, según resolvió el martes la jueza federal Stephanie Gallagher, del Distrito de Maryland.

    La jueza ordenó al DHS cubrir los costos derivados del litigio después de concluir que la deportación del joven, identificado en los documentos judiciales con el seudónimo “Cristian”, incumplió un acuerdo alcanzado dentro de una demanda colectiva.

    Gallagher consideró que el Gobierno no estuvo “sustancialmente justificado” al señalarlo como integrante del Tren de Aragua y expulsarlo antes de que pudiera resolverse su solicitud de asilo.

    Cristian forma parte de una demanda colectiva presentada hace siete años en representación de menores migrantes no acompañados que carecen de estatus legal y tutores. Su pertenencia a ese grupo impedía que fuera deportado antes de que concluya el proceso relacionado con su petición de asilo.

    El venezolano fue enviado en marzo de 2025 al Cecot, un día después de que el presidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva que invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar la expulsión de venezolanos acusados ​​de pertenecer al Tren de Aragua. El Departamento de Estado había designado recientemente a esa organización como “organización terrorista extranjera”.

    Gallagher determinó en abril de 2025 que la deportación del entonces joven de 20 años fue indebida y ordenó al DHS “facilitar” su regreso.

    Después de permanecer varios meses en El Salvador, Cristian fue trasladado a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros. Sus abogados perdieron temporalmente el contacto con él y, cuando consiguieron comunicarse nuevamente, el joven “nunca comunicó su deseo de regresar a los Estados Unidos para recibir su adjudicación de asilo”.

    El Gobierno estadounidense argumentó que la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros lo eximía de cumplir las obligaciones establecidas en el acuerdo de la demanda colectiva, pero Gallagher rechazó ese planteamiento.

    “La decisión de los acusados ​​de expulsar a Cristian sin previo aviso, incluso después de que el abogado de inmigración de Cristian les había notificado de su pertenencia al grupo, fue injustificada y no razonable”, escribió la jueza.

    La resolución establece el pago de $160,823.09 en honorarios de abogados y otros $3,704.61 en gastos, para un total de $164,527.70.

    “Si consideramos la totalidad de las circunstancias, incluso si algunas de las posiciones del gobierno hubieran sido razonables, su posición general en el litigio no ha estado sustancialmente justificada”, señaló Gallagher.

     

     

  • Rubio anuncia que EE.UU. declarará terroristas a Los Tiguerones

    Rubio anuncia que EE.UU. declarará terroristas a Los Tiguerones

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles en Quito que la Administración del presidente Donald Trump declarará como organización terrorista a Los Tiguerones, una de las bandas criminales vinculadas a la escalada de violencia que atraviesa Ecuador.

    El anuncio ocurrió después de una reunión entre Rubio y el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet. Con la designación, Los Tiguerones se sumarán a Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers, otras tres organizaciones criminales ecuatorianas que Estados Unidos considera terroristas. “No hablamos de una mafia típica, hablamos de terroristas que en muchos casos tiene armas y equipos que se parecen a un ejército nacional. No son grupos comunes. Participan en delitos comunes, pero tienen una capacidad terrorista, y hay que derrotarlos», manifestó Rubio.

    Los Tiguerones son señalados de protagonizar distintos hechos violentos, entre ellos la irrupción de hombres armados en las instalaciones del canal TC Televisión durante una transmisión en directo en enero de 2024. La organización tiene como máximo líder a William Alcívar, alias Willy, quien permanece en libertad después de ser detenido en España sin que se concretara su extradición a Ecuador.

    Rubio sostuvo que enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales requiere una coalición internacional y destacó la iniciativa Escudo de las Américas, promovida por Trump con la participación de gobiernos latinoamericanos aliados de Washington. “Esta alianza entre nuestros países es importantísima, y en la región no tenemos un mejor aliado para ello que Ecuador», aseveró Rubio. “Nuestras fuerzas de élite están trabajando conjuntamente a diario de una manera que no tiene precedente para desmantelar estos grupos que están haciendo tantos daño a la región», añadió.

    La visita del jefe de la diplomacia estadounidense ocurre mientras Estados Unidos desarrolla una campaña de bombardeos contra embarcaciones ecuatorianas de pesca en el Pacífico, bajo el argumento de que información de inteligencia las vincula con el apoyo a lanchas que presuntamente transportan grandes cantidades de cocaína desde las costas ecuatorianas hacia Norteamérica. Durante las últimas dos semanas, seis embarcaciones señaladas por Washington de colaborar con Los Choneros fueron hundidas.

    La presencia militar estadounidense en Ecuador también se hizo visible esta semana con la llegada de dos aeronaves MV-B22 Osprey, que participaron en un operativo desarrollado en Alto Punino, enclave de minería ilegal ubicado en la Amazonía ecuatoriana. La zona estaría bajo control de los Comandos de la Frontera, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

    Como parte del fortalecimiento de la cooperación bilateral, Rubio anticipó que la Administración Trump solicitará al Congreso estadounidense autorización para destinar otros $45 millones a la lucha contra el crimen organizado en Ecuador. Además, confirmó una partida específica de $10 millones para combatir la minería ilegal, “que se está robando la riqueza del país».

    Estados Unidos también entregará a Ecuador una nueva embarcación de la Guardia Costera estadounidense de 61 pies de eslora y cinco interceptores adicionales. Con estos equipos, el número de embarcaciones proporcionadas este año ascenderá a doce, con el objetivo de fortalecer la capacidad marítima ecuatoriana frente a las organizaciones criminales.

     

  • El Pentágono desmiente ataques de Irán a dos buques estadounidenses en Oriente Medio

    El Pentágono desmiente ataques de Irán a dos buques estadounidenses en Oriente Medio

    El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) desmintió este miércoles los ataques de Irán a dos de sus buques de guerra y a su vez presumió de haber «destruido con éxito» a 10 petroleros iraníes esta semana, como parte de una rápida escalada de la guerra en Oriente Medio.

    El mando militar tachó de «totalmente falsa» la afirmación de que Teherán disparó contra dos destructores estadounidenses en un mensaje en X que llega en medio de un aumento en los ataques cruzados entre ambos países.

    «Ningún buque de guerra de la Marina de EE.UU. ha sido alcanzado; todos los intentos de ataque de la Guardia Revolucionaria iraní fracasaron», insistió el Centcom.

    También advirtió que «las fuerzas estadounidenses han destruido con éxito 10 buques cisterna iraníes tan solo en la última semana», unas embarcaciones que, según Washington, «formaban parte de una red clandestina multimillonaria» para financiar al Gobierno de los ayatolás.

    «Irán no puede protegerlas», aseguró el Comando Central de Estados Unidos, que actualmente mantiene un bloqueo a las costas y puertos iraníes con el objetivo de ahogar la maltrecha economía del país persa.

    Irán aseguró haber atacado esta madrugada una base militar con tropas de EE.UU. en Jordania, dos destructores estadounidenses que transportaban misiles de crucero y una decena de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, en represalia por bombardeos de Washington contra cinco petroleros iraníes en el golfo Pérsico y el mar de Omán.

    La tensión entre los países ha escalado recientemente en torno a Ormuz, la estratégica vía de crudo y mercancías interrumpida por Teherán desde el inicio de la guerra y convertida en el foco principal del conflicto, que transita por su séptimo mes con un proceso de paz estancado, sin visos de un acuerdo.

  • Rescatan archivo de víctimas del conflicto armado guatemalteco

    Rescatan archivo de víctimas del conflicto armado guatemalteco

    Más de 57,000 expedientes sobre víctimas del conflicto armado interno de Guatemala, ocurrido entre 1960 y 1996, son sometidos a un proceso de rescate y conservación ante el deterioro que amenaza al único archivo estatal dedicado específicamente a documentar a los afectados por la guerra.

    Especialistas contratados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) trabajan en la conservación de los documentos, que registran ejecuciones, desapariciones y otras graves violaciones a los derechos humanos.

    El archivo reúne cerca de cinco millones de hojas y tiene especial importancia porque más de la mitad de las víctimas registradas por el antiguo Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) quedaron pendientes de recibir una reparación antes del cierre de la institución. «Este archivo es el único estatal que habla del periodo de las víctimas y de las graves violaciones a los derechos humanos a cargo del (Organismo) Ejecutivo», explicó Lisbeth Barrientos, coordinadora técnica del proyecto por parte de las agencias de la ONU.

    La guerra interna de Guatemala se extendió durante 36 años y dejó más de 200,000 personas asesinadas y alrededor de 45,000 desaparecidas, principalmente entre la población indígena. Informes independientes responsabilizan a las fuerzas estatales y grupos vinculados con estas de más del 90 % de las violaciones documentadas durante el conflicto, considerado uno de los más sangrientos de Latinoamérica en el siglo XX.

    Los expedientes quedaron especialmente expuestos al deterioro después del cierre formal del Programa Nacional de Resarcimiento en diciembre de 2023, cuando terminó su marco legal de funcionamiento. La custodia legal y administrativa de las instalaciones fue transferida posteriormente al Ministerio de Desarrollo Social, a través del Fondo de Desarrollo Social (Fodes).

    La conservación prolongada bajo condiciones ambientales adversas y sin mecanismos adecuados provocó la aparición de hongos, bacterias y corrosión en parte de los documentos. Frente al riesgo de perder información de manera irreversible, un equipo multidisciplinario contratado por el PNUD y la Unesco, con fondos de cooperación internacional, desarrolla trabajos de recuperación y conservación física.

    Barrientos señaló que el valor de los documentos trasciende las indemnizaciones pendientes, pues poseen «múltiples vocaciones» históricas y judiciales para reconstruir los acontecimientos de la guerra, identificar a las víctimas y contribuir a procesos de memoria, verdad y justicia. «Permiten localizar información de personas ejecutadas o desaparecidas, tanto adultos como niños, y documentar el daño al tejido social de las comunidades», afirmó.

    La recuperación también es clave para miles de personas cuyos procesos de resarcimiento quedaron inconclusos. Agustín Cux Chan, excoordinador del extinto Programa Nacional de Resarcimiento, explicó que solo el 49 % de quienes solicitaron compensaciones como víctimas fueron resarcidos antes del cierre. Según el exfuncionario, los expedientes pendientes deberán tomarse en cuenta en las nuevas acciones de reparación integral, por lo que conservar y sistematizar el archivo permitirá establecer quiénes fueron registrados y cuál fue el estado de sus solicitudes.

     

  • Burnham subraya que Gobierno británico será «implacable» en la soberanía de las Malvinas

    Burnham subraya que Gobierno británico será «implacable» en la soberanía de las Malvinas

    El Gobierno británico será «implacable» a la hora de defender la soberanía sobre las Malvinas, dijo hoy el primer ministro Andy Burnham ante la Cámara de los Comunes, en su primera alusión a la cuestión tras la reciente reclamación del presidente argentino Javier Milei.

    En una sesión de preguntas parlamentarias, y en respuesta a la líder conservadora Kemi Badenoch, Burnham repitió la postura de todos los gobiernos británicos, laboristas o conservadores, sobre la cuestión: «Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos», dijo, en alusión al último referéndum en las islas.

    «Esto nunca cambiará con este Gobierno, y vamos a ser implacables a la hora de defenderlo», concluyó Burnham.

    En 2013, un referéndum celebrado en este archipiélago del Atlántico Sur, bajo ocupación británica desde 1833, arrojó unos resultados apabullantes: un 99 % de los participantes eligieron permanecer bajo soberanía del Reino Unido. Esos resultados son desde entonces invocados por todos los Gobiernos británicos para zanjar la cuestión de la soberanía.

    Burnham no citó por su nombre al presidente Javier Milei ni a Argentina, pese a que la líder conservadora sí había afirmado previamente que «no es ningún misterio que Argentina está ahora amenazando a las Malvinas (…) y tenemos que mostrar que la soberanía de este territorio británico no es negociable».

    Ayer martes, una alta funcionaria británica también se expresó ante el parlamento sobre la cuestión, en un tono que trató de rebajar la tensión. Fue la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, quien dijo: «El Reino Unido quiere continuar manteniendo una relación moderna y constructiva con Argentina con respecto a un rango de intereses compartidos».

    La cuestión de las Malvinas ha cobrado actualidad sobre todo desde el pasado viernes, cuando Milei dijo que «corren vientos favorables» al reclamo argentino sobre las islas, después de que el presidente estadounidense Donald Trump se mostrara dispuesto a «revisar» la tradicional postura de su país de neutralidad en ese conflicto.

    Y en esa ocasión Milei fue más lejos, pues amenazó con sanciones a las compañías extranjeras que extraigan recursos naturales -principalmente petróleo- de las islas «sin autorización argentina».

  • Irán condena los ataques de EE.UU. contra sus petroleros y reivindica su legítima defensa

    Irán condena los ataques de EE.UU. contra sus petroleros y reivindica su legítima defensa

    Irán condenó enérgicamente este miércoles los ataques perpetrados la víspera por Estados Unidos contra cinco petroleros iraníes en el golfo Pérsico y el mar de Omán y defendió su «derecho inherente a la legítima defensa», en referencia a los misiles que lanzó contra bases y embarcaciones estadounidenses.

    «La agresión de Estados Unidos contra embarcaciones comerciales iraníes, como continuación de la agresión militar estadounidense, el bloqueo marítimo y la guerra económica del régimen estadounidense contra Irán, constituye una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional», denunció en un comunicado el Ministerio iraní de Exteriores.

    El documento indicó que los ataques estadounidenses de la víspera contra buques iraníes representan una «peligrosa escalada» de las tensiones y una amenaza para la paz y la seguridad regional e internacional, por lo que pidió a la ONU actuar «de inmediato» ante las acciones estadounidenses contra Irán.

    El Ministerio defendió además el «derecho inherente a la legítima defensa» de la República Islámica y aseguró que Irán está decidido a defender su soberanía y sus intereses nacionales.

    La cartera advirtió de que las Fuerzas Armadas iraníes responderán «de manera firme y apropiada» a cualquier nueva agresión militar.

    La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este miércoles que sus fuerzas atacaron dos buques estadounidenses, ocho petroleros y una decena de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, así como una base estadounidense en Jordania, en respuesta a los ataques de Estados Unidos contra cinco petroleros iraníes en el golfo Pérsico.

    La Guardia no ofreció más detalles sobre los buques atacados, pero reiteró que «el estrecho de Ormuz permanece bajo la vigilancia y gestión» de su Fuerza Naval.

    La tensión ha escalado en torno al estrecho de Ormuz en los últimos días, con bombardeos estadounidenses contra territorio y buques iraníes y ataques de Teherán en respuesta contra objetivos y embarcaciones de EE. UU. en Oriente Medio.

    Irán bloqueó el estrecho tras el comienzo de la guerra, el 28 de febrero, y lo ha convertido en su principal medida de presión en el conflicto.

    Estados Unidos, a su vez, ha establecido un cerco a puertos y buques iraníes y en las últimas semanas había logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho mediante una ruta meridional cercana a Omán, un flujo que ha disminuido en los últimos días tras el cruce de ataques, según datos de la consultora marítima Kepler.

  • Redadas migratorias provocan pérdidas de $1,260 millones en Chicago

    Redadas migratorias provocan pérdidas de $1,260 millones en Chicago

    La operación migratoria ‘Midway Blitz’ provocó cambios en los hábitos de consumo de comunidades latinas de Chicago y otras ciudades de Illinois que contribuyeron a una pérdida de $1,260 millones en actividad económica en el condado de Cook durante un año, según un estudio divulgado este martes.

    La investigación de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) estimó además que la disminución de la actividad comercial generó un efecto en la recaudación de impuestos locales, con pérdidas calculadas en unos $107 millones.

    La operación fue impulsada por el Gobierno del presidente Donald Trump y comenzó el 8 de septiembre de 2025. Aunque se desarrolló durante varias semanas, el estudio sostiene que sus consecuencias económicas continuaron después de finalizadas las acciones migratorias.

    «El impacto fue significativo y sostenido, y se sintió más allá de los distritos comerciales y de restaurantes emblemáticos de barrios tradicionalmente mexicanos de Chicago, como Pilsen y La Villita», señaló el estudio del Great Cities Institute de UIC. La investigación encontró que el descenso de la actividad también alcanzó otras zonas del condado.

    El investigador José Miguel Acosta Córdova destacó la participación de la población latina en la economía regional. «Los latinos son trabajadores, consumidores, propietarios de viviendas, propietarios de negocios y contribuyentes», declaró durante una conferencia de prensa.

    «Nuestro trabajo y nuestra actividad económica son parte de lo que hace que la economía regional de Chicago funcione. Entonces, cuando esos patrones normales de movimiento y actividad económica se ven alterados, los efectos no permanecen confinados a un vecindario o una población», agregó.

    El estudio señala que residentes de comunidades latinas redujeron sus salidas habituales por temor a ser detenidos o abordados durante las redadas de agentes federales. Esto afectó actividades cotidianas como comprar alimentos y medicamentos, cargar combustible o acudir a entidades bancarias. En los suburbios del condado de Cook, la caída del comercio minorista fue aproximadamente el doble de la registrada en Chicago.

    Las salidas disminuyeron 7.7 % durante las primeras 19 semanas posteriores al inicio de la operación y la caída llegó al 20 % después de nuevas órdenes ejecutivas dirigidas a jurisdicciones consideradas «santuario», entre ellas Chicago y el condado de Cook. Acosta Córdova advirtió que los $1,260 millones representan solo «una parte mensurable de un costo económico y humano mucho mayor».

     

     

  • Argentina asegura que su reclamo por las Malvinas será pacífico, diplomático y no militar

    Argentina asegura que su reclamo por las Malvinas será pacífico, diplomático y no militar

    El reclamo de soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas continuará por vías diplomáticas para recuperar el archipiélago administrado por Reino Unido, aseguró el martes portavoz del Gobierno argentino, Adrián Ravier, quien descartó acciones militares.

    «El reclamo que todos pudieron escuchar en la cadena nacional es un reclamo pacífico, diplomático y no militar. El Gobierno de Javier Milei es democrático. Cualquier relación que se quiera hacer nos parece equivocada», respondió Ravier durante una rueda de prensa en la Casa Rosada.

    Las declaraciones surgen después de que el presidente Javier Milei anunciara sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las Malvinas, así como contra sus directivos y proveedores. Las medidas están relacionadas con el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas y la británica Rockhopper en aguas del archipiélago.

    El Gobierno también anunció la construcción de una base militar en Tierra del Fuego. Al ser consultado sobre el aumento del presupuesto del Ministerio de Defensa, Ravier negó que exista una hipótesis de conflicto bélico vinculada con la disputa por las islas.

    El portavoz aseguró que la nueva base naval será financiada completamente con recursos argentinos y descartó que Estados Unidos vaya a aportar fondos para el proyecto. Según explicó, la instalación pretende fortalecer la posición del país en el Atlántico Sur y ampliar su proyección hacia la Antártida.

    Ravier señaló además que las decisiones anunciadas por Argentina son «unilaterales» y aseguró que Milei no solicitó respaldo al presidente estadounidense, Donald Trump, ni a autoridades de Israel para avanzar con las medidas relacionadas con las Malvinas.

    La aclaración se produce después de que Trump planteara la posibilidad de modificar su posición y respaldar la soberanía argentina sobre las islas. El ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, también pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu reconocer públicamente el archipiélago como «territorio argentino ocupado».

    Argentina reclama la soberanía de las Malvinas, administradas por Reino Unido desde 1833. La disputa derivó en 1982 en una guerra iniciada durante la última dictadura argentina que terminó con la victoria británica y dejó 649 argentinos, 255 británicos y tres isleños muertos, sin modificar el estatus del archipiélago.